David Aguilar Robles

Expediente 777/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
777/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
16/06/2015

Partes del expediente

  • David Aguilar Robles

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de tres de junio del año en curso (fojas 12 a 15), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por David Aguilar Robles, por su propio derecho y en representación del Sindicato de Trabajadores de la Industria Conexos y Similares del Estado de Oaxaca, contra actos del Presidente y de los miembros que integran la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA IV B Vista la demanda de amparo y escrito de alcance, promovidos por David Aguilar Robles, por su propio derecho y en representación del Sindicato de Trabajadores de la Industria Conexos y Similares del Estado de Oaxaca, personalidad que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la copia certificada del acuerdo de doce de noviembre de dos mil diez, dictado en el expediente de registro sindical 195, relativo al aludido Sindicato, motivo por el cual se le tiene por reconocido tal carácter, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo. Fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 777/2015. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, conviene señalar lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Del contenido de los dos últimos artículos transcritos, interpretados en sentido contrario, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, y que tienen la característica de actos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, el acto reclamado consiste esencialmente, en el acuerdo dictado el veintiocho de abril de dos mil quince, en el juicio laboral 1353/2014 (1), del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el que se resolvió respecto de la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte demandada, en el cual no firman todos los integrantes de la aludida Junta. Ahora es conveniente plasmar que la parte quejosa en los antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, indicó: 1.- Resulta ser que con fecha veintitrés de Enero del año dos mil quince se emitió un acuerdo donde se le dio entrada a la demanda laboral presentada por la persona que ahora señalo como tercero interesado el C. CESAR ARMANDO MERINO GUZMAN, en mi contra y de mi representado, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Conexos y Similares del Estado de Oaxaca, con el número de expediente 1353/2014(1) del inventario de dicha JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, quien demanda el pago por concepto de indemnización constitucional, el pago por concepto de prima de antigüedad, el pago de salarios retenidos, vacaciones, prima vacacional, horas extras, aguinaldo, reparto de utilidades, días de descanso obligatorio y festivos, diferencias salariales y demás, en base a decir que fue trabajador mío y del Sindicato al que represento, en el cual se señalaron las DOCE HORAS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, para que tuviera lugar la audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones, la cual no se llevó acabo. 2.- Ante tal situación nuevamente, mediante acuerdo de FECHA TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, se señalaron LAS ONCE HORAS DEL DÍA SIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para la audiencia de conciliación demanda y excepciones, tal como se llevó a cabo el día SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, la audiencia de CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES, por lo que al no ser un trabajador no se llevó a cabo ninguna conciliación, fijándose las DOCE HORAS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE para que tuviera lugar la Audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. 3.- El día DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS DOCE HORAS, se llevó acabo la Audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, donde ambas partes ofrecimos nuestras pruebas y objetamos las contrarias, por lo que en ese mismo acuerdo en su parte última la Junta con fundamento en el artículo 880 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo en Vigor se reservó el derecho para calificar las mismas dentro del término de ley. 4.- Con fecha VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE se emitió un acuerdo donde no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento por parte de la ahora Autoridad responsable, fundado su auto en el artículo 779 y 565 BIS, mismos que no concuerdan ni tienen la motivación correspondiente, ni son interpretados conforme a derecho, pues la ley estipula que los acuerdos de las autoridades deben de estar debidamente fundados y motivados. Aunado a lo anterior el presidente no acordó para que se citaran a los representantes del trabajo y del capital a la audiencia correspondiente para la resolución de la aceptación o no de las pruebas, puesto que no obra en autos tal acuerdo, es de entenderse que NUNCA FUERON LLAMADOS LOS REPRESENTANTES DEL TRABAJO Y DEL CAPITAL A LA AUDIENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DE LA ACEPTACION O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS PROPUESTAS, por lo que sin aceptar la legalidad del acuerdo dictado Y AL FALTAR LA FIRMA DEL REPRESENTANTE, ESTE ACUERDO DE FECHA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, NO ESTA RESUELTO POR LA TOTALIDAD DE LOS CC. MIEMBROS INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO, siendo esto contrario a lo que aparece en la última parte del acuerdo en mención donde se expresa de manera textual "Así lo resolvieron los CC. Miembros que integran la Junta Especial Número Uno de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado, ante su Secretario que autoriza. DOY FE.----" consecuentemente al no tener recurso ordinario que hacer valer, me veo en la imperiosa necesidad de solicitar EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Como se ve en el acuerdo reclamado se provee respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1353/2014 (1) del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ahora, con base en las reglas previamente establecidas, este juzgador estima que en la especie, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que el acuerdo reclamado, por el que se provee respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio natural, en modo alguno puede ser considerado como acto de imposible reparación susceptible de reclamación destacada en un juicio de amparo indirecto, puesto que con tal determinación no se afecta materialmente un derecho sustantivo de la parte quejosa conforme a los lineamientos antes expuestos, atento que se trata de una violación procesal, y en el momento en que se produce, no afecta de manera irremediable algún derecho sustantivo de la quejosa sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse el juicio relativo. De ahí que se estima que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales. Aquí cabe apuntar que el artículo 107 constitucional establece la procedencia del amparo directo contra sentencias definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa al quejoso; en efecto, el amparo fue concebido por el legislador como un juicio extraordinario cuyo objetivo es la protección de derechos fundamentales de los gobernados frente a los gobernantes, y procede en la vía directa contra sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio, en donde se pueden analizar las violaciones del procedimiento respecto de actos emitidos en éste que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo de manera excepcional, se previó la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso, lo que implica que el juicio de amparo no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad la supervisión de todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, sino excepcionalmente en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. Esto es, el legislador reservó para combatir vía amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento establecidas en el artículo 172 de la Ley de Amparo, para evitar que se pudiese entorpecer el procedimiento que es de orden público. Lo anterior, en aras de impedir que las partes abusen en forma indiscriminada del amparo indirecto, pues desvirtuaría la tutela del amparo indirecto hacia elementos diferentes de su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al extender injustificadamente tal protección a un sin fin de actos de naturaleza procesal con independencia de que pudiesen tener cierta implicación de índole patrimonial, lo cual en el caso, como ya se dijo no acontece, puesto que hasta el momento no se advierte afectación que se refleje o materialice en la esfera jurídica de la parte quejosa. Por tanto, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, toda vez que el acto aquí reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase a los quejosos señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que mencionan en su escrito de demanda, y por autorizadas únicamente para tal efecto, a las personas que mencionan, por así solicitarlo expresamente. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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