Darryl Sanroman Garcia Santillan
Expediente 572/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/04/2023
Partes del expediente
- Darryl Sanroman Garcia Santillan
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese al perito M*****, por conducto de la parte quejosa.
- Principal
Patricia Aracely Alucano Barajas, Actuaria Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del AVISO de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA**********, publicada el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, que dice: "Ensenada, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo donde se desechó la demanda de amparo, considerando que la parte promovente no interpuso recurso de queja en su contra. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del Acuerdo General antes citado, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. De igual forma, en virtud de que en autos obran documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena su devolución; por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 del aludido Acuerdo General, se le requiere para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
hago efectivo el apercibimiento del aviso de tres de abril de dos mil veintitrés, dejado junto con copia del auto que se notifica y del oficio con número de registro 4727 y anexos, remitidos por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el domicilio procesal de la parte quejosa ***, por lo que se ordena la notificación del auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica, publicada el once de abril de dos mil veintitrés, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad y anexo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, informa los actos que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Esto es, remite copia certificada del auto dictado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dentro del incidente de modificación de convenio 390/2022-A, promovido por *****, deducido del juicio de divorcio sin expresión de causa, donde dejó insubsistente el acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, únicamente en la parte relativa a la admisión de las pruebas pericial en psicológica y pericial médica en psiquiatría que se deben realizar a Elisa Esther Iñiguez Garín, y con plenitud de jurisdicción emitió otro siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento
- Principal
Patricia Aracely Alucano Barajas, Actuaria Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del AVISO de doce de abril de dos mil veintitrés, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diez de abril de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA, publicada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, que dice: "Ensenada, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda que promueve **********, contra actos de: Director de Seguridad Pública Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, con residencia en esta ciudad. Coordinadora de jueces calificadores del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, con residencia en esta ciudad. Encargado y/o Representante Policía Ecológica, de esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 572/2023-IV-C. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta juzgadora se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El precepto legal antes señalado impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. En ese sentido, del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV. Acto reclamado.- De dichas autoridades responsables se reclama: A).- Todas las actuaciones deducidas dentro de los autos del Proceso Administrativo relativo a la boleta de infracción Ecológica 3444, de fecha 20 de marzo 2023, y que de dicha boleta se violentaron mis derechos fundamentales y despojado de mis propiedades supuestamente derivados de MALTRATO ANIMAL DE DOS ANIMALES, UN PITBULL STANFORD Y UN XOLOITCUINTLI, los cuales son de mi propiedad y estaban en mi posesión y cuidado en mi domicilio ubicado en c***********, de la ciudad de Ensenada, Baja california. Privándome así de mis propiedades (mascotas) sin existir juicio alguno en mi contra ni mucho menos poder tener la posibilidad de ser oído y vencido en juicio violentando así tanto mis derechos humanos como el debido proceso, dejándome en total estado de indefensión al privarme de mis propiedades el día 20 de marzo de 2023, POR LO QUE CONSIDERO QUE DICHA ACTUACION ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA POLICIA ECOLOGICA VIOLA EN MI PERJUICIO MIS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS EN NUESTRA CONSTITUCION." Entonces, respecto del acto reclamado transcrito con anterioridad, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (.)" Del precepto transcrito, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para su procedencia no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. Cabe apuntar que conforme a dicho principio, es suficiente que en cualquier ley, desde el punto de vista formal y material, se encuentre establecida la procedencia de algún medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad, para que el gobernado se encuentre obligado a agotarlo; es decir, no necesariamente el medio ordinario de defensa debe estar previsto en la ley en que se apoye el acto. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 116/991 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular." Atento a lo anterior, a fin de determinar si se surte la causa de improcedencia en comento, es menester determinar sí en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, la parte quejosa reclama la resolución de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del proceso administrativo derivado de la boleta de infracción ecológica 3444, del índice del Juez calificador del Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, en el que la autoridad responsable, resolvió que el aquí quejoso cometió las faltas administrativas contempladas en los artículos 26 fracción VIII, y 30 fracción XXXVII, incisos a), e i) del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Ensenada, así como las contenidas en el artículo 25 del Reglamento para la Protección y Trato Digno a los Animales en el Municipio de Ensenada. Ahora, el artículo 48, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Ensenada, establece: "ARTÍCULO 48.- La imposición de sanciones con motivo de la infracción a las disposiciones contenidas en el presente Bando, podrán ser impugnadas a través del recurso administrativo de inconformidad dentro de un plazo de 48 horas siguientes al momento de la infracción. La interposición, trámite y resolución del recurso se sujetará a lo dispuesto por la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, una vez que se instituya el Órgano Contencioso Administrativo Municipal y su reglamento. Mientras tanto, podrán interponerse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado" Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no procede en contra de actos o resoluciones definitivas de carácter administrativo emitidas por una autoridad municipal que actúa como autoridad y causa agravio a los particulares. Características con las que cumple la resolución aquí reclamada de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del proceso administrativo derivado de la boleta de infracción ecológica 3444, del índice del Juez calificador del Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, en el que la autoridad responsable, resolvió que el aquí quejoso cometió las faltas administrativas contempladas en los artículos 26 fracción VIII, y 30 fracción XXXVII, incisos a), e i) del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Ensenada, así como las contenidas en el artículo 25 del Reglamento para la Protección y Trato Digno a los Animales en el Municipio de Ensenada. En ese sentido, relativo a que mediante la presentación del recurso o medio de defensa se puedan suspender los efectos del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, se considera que el juicio contencioso administrativo cumple con ese extremo. Es así, en primer orden porque sobre la suspensión de los actos reclamados, de la exposición de motivos de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, publicada en el Periódico Oficial No. 43, de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, Sección I, Tomo CXXVIII se estableció, lo siguiente: hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión." "Con las propuestas antes precisadas se pretende, además de generar mayor orden en el proceso, homologar con la Ley de Amparo, los alcances, requisitos y plazos que rigen la suspensión de los actos impugnados de conformidad con la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, para evitar que se actualice la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, así, lograr que los juicios promovidos contra actos administrativos emitidos por las autoridades estatales y municipales se ventilen en los tribunales locales, en atención al principio de soberanía del que gozan las entidades federativas. (.)". "Artículo 78. La suspensión podrá solicitarla el demandante en la demanda o en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, cuando a juicio del órgano jurisdiccional sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular, o cuando atendiendo a la naturaleza del acto reclamado sea jurídica y materialmente posible." Ley de Amparo para otorgar la suspensión, porque la necesidad de que se solicite la medida cautelar, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y además, que se tenga que garantizar la posible causación de daños y perjuicios, también impera en la Ley de Amparo. Además, en lo relativo al trámite, requisitos y efectividad de la suspensión, la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal y ésta se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. b) Sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. "Artículo 79. La suspensión definitiva podrá ser revocada en cualquier momento del juicio si varían las condiciones bajo las cuales se otorgó." "Artículo 80. No se otorgará la suspensión, si se sigue perjuicio a evidente interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio." "Artículo 81. Cuando los actos materia de impugnación, hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad de su única actividad personal de subsistencia, y entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, los Órganos de Primera Instancia podrán dictar las medidas cautelares que estimen pertinentes, para preservar el medio de subsistencia del quejoso. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los casos siguientes: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del demandante; y, III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito." "Artículo 83. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no se obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse los derechos de terceros no estimables en dinero, el Órgano de Primera Instancia fijará discrecionalmente el importe de la garantía." Asimismo, para el otorgamiento de la suspensión tratándose de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá sólo si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; garantía que puede reducirse si el monto de los créditos excede la capacidad económica del solicitante o se trata de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria con el pago del crédito impugnado, o bien, si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la garantía se fija discrecionalmente. De igual forma, se advierte que si la medida cautelar puede causar daños o perjuicios a terceros, se concede si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause, pero queda sin efectos si el tercero otorga contragarantía. En los demás casos, la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. En la inteligencia de que, la solicitud de la medida cautelar podrá ser formulada en cualquier etapa del juicio de nulidad, mientras no se dicte sentencia firme. El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. Bajo ese contexto normativo, se está en condiciones de concluir que previo acudir al juicio de amparo, sí es necesario agotar el juicio contencioso administrativo, debido a las consideraciones siguientes: a) La Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California prevé la suspensión del acto impugnado, concretamente en su artículo 77. b) Los alcances que otorga la señalada legislación a la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, en esencia, son los mismos que tiene la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, en la medida que la Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, y que puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California ordena que el Magistrado Instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal; alcance que no es menor al que postula la Ley de Amparo relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. En efecto, de manera general, y entendidas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del juicio y evitar daños graves e irreparables con motivo de su tramitación; las medidas cautelares tienen como objetivo preservar la materia del juicio, así como asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o interés de que se trate, para que la sentencia que en su caso declare el derecho del gobernado, pueda ser ejecutada eficazmente. De ahí que, para la procedencia de la medida cautelar, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto reclamado, pues al efecto establece que la solicitud que al respecto presente el actor o su representante legal, se concederá siempre que no se afecte al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; además de que los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado sean de difícil reparación. Mientras que la Ley de Amparo establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, en su artículo 128, los requisitos siguientes: 1. Que la solicite el quejoso. 2. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Aunado a que el artículo 131 dispone que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá, cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, así como el interés social que justifique su otorgamiento; de lo que se sigue que esta circunstancia constituye propiamente un requisito. obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL SISTEMA NORMATIVO QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD PREVIO A INTENTAR LA VÍA CONSTITUCIONAL. Del examen comparativo de los artículos 59 a 62 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios operan la suspensión provisional y la definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni contravenga disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; por lo tanto, salvo que se actualice alguna diversa excepción al principio de definitividad, debe agotarse el juicio de nulidad previo a intentar la vía constitucional, en contra de los actos impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.". Bajo ese contexto, era exigible promover el juicio contencioso administrativo en cuestión; porque aun y cuando se llegara a considerar que la fundamentación del acto reclamado fue indebida, o bien, que fue dictado por autoridad que no cuenta con facultades para hacerlo, dichas deficiencias pueden combatirse mediante el juicio contencioso administrativo, pues incluso la Ley del Tribunal Máxime que, con la fundamentación y motivación contenidas en el acto reclamado, se dotó a la parte quejosa de las herramientas suficientes para que pudieran emprender su defensa en la vía ordinaria de manera previa al juicio de amparo. De tal modo, al no haberse encontrado en un estado de incertidumbre respecto de las leyes aplicadas por la autoridad administrativa municipal, no puede considerarse actualizada la excepción al principio de definitividad. Así, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual se puede revocar, modificar o anular el acto reclamado en el presente juicio, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender el acto reclamado, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualice la causal de improcedencia multicitada. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo presentada por **********. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda, y por autorizados con en los términos que indica, a las personas mencionadas en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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