David Alberto Sulub Vivas
Expediente 1123/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- David Alberto Sulub Vivas
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte1, se indica que el presente EXPEDIENTE es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, pues en el caso: se desechó de plano la demanda presentada por la parte quejosa y ésta carece de relevancia documental en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Finalmente, se ordena devolver a la Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, el expediente original del toca de apelación *******, relacionado con el acto que se pretendió reclamar, al carecer de razón su permanencia en este órgano de control constitucional. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. En este contexto, vista la razón levantada por el actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, se advierte que no pudo notificar al quejoso *******, el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, por los motivos expuestos en la misma. Ahora bien, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional debe velar que el acceso a la impartición de justicia sea efectivo y expedito, esto es, tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso de origen, debiendo cuidar que no queden inactivos los procedimientos que se tramiten; por tanto, con el fin de cuidar de la continuidad procesal y de atender los principios de celeridad y acceso efectivo a la justicia previstos en el artículo 17 de la Constitución General de la República, se comisiona nuevamente al actuario de este Juzgado, para que realice la notificación personal al aquí agraviado ********, del citado proveído, en el domicilio ubicado en la calle *******. Asimismo, desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Notifíquese, y personalmente al tercero interesado.
- Principal
SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE ONCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CUYA SÍNTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. En este contexto, vista la razón levantada por el actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, se advierte que no pudo notificar al quejoso *******, el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, por los motivos expuestos en la misma. Ahora bien, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional debe velar que el acceso a la impartición de justicia sea efectivo y expedito, esto es, tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso de origen, debiendo cuidar que no queden inactivos los procedimientos que se tramiten; por tanto, con el fin de cuidar de la continuidad procesal y de atender los principios de celeridad y acceso efectivo a la justicia previstos en el artículo 17 de la Constitución General de la República, se comisiona nuevamente al actuario de este Juzgado, para que realice la notificación personal al aquí agraviado ********, del citado proveído, en el domicilio ubicado en la calle *******. Asimismo, desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Notifíquese, y personalmente al tercero interesado. ACUERDO DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, CUYA SÍNTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio 8333/2020, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad y anexos relativos al juicio de amparo promovido por **********, en su carácter de asesor técnico de **************************, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de actos de la Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. De igual forma, adjunta el informe con justificación rendido por la Sala responsable, el expediente original del toca de apelación *********y la constancia de emplazamiento de la tercero interesada ************. Acúsese de recibo. Ahora bien, en atención a que mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente para conocer de la referida demanda de amparo promovida por ********** en su carácter de asesor técnico de *********, en contra del acto que atribuye a la Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en: La resolución dictada el dos de julio de dos mil veinte, en el aludido toca ***********, mediante la cual la Sala responsable, confirmó la interlocutoria de siete de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de modificación de pensión alimenticia, derivado del Juicio Ordinario Civil de Divorcio **********; al estimar la Superioridad no ser impugnable en amparo directo, por lo cual ordenó remitir la presente demanda, así como sus anexos al Juzgado de Distrito, en turno, en esta ciudad, la que correspondió, por cuestión de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En consecuencia, fórmese el expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1123/2020-IV-A. Con apoyo en el último párrafo del precepto 47 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en lo resuelto por el indicado Órgano Colegiado, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento de la demanda constitucional. De conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda promovida, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "causa manifiesta e indudable de improcedencia", ha sido explicado por su contenido y alcance en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En la especie, se estima que, respecto del acto controvertido, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, que establece: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley", en relación con el diverso numeral 6, de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no irroga un agravio personal y directo a la promovente de amparo. En efecto, dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de control constitucional se encuentra el llamado agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional, en relación con el 6, de la Ley de Amparo. Por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución judicial o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los numerales 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo asentado en los párrafos que anteceden, permite arribar a la indefectible convicción de que, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista a favor del peticionario un interés legítimamente tutelado; además que éste se vea afectado por algún acto de autoridad, pues sólo mediante el cumplimiento de ambas condiciones puede decirse que se afectan los derechos del quejoso. A fin de robustecer los argumentos esgrimidos con antelación, es necesario traer a contexto el contenido del normativo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del diverso 6o. de la Ley de la Materia, que estatuyen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" (.) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del primero de los artículos transcritos, se desprende que, para la procedencia de la acción constitucional es menester que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de la justicia federal, debe ser aquél que resienta un agravio. Por su parte, el segundo de los dispositivos, confirma lo que el imperativo constitucional establece, pues prevé que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique la ley o acto que de cada autoridad se reclama. Ahora, de una interpretación sistemática de las normas se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, lo cual acontece cuando alegue que el acto reclamado viola derechos humanos y ello produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que, el interés jurídico que asiste al quejoso en un juicio de amparo, requiere, por una parte, de la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a éste; así pues, no se tiene por actualizado el interés jurídico en el juicio de garantías si no existe un derecho protegido por el ordenamiento legal, o si, de existir, no resiente perjuicio alguno por el acto de autoridad que se reclama; por tanto, resulta indispensable que dicho interés se pruebe plenamente y no se infiera a base de presunciones. En la especie, la solicitante del amparo ***********, lo hace en su carácter de asesor técnico de *************; sin embargo, carece de facultades para promover el juicio de amparo, ya que como se anticipó, la demanda de amparo debe formularse por el directo agraviado, su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un asesor técnico, porque dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio de origen y no el juicio constitucional, ya que el alcance de las facultades no se traducen en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso civil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el asesor adquiriese el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado, la formulación de la demanda de amparo. Así pues, en la instancia constitucional la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso, representante legal o apoderado de la parte afectada, calidad que no se surte en la especie respecto del asesor técnico. No pasa inadvertido que el artículo 49-A del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, establece que los abogados y los procuradores, por el solo hecho de su designación, se encuentran facultados para oír y recibir notificaciones en nombre de su asistido; formular peticiones de mero trámite; ofrecer pruebas e intervenir en el desahogo de ellas con las mismas facultades que la ley confiere a su asistido; formular alegatos; interponer recursos; y formular promociones para evitar la consumación de la caducidad de la instancia, pero no podrán delegar en un tercero las anteriores facultades, ni podrán absolver posiciones en nombre de su asistido. Es decir, podrán llevar a cabo, directamente en beneficio de la parte que los designe, todos los actos procesales que correspondan a dicha parte. Sin embargo, mediante tal autorización no se confiere al designado la facultad de ejercitar una acción diversa, dado que el alcance de sus facultades de defensa de los derechos del autorizante, debe circunscribirse en el marco de los derechos que el autorizante llevó al juicio de origen mediante el ejercicio de la acción correspondiente, lo que no puede entenderse extensivo al ejercicio de una acción diferente como lo es la acción de amparo, porque no se le confiere una representación, sino una autorización, cuya actuación se debe limitar al trámite y resolución del proceso en el que se le autoriza. Además, si bien es una facultad conferida al autorizado para que realice cualquier acto que resulte necesario en beneficio de la parte que lo designe, ello no significa que pueda realizar cualquier acto a nombre de su autorizante en otras instancias, pues su participación debe armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada, el cual reserva al quejoso como directamente afectado, o a su representante, la realización de determinados actos en exclusiva, de tal suerte que los actos directamente vinculados con la formulación de la pretensión inicial de amparo son exigibles al actor o a su representante legal, o apoderado, como son el acto de formulación de demanda, porque se insiste, es el titular de la acción y el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le ocasionan perjuicio, y de qué manera lesionan sus derechos humanos. De esta forma es dable concluir que, no quedó demostrado su interés jurídico para acudir a la presente instancia constitucional, pues aun cuando la ocursante *********, se ostenta como asesor técnico del directo quejoso ***********, carácter bajo el cual pretende que a través del ejercicio de la acción constitucional se tutele un derecho público subjetivo, que dice fue infringido por la autoridad responsable Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, al resolver el toca de apelación *********, del que aduce tener la personalidad de abogado patrono, no es menos cierto que las facultades de la promovente se encuentran limitadas para actuar en el presente juicio de amparo, por lo que resulta innecesario requerir que acredite la personalidad que dice ostentar. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XXIII y 6°, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ******, en su carácter de asesor técnico de **********, contra actos de la Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Improcedencia que resulta notoria porque se advierte del contenido íntegro de la demanda constitucional y de las constancias con las cuales se cuenta a este momento, y es indudable si se toma en cuenta que la improcedencia del juicio no puede ser desvirtuada con ningún medio de prueba que ofreciera la parte quejosa durante la tramitación del juicio de amparo. También es de señalarse que esta determinación no contraviene las garantías judiciales y de protección judicial que prevén los artículos 8° y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que al efecto señalan: "ARTÍCULO 8°.- Garantías Judiciales.- 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. "ARTÍCULO 25.- Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2.- Los Estados partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." En virtud de existir pronunciamiento de nuestro Más Alto Tribunal en ese sentido, en la jurisprudencia 22/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito inicial de demanda. Asimismo, desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Respecto al anexo relativo al original del toca de apelación 353/19-2020,S.C., se dispone formar un cuaderno auxiliar que se mantendrá por separado pero formando parte del presente juicio, dado su volumen y para hacer de fácil manejo este expediente. Se exhorta a todas las partes, con apoyo en el artículo 22, fracciones I y II, del multicitado acuerdo, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc), tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaria de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo material del oficial administrativo correspondiente. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A L APARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto lo asentado en la certificación de cuenta, se advierte de autos que en proveído de uno de octubre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes con los informes rendidos por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, corriéndoles traslado con dichos informes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran desahogado dicha vista, tal y como se advierte de la certificación que antecede. Asimismo, de autos se advierte que mediante escrito agregado al sumario, el quince de octubre de dos mil veinte, el autorizado de la quejosa **************, desahogo la vista otorgada y formuló diversas manifestaciones. En consecuencia, este juzgado procede a resolver si la sentencia protectora ejecutoriada ha sido cumplida o no. Para lograr ese objetivo, se realizará un análisis comparativo entre: 1) Los términos de la concesión del amparo, que incluirá, en su caso, los efectos establecidos en la sentencia y 2) Lo realizado en ese sentido por las responsables, así como las pruebas que en su caso justifiquen el cumplimiento. En ese sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en el presente juicio, por una parte, se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "Sexto. Efectos de la sentencia. Procede conceder la protección Federal para que la autoridad responsable Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esa ciudad, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de quince de febrero de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente laboral ******. Emita nuevo pronunciamiento, con libertad de determinación, en la que, de manera fundada y motivada, se pronuncie con respecto a la procedencia o no de la solicitud formulada por Azalia del Carmen Carballo Barrera, en su escrito de agravios presentado el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, en el cual solicitó que no se tomará en cuenta la constancia de retención de impuestos para tener por cumplido el convenio laboral en el expediente *****, y se requiriera el pago a la parte demandada. En tal virtud, por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dicha resolución causó ejecutoria y en esa misma fecha se requirió a las autoridades responsables, el debido cumplimiento a la ejecutoria concesoria. 2) Ahora, de las constancias que obran en este sumario y de los elementos aportados por las autoridades responsables, se advierte que: Por oficio ****** de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución dictada el veintitrés de marzo del año en curso, en la que dejó insubsistente la resolución de quince de febrero de dos mil diecinueve, y con libertad de decisión, dictó una nueva resolución, en la que se pronunció de manera fundada y motivada sobre la procedencia o no de la solicitud formulada por la quejosa *********, en su escrito de agravios de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, declarando fundado y procedente el recurso de revisión de los actos de ejecución en contra del Presidente de la Junta responsable. De lo expuesto, se colige que efectivamente la autoridad responsable, acató la ejecutoria de amparo emitida en este expediente, pues acreditó haber cumplido con el fallo protector que se le concedió a la parte quejosa. Así las cosas, las anteriores precisiones son aptas para concluir que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la resolución dictada por este Juzgado, en el presente juicio de amparo, por lo que en la sustanciación del cumplimiento se observa que la responsable no incurrió en exceso o defecto, así como que no existió imposibilidad por parte de ésta para su debido cumplimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. No obsta a lo anterior, lo manifestado por el autorizado de la parte quejosa, en el escrito de cuenta, relativas a que la autoridad responsable no dio cabal cumplimiento al fallo protector, dado que no remitió las constancias de notificación a las partes, resolvió con base en una legislación laboral vigente y se dejó de requerir a parte patronal, el cumplimiento del convenio analizado en la determinación de cumplimiento. Al respecto, no asiste razón al inconforme, cabe señalar que la protección constitucional concedida a la quejosa fue a efecto de restituir a la solicitante de amparo, en el goce de la garantía contenida en el artículo 16 Constitucional, violentada por la falta de exhaustividad en la emisión de la resolución relativa al recurso de revisión contra actos de ejecución del actuario adscrito a la Junta responsable, lo que se ha cumplido, pues como se evidenció la autoridad laboral dictó una nueva resolución en la que analizó la procedencia o no de la solicitud formulada por la quejosa en su escrito de agravios, tomando en consideración las constancias que integran el expediente laboral; debiéndose destacar que la concesión de amparo, no fue extensiva a los actos del actuario adscrito a la Junta responsable, por falta de notificación. Aunado a lo anterior, es de ponderarse que los vicios de forma y legalidad que la parte agraviada considere actualizados, deberá controvertirlos en un diverso asunto, dado que el análisis de cumplimiento, en el caso, se limita a verificar si se analizó un tema específico, respecto a lo cual se concedió a la responsable, plenitud de jurisdicción. En ese contexto, es evidente que las pretensiones del quejoso resultan improcedentes, máxime que no combatió a través del recurso de revisión correspondiente, los alcances del fallo dictado en autos, conformándose ampliamente con ellos. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, ya que se trata de un juicio de amparo en el que, en uno de sus puntos resolutivos, se concedió la protección constitucional. 2. Este expediente, al ser depurable, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas (en su caso) y la sentencia que puso fin al asunto, así como la resolución que le otorgó autoridad de cosa juzgada y el proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General. Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, las copias certificadas del expediente laboral 6/2009 (un tomo), que envió para apoyar su informe justificado, por carecer de razón su permanencia en autos. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · 16,452 expedientes
- Darwin Manuel Paz Uc326/2018
- Darwin Osvaldo Moguel Morales1760/2021
- Darwin Rodrigo Manzano Poot82/2017
- David Alberto Gómez de la Cruz77/2022
- David Alberto Pérez Abreu1335/2016
- David Alberto Pérez Abreu391/2018
- David Alberto Uribe Haydar1482/2022
- David Alberto Uribe Haydar855/2016
- David Alberto Uribe Haydar4/2023
- David Alejandro Alvarez Delgado54/2023
- David Alejandro Canto1247/2023
- David Alejandro Hernández López1291/2013