David Adrian Zamora Sotelo
Expediente 415/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- David Adrian Zamora Sotelo y Otros.
- David Adrian Zamora Sotelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; doce de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciocho que a la letra dice: Ciudad Juárez Chihuahua; doce de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vistos para resolver el juicio de amparo 415/2018-I-2, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil dieciocho, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Secretario de Gobernación, Comisionado Nacional de Seguridad, Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, Comisionado del Organo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Comisionado de Seguridad Estatal y Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, a quienes les reclamó la orden de traslado, así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 18, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que, después de diferida se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo en vigor y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los demás que lo adicionan y modifican, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: La orden de traslado y su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Secretario de Gobernación, Comisionado Nacional de Seguridad, Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, Comisionado del Organo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, al rendir su respectivo informe manifestaron que no son ciertos los actos de que se duele el quejoso. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no aportó pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por su parte, el Comisionado de Seguridad Estatal, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, fue omiso en rendir el informe justificado que se le solicitó, a pesar de que fue notificado para ello. Ahora, el artículo 117, de la Ley de Amparo, establece que cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado. Sin embargo, toda vez que esta autoridad tiene el carácter de ejecutora y las ordenadoras negaron el acto que se les endilgó, es inconcuso que no puede acatar una orden de traslado inexistente, y su acto tampoco es cierto. Apoya lo anterior, por mayoría de razón, la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo CVII del Semanario Judicial de la Federación, página 2177, con número de registro 299106, Quinta Época, de texto y rubro: AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME PREVIO. A pesar de que la autoridad ejecutora no rindió su informe previo, no puede presumirse que sea cierto el acto que le atribuyen los quejosos, si la autoridad ordenadora niega en su informe previo haber dictado el acto que se le atribuye, y los quejosos no rindieron prueba alguna para desvirtuar esa negativa. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACUTARIA JUDICIAL, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: UNICO SE SOBRESEE EL JUICIO DE AMPARO, POR LAS RAZONES DEL CONSIDERANDO TERCERO.
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