David Aguilera Ceja

Expediente 129/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
129/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • David Aguilera Ceja

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL CITATORIO DE FECHA SIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE SEIS DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de abril de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS QUEJOSA. Asimismo, toda vez que la parte quejosa, durante la tramitación del presente asunto, anexó documentos que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca en este juzgado, con identificación oficial vigente, a recoger los documentos exhibidos al presente juicio; en el entendido que de no hacerlo en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa. Sin embargo, atendiendo a las medidas para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), dentro de las cuales se destaca la adopción de medidas estrictas de distanciamiento social y esquemas para evitar la exposición innecesaria tanto del personal del Consejo de la Judicatura Federal, así como de abogados, justiciables y público en general, se hace del conocimiento de la parte solicitante que para la entrega de las documentales solicitadas deberá atenderse a las reglas que más adelante se precisaran para obtener cita para acudir a este órgano jurisdiccional. ATENCIÓN PRESENCIAL BASADO EN CITAS. Se hace del conocimiento de las partes en general que para ingresar a las instalaciones que ocupan este juzgado federal a fin de consultar el expediente (electrónico) o desahogar comparecencias y requerimientos, se debe generar cita en el micrositio de servicios jurisdiccionales disponible en el Portal de Servicios en Línea, el que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR intransferible que, a su vez, permitirá que ella, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingresen al órgano jurisdiccional por un máximo de veinticinco minutos, previa identificación con documento oficial, registro y pase en filtros sanitarios. Por lo tanto, se hace del conocimiento de las partes que sin cita no se les permitirá la entrada a las instalaciones que ocupan este juzgado de distrito, de conformidad con el numeral 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden consultar en la lista electrónica la síntesis del acuerdo publicada o simple consulta electrónica del expediente previa solicitud y usuario electrónico que proporcione conforme el asignado por el Portal relativo, opción última que evita mayores molestias o exposición innecesaria. ESCRITO QUEJOSA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta signado la parte quejosa David Aguilera Ceja, por el que atento a su contenido, dígasele al ocursante deberá de estarse a lo acordado en párrafos precedentes. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por David Aguilera Ceja, contra actos del Directora y/o Jefa del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 129/2022-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el promovente, señala como acto reclamado: "IV. EL ACTO RECLAMADO. . De la Directora y/o jefa del departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán, Arq. Regina María Torres Guerra, se reclama el oficio número DUOP-031 18/02/2022, mediante el cual determina de manera inmediata la suspensión de la construcción que se encuentra ubicada en la calle General Ornelas No. 166, manzana 44 lote 7 colonia centro del Municipio de Jiquilpan, Michoacán: Bajo una argumentación inadmisible. Sin que hubiera sentencia que así lo determinara. Sin mediar procedimiento alguno. Sin escuchar al quejoso en forma alguna antes de su dictado, causando una afectación en mi esfera jurídica, puesto que se me priva de mi derecho de ser oído y vencido en juicio. Todas y cada una de las consecuencias jurídicas y fácticas de la ejecución de los actos reclamados." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Apreciada íntegramente la demanda de amparo con sus anexos, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo establece el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, el referido precepto 61, fracción XX, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Ahora, en el caso, no se está en presencia de actos que impliquen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; en tales condiciones, debe decirse que contra el acto reclamado en estudio, debe agotarse el medio de defensa ordinario, consistente en el recurso de revisión, antes de intentar el juicio de amparo. El precepto trascrito, contempla uno de los principiosrectores del juicio de amparo -definitividad-, cuyo objetoes que las partes agoten los medios de defensa puestos enlas leyes que rigen el acto de autoridad, antes de acudir aljuicio de amparo, con el fin de que los casos que sealegalmente procedente, la autoridad competente del ordencomún revise el acto que se considera lesivo, y este pueda ser revocado, modificado o nulificado. Esto, dada la naturaleza extraordinaria del juicio deamparo como medio de control constitucional de los actosde autoridad. A efecto demostrar tal la actualización de la causal de improcedencia en estudio, es necesario establecer que los artículos 150 a 153, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, contemplado en el Título Décimo, relativo al Procedimiento Administrativo Municipal, Capítulo I, prevén: "Artículo 150. Los ayuntamientos podrán crear los órganos necesarios, para dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la administración pública municipal y los gobernados, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. La integración, funcionamiento y atribuciones de los organismos de justicia, se determinarán en el reglamento que expida, según el caso, cada Ayuntamiento. Artículo 151. Los actos y resoluciones dictadas por el Ayuntamiento, por el Presidente Municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión, cuando afecten intereses jurídicos de los particulares. Artículo 152. El recurso de revisión a que hace referencia el artículo anterior deberá interponerse ante el propio Ayuntamiento. En este caso el Secretario del Ayuntamiento, fungirá como instructor del procedimiento del recurso de revisión, integrando el expediente. Artículo 153. Tratándose de actos y resoluciones que emitan el Presidente Municipal y las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, el recurso de revisión se interpondrá ante el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal." Y, en el referido Título Décimo, Capítulo IV, artículos 162 a 167, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se establece el procedimiento a seguir en relación con el mencionado recurso de revisión, los cuales disponen: "Artículo 162. El recurso de revisión, se tramitará conforme a lo establecido en esta Ley y en lo no previsto, se aplicará supletoriamente el Código de Justicia Administrativa. Artículo 163. El recurso de revisión, se interpondrá por escrito, dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que el acto haya ocurrido o se tenga conocimiento del mismo, o bien, haya surtido efectos la notificación de la resolución que se impugna. Artículo 164. El escrito a través del cual se interponga el recurso de revisión, contendrá los siguientes requisitos: I. El nombre, denominación o razón social y domicilio del inconforme y en su caso, de quien promueve en su nombre; II. La autoridad o autoridades que dictaron el acto impugnado; III. La manifestación del particular, bajo protesta de decir verdad, de la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución que impugna; IV. La descripción clara y sucinta de los hechos o razones que den motivo al recurso; V. Los conceptos de violación o en su caso, las objeciones a la resolución o acto que se reclama; VI. Las pruebas que en su caso ofrezca, señalando aquellas que obren en el expediente administrativo; VII. El lugar y fecha de la presentación del recurso de revisión; VIII. El domicilio para oír notificaciones, el cual deberá ser dentro de la ciudad de residencia de la autoridad administrativa competente para resolver el recurso o en su caso, la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones; y, IX. Cuando no se gestione en nombre propio, el carácter con el que ocurre. Artículo 165. Recibido el escrito de revisión, se abrirá un término de prueba de diez días hábiles, a efecto de que se desahoguen aquellas que se hayan admitido y ofrecido. Artículo 166. Concluido el período de pruebas, la autoridad, dentro del término de cinco días hábiles dictará resolución. La notificación personal se hará directamente al recurrente, si acude a las oficinas de la autoridad, o en el domicilio señalado para tal efecto, o bien, por correo certificado con acuse de recibo; las demás notificaciones se harán por estrados. Artículo 167. Podrá suspenderse la ejecución del acto reclamado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada." Luego, de la anterior transcripción y, específicamente del numeral 151, se desprende que los actos y resoluciones dictadas por el Ayuntamiento, por el Presidente Municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión, cuando afecten intereses jurídicos de los particulares, lo que en la especie se actualiza, pues como consecuencia de la emisión del oficio DUOP-031 18/02/2022, la Jefa del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán e Ocampo, ordenó la suspensión de la construcción en el domicilio ubicado en la calle General Ornelas número 166, manzana 44 lote 7 colonia centro del Municipio de Jiquilpan, Michoacán. Suspensión que dicha autoridad efectuó, en virtud que vecinos colindantes al domicilio del peticionario de amparo, se quejaron de daños estructurales a sus correspondientes inmuebles, Asimismo, la responsable precisó, una vez resuelto el conflicto de intereses entre vecinos (los daños estructurales de sus inmuebles) el agraviado, podrá dar continuidad a la obra de construcción. Por lo cual, el referido recurso de revisión era el medio de defensa adecuado, que el quejoso debió agotar, previo a instar esta la vía de control constitucional. En tales condiciones, del precepto 61, facción XX, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. Lo anterior, obedece a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En ese sentido, si el acto que por esta vía se impugna, se hace consistir en la suspensión de la construcción ubicada en la calle General Ornelas número 166, manzana 44, lote 7, colonia Centro en el Municipio de Jiquilpan, Michoacán; previo a acudir al juicio de amparo, el peticionario debió hacer valer el recurso de revisión establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del Título Décimo, relativo al Procedimiento Administrativo Municipal, numerales 150 a 153; medio de impugnación que se substanciaría conforme a las disposiciones 162 a 167, contenidas en el Capítulo IV, concerniente al procedimiento de dicho recurso, con los requisitos mencionados en el precepto 164 de dicha ley; esto, a fin de que se confirmara, modificara o revocara la determinación de la autoridad municipal, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, pues la esencia del acto reclamado descansa en un tema relacionado con la suspensión de una construcción de casa-habitación. Es decir, la determinación de la autoridad responsable, sujeta a estudio, indudablemente es recurrible a través de dicho recurso (revisión), establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del Título Décimo, relativo al Procedimiento Administrativo Municipal, pues éste el medio defensa ordinario procedente contra las determinaciones emitidas por el Ayuntamiento, por el Presidente Municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. En el caso en concreto, la Directora y/o Jefa del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán. Máxime que el quejoso, anexó a su escrito de demanda el oficio DUOP-031 18/02/2022, signado por la Jefa del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán e Ocampo, en el cual ordenó la suspensión de la construcción materia del acto reclamado, lo que no deja lugar a dudas que éste estaba plenamente enterado del motivo de la suspensión de la obra que se efectúa en el inmueble que refiere es de su propiedad. Consecuentemente, resulta evidente que el acto reclamado que se pretende impugnar en esta vía, previamente debe impugnarlo el quejoso, por lo que debe acudir a la instancia correspondiente para controvertirlo. En el entendido que, en el caso, no se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, o cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. Es así, pues aun cuando el quejoso expresa que existe una violación directa al artículo 14 de la Carta Magna, del contenido integral de la demanda se evidencia que en el particular asunto, no se está en presencia de una violación directa a dicho numeral, virtud a que el reclamo de la parte quejosa es que la autoridad responsable le suspendió la construcción que se encuentra realizando en el domicilio precisado en párrafos precedentes; considerar lo contrario, imperaría el arbitrio del solicitante del amparo, quien, por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Federal, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 237480, titulada: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." (Lo resaltado no es de origen) Además, si bien es cierto que el recurso o medio de defensa que el quejoso no agotó, se encuentra previsto en un reglamento; verdadero también resulta que esa excepción debe ser referida en torno a reglamentos heterónomos emitidos en uso de la facultad reglamentaria que se sujeta a los principios generales de reserva de la ley y de subordinación jerárquica; no así reglamentos autónomos que, de conformidad con los marcos constitucionales federal y local, son emitidos por los municipios en los ámbitos de su competencia, sin que reglamenten una ley determinada. Ello es así, en virtud de que la mencionada excepción al principio de definitividad, debe entenderse referida a aquellos reglamentos que, emitidos en ejercicio de la facultad reglamentaria prevén un recurso que no está previsto en la ley de la que derivan, esto es, que violan los principios a que se sujeta el ejercicio de dicha facultad -reserva de ley y subordinación jerárquica- y, por ende, sería jurídicamente inadmisible que se exigiera al gobernado, antes de acudir al amparo, agotar un recurso previsto en una disposición reglamentaria que excede el contenido de la disposición legal en la que el reglamento encuentra su origen, justificación y medida. Sin embargo, tratándose de los reglamentos autónomos cuyo fundamento se encuentra en los artículos 21, primer párrafo y 115, de la Constitución General de la República, dado que su existencia y contenido no se supeditan a la expedición previa de una norma formal y materialmente emitida por el Poder Legislativo, sino que subsisten por sí mismos en sus ámbitos territoriales y materiales de validez, sin que deban sujetarse a los anteriores principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, es incuestionable que en el caso de ese tipo de reglamentos sí deben agotarse los recursos ordinarios previstos en ellos en forma previa a la promoción del juicio de garantías, lo que resulta congruente con la especial naturaleza de la acción de amparo como un medio extraordinario de defensa y de control de la constitucionalidad, y puesto que de no considerar que deban agotarse los recursos ordinarios previstos en los reglamentos autónomos en forma previa a la promoción del juicio de amparo, ello tendría como consecuencia que las actuaciones reglamentadas por los entes municipales en los ámbitos de su competencia constitucional -seguridad pública, tránsito, mercados, rastros, panteones, etcétera- no estarían sujetos al principio de definitividad, sino que podrían combatirse en forma inmediata mediante el juicio de garantías, lo que atentaría contra la especial jurisdicción que caracteriza a dicho medio de control de la constitucionalidad. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, Décima Época, registro digital 2017117, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Es preciso citar al respecto la tesis aislada VI.1o.A.40 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 3125, Novena Época, registro digital 171201, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. LA EXCEPCIÓN DE AGOTAR ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS RECURSOS ORDINARIOS SE ENCUENTREN PREVISTOS EN UN REGLAMENTO, COMPRENDE A LOS MEDIOS DE DEFENSA CONTENIDOS EN REGLAMENTOS HETERÓNOMOS Y NO ASÍ EN REGLAMENTOS AUTÓNOMOS. Si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LVI/2000 de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que previamente a la promoción del juicio de amparo, no es obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa contra el acto reclamado cuando éstos se encuentren previstos en un reglamento y no así en la ley de la que deriva aquél, se estima que la precitada excepción debe ser referida respecto de los reglamentos heterónomos emitidos en uso de la facultad reglamentaria que se sujeta a los principios generales de reserva de la ley y de subordinación jerárquica, pero no así a los reglamentos autónomos que, de conformidad con los marcos constitucionales federal y local, son emitidos por los Municipios en los ámbitos de su competencia sin que reglamenten una ley determinada. Lo anterior, porque la citada excepción al principio de definitividad debe entenderse como referida a aquellos reglamentos que, emitidos en ejercicio de la facultad reglamentaria, prevén un recurso que no está previsto en la ley de que derivan, esto es, que violan los principios a que se sujeta el ejercicio de dicha facultad -reserva de ley y subordinación jerárquica- y, por ende, sería jurídicamente inadmisible que se exigiera al gobernado, antes de acudir al amparo, agotar un recurso previsto en una disposición reglamentaria que excede el contenido de la disposición legal en la que el reglamento encuentra su origen, justificación y medida; empero, en tratándose de los reglamentos autónomos cuyo fundamento se encuentra en los artículos 21, primer párrafo y 115 de la Constitución General de la República, dado que su existencia y contenido no se supeditan a la expedición previa de una norma formal y materialmente emitida por el Poder Legislativo, sino que subsisten por sí mismos en sus ámbitos territoriales y materiales de validez, sin que deban sujetarse a los anteriores principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, es inconcuso que en el caso de este tipo de reglamentos sí deben agotarse los recursos ordinarios previstos en ellos en forma previa a la promoción del juicio de garantías, lo que resulta congruente con la especial naturaleza de la acción de amparo como un medio extraordinario de defensa y de control de la constitucionalidad, y puesto que de no considerar que deban agotarse los recursos ordinarios previstos en los reglamentos autónomos en forma previa a la promoción del juicio de amparo, ello tendría como consecuencia que las actuaciones reglamentadas por los entes municipales en los ámbitos de su competencia constitucional -seguridad pública, tránsito, mercados, rastros, panteones, etcétera- no estarían sujetos al principio de definitividad, sino que podrían combatirse en forma inmediata mediante el juicio de garantías, lo que atentaría contra la especial jurisdicción que caracteriza a dicho medio de control de la constitucionalidad." De ahí que se determine que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que en contra de los actos que por esta vía reclama la parte accionante de amparo, procede el recurso de revisión establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del Título Décimo, relativo al Procedimiento Administrativo Municipal, numerales 150 a 153; medio de defensa que se substanciaría conforme a las disposiciones 162 a 167, contenidas en el Capítulo IV, concerniente al procedimiento de dicho recurso, con los requisitos mencionados en el precepto 164 de dicha ley; medio de impugnación que, previamente a la promoción del presente juicio de amparo se encuentra obligado a agotar el quejoso, para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Consecuentemente, por los motivos anteriormente expuestos, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano y sin mayor trámite la demanda de amparo promovida por David Aguilera Ceja, por propio derecho. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medios de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase a la parte quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico aguileracdavid071@gmail.com, para efectos de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes; sin embargo, no ha lugar a realizar notificación alguna por medio de dicho medio electrónico, en atención a que la Ley de Amparo no lo prevé. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Turquesa número 86, entre Mármol y Venus, colonia San José de la Mina, en esta ciudad. Asimismo, téngase como autorizado en los amplios términos que prevé el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Julio César Torres Zambrano, toda vez que después de una consulta realizada en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que la cédula profesional 4334294, fue expedida en su favor, con la autorización es en los términos indicados. Y como lo solicita el quejoso, se autoriza de conformidad con la última parte del segundo párrafo del citado numeral a José Luis Navarro Martínez. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis I.11o.A.4 A, Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006, Pág. 1188, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, registro 175204 de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL AVISO DE FECHA CATORCE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE ONCE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por David Aguilera Ceja, contra actos del Directora y/o Jefa del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 129/2022-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el promovente, señala como acto reclamado: IV. EL ACTO RECLAMADO. . De la Directora y/o jefa del departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán, Arq. Regina María Torres Guerra, se reclama el oficio número DUOP-031 18/02/2022, mediante el cual determina de manera inmediata la suspensión de la construcción que se encuentra ubicada en la calle General Ornelas No. 166, manzana 44 lote 7 colonia centro del Municipio de Jiquilpan, Michoacán: Bajo una argumentación inadmisible. Sin que hubiera sentencia que así lo determinara. Sin mediar procedimiento alguno. Sin escuchar al quejoso en forma alguna antes de su dictado, causando una afectación en mi esfera jurídica, puesto que se me priva de mi derecho de ser oído y vencido en juicio. Todas y cada una de las consecuencias jurídicas y fácticas de la ejecución de los actos reclamados. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Apreciada íntegramente la demanda de amparo con sus anexos, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo establece el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En efecto, el referido precepto 61, fracción XX, de la ley de la materia, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]. Ahora, en el caso, no se está en presencia de actos que impliquen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; en tales condiciones, debe decirse que contra el acto reclamado en estudio, debe agotarse el medio de defensa ordinario, consistente en el recurso de revisión, antes de intentar el juicio de amparo. El precepto trascrito, contempla uno de los principiosrectores del juicio de amparo -definitividad-, cuyo objetoes que las partes agoten los medios de defensa puestos enlas leyes que rigen el acto de autoridad, antes de acudir aljuicio de amparo, con el fin de que los casos que sealegalmente procedente, la autoridad competente del ordencomún revise el acto que se considera lesivo, y este pueda ser revocado, modificado o nulificado. Esto, dada la naturaleza extraordinaria del juicio deamparo como medio de control constitucional de los actosde autoridad. A efecto demostrar tal la actualización de la causal de improcedencia en estudio, es necesario establecer que los artículos 150 a 153, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, contemplado en el Título Décimo, relativo al Procedimiento Administrativo Municipal, Capítulo I, prevén: Artículo 150. Los ayuntamientos podrán crear los órganos necesarios, para dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la administración pública municipal y los gobernados, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. La integración, funcionamiento y atribuciones de los organismos de justicia, se determinarán en el reglamento que expida, según el caso, cada Ayuntamiento. Artículo 151. Los actos y resoluciones dictadas por el Ayuntamiento, por el Presidente Municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión, cuando afecten intereses jurídicos de los particulares. Artículo 152. El recurso de revisión a que hace referencia el artículo anterior deberá interponerse ante el propio Ayuntamiento. En este caso el Secretario del Ayuntamiento, fungirá como instructor del procedimiento del recurso de revisión, integrando el expediente. Artículo 153. Tratándose de actos y resoluciones que emitan el Presidente Municipal y las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, el recurso de revisión se interpondrá ante el Tribunal de Justicia Administrativa Municipal. Y, en el referido Título Décimo, Capítulo IV, artículos 162 a 167, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se establece el procedimiento a seguir en relación con el mencionado recurso de revisión, los cuales disponen: Artículo 162. El recurso de revisión, se tramitará conforme a lo establecido en esta Ley y en lo no previsto, se aplicará supletoriamente el Código de Justicia Administrativa. Artículo 163. El recurso de revisión, se interpondrá por escrito, dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que el acto haya ocurrido o se tenga conocimiento del mismo, o bien, haya surtido efectos la notificación de la resolución que se impugna. Artículo 164. El escrito a través del cual se interponga el recurso de revisión, contendrá los siguientes requisitos: I. El nombre, denominación o razón social y domicilio del inconforme y en su caso, de quien promueve en su nombre; II. La autoridad o autoridades que dictaron el acto impugnado; III. La manifestación del particular, bajo protesta de decir verdad, de la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución que impugna; IV. La descripción clara y sucinta de los hechos o razones que den motivo al recurso; V. Los conceptos de violación o en su caso, las objeciones a la resolución o acto que se reclama; VI. Las pruebas que en su caso ofrezca, señalando aquellas que obren en el expediente administrativo; VII. El lugar y fecha de la presentación del recurso de revisión; VIII. El domicilio para oír notificaciones, el cual deberá ser dentro de la ciudad de residencia de la autoridad administrativa competente para resolver el recurso o en su caso, la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones; y, IX. Cuando no se gestione en nombre propio, el carácter con el que ocurre. Artículo 165. Recibido el escrito de revisión, se abrirá un término de prueba de diez días hábiles, a efecto de que se desahoguen aquellas que se hayan admitido y ofrecido. Artículo 166. Concluido el período de pruebas, la autoridad, dentro del término de cinco días hábiles dictará resolución. La notificación personal se hará directamente al recurrente, si acude a las oficinas de la autoridad, o en el domicilio señalado para tal efecto, o bien, por correo certificado con acuse de recibo; las demás notificaciones se harán por estrados. Artículo 167. Podrá suspenderse la ejecución del acto reclamado, cuando no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente, mediante fianza o depósito fijado por la autoridad, los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse al confirmarse la resolución impugnada. Luego, de la anterior transcripción y, específicamente del numeral 151, se desprende que los actos y resoluciones dictadas por el Ayuntamiento, por el Presidente Municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión, cuando afecten intereses jurídicos de los particulares, lo que en la especie se actualiza, pues como consecuencia de la emisión del oficio DUOP-031 18/02/2022, la Jefa del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán e Ocampo, ordenó la suspensión de la construcción en el domicilio ubicado en la calle General Ornelas número 166, manzana 44 lote 7 colonia centro del Municipio de Jiquilpan, Michoacán. Suspensión que dicha autoridad efectuó, en virtud que vecinos colindantes al domicilio del peticionario de amparo, se quejaron de daños estructurales a sus correspondientes inmuebles, Asimismo, la responsable precisó, una vez resuelto el conflicto de intereses entre vecinos (los daños estructurales de sus inmuebles) el agraviado, podrá dar continuidad a la obra de construcción. Por lo cual, el referido recurso de revisión era el medio de defensa adecuado, que el quejoso debió agotar, previo a instar esta la vía de control constitucional. En tales condiciones, del precepto 61, facción XX, de la Ley de Amparo, se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. Lo anterior, obedece a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa y protección de los derechos humanos de los gobernados, por lo que, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos, a fin de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y aquellas que son producto de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. En ese sentido, si el acto que por esta vía se impugna, se hace consistir en la suspensión de la construcción ubicada en la calle General Ornelas número 166, manzana 44, lote 7, colonia Centro en el Municipio de Jiquilpan, Michoacán; previo a acudir al juicio de amparo, el peticionario debió hacer valer el recurso de revisión establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del Título Décimo, relativo al Procedimiento Administrativo Municipal, numerales 150 a 153; medio de impugnación que se substanciaría conforme a las disposiciones 162 a 167, contenidas en el Capítulo IV, concerniente al procedimiento de dicho recurso, con los requisitos mencionados en el precepto 164 de dicha ley; esto, a fin de que se confirmara, modificara o revocara la determinación de la autoridad municipal, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, pues la esencia del acto reclamado descansa en un tema relacionado con la suspensión de una construcción de casa-habitación. Es decir, la determinación de la autoridad responsable, sujeta a estudio, indudablemente es recurrible a través de dicho recurso (revisión), establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del Título Décimo, relativo al Procedimiento Administrativo Municipal, pues éste el medio defensa ordinario procedente contra las determinaciones emitidas por el Ayuntamiento, por el Presidente Municipal y por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. En el caso en concreto, la Directora y/o Jefa del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán. Máxime que el quejoso, anexó a su escrito de demanda el oficio DUOP-031 18/02/2022, signado por la Jefa del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán e Ocampo, en el cual ordenó la suspensión de la construcción materia del acto reclamado, lo que no deja lugar a dudas que éste estaba plenamente enterado del motivo de la suspensión de la obra que se efectúa en el inmueble que refiere es de su propiedad. Consecuentemente, resulta evidente que el acto reclamado que se pretende impugnar en esta vía, previamente debe impugnarlo el quejoso, por lo que debe acudir a la instancia correspondiente para controvertirlo. En el entendido que, en el caso, no se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, o cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. Es así, pues aun cuando el quejoso expresa que existe una violación directa al artículo 14 de la Carta Magna, del contenido integral de la demanda se evidencia que en el particular asunto, no se está en presencia de una violación directa a dicho numeral, virtud a que el reclamo de la parte quejosa es que la autoridad responsable le suspendió la construcción que se encuentra realizando en el domicilio precisado en párrafos precedentes; considerar lo contrario, imperaría el arbitrio del solicitante del amparo, quien, por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Federal, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 237480, titulada: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. (Lo resaltado no es de origen) Además, si bien es cierto que el recurso o medio de defensa que el quejoso no agotó, se encuentra previsto en un reglamento; verdadero también resulta que esa excepción debe ser referida en torno a reglamentos heterónomos emitidos en uso de la facultad reglamentaria que se sujeta a los principios generales de reserva de la ley y de subordinación jerárquica; no así reglamentos autónomos que, de conformidad con los marcos constitucionales federal y local, son emitidos por los municipios en los ámbitos de su competencia, sin que reglamenten una ley determinada. Ello es así, en virtud de que la mencionada excepción al principio de definitividad, debe entenderse referida a aquellos reglamentos que, emitidos en ejercicio de la facultad reglamentaria prevén un recurso que no está previsto en la ley de la que derivan, esto es, que violan los principios a que se sujeta el ejercicio de dicha facultad -reserva de ley y subordinación jerárquica- y, por ende, sería jurídicamente inadmisible que se exigiera al gobernado, antes de acudir al amparo, agotar un recurso previsto en una disposición reglamentaria que excede el contenido de la disposición legal en la que el reglamento encuentra su origen, justificación y medida. Sin embargo, tratándose de los reglamentos autónomos cuyo fundamento se encuentra en los artículos 21, primer párrafo y 115, de la Constitución General de la República, dado que su existencia y contenido no se supeditan a la expedición previa de una norma formal y materialmente emitida por el Poder Legislativo, sino que subsisten por sí mismos en sus ámbitos territoriales y materiales de validez, sin que deban sujetarse a los anteriores principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, es incuestionable que en el caso de ese tipo de reglamentos sí deben agotarse los recursos ordinarios previstos en ellos en forma previa a la promoción del juicio de garantías, lo que resulta congruente con la especial naturaleza de la acción de amparo como un medio extraordinario de defensa y de control de la constitucionalidad, y puesto que de no considerar que deban agotarse los recursos ordinarios previstos en los reglamentos autónomos en forma previa a la promoción del juicio de amparo, ello tendría como consecuencia que las actuaciones reglamentadas por los entes municipales en los ámbitos de su competencia constitucional -seguridad pública, tránsito, mercados, rastros, panteones, etcétera- no estarían sujetos al principio de definitividad, sino que podrían combatirse en forma inmediata mediante el juicio de garantías, lo que atentaría contra la especial jurisdicción que caracteriza a dicho medio de control de la constitucionalidad. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, Décima Época, registro digital 2017117, de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Es preciso citar al respecto la tesis aislada VI.1o.A.40 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 3125, Novena Época, registro digital 171201, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD. LA EXCEPCIÓN DE AGOTAR ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS RECURSOS ORDINARIOS SE ENCUENTREN PREVISTOS EN UN REGLAMENTO, COMPRENDE A LOS MEDIOS DE DEFENSA CONTENIDOS EN REGLAMENTOS HETERÓNOMOS Y NO ASÍ EN REGLAMENTOS AUTÓNOMOS. Si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LVI/2000 de rubro: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO., sostuvo que previamente a la promoción del juicio de amparo, no es obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa contra el acto reclamado cuando éstos se encuentren previstos en un reglamento y no así en la ley de la que deriva aquél, se estima que la precitada excepción debe ser referida respecto de los reglamentos heterónomos emitidos en uso de la facultad reglamentaria que se sujeta a los principios generales de reserva de la ley y de subordinación jerárquica, pero no así a los reglamentos autónomos que, de conformidad con los marcos constitucionales federal y local, son emitidos por los Municipios en los ámbitos de su competencia sin que reglamenten una ley determinada. Lo anterior, porque la citada excepción al principio de definitividad debe entenderse como referida a aquellos reglamentos que, emitidos en ejercicio de la facultad reglamentaria, prevén un recurso que no está previsto en la ley de que derivan, esto es, que violan los principios a que se sujeta el ejercicio de dicha facultad -reserva de ley y subordinación jerárquica- y, por ende, sería jurídicamente inadmisible que se exigiera al gobernado, antes de acudir al amparo, agotar un recurso previsto en una disposición reglamentaria que excede el contenido de la disposición legal en la que el reglamento encuentra su origen, justificación y medida; empero, en tratándose de los reglamentos autónomos cuyo fundamento se encuentra en los artículos 21, primer párrafo y 115 de la Constitución General de la República, dado que su existencia y contenido no se supeditan a la expedición previa de una norma formal y materialmente emitida por el Poder Legislativo, sino que subsisten por sí mismos en sus ámbitos territoriales y materiales de validez, sin que deban sujetarse a los anteriores principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, es inconcuso que en el caso de este tipo de reglamentos sí deben agotarse los recursos ordinarios previstos en ellos en forma previa a la promoción del juicio de garantías, lo que resulta congruente con la especial naturaleza de la acción de amparo como un medio extraordinario de defensa y de control de la constitucionalidad, y puesto que de no considerar que deban agotarse los recursos ordinarios previstos en los reglamentos autónomos en forma previa a la promoción del juicio de amparo, ello tendría como consecuencia que las actuaciones reglamentadas por los entes municipales en los ámbitos de su competencia constitucional -seguridad pública, tránsito, mercados, rastros, panteones, etcétera- no estarían sujetos al principio de definitividad, sino que podrían combatirse en forma inmediata mediante el juicio de garantías, lo que atentaría contra la especial jurisdicción que caracteriza a dicho medio de control de la constitucionalidad." De ahí que se determine que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que en contra de los actos que por esta vía reclama la parte accionante de amparo, procede el recurso de revisión establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del Título Décimo, relativo al Procedimiento Administrativo Municipal, numerales 150 a 153; medio de defensa que se substanciaría conforme a las disposiciones 162 a 167, contenidas en el Capítulo IV, concerniente al procedimiento de dicho recurso, con los requisitos mencionados en el precepto 164 de dicha ley; medio de impugnación que, previamente a la promoción del presente juicio de amparo se encuentra obligado a agotar el quejoso, para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Consecuentemente, por los motivos anteriormente expuestos, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano y sin mayor trámite la demanda de amparo promovida por David Aguilera Ceja, por propio derecho. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medios de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase a la parte quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico aguileracdavid071@gmail.com, para efectos de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes; sin embargo, no ha lugar a realizar notificación alguna por medio de dicho medio electrónico, en atención a que la Ley de Amparo no lo prevé. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Turquesa número 86, entre Mármol y Venus, colonia San José de la Mina, en esta ciudad. Asimismo, téngase como autorizado en los amplios términos que prevé el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Julio César Torres Zambrano, toda vez que después de una consulta realizada en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que la cédula profesional 4334294, fue expedida en su favor, con la autorización es en los términos indicados. Y como lo solicita el quejoso, se autoriza de conformidad con la última parte del segundo párrafo del citado numeral a José Luis Navarro Martínez. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis I.11o.A.4 A, Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006, Pág. 1188, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, registro 175204 de rubro siguiente: SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre Servicios Jurisdiccionales, en donde se encontrará el sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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