Dave Antonio de Jesús Euan Cuevaz

Expediente 1311/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1311/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Dave Antonio de Jesús Euan Cuevaz

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja al que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en contra del acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda en el presente asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, hágase la precisión de que el presente expediente es conservable, en virtud de que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 Constitucional; lo anterior, en cumplimiento al artículo 17, fracción III del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el informe rendido por el Director Jurídico, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, relativo a la suspensión de plano concedida en este asunto. Lo anterior sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de veinticinco de agosto del presente año, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efectos las providencias dictadas en estos autos. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que el directo quejoso ***, al momento de la notificación del acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Mateo Iván González Berzunza; por tanto, se acuerda: Haciendo efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído de veinticuatro de agosto del presente año, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO que dio origen a este expediente, quedando sin efectos las providencias dictadas en estos autos. Por otro lado, advirtiéndose que el nombrado quejoso ratificó a quien promovió la demanda a su favor, y a Rodrigo Jafed Zapata Sulub y Alejandro Calcaneo Lugo, como sus autorizados; en consecuencia, téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al citado Zapata Sulub, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito A su vez, téngaseles a los nombrados González Berzunza y Calcaneo Lugo con ese carácter, en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado Federal encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, toda vez que del acta relativa a la diligencia de ratificación de la demanda, se advierte que el directo quejoso Dave Antonio de Jesús Euan Cuevaz, presentaba lesiones en su cuerpo, los cuales fueron presuntamente ocasionados al momento de su detención. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1 y 22 constitucionales; 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 23 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, respecto de las lesiones del directo quejoso; lo anterior, a fin de que la dicha autoridad ministerial determine lo que en derecho corresponda. En apoyo de lo anterior, se cita la tesis del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en la tesis aislada XXVII.1o.(VIII Región) 2 P (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de dos mil doce, Tomo 2, página mil cuarenta y ocho, del rubro siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO." Así como la tesis I.9o.P.115 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 36, noviembre de 2016, Tomo IV, página 2277, con registro 2013007, del rubro siguiente: "ACTOS DE TORTURA. SI DE LA DECLARACIÓN DEL INCULPADO O DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS SE ADVIERTE QUE PUDO HABER SIDO VÍCTIMA DE AQUÉLLOS DURANTE SU DETENCIÓN, ES OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE SU ADSCRIPCIÓN PARA QUE ACTÚE DE ACUERDO CON SUS FACULTADES LEGALES, AUN CUANDO SE PRODUZCA EL FALLECIMIENTO DE AQUÉL EN ALGUNA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o., establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, así como de las garantías para su protección; en razón de lo anterior, es obligación de sus autoridades, en el ámbito de su competencia, procurar la protección de los derechos humanos, entre los que se encuentran, la prohibición de la tortura y la protección a la integridad personal, previstos en los artículos 22 y 29 de la Constitución Federal, por lo que no se trata de un deber exclusivo de las autoridades que deban investigar o juzgar el caso de quien refiera haber sido víctima de dicha vulneración. En esa tesitura, cualquier órgano jurisdiccional encargado de administrar justicia que en su marco de actuación tenga noticia o advierta, ya sea porque el inculpado lo declare ante él, o de las propias constancias de autos se desprenda, que aquél pudo haber sido víctima de posibles actos de tortura durante su detención, lo obliga a dar vista al Ministerio Público de su adscripción, para que éste actúe de acuerdo con sus facultades legales, aun cuando se produzca el fallecimiento de aquél en alguna de las etapas del procedimiento, ya que el deceso de la probable víctima de tortura, no impide ni hace impertinente ordenar la aludida vista, en razón de que además de que en su vertiente de delito, la tortura es imprescriptible debido a su gravedad, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones para ser perseguida e investigada, por lo que su vigencia no puede alterarse aun con la pérdida de la vida de la víctima; máxime que pudiera existir la posibilidad de que dicho deceso fuera consecuencia de los probables actos de tortura que se le hubieran inferido y, por ende, que se materializara una circunstancia distinta de reparación hacia los deudos del occiso, por el probable responsable del delito, o el propio Estado, en términos del artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." Notifíquese personalmente y regístrese.

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