Darwin Macosay Baqueiro

Expediente 228/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
228/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Darwin Macosay Baqueiro

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, para que interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, que tuvo por no presentada la demanda de amparo, transcurrió del cuatro al ocho de julio de dos mil veintidós, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, que tuvo por no presentada la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso b) y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso Darwin Macosay Baqueiro, en auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós (fojas 13 a 16), para cumplir con lo siguiente: I. Señalara la cuantía reclamada por concepto de suerte principal en el juicio ejecutivo mercantil 533/17-2018/2M-II, del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen; y. II. Precisara si en el juicio ejecutivo mercantil 533/17-2018/2M-II, a la fecha en que presentó su demanda de amparo, se dictó sentencia definitiva y si la misma causó ejecutoria, para el caso de que su respuesta sea negativa, la etapa procesal en que se encuentra el juicio natural. III. Escrito aclaratorio que al ser parte integrante de la demanda de amparo, debía acompañarse con las copias suficientes, esto es, debía exhibir siete (7) copias, ya que tres (3) son para las autoridades responsables; una (1) para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; una (1) para el tercero interesado y dos (2) para la formación del incidente de suspensión. Transcurriría del doce al dieciocho de mayo de dos mil veintidós, sin contar los días catorce y quince de esos mismos mes y año por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo. Mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintidós, la parte quejosa pretendió desahogar la prevención formulada en proveído de cuatro de mayo del año en curso (fojas 19 y 20). En proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, se determinó que no había lugar a tener por cumplido el requerimiento formulado; quedando subsistente el apercibimiento decretado en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, sin que ese acuerdo (20 de mayo de 2022), implicara prorroga al plazo de cinco días concedido (fojas 21 a 23). Al quejoso le restaban tres días del plazo concedido en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, para desahogar la prevención ordenada, toda vez que dicho plazo debía transcurrir del doce al dieciocho de mayo de dos mil veintidós, sin contar los días catorce y quince de esos mismos mes y año, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; y, su escrito aclaratorio lo presentó el trece de mayo del año en curso, esto es, el segundo día en que corría su término, por tanto, el plazo de tres días, debió transcurrir del treinta de mayo al uno de junio de dos mil veintidós, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, toda vez que el auto de veinte de mayo del año en curso, se le notificó electrónicamente el veintiséis de esos mismos mes y año (foja 26), sin que dentro del mencionado plazo cumpliera con el requerimiento ordenado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, por ende, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Carlos Augusto Cantón Valencia, en su carácter de autorizado del quejoso Darwin Macosay Baqueiro, mediante el cual, pretende desahogar la prevención realizada al quejoso en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, sostuvo que entre los requisitos que debe satisfacer el escrito de demanda se encuentra el de manifestar, "bajo protesta de decir verdad", los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, conforme a lo previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Agregó que dicho requisito puede ser desahogado tanto por el quejoso en forma personal, como por su representante, quien promueve en su nombre; sin embargo, el autorizado en el escrito de demanda, en términos amplios del artículo 12 de la misma ley, no puede desahogar una prevención en la que se le solicite manifestar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado. Precisó que de lo contrario, esa circunstancia se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la demanda de amparo, en la que se le autoriza; ello en atención a que los derechos y obligaciones procesales que conlleva esa autorización son a partir de la presentación de la demanda y no antes, menos aún, cuando revisten, el carácter de personal. Adujo, bajo tales premisas, es válido señalar que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, que debe contenerse en el escrito de demanda, la puede realizar tanto el quejoso o agraviado, como quien promueva en su nombre, por ser ellos quienes suscribieron la demanda y, por ende, les consta lo que en ella se narró y pueden adquirir la responsabilidad que conlleva su manifestación. En tanto que el autorizado por el quejoso en términos amplios a que se refiere el citado artículo 12 de la Ley de Amparo, adquiere derechos y obligaciones procesales sólo a partir del momento en que se le autoriza y no puede referirse a hechos ocurridos con anterioridad, y si bien en dicho precepto legal se le autoriza para que pueda realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, esta atribución no llega al extremo de realizar actos que por su naturaleza sólo puede desahogar en forma personal el promovente del amparo, como es el caso de expresar "bajo protesta de decir verdad", que refiere el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Indicó, que no era obstáculo a lo anterior que el artículo 261 de la Ley de Amparo vigente permita imponer una sanción al abogado autorizado que afirme hechos falsos, pues ello no contraviene o desvirtúa la naturaleza de la manifestación que se exige en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, la cual tiene por objeto que el afectado narre los hechos que dieron origen al acto reclamado que considera le ocasionan perjuicio; máxime que dicha sanción puede referirse a la conducta que se desarrolle dentro del proceso y a partir de la autorización otorgada en la demanda, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, pero no necesariamente a hechos ocurridos con anterioridad y que no le constan. Criterio del que emergió la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 9, agosto de 2014, tomo I, página 210, intitulada: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por otro lado, como se precisó en el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, deriva la obligación del quejoso de manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Asimismo, en dicho proveído, con fundamento en el artículo 114, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requirió al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, cumpliera con lo siguiente: 1. Señalara la cuantía reclamada por concepto de suerte principal en el juicio ejecutivo mercantil 533/17-2018/2M-II, del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2. Precisara si en el juicio ejecutivo mercantil 533/17-2018/2M-II, a la fecha en que presentó su demanda de amparo, se dictó sentencia definitiva y si la misma causó ejecutoria, para el caso de que su respuesta fuera negativa, la etapa procesal en que se encuentra el juicio natural. 3. Escrito aclaratorio que al ser parte integrante de la demanda de amparo, debía acompañarse con las copias suficientes, esto es, debería exhibir siete (7) copias, ya que tres (3) son para las autoridades responsables; una (1) para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; una (1) para el tercero interesado y dos (2) para la formación del incidente de suspensión. Por tanto, como el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales deban manifestarse, "bajo protesta de decir verdad", antecedentes del acto reclamado que se omitieron al presentarse la demanda; con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento formulado al quejoso Darwin Macosay Baqueiro, en proveído de cuatro de mayo del año en curso. Por consiguiente, hágase del conocimiento a la parte quejosa que el apercibimiento decretado en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, queda subsistente, esto es, para el caso de que no cumpla con lo requerido en ese auto, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 114, segundo párrafo de la Ley de Amparo, sin que este acuerdo implique prórroga al plazo de cinco días concedido en el mencionado acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, Novena Época, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Darwin Macosay Baqueiro, por propio derecho, contra actos de la Jueza Segunda del Ramo Mercantil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, y de otras autoridades, radíquese con el número de expediente 228/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PREVENCIÓN. El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará el escrito de demanda y si advirtiere deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mandará prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días subsane las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda. Por otra parte, del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, deriva la obligación del quejoso de manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 114, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, cumpla con lo siguiente: 1. Señale la cuantía reclamada por concepto de suerte principal en el juicio ejecutivo mercantil 533/17-2018/2M-II, del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2. Precise si en el juicio ejecutivo mercantil 533/17-2018/2M-II, a la fecha en que presentó su demanda de amparo, se dictó sentencia definitiva y si la misma causó ejecutoria, para el caso de que su respuesta sea negativa, la etapa procesal en que se encuentra el juicio natural. 3. Escrito aclaratorio que al ser parte integrante de la demanda de amparo, deberá acompañarse con las copias suficientes, esto es, deberá exhibir siete (7) copias, ya que tres (3) son para las autoridades responsables; una (1) para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; una (1) para el tercero interesado y dos (2) para la formación del incidente de suspensión. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle Santo Tomás, número 63, esquina avenida Paseo Mediterráneo, fraccionamiento Residencial Mediterráneo, código postal 24156, Ciudad del Carmen, Campeche. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A LA PARTE QUEJOSA. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "carloscantonvalencia". AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 12 y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado en derecho Carlos Augusto Cantón Valencia, pues de la certificación de cuenta, se advierte que después de una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se encontró que el autorizado de la parte quejosa cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho. En cambio, no ha lugar por tener autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gilberto González Lara, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que se realizó consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprende que no se encontró registro de cedula profesional de licenciado en derecho, a nombre de la persona referida. Por tanto, a Gilberto González Lara, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se le tiene por autorizado únicamente para oir notificaciones e imponerse de autos, quien no gozará de las demás facultades, previstas en el artículo 12 del mencionado ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, intitulada: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a Carlos Augusto Cantón Valencia, con el nombre de usuario "carloscantonvalencia", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que sea ingresado el nombre de usuario "carloscantonvalencia" al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022 y 7/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

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