David Alarcon Kreklau

Expediente 70/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
70/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • David Alarcon Kreklau

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós Agréguese a los autos la razón signada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional mediante la cual expone la imposibilidad para entregar el oficio 13983/2022 dirigido al "Coordinador de Control de Procesos Metropolitana", por las razones que ahí expone, consecuentemente y visto que la citada autoridad se tuvo por inexistente en la resolución dictada en autos, no se insiste en la entrega del citado oficio; lo anterior para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de billete En otro sentido, toda vez de que obra en la caja de valores de este Juzgado Federal el billete de depósito número N861924, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, comuníquese a la parte quejosa que cuenta con el término de dos años para que pueda recoger en este órgano jurisdiccional el billete de depósito que obren en autos, el que fue exhibido para garantizar la suspensión definitiva concedida; bajo el apercibimiento que transcurrido dicho plazo, el documento de referencia se hará efectivo a favor del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación. Asimismo, dígase al quejoso que para la devolución del citado billete de depósito, deberá comparecer personalmente ante este Tribunal Federal, debidamente identificado, en la inteligencia de que dicho documento será entregado únicamente a la parte quejosa; lo anterior, por razón de seguridad para este Juzgado y de garantía para el propio impetrante. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micro sitios "Servicios Judiciales". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de abril de dos mil veintidós Téngase por recibida la razón asentada por el actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, de la que se advierte que hace constar la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la parte quejosa, la sentencia de veintinueve de junio, el auto de veintidós de julio, ambos de dos mil veintiuno y el auto de veintiocho de marzo del presente año, por los motivos que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa las determinaciones de referencia, así como las actuaciones futuras, incluso los de carácter personal, por medio de las listas de acuerdos que se fijan en un lugar visible de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, LOS ACUERDOS DE FECHA VEINTIDÓS DE JULIO DEL DOS MIL VEINITUNO Y VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS EN LOS CUALES SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito presentado el doce de agosto de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por turno correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, David Alarcón Kreklau, por derecho propio, presentó demanda de amparo indirecto contra el acto y respecto de las autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables: Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, Fiscal General del Estado de Morelos, Fiscal Regional Metropolitana, Coordinador de Control de Procesos Metropolitana (autoridad inexistente por lo que ya no se citara en lo subsecuente), Fiscales encargados de la Mesa de Tramites de Delitos Sexuales, Delitos Diversos, Homicidio, Delitos Patrimoniales Metropolitana, Director de Aprehensiones de la Zona Metropolitana del Estado de Morelos. Actos Reclamados: ".Reclamo la detención arbitraría de que pretenden hacer objeto al suscrito, y los actos de violencia física o moral de que aparentemente pretenden inferirme, con el objeto de que me declara responsable de delitos que no he cometido." SEGUNDO. El catorce de agosto de dos mil veinte, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda de amparo y radicó el asunto con el número de expediente 587/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. El veintinueve de enero de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, declaró su incompetencia para seguir conociendo del asunto, y ordenó remitir el juicio de amparo 587/2020, a esta autoridad. CUARTO. Por oficio 953/2021, de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, recibido por esta autoridad el dieciocho de febrero del año en curso, al que se anexó el juicio de amparo 587/2020, así por acuerdo de diecinueve de febrero siguiente, aceptó la competencia planteada, radicó el asunto con el número 70/2021, sin necesidad de requerir los informes justificados al ya obran en autos y la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La orden de detención, violencia física o moral, o aprehensión emitida contra el quejoso. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Jueces de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, Fiscal General del Estado de Morelos, Fiscal Regional Metropolitana, Coordinadora de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales y Tenencia de la Tierra (denominación correcta), Agente del Ministerio público titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales (denominación correcta), Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Homicidios (denominación correcta), Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Diversos (denominación correcta), Director de Aprehensiones de la Zona Metropolitana del Estado de Morelos, por lo que hace el acto reclamado consistente en la orden de detención, violencia física y Moral, negaron los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dichos actos no obstante que dicha carga procesal le corresponde. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUATRO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión de veintidós de septiembre de dos mil quince, emitida en la causa penal JC/85/2014, a la Subadministradora de Salas de Juicios Oral de Xochitepec, Morelos, Fiscal General del Estado de Morelos, Director de Aprehensiones de la Zona Metropolitana y Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, (María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena), pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que la potestad judicial responsable acompañó a su informe con justificación, relativas al juicio penal JC/085/2014. Documentales que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197, 129 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente:"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Improcedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, la autoridad responsable Director de Aprehensiones de la zona Metropolitana del Estado de Morelos, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo, que a la letra dice:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." En efecto, del contenido del artículo y fracciones aludidas se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, y conforme a las cuales se requiere para su actualización de los requisitos siguientes: a) Que la ley o acto sea materia de otro juicio de amparo. b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones sean distintas. c) Que exista ejecutoria en el juicio de amparo anterior. En el caso concreto, las hipótesis precisadas se cumplen, ya que del análisis de las constancias que integran el juicio, se advierte que con anterioridad el quejoso promovió una diversa demanda de amparo, contra las mismas autoridades señaladas como responsables en este juicio y por el mismo acto reclamado. En efecto, de las constancias que remitió la autoridad judicial responsable, además que es un hecho notorio para este juzgador los asuntos que se tramitan en este propio órgano jurisdiccional federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se aprecia que tanto en el presente asunto, como en el juicio de amparo indirecto 1315/2016, del índice de este propio juzgado federal, -acto reclamado la orden de aprehensión dictada contra el ahora quejoso- existe identidad del solicitante de amparo David Alarcón Kreklau, como de las autoridades responsables Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, (ahora quien conoce del asunto Juez María Luisa de Jesús Rodríguez Cadena), y otras autoridades. Juicio de amparo en el que se negó la protección de la justicia federal mediante sentencia pronunciada el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, la cual causó ejecutoria el veinticinco de noviembre de ese año, relativo a la orden de aprehensión por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimenticia, emitida contra David Alarcón Kreklau, en la causa penal JC/85/2014. Sirve de sustento la jurisprudencia 2397 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, publicada en la página 2803 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Segunda Parte - TCC Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". En ese sentido, no es dable jurídicamente examinar el acto reclamado en el presente juicio, en virtud que de hacerlo implicaría analizar su constitucionalidad, lo que precisamente impide el principio de cosa juzgada, previsto en la fracción XI del citado numeral 61 de la ley de la materia. Robustece la determinación adoptada, la tesis 1a. XCV/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, página 1107, cuyo tenor literal es el siguiente: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." Así como, la tesis VII.2o.C.25 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, Materia(s): Constitucional, Común, página 3530, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY RELATIVA, REFERENTE A QUE LOS ACTOS RECLAMADOS HAYAN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN UNO DIVERSO, SE RESTRINGE VÁLIDAMENTE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos humanos no son absolutos y, por ello, pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea, de conformidad con su artículo 1o., párrafo primero, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En ese sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que las limitaciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta, no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. No obstante, la porción normativa que prevea los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el Juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos indicados, se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos humanos son que: a) se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales). De ahí que la restricción al derecho humano de acceso a la justicia, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, relativa a que los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es razonablemente válida, porque está contenida en una ley formal y material, que es la Ley de Amparo y persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene como objetivo preservar la cosa juzgada y evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados contra idéntico objeto. Asimismo, la medida es necesaria, porque impide el análisis por segunda ocasión, de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Finalmente, es razonable, toda vez que protege el principio de seguridad jurídica, al preservar la firmeza de las sentencias ejecutorias, lo cual otorga certidumbre jurídica a las partes y, en consecuencia, impide que se abra nuevamente la controversia." En consecuencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracciones X y XI, ambos de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por David Alarcón Kreklau. Por lo expuesto y fundado, se resuelve ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintinueve de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe. Cuernavaca, Morelos, a veintidós de julio de dos mil veintiuno. Vistos los autos del presente juicio, se advierte que no obra la constancia de notificación al quejoso respecto de la sentencia dictada en el presente juicio. Por tanto, a fin de integrar debidamente el presente expediente, instrúyase al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que a la brevedad posible notifique personalmente al quejoso el contenido de la determinación referida en el párrafo anterior. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós Agréguese a los autos el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita se notifique la sentencia dictada en autos a la parte quejosa. En ese sentido, de la revisión efectuada a este expediente, no se advierte que la parte quejosa hubiere sido notificada de la sentencia de veintinueve de junio y del auto de veintidós de julio, ambos de dos mil veintiuno. En consecuencia, para evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional para que realice las gestiones necesarias a efecto de notificar a la parte quejosa el auto en mención. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de marzo de dos mil veintidós Agréguese a los autos el acta levantada por el coordinador de Actuarios de este Juzgado de Distrito, mediante el cual informa que comisionó al actuario ********************, efecto de que realice la notificación a la parte quejosa de la sentencia de veintinueve de junio y el auto de veintidós de julio, ambos de dos mil veintiuno. Lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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