David Alberto González Barrales

Expediente 30/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
30/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Yaneli Reyes Juárez
  • David Alberto González Barrales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se advierte que a la fecha en que se actúa la parte quejosa no se inconformó en contra de la resolución de dos de julio de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el escrito de cuenta de la tercera interesada ********************, a través del cual se apersona al presente juicio de amparo y señala autorizados. Atento a lo anterior, con fundamento en artículo 5º, de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada a la citada tercera interesada y por autorizado en términos amplios de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley de la materia a ********************, por encontrarse registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral a ********************, por no contar con dicho registro.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de julio de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. .... En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. Finalmente, se hace constar que la fecha en que se llevó a cabo el cumplimiento por parte de la responsable ocurrió el día siete de junio de dos mil veintiuno, constancias que se recibieron en oficialía de partes de este juzgado federal el diecisiete de junio de la presente anualidad; lo anterior, con el fin de registrar dicha información en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Por otra parte, respecto a las manifestaciones vertidas el José Manuel Sánchez García, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en su ocurso recibido en este juzgado de Distrito el veinticinco de junio del año en curso, en las que arguye, en esencia, que la autoridad responsable extendió en análisis a la carpeta NIC CDI.984/2020UVFyDG, presentada por la madre del menor, la que no fue presentada al momento de dictar el acto reclamado y, por ende, no podía tomarse en cuenta para resolver sobre el cumplimiento; por lo que resultaba ilegal que considerara tal documental para justificar que no se encontraba en posibilidades de dictar alguna medida de protección, cuando dicha probanza fue superveniente y cuando el presente juicio de amparo ya se había resuelto; así como, que para dar cumplimiento a la ejecutoria, la autoridad responsable sólo debió tomar en cuenta la carpeta de investigación exhibida por él, de tal modo que se debe requerir a la responsable para que emita un acuerdo en el que únicamente considere la carpeta de investigación que él exhibió; dígasele que deberá estarse a lo resuelto en el presente proveído. Ello, toda vez que el efecto de la concesión del amparo dentro del presente juicio de amparo se constriño a que la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dictara un auto en el que analizara los hechos de violencia y maltrato en contra del menor D.S.G.R., expuestos por el quejoso David Alberto González Barrales y las constancias que obraban en la carpeta de investigación NIC CID-781/2020/UVFyDG, y con base en ese estudio, debería resolver de manera fundada y motivada, si existían datos o no, de los que se advirtiera que el niño era violentado; estableciera expresamente si era necesario dictar alguna medida provisional para que cesara de inmediato la situación de violencia y maltrato en contra del menor, conforme a lo previsto en la fracción X del artículo 677, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla y los artículos 685 y 686 de dicho ordenamiento; o bien, determinara si era necesario recabar y desahogar diversas pruebas para resolver, lo que podía comprender escuchar al menor y, en caso de considerar necesario escuchar al menor, debería dictar las medidas para resguardar su salud física y establecer detalladamente las medidas en que ésta habría de llevarse a cabo, como mínimo, el personal que debería estar presente; la persona que lo acompañe durante su desahogo o, la justificación de no ser así, por ser más benéfica al menor; el lugar en que habría de esperar mientras comienza la entrevista, así como aquel donde se desahogara, con la precisión de que se trataba de un espacio que garantizara su estabilidad y tranquilidad y, cualquier otro aspecto que estimara necesario para favorecer los intereses del menor, pudiéndose apoyar en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES". Circunstancias que ya acontecieron, dado que la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias derivadas del juicio de guarda y custodia 1546/2019, de su estadística, de las cuales destaca el proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, en el cual analizó que al tener a la vista las copias cotejadas de la carpeta de investigación NIC CID-781/2020/UVFyDG, así como las demás documentales que integraban el contradictorio de origen, previo al análisis de los hechos referente a la violencia y maltrato en contra del niño D.S.G.R., determinó que se encontraba en imposibilitada para determinar si existían datos o no sobre dicho tópico, en razón de que las carpetas de investigación se contraponían y las mismas seguían en trámite; además, que en tales procedimientos obraban dictámenes en los que se determinaba que el menor no presentaba síndrome de niño maltratado; por ende, no se encontraba en aptitud de determinar si el menor era violentado, por lo que, en todo caso, la legalidad o ilegalidad de la resolución dictada en cumplimiento no es materia del cumplimiento de la sentencia pronunciada dentro del presente juicio. ....

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de julio de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. .... En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. Finalmente, se hace constar que la fecha en que se llevó a cabo el cumplimiento por parte de la responsable ocurrió el día siete de junio de dos mil veintiuno, constancias que se recibieron en oficialía de partes de este juzgado federal el diecisiete de junio de la presente anualidad; lo anterior, con el fin de registrar dicha información en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Por otra parte, respecto a las manifestaciones vertidas el José Manuel Sánchez García, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en su ocurso recibido en este juzgado de Distrito el veinticinco de junio del año en curso, en las que arguye, en esencia, que la autoridad responsable extendió en análisis a la carpeta NIC CDI.984/2020UVFyDG, presentada por la madre del menor, la que no fue presentada al momento de dictar el acto reclamado y, por ende, no podía tomarse en cuenta para resolver sobre el cumplimiento; por lo que resultaba ilegal que considerara tal documental para justificar que no se encontraba en posibilidades de dictar alguna medida de protección, cuando dicha probanza fue superveniente y cuando el presente juicio de amparo ya se había resuelto; así como, que para dar cumplimiento a la ejecutoria, la autoridad responsable sólo debió tomar en cuenta la carpeta de investigación exhibida por él, de tal modo que se debe requerir a la responsable para que emita un acuerdo en el que únicamente considere la carpeta de investigación que él exhibió; dígasele que deberá estarse a lo resuelto en el presente proveído. Ello, toda vez que el efecto de la concesión del amparo dentro del presente juicio de amparo se constriño a que la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dictara un auto en el que analizara los hechos de violencia y maltrato en contra del menor D.S.G.R., expuestos por el quejoso David Alberto González Barrales y las constancias que obraban en la carpeta de investigación NIC CID-781/2020/UVFyDG, y con base en ese estudio, debería resolver de manera fundada y motivada, si existían datos o no, de los que se advirtiera que el niño era violentado; estableciera expresamente si era necesario dictar alguna medida provisional para que cesara de inmediato la situación de violencia y maltrato en contra del menor, conforme a lo previsto en la fracción X del artículo 677, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla y los artículos 685 y 686 de dicho ordenamiento; o bien, determinara si era necesario recabar y desahogar diversas pruebas para resolver, lo que podía comprender escuchar al menor y, en caso de considerar necesario escuchar al menor, debería dictar las medidas para resguardar su salud física y establecer detalladamente las medidas en que ésta habría de llevarse a cabo, como mínimo, el personal que debería estar presente; la persona que lo acompañe durante su desahogo o, la justificación de no ser así, por ser más benéfica al menor; el lugar en que habría de esperar mientras comienza la entrevista, así como aquel donde se desahogara, con la precisión de que se trataba de un espacio que garantizara su estabilidad y tranquilidad y, cualquier otro aspecto que estimara necesario para favorecer los intereses del menor, pudiéndose apoyar en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES". Circunstancias que ya acontecieron, dado que la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias derivadas del juicio de guarda y custodia 1546/2019, de su estadística, de las cuales destaca el proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, en el cual analizó que al tener a la vista las copias cotejadas de la carpeta de investigación NIC CID-781/2020/UVFyDG, así como las demás documentales que integraban el contradictorio de origen, previo al análisis de los hechos referente a la violencia y maltrato en contra del niño D.S.G.R., determinó que se encontraba en imposibilitada para determinar si existían datos o no sobre dicho tópico, en razón de que las carpetas de investigación se contraponían y las mismas seguían en trámite; además, que en tales procedimientos obraban dictámenes en los que se determinaba que el menor no presentaba síndrome de niño maltratado; por ende, no se encontraba en aptitud de determinar si el menor era violentado, por lo que, en todo caso, la legalidad o ilegalidad de la resolución dictada en cumplimiento no es materia del cumplimiento de la sentencia pronunciada dentro del presente juicio. ....

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