Darvin Guzmán Morales, cond Amado Xavier Hernández Aguilar
Expediente 527/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/06/2019
Partes del expediente
- Darvin Guzmán Morales, cond Amado Xavier Hernández Aguilar
- Segunda Sala Del Tribunal Del Trabajo Burocrático, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad. Ahora bien, el Magistrado Presidente de la Sala responsable remite copia certificada del expediente laboral ******, de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Dado lo voluminoso de las copias certificadas de cuenta, se dejan a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado, para que puedan enterarse de su contenido, respetando folios, rúbricas y entresellos. Ahora, de la demanda y su aclaración, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados la omisión de dictar el acuerdo relativo al incidente de planilla de liquidación de laudo, solicitado mediante escrito recibido por la Sala responsable el uno de febrero del año en curso, en el expediente******de su índice. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, Junio de 1999, página 38, con número de registro 193758, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a)Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b)Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c)Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d)Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión y retraso por parte de la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en dictar el acuerdo relativo al incidente de planilla de liquidación de laudo, solicitado mediante escrito recibido por la Sala responsable el uno de febrero del año en curso, en el expediente******de su registro. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable en el oficio de cuenta, se advierte que el veintidós de abril de dos mil diecinueve, acordó que no ha lugar acordar el cumplimiento del laudo, toda vez que la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Palenque, Chiapas, fue condenada al pago de salarios caídos, por lo que, la parte actora, promovió incidente de planilla de liquidación; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Sala responsable subsanó la omisión que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos de los actos reclamados, consistentes en la omisión de acordar el incidente de planilla de liquidación de laudo, solicitado mediante escrito recibido por la Sala responsable el uno de febrero del año en curso, en el expediente******de su estadística, han cesado en sus efectos, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, lo conducente es SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que con esta fecha se están agregado el informe justificado remitido por la autoridad responsable y, por ende, no ha transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de las mismas, en la medida que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido de las referidas constancias y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, pues el veintidós de abril del año que transcurre, la Sala responsable acordó en relación al incidente de planilla de liquidación promovido por la parte actora en el juicio de origen. Asimismo, no pasa desapercibido para este juzgador que en auto de dos del actual (fojas 35-38), se reservó acordar lo conducente respecto del emplazamiento del tercero interesado; sin embargo, a nada práctico conduciría hacerlo, pues esta determinación no le irroga ningún perjuicio. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del treinta de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial, agréguese a los autos el ocurso presentado vía electrónica de **********, apoderado legal del quejoso *********; atento a su contenido, se provee: Dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en proveído de veinticuatro de abril del año en curso, en donde se le acordó que no cumplió con lo requerido en el punto 2 de la prevención realizada el veintidós del actual, en el que también se le dijo que el plazo otorgado en dicho acuerdo aún sigue transcurriendo, asimismo, que el citado término se interrumpió con la presentación de la promoción acordada en el auto referido (fojas 22-23). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial, agregase a los autos el ocurso de *****, apoderado legal del quejoso *****, por el cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada mediante auto de veintidós de abril del año en curso (fojas 13-15), en que se le requirió, lo siguiente: "1. Indique cuál es el número de juicio laboral de origen, del índice de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Estado, con residencia en esta ciudad. 2. Manifieste si lo que reclama es la negativa de ejecutar el laudo de veintiuno de junio de dos mil dieciocho; o bien, la omisión de acordar lo relativo a la petición de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en donde solicita la admisión del incidente de liquidación de laudo; y, en caso de no haber acordado de conformidad lo solicitado por la parte quejosa, la fecha del auto por el que le negó lo peticionado, así como la fecha en que se ostentó sabedor o tuvo conocimiento de dicha resolución." Por lo que, con el libelo de cuenta, el promovente únicamente manifestó lo siguiente: "Misma que solicito tenga contestado que aún no acuerdan el incidente de ejecución, pues como lo señala me presente a la secretaría el 11 abril de 2019, me informaron que acordarían hasta el mes de mayo, y que le darían vista a mi contraparte para que dentro de un término de 9 días contestaran, lo que le señala ese término para realizar la contestación de demanda más no para contestar incidente, si no que le ley señalaba 3 días, a lo que me dijeron que ese era término que se manejaba y que si no estaba de acuerdo me amparara, es por eso que solicito a Usted el Amparo de la Nación." Por lo que, con el libelo de cuenta, el promovente únicamente dio cumplimiento con lo requerido en el punto 1; es decir, indicó el número del juicio laboral de origen. Sin embargo, el promovente no cumple con lo requerido en el punto 2 de la prevención realizada el veintidós del actual (fojas 13-15). Por tanto, si el promovente del amparo no cumplió con la totalidad del requerimiento que se le hizo, ya que no fue claro en precisar concretamente el acto reclamado. No es el caso tener por cumplido el requerimiento de veintidós de abril de dos mil diecinueve (fojas 13-15). En consecuencia, dígasele a la parte quejosa que el plazo otorgado en dicho acuerdo aún sigue transcurriendo, en el entendido de que éste se interrumpió con la presentación de la promoción acordada en este auto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 39/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, Tomo I, mayo de 2012, materia común, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA AL PROMOVENTE.
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