Darwin Efrain Carvajal Cofre
Expediente 1202/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1202/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración En el Estado de Baja California, En Tijuana
- Darwin Efrain Carvajal Cofre
- DARWIN EFRAIN CARVAJAL COFRE y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Feneció término legal. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal concedido a la parte quejosa en el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, sin que al momento de la notificación o bien dentro de los plazos de tres y cinco días otorgados, se haya presentado promoción alguna con la que hubiese dado cumplimiento a las prevenciones formuladas en el presente juicio de amparo. No presentada. En consecuencia, se hace efectivo los apercibimientos realizados en el citado proveído y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Por lo que se ordena dejar sin efectos las providencias decretadas en el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Imposibilidad actuarial. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria de judicial de notificar personalmente el contenido del proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, a los agraviados 1. Darwin Efraín Carvajal Cofre, 2. Teófilo Renan Díaz Guamán, 3. Kirik Tito Mank+ash Shakaim, 4. Cristian Patricio Molina Toapanta y 6. Juan Carlos Toapanta Montaguano, la que hizo consistir en que una persona que dijo ser Oficial en turno de la Estación Migratoria, le informó que los quejosos antes aludidos no se encontraban alojados en dicho lugar. Sin que sea el caso ordenar notificar a la parte promovente dicho auto, toda vez que le fue notificado el ocho de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Ratificación de demanda. Vista la constancia actuarial que antecede, de la que se advierte que los quejosos 1. Darwin Efraín Carvajal Cofre, 2. Teófilo Renan Díaz Guamán, 3. Kirik Tito Mankash Shakaim, 4. Cristian Patricio Molina Toapanta y 6. Juan Carlos Toapanta Montaguano, manifestaron que sí ratificaban la demanda de amparo promovida en su nombre y el nombramiento del autorizado. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que puedan subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos quejosos 1. Darwin Efraín Carvajal Cofre, 2. Teófilo Renan Díaz Guamán, 3. Kirik Tito Mankash Shakaim, 4. Cristian Patricio Molina Toapanta y 6. Juan Carlos Toapanta Montaguano, para que por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, bajo protesta de decir verdad realicen lo siguiente: Informen si a la fecha tienen conocimiento de algún procedimiento migratorio con el fin de ordenar su extradición a su país de origen y, de ser el caso, la fecha que se hicieron sabedores del mismo, así como si les fue fijada garantía alguna para obtener su libertad, y el monto de la misma. En caso afirmativo, indique si lo señalan como actos reclamados, para lo cual deberán narrar los antecedentes del mismo. Lo anterior, a fin de fijar la litis, con el objeto de que esta juzgadora la analice en su momento procesal oportuno y sobre todo para que las autoridades a las que atribuya los actos de que se queja, cuenten con suficientes elementos para rendir sus informes en relación a los mismos y defender su constitucionalidad. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia J/18 (9a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." Los requerimientos señalados deberán ser aclarados directamente por los directamente quejosos, por ser un acto personalísimo y que sólo a ella le corresponde. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), que dice lo siguiente "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Apercibimiento. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamiento de autorizado. Por otra parte, del estado de autos se advierte que en proveído de veintiséis de septiembre pasado, se autorizó en términos restringidos del artículo 12 a Daniel Alejandro Molina Aranda, hasta en tanto los quejosos ratificaran la demanda de amparo, lo que ya aconteció; por tanto, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la materia ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Imposibilidad. Por otra parte, vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que le asistió a la fedataria de la adscripción para notificar personalmente el contenido del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, a los quejosos 5. Bryan Alexander Sánchez Marcalla y 7. Segundo Diego Marcalla Tumbaco, la que hizo consistir en que una persona que dijo ser oficial en turno de la Estación Migratoria le informó que los antes citados no se encontraban en dicho lugar, no obstante lo anterior, realizó diversos llamados a los directamente agraviados sin que nadie contestara. Por tanto, ante la aludida imposibilidad para notificar a los quejosos 5. Bryan Alexander Sánchez Marcalla y 7. Segundo Diego Marcalla Tumbaco, el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés y precisamente porque no se encuentran ni alojados ni detenidos en la Estancia Migratoria de esta ciudad; por lo tanto, requiérase al promovente Daniel Alejandro Molina Aranda, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informe a este órgano jurisdiccional si conoce de diverso lugar en el cual puedan ser localizados los agraviados aludidos. Apercibimiento. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata por lo que hace a los migrantes 5. Bryan Alexander Sánchez Marcalla y 7. Segundo Diego Marcalla Tumbaco, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Consulta electrónica. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, así como para recibir notificaciones. Ahora, dado que la parte quejosa, autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones personales; en tal sentido; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan a la parte quejosa de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A, realice la autorización respectiva para la consulta del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "molinaabogado". Notifíquese, personalmente a los quejosos quejosos 1. Darwin Efraín Carvajal Cofre, 2. Teófilo Renan Díaz Guamán, 3. Kirik Tito Mankash Shakaim, 4. Cristian Patricio Molina Toapanta y 6. Juan Carlos Toapanta Montaguano, en el lugar en que se encuentren recluidos y vía electrónica a su autorizado Daniel Alejandro Molina Aranda.
- Principal
Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y captúrese en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación como juicio de Amparo 1202/2023-VI. Suspensión de plano. Ahora, de una lectura al escrito de demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por el promovente se hacen consistir, esencialmente, en: Deportación, expulsión o repatriación y su ejecución fuera de procedimiento en relación con la garantía o derecho de audiencia; Incomunicación. Aseguramiento, alojamiento, detención y privación ilegal de la libertad. De los que dice son y pueden ser objeto 1. Darwin Efraín Carvajal Cofre, 2. Teófilo Renan Díaz Guamán, 3. Kirik Tito Mankash Shakaim, 4. Cristian Patricio Molina Toapanta, 5. Bryan Alexander Sánchez Marcalla, 6. Juan Carlos Toapanta Montaguano y 7. Segundo Diego Marcalla Tumbaco, con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que son de nacionalidad extranjera. Deportación, expulsión o repatriación y su ejecución fuera de procedimiento en relación con la garantía o derecho de audiencia. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directamente agraviados no sean deportados o expulsados del país, así como trasladados a otra parte de la República Mexicana. Incomunicación. Las autoridades responsables de manera inmediata deberán cesar todo acto de incomunicación, en contra de los agraviados 1. Darwin Efraín Carvajal Cofre, 2. Teófilo Renan Díaz Guamán, 3. Kirik Tito Mankash Shakaim, 4. Cristian Patricio Molina Toapanta, 5. Bryan Alexander Sánchez Marcalla, 6. Juan Carlos Toapanta Montaguano y 7. Segundo Diego Marcalla Tumbaco, y, en su caso, se les permita mantener comunicación con su defensor o familiares, así como mantenerlos informados de su situación migratoria; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Por tanto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la integridad física y salud de los quejosos queda bajo su más estricta responsabilidad. III. Aseguramiento, alojamiento, detención y privación ilegal de la libertad. Ahora, previo a pronunciarse sobre la suspensión de plano relativa al aseguramiento, alojamiento, detención y privación ilegal de la libertad de las personas en situación de migración, es necesario tener en cuenta que la Ley de Migración, establece las facultades de control, verificación y revisión migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración, entre las que se encuentra la instauración del procedimiento administrativo migratorio; éste comprende, entre otros aspectos, el control migratorio, consistente en la revisión de documentación de personas que pretendan internarse al país. Del mismo modo, implica la supervisión de los medios de transporte que se utilizan para internarse al país, lo que realizarán las autoridades migratorias con auxilio de las autoridades policiales, lo cual se efectúa en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por mar, aire y tierra y de manera excepcional, previa solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugares distintos a estos. En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 68, primer párrafo y 100 de la Ley de Migración, que establecen: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por personal del Instituto Nacional de Migración, en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, lo cual deberá constar en actas y no podrá exceder del término de treinta y seis horas contadas a partir de su puesta a disposición, para lo cual, deberá dictarse acuerdo dentro de las veinticuatro horas derivado de la diligencia de verificación o revisión migratoria. En resumen, si la autoridad migratoria realiza una verificación en la que detecta a una persona migrante en situación irregular, debe dar inicio al procedimiento migratorio. Ahora, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 112/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, para evitar que la detención administrativa sea arbitraria debe: Ser menor al plazo de treinta y seis horas; y, Debe cumplir con los requisitos de: Razonabilidad, que es un criterio de evaluación objetivo; Necesidad; y, Proporcionalidad, que son criterios de evaluación subjetivos. Explicó, que la razonabilidad exige que la detención sea impuesta en cumplimiento de un fin legítimo en cada caso individual, que tiene que estar estipulado expresamente en la legislación, y definir y enlistar exhaustivamente las razones consideradas como fines justificadores. Además, destacó que la necesidad exige que la detención sea indispensable para cumplir el fin legítimo y que, en las circunstancias individuales del caso, no exista otra menos restrictiva de los derechos de la persona afectada. Finalmente, señaló que la proporcionalidad reclama que el Estado alcance un balance entre la gravedad de la medida y la situación de la persona migrante en cuestión. Por lo que, consideró que el derecho a la libertad personal no es absoluta, pues puede haber escenarios en los que se encuentre justificada su restricción, como sucede con la facultad del Estado mexicano para establecer medidas tendentes a regular la entrada, admisión y expulsión de personas migrantes en territorio nacional. Así, determinó que para una detención en ese contexto, en aras de evitar su arbitrariedad, debe ser aplicada como medida excepcional, por el periodo más breve y sólo si se justifica por una finalidad legítima, siempre que ésta sea acorde con el artículo 21 constitucional, el cual mandata que ningún acto privativo de la libertad de las personas por razones administrativas puede exceder del periodo máximo de treinta y seis horas. Por tanto, la suspensión de plano solicitada se puede conceder, bajo ciertos parámetros y condiciones, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el procedimiento, por lo que, esta juzgadora concede la suspensión de plano en los supuestos y para los efectos siguientes: En el caso de que la internación de 1. Darwin Efraín Carvajal Cofre, 2. Teófilo Renan Díaz Guamán, 3. Kirik Tito Mankash Shakaim, 4. Cristian Patricio Molina Toapanta, 5. Bryan Alexander Sánchez Marcalla, 6. Juan Carlos Toapanta Montaguano y 7. Segundo Diego Marcalla Tumbaco al país, no se considere irregular por la autoridad migratoria, o, en el caso de que se encuentren detenidos, y éstos no tengan relación con la comisión de un ilícito, las autoridades responsables deberán ponerlos en inmediata libertad. En el supuesto de que la detención de 1. Darwin Efraín Carvajal Cofre, 2. Teófilo Renan Díaz Guamán, 3. Kirik Tito Mankash Shakaim, 4. Cristian Patricio Molina Toapanta, 5. Bryan Alexander Sánchez Marcalla, 6. Juan Carlos Toapanta Montaguano y 7. Segundo Diego Marcalla Tumbaco, derive de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, las autoridades deberán ponerlos en inmediata disposición del agente del ministerio público competente a fin de que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente. En el escenario de que la internación de 1. Darwin Efraín Carvajal Cofre, 2. Teófilo Renan Díaz Guamán, 3. Kirik Tito Mankash Shakaim, 4. Cristian Patricio Molina Toapanta, 5. Bryan Alexander Sánchez Marcalla, 6. Juan Carlos Toapanta Montaguano y 7. Segundo Diego Marcalla Tumbaco, sea considerada irregular por parte de la autoridad migratoria, deberá, dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que les fue puesta a su disposición, dictar el acuerdo de presentación a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, y antes de que fenezca el plazo de las treinta y seis horas a partir de su detención, deberán dejarlos en inmediata libertad. En el entendido de que la orden de dejarlos en libertad no impide que se les fijen las medidas contempladas en la Ley General de Migración, para que 1. Darwin Efraín Carvajal Cofre, 2. Teófilo Renan Díaz Guamán, 3. Kirik Tito Mankash Shakaim, 4. Cristian Patricio Molina Toapanta, 5. Bryan Alexander Sánchez Marcalla, 6. Juan Carlos Toapanta Montaguano y 7. Segundo Diego Marcalla Tumbaco, continúen su procedimiento en libertad. Por tanto, las medidas que señalen las autoridades deberán ser diversas a las que impliquen privación de la libertad personal de las personas en situación de migración, pero deberán tomar en cuenta aquellas que aseguren que éstas no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; como puede ser, de manera enunciativa, mas no limitativa, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces le sea exigido y, en el supuesto de que determine imponer una garantía económica, ésta deberá ser asequible, debidamente fundada y motivada, atendiendo a la situación específica de la persona, lo que deberá analizar y justificar la autoridad administrativa, sin que ello, sea impedimento para que las personas migrantes puedan seguir su procedimiento en libertad. Con la precisión que, la integridad personal de 1. Darwin Efraín Carvajal Cofre, 2. Teófilo Renan Díaz Guamán, 3. Kirik Tito Mankash Shakaim, 4. Cristian Patricio Molina Toapanta, 5. Bryan Alexander Sánchez Marcalla, 6. Juan Carlos Toapanta Montaguano y 7. Segundo Diego Marcalla Tumbaco, es responsabilidad de las autoridades migratorias, razón por la cual durante el tiempo que se encuentren presentes ante la mismas, deberán velar por la protección de sus derechos humanos, esto es, conservar y asegurar su integridad física, entre lo que destaca, proporcionar alimentos, vestimenta en caso de necesitarlo, así como brindar la atención médica básica que se requiera, con el objeto de que no se provoque un menoscabo a su salud, mientras estén a su disposición. Estas consideraciones, se desprenden de un análisis del Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, emitido y publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno, ya que en dicho documento, la Corte estableció que las restricciones a la libertad personal deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional, pues no es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos lo protejan con tanta intensidad y arrebato, por lo que se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis PR.P.CN. J/5 P (11a.) , de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RECLAMAN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS, AL SER UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversas quejas en las que se dilucidó si procede o no la suspensión de oficio y de plano en tratándose de personas extranjeras privadas de la libertad, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), al constituir la detención alegada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal de la Región CentroNorte, con residencia en la Ciudad de México determina que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), por más de treinta y seis horas, atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado del procedimiento administrativo en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, al actualizarse la hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación: En atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular previsto en el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado F, fracción I, numeral 3, inciso b, denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Asimismo, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia encasos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, en su capítulo VIII, intitulado "Reglas específicas de actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a la excepcionalidad de la detención, por lo que la irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Ello, además, atendiendo el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano cuando la detención de las personas migrantes sea, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en la estación migratoria con motivo del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Migración, al ser esa detención reclamada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestas en libertad inmediata, para continuar con el trámite migratorio. En el entendido de que la autoridad migratoria, a efecto de dar el debido seguimiento al procedimiento, podrá fijar los requisitos y medidas necesarias, tomando como parámetro las establecidas en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, una vez que ya haya decretado la libertad." Informe. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Autorización de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables para que, en su caso, remitan el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se sirvan proporcionar un correo electrónico a fin de realizarles las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado. Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de los actuarios judiciales de este juzgado para que se trasladen a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, y busquen a los directamente agraviados en dicho lugar, y en caso de no localizarlos, y observar camiones dentro de las instalaciones de dicho Instituto, deberán también buscarlos en su interior; así como a aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudieran encontrarse, a fin de que notifiquen personalmente el presente acuerdo a 1. Darwin Efraín Carvajal Cofre, 2. Teófilo Renan Díaz Guamán, 3. Kirik Tito Mankash Shakaim, 4. Cristian Patricio Molina Toapanta, 5. Bryan Alexander Sánchez Marcalla, 6. Juan Carlos Toapanta Montaguano y 7. Segundo Diego Marcalla Tumbaco, y los requiera para que al momento de la notificación manifiesten si ratifican o no la demanda interpuesta a su favor. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas. Señalamiento de autorizado. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Daniel Alejandro Molina Aranda, hasta en tanto los quejosos ratifiquen la demanda. Requerimiento. Ahora, en atención a que quién presentó el escrito de demanda fue Daniel Alejandro Molina Aranda, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, legalmente computados, informe a éste órgano jurisdiccional si promovió diversa demanda de amparo en los municipios de Ensenada o Mexicali, o en su defecto, en otro Estado de la República, por los mismos quejosos y actos reclamados. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de dar cumplimiento a lo anterior o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a $5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional, de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Cantidad que resulta de multiplicar por cincuenta la suma de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el uno de febrero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el precepto 238 de la citada legislación. Consulta vía electrónica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio. En tal sentido, y a fin de lograr la notificación al promovente de éste acuerdo; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por única ocasión, se ordena notificar a través de la vía electrónica el presente proveído al promovente; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que el presente auto se le notifique vía electrónica.. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita, realice la autorización para la notificación al promovente a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "molinaabogado". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a 1. Darwin Efraín Carvajal Cofre, 2. Teófilo Renan Díaz Guamán, 3. Kirik Tito Mankash Shakaim, 4. Cristian Patricio Molina Toapanta, 5. Bryan Alexander Sánchez Marcalla, 6. Juan Carlos Toapanta Montaguano y 7. Segundo Diego Marcalla Tumbaco y por vía electrónica al promovente.
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