Darwin Alexis Capuz Guallco

Expediente 239/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
239/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Darwin Alexis Capuz Guallco
  • Alonso Cepeda Anrango
  • Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua
  • Darwin Alexis Capuz Guallco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    S E N T E N C I A Vistos para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 239/2023-I-B, promovido por Moisés Nicolás León Sánchez, en representación de los quejosos directos Darwin Alexis Capuz Guallco, Marcos Alonso Cepeda Anrango y José Luis Ankuash Ikiam, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, Director de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, autoridad federal declinante, se le turno a este órgano jurisdiccional, el oficio 6315/2023, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, por medio del cual, se hizo del conocimiento de este tribunal que se declinaba el juicio de amparo 233/2023, del índice del juzgado declinante, oficio que fue turnado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, a este juzgado federal, promovido por Moisés Nicolás León Sánchez, en representación de los quejosos directos Darwin Alexis Capuz Guallco, Marcos Alonso Cepeda Anrango y José Luis Ankuash Ikiam, presentó el juicio de amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, Director de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, a quienes se les reclamó: -La inconstitucional detención y privación de la libertad de los quejosos. -La incomunicación de los directos quejosos. - Ser deportados a sus países de origen. -La restricción al derecho a la libertad de deambular libremente dentro del territorio mexicano. -El alojamiento de que son objeto los directos quejosos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 11, 14, 16 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de tres de marzo del dos mil veintitrés, se admitió la demanda declinada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre; se registró bajo el expediente 239/2023-I-B; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Mediante auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia para conocer el referido juicio de amparo; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este juzgado, en atención a que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta demarcación, lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio y análisis del juicio, a fin de hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Es aplicable al tema el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como el criterio sustentado en la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis hecho al escrito inicial de demanda, conceptos de violación y constancias del presente juicio, es permisible determinar que los actos reclamados se hacen consistir en: "-La inconstitucional detención y privación de la libertad de los quejosos. -La incomunicación de los directos quejosos. - Ser deportados a sus países de origen. -La restricción al derecho a la libertad de deambular libremente dentro del territorio mexicano. -El alojamiento de que son objeto los directos quejosos." (sic) TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negó categóricamente los actos que se le atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna a fin de demostrar lo contrario a lo informado por la autoridad responsable. En esa virtud, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, en su carácter de representante jurídico del Director de Estaciones Migratorias, con domicilio en la Ciudad de México, señaló que al efectuar la búsqueda en el Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración, se encontró que, por lo que respecta a José Luis Amkuash Ikiam, no se localizaron registros de dicho quejoso, sin embargo, se encontró registro de la persona José Luis Ankuash Ikiam, y por lo que respecta a Darwin Alexis Capuz Guallco y Marcos Alonso Cepeda Anrango, no se encontró información, de ahí que se tenga parcialmente cierto informe justificado, rendido por dicha autoridad responsable. Por su parte, el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual encargado de la Estancia Provisional Juárez, con sede en esta ciudad, en su informe justificado, señaló que el quejoso de nombre José Luis Ankuash Ikiam, se emitió resolución administrativa, en el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, a través del cual, y como fallo protector, se determinó darle la libertad por mandato judicial, por lo que obtuvo con ello, su libertad personal, por lo que se tiene como cierto el acto que se le reclama. Aunado a lo expuesto, obra en autos, la razón actuarial de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, signada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado federal, Roberto Herndon Aguirre, quien fue informado por el licenciado José Guillermo Reynoso Ramírez, Agente Federal de Migración, identificándose con credencial oficial, el que informó que los quejosos de referencia, Darwin Alexis Capuz Guallco, Marcos Alonso Cepeda Anrango y José Luis Ankuash Ikiam, obtuvieron su salida por mandato judicial, el día veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. De ahí que se tengan por ciertos los acto atribuidos al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual encargado de la Estancia Provisional Juárez, con sede en esta ciudad, Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, en su carácter de representante jurídico del Director de Estaciones Migratorias, con domicilio en la Ciudad de México. Razón por la cual se tienen por ciertos los actos reclamados, por lo que se constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Es aplicable la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A juicio del suscrito, en el caso la presente vía resulta improcedente ante la actualización, oficiosa, de la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, tal precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La lectura de ese numeral obliga a estimar improcedente el juicio de amparo cuando cesan los efectos del acto reclamado en la vía constitucional. En relación con tal causal de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado en el juicio de amparo, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, en virtud de que la razón que justifica esa improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Tal criterio jurídico está contenido en la tesis de jurisprudencia ciento noventa y ocho, visible en la página doscientos dieciséis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Con lo anterior se puede apreciar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el propio acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal tesitura, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo pronunció deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su propia insubsistencia. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que tal causal de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del propio juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, como en el caso, el de obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que exija. Por tanto, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En la especie, importa recordar que la parte inconforme reclamó, a través de la presente vía, lo siguiente: "-La inconstitucional detención y privación de la libertad de los quejosos. -La incomunicación de los directos quejosos. - Ser deportados a sus países de origen. -La restricción al derecho a la libertad de deambular libremente dentro del territorio mexicano. -El alojamiento de que son objeto los directos quejosos." (sic) En relación con lo anterior, José Luis Ankuash Ikiam, (de nacionalidad Ecuatoriana), se le instrumentó el procedimiento administrativo 2161/2022, del índice de la autoridad responsable, por lo que fue puesto en libertad previa las condiciones fijadas para ello. Asimismo, la autoridad responsable hizo llegar al sumario de amparo, el acuerdo de salida de la estancia provisional por mandato judicial, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés a favor del directo quejoso José Luis Ankuash Ikiam, de la que se advierte que se ordenó la salida de la parte quejosa de la estación migratoria, para que acuda a las oficinas de Regularización Migratoria en la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración. De igual forma, se requirió a la autoridad responsable, Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, así como la referida constancia de la salida de la Estación Migratoria Provisional de Juárez, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, de igual forma, remitió el acta de notificación de la parte quejosa de la resolución en la cual se salvaguardó su derecho a libre tránsito y su derecho a la salud, quedando en libertad y continuando con el trámite migratorio. De lo expuesto, se tiene que obra en autos, la razón actuarial de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, signada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado federal, Roberto Herndon Aguirre, quien fue informado por el licenciado José Guillermo Reynoso Ramírez, Agente Federal de Migración, identificándose con credencial oficial, el que informó que los quejosos de referencia, Darwin Alexis Capuz Guallco y Marcos Alonso Cepeda Anrango obtuvieron su salida por mandato judicial, el día veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Con esto no queda duda que con el actuar de la autoridad responsable se destruyeron los actos reclamados en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos. De ahí, que es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, porque con esa actuación se destruyeron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del propio particular, o habiéndola irrumpido la cesación no dejó algún rastro, con lo cual, sin duda, opera la causal de improcedencia que nos ocupa. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos noventa y cinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos diecisiete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección, que dice así: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En congruencia con lo anterior, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de garantías. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Moises Nicolás León Sanchez, en representación de los quejosos directos Darwin Alexis Capuz Guallco, Marcos Alonso Cepeda Anrango y José Luis Ankuash Ikiam, en términos de los considerandos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quién autoriza, da fe y hace constar que esta resolución se terminó de engrosar hasta hoy dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, en que así lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte la existencia de un antecedente interpuesto por la parte quejosa en un diverso Juicio de amparo, por el cual se solicita atentamente al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua con residencia en esta Ciudad, para que gire instrucciones al Analista Jurídico SISE adscrito a su Órgano para que vincule el expediente electrónico del juicio de amparo 184/2023, de su índice. A fin de dar margen a lo anterior; se difiere la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para verificarse el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS a efecto de llevar a cabo la misma. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes auto, se advierte que, el INFORME JUSTIFICADO que remitió la autoridad responsable, a saber, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta Ciudad; no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes, se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas que estimen pertinentes; por lo que, con fundamento en el precepto en mención, el suscrito Juez ordena de oficio el diferimiento de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL que habría de celebrarse en esta fecha, y para que tenga verificativo la misma, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, la que podrá llevarse a cabo en términos de lo dispuesto por el artículo 26, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXVI/98, consultable en la página 409, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 1998, Novena Época y que textualmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89." NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del oficio que signa con el oficio que signa el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en suplencia por ausencia del Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, se le tiene rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se le tiene designando como delegado en términos del numeral 9 de la Ley de la Materia, al profesionista que menciona, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y proporcionando correo electrónico. Finalmente, como lo solicitan, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12-2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", se autoriza el acceso al expediente electrónico relativo al juicio de amparo que nos ocupa, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que las notificaciones en el presente juicio de amparo, se realicen vía electrónica al usuario; en virtud de ello, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que realice el alta respectiva en dicho sistema, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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