Darren William Hurst
Expediente 1133/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1133/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/10/2023
Partes del expediente
- Darren William Hurst
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual informa, acusa recibo del oficio en el que se le remitió el escrito de agravios e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa.
- Principal
Se recibe el oficio de cuenta que remite la Subadministradora Desconcentrada Jurídica de Jalisco 1 de la Administración Desconcentrada Jurídica de Jalisco 1 mediante el cual allega el recurso de revocación interpuesto por el quejoso *** en contra del crédito fiscal ** Ahora bien, devuélvase tal recurso a la autoridad para que resuelva conforme derecho corresponda, toda vez que se encuentra promovido en los términos de los artículos 18, 116, 117 fracción II, 120, 121, 122, 123, 125, 130, 131, 132 del Código Fiscal de la Federación, y los numerales 71 fracciones XII y XVII, 74 fracción I y 75 fracción I del Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; máxime que el quejoso, a pesar de estar debidamente notificado de la sanción impuesta por el suscrito, no la impugnó en esta sede constitucional mediante recurso idóneo.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo, promovido por Administradora de ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1, 4, 5, 14, 16, 17, 28, 89 fracción I, 49, 131 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Administradora de ****, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas ***, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el dieciséis de junio de dos mil veintidós, presentó demanda de amparo indirecto contra los actos del Presidente de la República, Secretaria de Economía y Secretario de Salud, ambos del Gobierno Federal, que serán precisados en el considerando respectivo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído en veinte de junio de dos mil veintidós, en que ordenó: admitirla a trámite y registrarla bajo expediente; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. Por escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el once de julio de dos mil veintidós, Administradora de ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas ***, presentó ampliación de demanda de amparo indirecto, contra los actos del Presidente de la República, Secretaria de Economía y Secretario de Salud, ambos del Gobierno Federal, que serán precisados en el considerando respectivo. Luego, dicha ampliación demanda fue admitida por auto de trece de julio de dos mil veintidós, se ordenó pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia.- Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridades administrativas, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, anexos y ampliación que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consistes en: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La elaboración, expedición y promulgación, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República Mexicana, de sistemas electrónicos para la Administración de Nicotina, sistemas similares sin Nicotina, sistemas alternativos de consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas. Del Secretario de Salud Federal y Secretario de Economía Federal, ambos con sede en ciudad de México: El refrendo y aplicación del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República Mexicana, de sistemas electrónicos para la Administración de Nicotina, sistemas similares sin Nicotina, sistemas alternativos de consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Presidente de la República, Secretario de Salud Federal y Secretario de Economía Federal, ambos con sede en ciudad de México, al rendir su informe justificado, señalaron que son ciertos los actos que se les atribuye. Pero además, porque así se desprende del propio decreto publicado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por el que se prohibió la circulación y comercialización de los citados sistemas. Además que, tratándose de actos de naturaleza materialmente legislativa, éstos se acreditan plenamente con la publicación de la disposición de observancia general controvertida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que su certeza no depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad que de las mismas aleguen las partes, sino de su vigencia en el ordenamiento jurídico. Sobre este punto, resulta aplicable por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260 del tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". También, se aplica el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 15 del tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, del órgano de difusión ya indicado, que es del tenor literal siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". CUARTO. Causales de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente a la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 814, localizable en el Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 553, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En virtud de lo anterior, se considera que respecto de los actos que se atribuyen al Secretario de Salud Federal y Secretario de Economía Federal, ambos con sede en ciudad de México, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con al artículo 108, fracción III, de la ley citada. Con el propósito de demostrar que se actualiza la causal de improcedencia en cita, se impone hacer un análisis del contenido de los preceptos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Como puede apreciarse de lo anterior, el juicio de amparo, es improcedente, cuando no se reclame por vicios propios el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, ahora bien, los actos atribuidos al Secretario de Salud Federal y Secretario de Economía Federal, ambos con sede en ciudad de México, se hacen consistir únicamente en el refrendo del decreto reclamado, lo que no se impugna por vicios propios; por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 multicitado, procede decretar el sobreseimiento, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, al rendir su informe justificado, las autoridades responsables Presidente los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, plantearon que respecto a los actos reclamados que les fueron atribuidos, se actualiza la causa de improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 61, fracciones XII y XXIII de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, constitucional, toda vez que la parte quejosa no acredita la afectación a su esfera jurídica con la emisión del decreto reclamado. Del contenido de los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general) y, se sigue, siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto reclamado, ya sea a través de la afectación de su interés jurídico o de su interés legítimo. El presupuesto jurídico que contienen los preceptos transcritos, interés jurídico o interés legítimo, representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo; en consecuencia, cuando acude en demanda de amparo debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio resultará improcedente por no acreditarse un interés jurídico. Con independencia de lo anterior, también se requiere que se lesione el interés legítimo en el supuesto de que no sea directamente titular de un derecho subjetivo contenido en una norma, el cual supone la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. En efecto, para promover el juicio de amparo la peticionaria debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos o legítimos entendiéndose por éstos, lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. c) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; d) No es suficiente para acreditar el interés jurídico o legítimo en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página treinta y cinco de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número sesenta, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Así como la diversa tesis jurisprudencial P./J. 50/2014 (10a.) sustentada por el Tribunal Pleno, de rubro y contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Es importante señalar que, a fin de determinar si la parte gobernada tiene interés jurídico para reclamar una ley o norma de observancia general, es necesario identificar el momento en que causa afectación, es decir, en qué instante incide en la esfera jurídica de la impetrante, y para ello, se debe recurrir al concepto de individualización condicionada e incondicionada, para efectos de dilucidar si se está en presencia de una norma de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. En este sentido, la condición se entiende como el acto por el cual los supuestos de la ley son desplegados en la realidad, es decir, si la norma requiere para su observancia de un acto de autoridad en virtud del cual se individualice la hipótesis jurídica contenida en ella, o bien, si se puede prescindir de él, porque el quejoso está obligado a su cumplimiento sin que la autoridad deba coaccionarlo. Así, las normas autoaplicativas son aquellas que afectan la esfera de derechos del gobernado con su sola entrada en vigor, ya que en ellas se contemplan supuestos cuya actualización dependen de una actuación del justiciable, es decir, la obligación contenida en la norma cobra aplicación porque la persona realiza un actuar que le da vida jurídica, sin necesidad de que exista un acto por parte de un agente externo al propio quejoso. De ahí que se diga que es una norma de individualización incondicionada, porque la existencia de la obligación no está supeditada a la emisión de un acto de autoridad en contra de la demandante. Mientras que las normas heteroaplicativas, a diferencia de las anteriores, cobran vida jurídica cuando existe un acto que impacta la esfera de derechos del quejoso, es decir, su actualización depende de que exista un acto emitido por una autoridad dirigido al justiciable. Por ello, se dice que son de individualización condicionada, pues la afectación que pueda sufrir la parte quejosa está sujeta a la existencia de un acto de autoridad, que le de vida jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, con registro 198200, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, en Materia Constitucional, Común, Página 5, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora, en el juicio de amparo que se resuelve, se reclama, el "Decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la república, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la parte que interesa, establece lo siguiente: "(.) Que, por tanto, en cumplimiento al párrafo noveno del artículo 4o. constitucional, y en estricto respeto del principio del interés superior de la niñez, procede prohibir la comercialización de las mercancías multicitadas, ya que se pretende, entre otros efectos, evitar el riesgo de que los niños y jóvenes adquieran desde muy temprana edad un hábito que perjudica su salud a largo plazo y que por ende afectará su calidad de vida; Que la prohibición resulta idónea, toda vez que los estudios señalados en los considerandos anteriores refieren que los PTC contienen sustancias tóxicas semejantes a las del cigarrillo combustible y, además, sustancias tóxicas propias, diferentes de aquel, por lo cual es evidente que el consumo de dichos productos afecta a la salud por mecanismos diferentes y complementarios a los productos de tabaco combustible, lo que compromete la salud, bien jurídico tutelado; Que, en adición a lo anterior, la prohibición de circulación y comercialización de dichas mercancías se relaciona objetiva y lógicamente con los fines que se pretenden lograr, como proteger la salud, tanto de los propios consumidores como de quienes se encuentran cerca y reciben sus emisiones, así como salvaguardar, en la medida de lo posible, la salud de las nuevas generaciones; Que, en el mismo sentido, la prohibición señalada resulta necesaria, toda vez que estos productos novedosos y emergentes influyen negativamente en el control de la epidemia del tabaquismo, dado que su disponibilidad desincentiva el abandono del consumo de tabaco y aumentan la probabilidad de recaer en el consumo de tabaco combustible, e incluso favorecen el consumo dual; Que la prohibición de circulación y comercialización de los SEAN, SSSN, SACN, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, entre otros, resulta proporcional en sentido estricto, toda vez que no debe perderse de vista que las medidas contenidas en este decreto ponen en relieve tres derechos constitucionales que el Estado se encuentra obligado a proteger: a) el derecho a la salud, en su doble perspectiva, individual y social, b) derecho a un medio ambiente sano y c) derecho de seguridad porque resguarda a la población de una amenaza a la salud existente en el territorio nacional lo que garantiza plenamente su derecho a las necesidades de salud, así como el principio general de que el Estado en todas sus decisiones y actuaciones vele y cumpla con proteger el interés superior de la niñez; Que, por otro lado, si bien el derecho al libre desarrollo de la personalidad del individuo y, por tanto, a adquirir y consumir estas mercancías, debe ser respetado, éste no es absoluto. Así lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(18), al señalar que los derechos de terceros y de orden público constituyen límites externos del derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que debe tenerse presente que, cuando una persona, derivado de la compra y consumo de estos productos, cae en una situación de enfermedad o de incapacidad permanente, se genera un alto impacto económico y psicoemocional a su entorno familiar y adicionalmente al sistema de salud del país, que se traduce en una afectación individual, familiar y a la sociedad en general; Que, en el mismo sentido, el derecho a libertad de comercio no es absoluto, por lo que es válido limitarlo(19) cuando se lesionen los derechos de terceros o cuando se protejan intereses superiores(20), como en el caso que nos ocupa, puesto que queda claro que el consumo de SEAN, SSSN, SACN, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, entre otros, representa afectaciones a la salud del consumidor y repercute en el derecho al medio ambiente sano, al ser una fuente de contaminación adicional, y por tanto, causa efectos en la salud de los individuos que se encuentran en el mismo entorno y de la sociedad en general, además de lesionar el interés superior de la niñez, al inducirla al consumo de sustancias nocivas; Que, por todo lo expuesto, procede prohibir la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los SEAN, SSSN, SACN, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, entre otros, y en consecuencia sancionar, en los términos que las disposiciones jurídicas aplicables dispongan, a quienes incumplan con esta prohibición, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO Artículo Primero.- Se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas. (.) De la lectura anterior, se advierte que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la república, de cualquiera que sea su procedencia, de los cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, entre otros. En ese contexto, y tomando en consideración que la parte quejosa combate el decreto de referencia, como una norma autoaplicativa, esto es, que su sola expedición le causa perjuicio, es necesario que éste pruebe, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; debió exhibir la licencia correspondiente, que le otorgara el permiso para la venta de ese tipo de insumos, esto es, "CIGARRILLOS ELECTRONICOS Y VAPORIZADORES"; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma. Así, con el fin de acreditar el interés jurídico que le asiste para combatir el decreto mencionado, la empresa quejosa exhibió como pruebas, entre otras, las siguientes: ( Diversos documentos relativos a publicaciones de estudios relacionados con los cigarros electrónicos, los cuales se encuentran en idioma inglés. Documentos a los cuales se les resta valor probatorio en virtud de que el quejoso omitió acompañar la traducción correspondiente al español; o en su caso, ofrecer la pericial en traducción para ese efecto; lo anterior en términos del artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable, por las razones que informa, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 134 del Volumen 157-162, Sexta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 250370, "PRUEBAS, OFRECIMIENTO DE. TRADUCCION DE DOCUMENTOS. El artículo 132 del Código Federal de Procedimientos Civiles no es aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que en ésta el artículo 150 es terminante en cuanto que para el juicio de amparo admite toda clase de pruebas y sólo las limita a que no se trate de la de posiciones, ni vayan contra la moral o el derecho, por lo que resulta correcto que el C. Juez de Distrito admita la prueba de perito traductor respecto de los documentos presentados por la quejosa anexos a su escrito inicial de demanda, si esos documentos se encuentran redactados en idioma inglés, pues de otra manera se le estaría limitando a la quejosa el derecho de ofrecer pruebas que a sus intereses convenga, en contravención a lo dispuesto por el citado artículo 150 de la Ley de Amparo; es decir, de acuerdo con ello, resultaría en todo caso opcional para el quejoso presentar los documentos de su interés en idioma extranjero ya con su traducción relativa, o bien, como en el caso, presentarlos sin ella y en su oportunidad ofrecer la prueba pericial de perito traductor correspondiente, en virtud de que la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles no puede extenderse al grado de imponer limitaciones al derecho probatorio que les asiste a las partes en el juicio de amparo, ampliamente tutelado por el mencionado artículo 150 de la Ley de Amparo". Póliza número 1,661, de 5 de octubre de 2020, levantada por el Corredor Público número 44 de la Plaza del Estado de Jalisco. Documental a la que se le confiere pleno valor convictivo pleno, en términos de los ordinales 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; al ser expedido por un fedatario público; y, de la misma se demuestra que el objeto social de la parte quejosa, en lo que interesa, es: "(.) a) Comprar, vender, importar, exportar, distribuir y de cualquier manera comercializar toda clase de bienes y productos, especialmente aquellos enfocados para el vapeo como vaporizadores, vapeadores, cigarros electrónicos, vaporizadores desechables y cualquier dispositivo similar; cualquier artículo de vidriería, porcelana y otros materiales, así como toda clase de líquidos para vaporizadores, vapeadores y cualquier tipo de refacciones para los mismos, tales como baterías, cargadores, accesorios, consumibles e insumos para su producción y comercialización. La obtención de todo tipo de autorizaciones, permisos y licencias para llevar a cabo lo anterior, incluyendo de manera enunciativa su registro en el padrón de importadores. (.)" Así, se tiene que la impetrante del amparo tiene como algunos de sus fines llevar a cabo la compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de bienes y productos para el vapeo, como vaporizadores, vapeadores, cigarros electrónicos, vaporizadores desechables y dispositivos similares, así como toda clase de líquidos para vaporizadores, vapeadores y refacciones de éstos; también, la prestación de servicios de comercio exterior, como la recepción, almacenaje, manejo, control de inventarios, transferencia y operaciones similares y relacionadas con la importación de insumos y componentes destinados a la elaboración y transformación de productos, para su posible exportación; sin embargo, únicamente es eficaz para demostrar que fue constituida para ese fin, lo que resulta insuficiente dado que para demostrar que se ubica en el supuesto de la norma reclamada, era indispensable que esta prueba fuera concatenada con el permiso correspondiente para desarrollar dicha comercialización. Cédula de situación fiscal de quince de junio de dos mil veintidós, de la sociedad quejosa. ( Comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) con folios números F939B324-72EF-44B2-8993-74B0EB917102 de 27 de abril de 2022; 4571 de 9 de marzo de 2022; 4579 de 10 de marzo de 2022; 4585 de 10 de marzo de 2022; y 4588 de 11 de marzo de 2022; emitidos en favor de la empresa quejosa, por haber adquirido vapeadores, cigarros electrónicos y líquido para su reventa. Documentales a las que se les confiere pleno valor convictivo pleno, en términos de los ordinales 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; por ser representaciones impresas de un CFDI que contienen cadena y sello digital, las cuales validan y autentifican los citados documentos. De la cédula de situación fiscal de quince de junio de dos mil veintidós, expedido a nombre de la sociedad quejosa, únicamente demuestra su denominación y domicilio fiscal. Asimismo, de las facturas aportadas, únicamente se advierte que en el año dos mil veintidós, la quejosa adquirió de un tercero diversas mercancías, aparentemente, vinculadas con los bienes y productos referidos en su objeto social. Prueba pericial desahogada por el perito de la parte quejosa y por el perito oficial. Finalmente, con la prueba pericial, la parte quejosa, con la que pretende demostrar que el consumo de los vaporizadores, vapeadores, cigarros electrónicos, vaporizadores desechables y dispositivos similares, es menos dañina que el consumo de tabaco; sin embargo, este medio de convicción, no demuestra que cuente con la licencia para la comercialización de dichos productos. Entonces, ni de un análisis independiente del caudal probatorio ofrecido por la parte quejosa, ni aún concatenándolos, resultan suficientes para demostrar que realiza la comercialización de productos de bienes y productos para el vapeo, como vaporizadores, vapeadores, cigarros electrónicos, vaporizadores desechables y dispositivos similares, y que, por esa razón, las disposiciones de observancia general que reclama le provocan un perjuicio; esto es, no exhibió la licencia correspondiente, que le otorgara el permiso para la venta de ese tipo de insumos, esto es, "CIGARRILLOS ELECTRONICOS Y VAPORIZADORES". En efecto, por esa circunstancia no es posible adminicular dichas documentales con otro elemento probatorio distinto para justificar el hecho que se pretende demostrar, a saber, que comercializa en el interior de la República, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, en algún punto de venta y que, por tanto, las normas reclamadas le causan un perjuicio real y actual a su esfera jurídica. Por tanto, si la parte quejosa no demostró que previo a promover el juicio de amparo, contaba con la licencia respectiva a la venta de los referidos insumos, es evidente que carece de interés jurídico para instar el presente juicio de amparo en contra de la pluricitada norma de observancia general. Como una consideración adicional, conviene señalar que para reclamar normas de aplicación incondicionada no basta tener la seguridad de que su aplicación resulta inminente, pues con relación a la posibilidad de combatir en el amparo los actos de tal naturaleza, es inaplicable al juicio de amparo contra leyes, porque en este tipo de asuntos los actos no deben ser inminentes sino efectivos. Ello es así, se reitera, porque cuando se promueve amparo en contra de una norma de observancia general alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es requisito indispensable que la parte solicitante del amparo en la audiencia constitucional, acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama con motivo de su entrada en vigor) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna con motivo del primer acto de aplicación); ya que no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de la hipótesis de la norma, puesto que aunque ello aconteciera, sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. Para lo cual se estima aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 206527, Octava Época, Materias(s): Común, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 267, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con título y contenido: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERES JURIDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma". Asimismo, se invoca la jurisprudencia 3a./J. 9/94, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 206625, Octava Época, Materias(s): Común, Núm. 76, Abril de 1994, página 17, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con epígrafe y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURIDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica". Y finalmente se invoca la tesis aislada 3a. LII/91, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 207025, Octava Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tomo VII, Marzo de 1991, página 50, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con título y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA UNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo". En las relatadas condiciones, al reclamarse norma general en su carácter de autoaplicativa y no acreditarse que la parte quejosa se ubique en el supuesto que establece, es que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.15o.A. J/12, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital: 162657, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2071, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con título y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. HIPÓTESIS EN QUE UNA NORMA GENERAL PUEDE CAUSAR AL GOBERNADO UNA AFECTACIÓN QUE LO LEGITIMA A PROMOVER EL JUICIO. En el escenario del juicio de amparo contra leyes pueden presentarse diversos supuestos en los que es posible ubicarse en la hipótesis de afectación de una norma de carácter general, a precisar: 1. Actualización automática del supuesto normativo con motivo de su sola entrada en vigor, al comprender la situación jurídica del particular afectado (norma autoaplicativa); 2. Aplicación expresa en el acto reclamado que implica la actualización de su hipótesis (norma heteroaplicativa); 3. Aplicación tácita de acuerdo con los supuestos que se concretaron en el acto controvertido; y 4. Aplicación negativa (interpretación a contrario sentido). En el primer caso, basta que el quejoso se encuentre ubicado en la situación regulada por la disposición para que se genere el perjuicio con la sola vigencia de la norma, sin tener que esperar algún acto de aplicación para solicitar la protección de la Justicia Federal. Respecto del segundo caso, la autoridad responsable, el propio particular o un tercero que actúa por mandato de la ley actualiza los supuestos jurídicos plasmados en una norma, esto es, tanto la hipótesis como la consecuencia están inmersas en el acto de aplicación. En cambio, en el tercer supuesto no existe invocación expresa de la norma jurídica que pretende controvertir el quejoso, pero sí la regulación de su situación jurídica por la norma no señalada, por lo que tanto la hipótesis como la consecuencia están implícitamente contenidas en el acto, de ahí que la observancia se actualiza de manera tácita. Finalmente, en cuanto a la aplicación negativa de una norma reclamada, la situación jurídica del quejoso es análoga, semejante, equiparable o idéntica a la establecida en una disposición que lo excluye de la observancia de ciertos de sus efectos, causándole así un perjuicio por discriminación jurídica, siendo entonces la pretensión principal del solicitante del amparo la de incorporarse en un supuesto que lo excluye por diversas cuestiones, es decir, parte de la premisa de que el precepto reclamado no está dirigido a su situación jurídica y según el mandato de la propia norma no es posible que actualice sus efectos, sin embargo, al contener un beneficio o prerrogativa, pretende obtenerla aduciendo violaciones a garantías constitucionales, principalmente, por generalidad, igualdad o equidad tributaria en términos de lo dispuesto en los artículos 1o. y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República". En virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 239006, Séptima Época, Materias(s): Común, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con título y contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1185, promovido por *** Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto del Presidente de la República, Secretaria de Economía y Secretario de Salud, ambos del Gobierno Federal, por los motivos expuestos en el considerando último de esta resolución.
- Incidental
Se recibe el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, adjunto al cual remite el testimonio del recurso de revisión de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo de la que se observa que concluyó en los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida dictada el dos de febrero de dos mil veintitrés. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Servicio Nueva Gasolina, sociedad anónima de capital variable, contra los actos y las autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia." En consecuencia, acúsese a la superioridad recibo de estilo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, en términos de lo establecido en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
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