David Aguilar Sánchez
Expediente 784/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- David Aguilar Sánchez
- José Ricardo Serrano Bustillos (Representante)
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veinticinco de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo por ************ en su carácter de defensor particular de *****************, dentro del toca de apelación 22/2022 de los del índice de la Décima Sala Unitaria de lo Penal en el Estado, deducido del proceso 2639/2019/PUEBLA. Fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 784/2022. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Y AUTO DE DESECHAMIENTO Ante todo, este juzgado federal está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Como cuestión previa, conviene destacar que ************* a través de su defensor particular reclama la resolución dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós en el toca de apelación 22/2022 emitida por la magistrada de la Décima Sala Unitaria de lo Penal en la que desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación de veinticinco de mayo de dos mil veintidós en la que el juez de control negó la exclusión de pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. Específicamente, la prueba testimonial, la que a consideración del quejoso no se ofreció de acuerdo a las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y por lo tanto, procedía su exclusión conforme al artículo 346, fracción IV de la citada ley. De tal manera, la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto que reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107 fracción V, ambos de la ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, del análisis integral de dichos preceptos se advierte que respecto de los actos emitidos dentro de juicio, se limita la procedencia del juicio de amparo pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que indica la fracción V, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 6/2021 indicó que por actos de imposible reparación debe entenderse como aquellos que producen: 1. Una afectación material a los derechos del quejoso, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. Que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es necesaria -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Además, dicho máximo tribunal indicó que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional, es decir, que el acto genere de manera inminente una carga posiblemente injustificada cuya trascendencia esté relacionada con un derecho sustantivo independiente del propio proceso y que, por tanto, sea autónomo del resultado del juicio. Por lo que refiere que cuando en el proceso penal se afectan derechos adjetivos relacionados con el debido proceso penal por regla general escapan de la calificación de "actos de imposible reparación" y si estos se ven afectados ello no implica que los derechos sustantivos protegidos sean igualmente transgredidos, por el contrario, la violación debe ser entendida en la continuidad del proceso penal bajo una óptica instrumental, pues su la afectación en su caso hasta que se emita la resolución que ponga fin a la litis de manera definitiva, y no antes. Ahora bien, de lo expuesto por el quejoso en su escrito de demanda se desprende en esencia, que mediante el recurso de apelación que desechó la sala (acto reclamado) pretendía combatir el auto a través del cual el juez de control negó la exclusión de la prueba testimonial que ofreció el agente del Ministerio Público, pues a su consideración ésta no se ofreció conforme a las disposiciones del código adjetivo ni conforme a las formalidades del ofrecimiento de la citada probanza. Dicho acto no es de imposible reparación en tanto que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del quejoso, puesto que lo que pretende a través del medio de defensa ordinario que le desechó la responsable es demostrar que el ofrecimiento de la prueba se realizó en contraposición a lo dispuesto por la ley adjetiva penal, y, por tanto, dicha prueba sea excluida, lo cierto es que cualquier afectación que derive de dicho acto sólo trascendería la esfera jurídica de derechos adjetivos del impetrante la cual en su caso se verá materializada hasta que se dicte sentencia en el citado proceso penal. De ahí que el acto reclamado por el quejoso no sea de imposible reparación en tanto que no afecta de manera directa ni inmediata sus derechos sustantivos. Con independencia de lo anterior, este juzgado federal estima que el juicio de amparo también deviene improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues previo tramitar la presente instancia constitucional, la parte quejosa soslayó agotar el principio de definitividad en contra de la determinación de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, susceptible de modificar o revocar la resolución reclamada, específicamente el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107 fracción V, ambos de la ley de Amparo y 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del mismo cuerpo legal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO, AUTORIZADOS Y COMUNICACIONES PROCESALES INFORMALES Se tiene por señalado como domicilio procesal, el que se precisa en la demanda de amparo, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los abogados *****************, no así a ***********, al no encontrarse en el sistema de consulta de Registro de Cédulas Profesionales, el que la acredite como licenciada en derecho. Así mismo, se tiene por autorizado el correo electrónico proporcionado para la práctica de comunicaciones procesales informales. FORMAS DE NOTIFICACION Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de Expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto.
- Principal
Puebla, Puebla, veinticinco de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo por ************ en su carácter de defensor particular de *****************, dentro del toca de apelación 22/2022 de los del índice de la Décima Sala Unitaria de lo Penal en el Estado, deducido del proceso 2639/2019/PUEBLA. Fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 784/2022. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Y AUTO DE DESECHAMIENTO Ante todo, este juzgado federal está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Como cuestión previa, conviene destacar que ************* a través de su defensor particular reclama la resolución dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós en el toca de apelación 22/2022 emitida por la magistrada de la Décima Sala Unitaria de lo Penal en la que desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación de veinticinco de mayo de dos mil veintidós en la que el juez de control negó la exclusión de pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. Específicamente, la prueba testimonial, la que a consideración del quejoso no se ofreció de acuerdo a las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y por lo tanto, procedía su exclusión conforme al artículo 346, fracción IV de la citada ley. De tal manera, la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto que reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107 fracción V, ambos de la ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, del análisis integral de dichos preceptos se advierte que respecto de los actos emitidos dentro de juicio, se limita la procedencia del juicio de amparo pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que indica la fracción V, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 6/2021 indicó que por actos de imposible reparación debe entenderse como aquellos que producen: 1. Una afectación material a los derechos del quejoso, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. Que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es necesaria -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Además, dicho máximo tribunal indicó que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional, es decir, que el acto genere de manera inminente una carga posiblemente injustificada cuya trascendencia esté relacionada con un derecho sustantivo independiente del propio proceso y que, por tanto, sea autónomo del resultado del juicio. Por lo que refiere que cuando en el proceso penal se afectan derechos adjetivos relacionados con el debido proceso penal por regla general escapan de la calificación de "actos de imposible reparación" y si estos se ven afectados ello no implica que los derechos sustantivos protegidos sean igualmente transgredidos, por el contrario, la violación debe ser entendida en la continuidad del proceso penal bajo una óptica instrumental, pues su la afectación en su caso hasta que se emita la resolución que ponga fin a la litis de manera definitiva, y no antes. Ahora bien, de lo expuesto por el quejoso en su escrito de demanda se desprende en esencia, que mediante el recurso de apelación que desechó la sala (acto reclamado) pretendía combatir el auto a través del cual el juez de control negó la exclusión de la prueba testimonial que ofreció el agente del Ministerio Público, pues a su consideración ésta no se ofreció conforme a las disposiciones del código adjetivo ni conforme a las formalidades del ofrecimiento de la citada probanza. Dicho acto no es de imposible reparación en tanto que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del quejoso, puesto que lo que pretende a través del medio de defensa ordinario que le desechó la responsable es demostrar que el ofrecimiento de la prueba se realizó en contraposición a lo dispuesto por la ley adjetiva penal, y, por tanto, dicha prueba sea excluida, lo cierto es que cualquier afectación que derive de dicho acto sólo trascendería la esfera jurídica de derechos adjetivos del impetrante la cual en su caso se verá materializada hasta que se dicte sentencia en el citado proceso penal. De ahí que el acto reclamado por el quejoso no sea de imposible reparación en tanto que no afecta de manera directa ni inmediata sus derechos sustantivos. Con independencia de lo anterior, este juzgado federal estima que el juicio de amparo también deviene improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues previo tramitar la presente instancia constitucional, la parte quejosa soslayó agotar el principio de definitividad en contra de la determinación de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, susceptible de modificar o revocar la resolución reclamada, específicamente el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107 fracción V, ambos de la ley de Amparo y 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del mismo cuerpo legal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO, AUTORIZADOS Y COMUNICACIONES PROCESALES INFORMALES Se tiene por señalado como domicilio procesal, el que se precisa en la demanda de amparo, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los abogados *****************, no así a ***********, al no encontrarse en el sistema de consulta de Registro de Cédulas Profesionales, el que la acredite como licenciada en derecho. Así mismo, se tiene por autorizado el correo electrónico proporcionado para la práctica de comunicaciones procesales informales. FORMAS DE NOTIFICACION Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de Expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto.
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