Dave Zepeda Figueroa

Expediente 550/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 28 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
550/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
28/10/2019

Partes del expediente

  • Dave Zepeda Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    En razón de que la parte quejosa DAVE ZEPEDA FIGUEROA o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; veintinueve de octubre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, queda hecho mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Radicación y registro del expediente. Vista la demanda de amparo presentada por Dave Zepeda Figueroa, contra actos que atribuye al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 550/2019. Acto reclamado. *IV.- ACTO RECLAMADO: De la Autoridad Responsable, reclamo: a).- La Resolución de fecha diecisiete de octubre del actual dos mil diecinueve, pronunciada en la Primera Etapa de la Audiencia Preliminar prevista por el Artículo 1390 BIS 32 fracción I en relación con el 1390 Bis 34 del Código de Comercio, denominada como la *LA DEPURACION DEL PROCEDIMIENTO*; Audiencia ordenada en el Juicio Oral Mercantil del índice 625/2019, del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, presuntamente promovido por MARIA DALIA MORALES ESPINOSA frente al aquí Quejoso DAVE ZEPEDA FIGUEROA y BLANCA LETICIA FIGUEROA MEDINA; por virtud de la cual declara IMPROCEDENTE LA EXCE:PCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN DE EMILIO AGUlLAR AYALA y ELEIDA ESTELA MONDRAGON SOLIS, en su ostentada calidad de endosatarios en procuración de MARÍA DALIA MORALES ESPINOSA, opuesta por los el suscrito y codemandada, en el escrito de contestación a la demanda de referencia (526/2019); b) En la Audiencia Preliminar desahogada en el Juicio Oral Mercantil 526/2019, indicado en el inciso anterior, dentro 18) la Quinta Etapa, que en términos del enunciado numeral 1390 Bis 32 fracción V se nomina *LA CALIFICACIÓNSOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS IAS PRUEBAS*, reclamo de la Autoridad Responsable, LA OMISIÓN DE PRONUNCIARSE SOBRE LA INCONFORMIDAD PLANTEADA POR NUESTRO APODERADO JURIDICO RESPECTO DE LA ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS CONFESIONALES OFRECIDAS POR LA ACTORA, a cargo de los impetrantes, DAVE ZEPEDA FIGUEROA y BLANCA LETICIA FIGUEROA MEDINA, en su escrito inicial de demanda; c).- Dentro del Juicio Oral Mercantil citado en los incisos precedentes, también en la Quinta Etapa señalada como *LA CALIFICACIÓN SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS PRUEBAS*, reclamo de la Autoridad Responsable, EL DESECHAMIENTO DE: LA PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA OFRECIDA POR EL AHORA QUEJOSO DAVE ZEPEDA FIGUEROA Y CODEMANDADA AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA QUE SE NOS INSTAURADA, PRECISAMENTE AL OPONER LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD DE EMILIO AYALA AGUILAR Y ELEIDA ESTELA MONDRAGÓN SOLÍS, EN SU OTENTADO CARÁCTER DE ENDOSATARIOS EN PROCURACIÓN DE MARÍA DALIA MORALES ESPONOSA; d)- De igual forma, en la Quinta Etapa denominada *LA CALIFICACION SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS PRUEBAS* de la Audiencia Preliminar desahogada en el pluricitado Juicio Oral Mercantil, relamo LA ILEGAL ADMISIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA ACTORA EN SU ESCRITO DE DEMANDA; y, e).- Como consecuencia de los predecedores Actos, reclamo de la Autoridad Responsable, el proveído emitido en la multicitada Audiencia Preliminar desahogada en el Juicio Oral Mercantil 526/2019, por virtud de la cual decreta LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DE JUICIO (Etapa Sexta), fijando como fecha para el desahogo de esta, el día treinta de octubre de dos mil diecinueve en curso, a las once horas.*. Desechamiento de la demanda de amparo. Dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer primeramente que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: *DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO *MANIFIESTO* DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos *manifiesto* e *indudable* a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e *indudable* significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.*. Ahora, es necesario precisar que *manifiesto* debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por *indudable*, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: *DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN *MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA*. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos *manifiesto*, significa claro, evidente y el *indudable*, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.*. Asentado la anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, al tenor siguiente: *Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.*Del estudio correlativo de la fracción antes transcrita se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos en juicio, cuando: sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, dado que especificó que los relativos a afectación de *imposible reparación*son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo cual cobra relevancia, toda vez que permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos. En el caso concreto que nos ocupa, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Para dar sustento a la anterior afirmación, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: *DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.*. Así pues, del escrito de demanda de amparo que se trata como un todo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso es el siguiente: La audiencia preliminar de fecha diecisiete de octubre del presente año, misma que se celebró dentro del juicio oral mercantil 625/2019 promovido por María Dalia Morales Espinosa frente a Dave Zepeda Figueroa y otra, en la que entre otras cosas declaró improcedente la excepción de falta de legitimación de los endosatarios en procuración, omisión de pronunciarse sobre la inconformidad respecto de la admisión de pruebas confesionales ofrecidas por la actora, la ilegal admisión de las pruebas ofrecidas por la parte actora y la citación para la audiencia de juicio. Así las cosas, se colige que el acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso contenidos en la Constitución General de la República, toda vez que sólo entrañan posibles infracciones a sus derechos adjetivos que, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. En efecto, la circunstancia de que el Juez responsable dentro del juicio natural haya declarado improcedente la excepción de falta de legitimación de los endosatarios en procuración, omisión de pronunciarse sobre la inconformidad respecto de la admisión de pruebas confesionales ofrecidas por la actora, la ilegal admisión de las pruebas ofrecidas por la parte actora y la citación para la audiencia de juicio, sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales. Ello es así, pues aun ante esa determinación, el ahora quejoso podría obtener una sentencia favorable en el juicio oral mercantil del cual emana el acto reclamado, con la cual quedarían reparadas las posibles violaciones que se cometieran a causa de la forma como se desahogó el referido medio de convicción, puesto que esta cuestión también sólo entraña la posible infracción a derechos adjetivos o procesales que, como ya se dijo, puede quedar reparada en caso de obtener una sentencia favorable. Máxime que tanto de los antecedentes del acto reclamado, expresado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se desprende que el acto reclamado emana de un juicio oral civil que se encuentra en trámite; de ahí que se considere que el acto reclamado sólo implicaría violaciones formales reparables en la sentencia que llegue a dictarse en el precitado proceso civil. Por ende, las violaciones que en un momento dado llegaren a cometerse con el acto reclamado, al constituir únicamente posibles infracciones a las leyes del procedimiento, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, de la ley de la materia, podrán quedar subsanadas con posterioridad si la resolución que ponga fin al procedimiento resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra el fallo definitivo. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la Jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 164, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, contrario sensu, cuyo contenido es el siguiente: *EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen *ejecución irreparable*, los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.*. Igualmente, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3811, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXI, que establece: *PRUEBAS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA ADMISION DE LAS. El juicio de garantías es notoriamente improcedente contra el auto que admite una prueba ofrecida por la contraparte del quejoso, porque dicho auto no causa agravio irreparable al agraviado, ya que éste tiene defensas que oponerle dentro del procedimiento, y por otra parte, al admitirse una prueba, no se hace la calificación de la misma, ya que eso corresponde a la sentencia de fondo que se pronuncie en el juicio.* Finalmente, la diversa tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 608, Tomo X, Agosto de 1992, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: *PRUEBAS. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACION QUE LAS ADMITE. De conformidad con la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución General de la República, el mismo es improcedente contra el acuerdo que admite pruebas, porque no constituye un acto en el juicio que tenga ejecución irreparable, pues sólo produce efectos intraprocesales, ya que esos medios de convicción admitidos se analizarán y evaluarán en la sentencia definitiva que en él se dicte, la que puede ser favorable al promovente de amparo, caso en el cual ningún perjuicio le causará el acto reclamado, pero si fuere adversa a sus intereses, entonces los perjuicios que le origine la resolución reclamada, pueden ser reparados por medio del amparo directo, en los términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), del pacto federal, y 158, 159, fracción VII, y 161 de la Ley de Amparo.* Consecuentemente, todo lo expuesto permite sostener, como se ha venido haciendo, que el acto reclamado en este juicio no tiene sobre el quejoso una afectación a sus derechos de imposible reparación, sino se trata de posibles violaciones a derechos procesales o adjetivos, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Por tanto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Paleo Zamora, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que Alfonso Madrigal López y Javier Barriga Silvestre, únicamente estarán facultados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciados en derecho. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, con excepción de los días inhábiles laborables que se llegaren a decretar. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Copias. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Datos personales. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Por otra parte, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

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