Darrel David Dobson
Expediente 412/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Darrel David Dobson
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada por ese Tribunal, dentro del recurso de queja penal 114/2018, interpuesto por Joaquín Medina Carlos, Miriam Álvarez Aguirre, Alejandro Ávila Baturoni y Edgar Francisco Gómez Torres. Ahora, de la citada resolución se desprende que se declaró infundado el presente recurso de queja en los términos siguientes: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por DARRELL DAVID DOBSON, contra el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 412/2018, por el Juez Primero de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acúsese recibo de estilo y hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, dado que no existe promoción pendiente de acordar ni trámite alguno que realizar en el presente expediente, por tanto remítanse al archivo definitivo, los presentes autos; asimismo, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, previa revisión por el Secretario de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto, registrándolo bajo el recurso de queja 114/2018, de su índice. A lo que este Juzgado toma el debido conocimiento.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que remite los quejosos, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Se tiene por interpuesto dicho recurso. Atento a lo anterior, se rinde informe justificado en el sentido de que es cierto, toda vez que mediante proveído veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, remítase en copia certificada la totalidad de las constancias que integran el presente juicio al Tribunal Colegiado que corresponda, lo anterior para que esté en posibilidades de resolver lo que en derecho proceda; de igual manera hágase entrega del original del escrito de agravios y una copia del mismo a la Actuaria de la adscripción, para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Tribunal Colegiado respectivo, asimismo, respetuosamente le solicito se sirva acusar el recibo correspondiente.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta presentado por Joaquín Medina Carlos, en su carácter de defensor particular de Darrell David Dobson, quien desahoga la prevención realizada en auto de dieciocho de junio del año en curso. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito, procede a resolver sobre la admisibilidad del escrito inicial de demanda, por ello, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En torno a ello es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32 (registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese orden, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: a) Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad, la omisión de contestar la petición de acceso a los registros de investigación, realizada por escrito de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en relación a los registros de la cadena de custodia de videos extraídos de cámaras de seguridad. b) Del Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, la determinación adoptada en audiencia intermedia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, respecto a la omisión señalada por la parte quejosa en el párrafo que antecede, declarando improcedente dicha solicitud de la defensa -para que el Agente del Ministerio Público diera acceso a los registros de la cadena de custodia de videos de cámaras de seguridad-, continuando con el desarrollo de la audiencia intermedia y con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Desechamiento Puntualizado lo anterior, se estima que en el caso sobreviene de manera notoria e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, en relación con el 107, fracción V, de aplicación en sentido contrario, de la Ley de Amparo que disponen: Atento a lo anterior, primeramente se abordara la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el cual establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:...XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) Fracción V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De la citada disposición legal se obtiene que el juicio de garantías es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no estar surtiendo efectos. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada En ese contexto, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Empero, es menester indicar que dicha causa de improcedencia también se actualiza en el supuesto en que se endereza el amparo contra una determinación, respecto de la cual se admitió algún medio de impugnación que fue resuelto, puesto que los efectos de la resolución recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva, que es la que resolvió el recurso y rige a la determinación. Al respecto, se cita en lo conducente la tesis aislada I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1491, Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y contenido establecen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Orienta el criterio de la suscrita, en su parte conducente, la tesis I.9o.C.28 K, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1528, tomo XIX, marzo de 2004, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL. SUS DIFERENCIAS. En materia administrativa la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad administrativa en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En cambio, la destrucción de los efectos en materia jurisdiccional no se da en la misma forma; es decir, para que exista cesación de efectos en materia jurisdiccional civil, no es posible pretender que el acto quede revocado de manera tal que ya no exista, porque los actos jurisdiccionales se encuentran estrechamente ligados, de manera tal que cada uno depende del otro y todos juntos son el sustento de la sentencia. De ese modo, sólo puede obtenerse la revocación o la modificación de un acto jurisdiccional a través de la interposición del recurso procedente, como por ejemplo el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone que la interposición del recurso de apelación tiene el efecto de que el tribunal de alzada revoque, modifique o confirme el auto recurrido, y aun cuando el perjuicio causado al particular siga existiendo debido a que el superior confirme, los efectos del auto recurrido cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, que es la que resolvió el recurso y rige a la determinación." De ahí que si contra una resolución procede algún recurso e interpuesto tal se resuelve, sustituye procesalmente la determinación recurrida y, por ende, sólo procede la acción de amparo contra la que se dictó al resolver el medio de impugnación, ya que el anterior, se insiste, quedó sustituido. Ahora, la parte quejosa combate la omisión del Agente del Ministerio Público de contestar la petición de acceso a los registros de investigación, realizada por escrito de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en relación a los registros de la cadena de custodia de videos extraídos de cámaras de seguridad, asimismo, la determinación del Juez de Control al resolver respecto de dicho acto negativo por parte del Agente del Ministerio Público; cuestión que resolvió en audiencia intermedia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dando continuación a dicha etapa y dictando auto de apertura a juicio, acto que también es reclamado por la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Ante ello, el acto reclamado señalado en el párrafo que antecede, cesó en sus efectos, toda vez que la parte quejosa manifiesta que la omisión a la petición reprochada al Agente del Ministerio Público fue puesta a consideración del Juez de Control el veinticinco de mayo del año en curso, declarando improcedente la solicitud de la defensa, por lo que se considera que la parte quejosa impugnó la omisión reclamada al Agente del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 27/2018 (10ª.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta forma, el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues como se vio, aún de considerarse que existía una afectación a la esfera jurídica del aquí quejoso derivado de la omisión por parte del Agente del Ministerio Público, esto se sustituyó al crearse una relación jurídica posterior a la misma, con motivo de la determinación que dictó el Juez de Control el veinticinco de mayo del año en curso, donde determinó que era improcedente la solicitud de la defensa. Así, resulta incuestionable que el acto que la parte quejosa reclama al Agente del Ministerio Público en el presente juicio cesó en sus efectos, pues como se dijo, se sustituyó al dictarse la determinación en la que se resolvió la impugnación ante el Juez de Control, misma que resultó improcedente y en su momento continúo con la audiencia intermedia y dictó auto de apertura a juicio oral. Por tanto, es evidente que ese acto primigenio dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituidos procesalmente por la dictada en la impugnación ante el Juez de Control, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 32, Volumen 51, Segunda Parte, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA SEÑALADA COMO ACTO RECLAMADO Y COMO RESPONSABLE EL JUEZ. SOBRESEIMIENTO. Si aun tratándose de interpretar la voluntad del quejoso al señalar la autoridad responsable, sólo queda concluir que la que señaló es el Juez que dictó la sentencia de primera instancia, y como acto reclamado a ésta, como la suplencia de la deficiencia de la queja consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que estima violados con el acto reclamado, tal suplencia de la queja no autoriza para cambiar los elementos del juicio de amparo que los quejosos señalan, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable; en esa virtud, en el amparo solicitado en esas condiciones, debe tenerse como autoridad responsable a la que el quejoso señaló y como acto reclamado a la sentencia que pronunció dicha autoridad, esto es, la sentencia de primera instancia. Así pues, si el acto que el quejoso reclamó ya cesó jurídicamente en sus efectos, siendo sustituido por la sentencia de segunda instancia, consecuentemente operó la causa de improcedencia establecida en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, debiendo sobreseerse de conformidad con la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento" También, por identidad jurídica, encuentra sustento la jurisprudencia XVII.5º. J/1 sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, visible en la página 998, cuyo rubro y texto son: "AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO, CUANDO LO QUE SE RECLAMA ES LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SI ÉSTA FUE PREVIAMENTE RECURRIDA EN LA APELACIÓN. Cuando en amparo directo se reclama la sentencia de primera instancia, o se vierten conceptos de violación en contra de lo resuelto en ese fallo, si previamente fue recurrido en apelación, en dicho supuesto se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere la fracción XVI del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, pues en tal caso cesaron los efectos de aquella sentencia, al haber sido sustituida por la de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación, pues la subsistencia, modificación o revocación de la de primer grado, deriva de lo resuelto en la alzada; por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia mencionada, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado al Juez de primera instancia, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la propia ley en cita." Por otra parte, respecto al acto reclamado al Juez de Control, y conforme a la segunda causal de improcedencia que se considera actualizada, aplicado el artículo 107 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". La aplicación armónica de las porciones normativas trascritas hace patente la improcedencia del juicio de amparo en vía biinstancial, contra actos que no tengan una incidencia de imposible reparación sobre derechos fundamentales tutelados ya sea en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. De ese modo, la procedencia del medio de control constitucional por vía indirecta, conforme la legislación vigente al juicio de amparo, debe partir de que para ello se colme el requisito ineludible de afectación directa e inminente a derechos fundamentales o sustantivos tales como el patrimonio, la vida, posesión o libertad entre otros, y que no sea susceptible de ser reparado aún si la parte a quien se lesiona o afecta la esfera jurídica obtuviera resolución favorable a sus intereses. Cabe abundar que la distinción entre un derecho sustantivo y uno de carácter adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, el amparo indirecto no procede cuando se trata de cuestiones adjetivas reparables, es decir, respecto de los denominadas violaciones formales o procesales que sólo producen efectos de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por tanto, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del promovente y sin dejar lesión en su esfera jurídica. Al respecto, cobra vigencia el criterio contenido en la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Décima Época, página 1070 (registro 2009478), que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Conforme con el marco legal descrito, en el caso, la determinación reclamada, en la que se declaró improcedente la impugnación de la defensa respecto de la omisión del Agente del Ministerio Público de proporcionar el acceso a los registros de cadena de custodia de videos de cámaras de seguridad, actuado en audiencia de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, esto dentro de la etapa intermedia dentro de la causa penal de referencia, con número único de caso 02-2016-54380, tiene naturaleza intraprocesal, es decir, sucede dentro del juicio apenas indicado del índice de la responsable y, además, no incide materialmente sobre derechos sustantivos protegidos por la Carta Magna o las convenciones multilaterales adoptadas por el Estado Mexicano; por el contrario, solo tiene efectos formales, esto es, porque sólo trasciende a derechos de naturaleza adjetiva o procesal de manera que hasta este momento no causa afectación sobre derecho fundamental alguno. Lo anterior se considera, tomando en cuenta que la determinación adoptada por la autoridad responsable no es una exclusión de prueba, sino únicamente declaró improcedente la solicitud de la quejosa para que se impusiera de la cadena de custodia relativa a un medio de prueba que fue ofrecido por la fiscalía, la cual, según el dicho de la parte quejosa, la autoridad responsable determinó de manera puntual, que la representación social deberá presentar en la audiencia de juicio oral. En ese sentido, el debate sobre el acceso a la cadena de custodia, implica abordar aspectos relativos a los requisitos con los que un medio de prueba será valorado, es decir, lo alegado por la parte quejosa puede ser tomado en cuenta por parte del juez o tribunal de enjuiciamiento al momento de realizar la valoración probatoria de los videos de cámara de seguridad en la sentencia definitiva. Lo contrario implicaría que este órgano de control constitucional asuma funciones que corresponden y son propias del tribunal de enjuiciamiento, con lo que se correría el riesgo de desvirtuar la esencia del sistema penal acusatorio y anticipar una decisión sobre una cuestión procesal que aún no ha sido sujeta al principio de contradicción dentro de la audiencia de juicio, el cual constituye una de las bases rectoras de dicho sistema. Asimismo, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas que se desahoguen con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales; es decir, el hecho de que la exclusión de pruebas producto de la violación de derechos fundamentales no pueda plantearse de nueva cuenta en el juicio oral, no impide que la defensa del acusado cuestione el valor de las pruebas, como en el caso acontece, dado que la cadena de custodia es un elemento que impacta en la eficacia probatoria en el proceso penal, ya sea por la ilicitud de su obtención o por la falta de fiabilidad en ésta. Por tanto, la determinación del Juez de Control relacionada con el acceso a los registro de cadena de custodia de videos de cámaras de seguridad señalada en párrafos que anteceden, dentro de la etapa procedimental, constituye de un acto de naturaleza intraprocesal, susceptible de impugnarse conforme a los numerales 171 y 173, apartado B, fracciones XII y XIX, de la ley de la materia, es decir, amparo directo, no así en el juicio de amparo biinstancial. En efecto, la demanda de amparo deviene improcedente toda vez que el acto que a través de ella se reclama no incide ni tiene repercusión inminente o directa sobre derecho fundamental alguno reconocido en favor de la parte quejosa. Lo anterior es así, pues si bien es cierto, que la legislación de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, permitía establecer excepcionalmente la procedencia del juicio de control constitucional por vía biinstancial en tratándose de actos que, si bien no revestían una lesión jurídica a derecho fundamental o sustantivo, sí implicaban una afectación en grado predominante o superior que se tradujera, verbigracia, en la tramitación ociosa de un juicio; también lo es que de acuerdo con la actual legislación el juicio de amparo requiere para su pertinencia la condición de que el acto reclamado implique una vulneración directa a un derecho sustantivo, es decir, opuestos a los formales o adjetivos que acontecen sólo intraprocesalmente. En ese orden, la improcedencia del presente sumario constitucional que de manera notoria y manifiesta se actualiza, no deja en estado de indefensión a la parte promovente, en tanto que si al resolverse el juicio se establece fallo que estime contrario a su interés legal, desde luego tendrá la aptitud de controvertir sobre la existencia o no de la cadena de custodia de los videos de seguridad, como violación procesal para la valoración de los medios de prueba, en virtud de las cuales haya quedado sin defensa y trascendido al resultado del fallo que le sea adverso, en su caso, de conformidad con el artículo 173, apartado B, fracciones XI y XIX, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LIII/2018 (10a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017055, la cual dispone: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas.". Asimismo, sustenta lo anterior, la jurisprudencia PC.I.P.J/41P (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, abril de 2018, Tomo II, visible en la página 962, de rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO, SÓLO DEBEN ANALIZARSE LO ACTUADO Y LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE SE ACTUALICEN EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL, SIN ABARCAR ETAPAS PREVIAS. Dentro de las reglas que rigen la sustanciación del juicio de amparo directo en materia penal, el artículo 173 de la Ley de Amparo establece los supuestos jurídicos que actualizan, en los juicios del orden penal, una violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, precepto que por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, distinguió y precisó cuáles son aplicables para el Sistema de Justicia Penal Mixto y cuáles al Sistema Penal Acusatorio, con el fin de evitar contradicciones y antinomias, y permitir la adecuada resolución del juicio de amparo directo en esa materia. Ahora, conforme a lo resuelto en el amparo directo en revisión 669/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, cada una con funciones específicas, las cuales se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que superada una no existe posibilidad de renovarla o reabrirla de acuerdo al principio de continuidad previsto en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, que en el apartado B del precepto legal citado, permanecieron diversas hipótesis que no resultan acordes a la estructura, naturaleza y fines del sistema penal acusatorio, respecto al análisis de violaciones cometidas en etapas distintas a la de juicio oral, específicamente las fracciones VIII, IX, XII y XIII, donde se previeron como violaciones a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, supuestos que se materializan en las etapas preliminar o intermedia del juicio oral. En ese sentido, con la finalidad de que el juicio de amparo funcione acorde a la estructura y naturaleza del procedimiento penal acusatorio y oral, conforme al citado artículo 20, de una interpretación conforme con la Constitución del artículo 173 mencionado, sólo podrán ser objeto de revisión constitucional, en sede de juicio de amparo directo, las violaciones que se actualicen durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin que sea posible su estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal. Así en consonancia con lo resuelto por la Primera Sala, se concluye que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a situaciones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa, lo que es congruente con el artículo 75 de la ley referida, en el sentido de que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo se deberá apreciar el acto reclamado tal y como apareció probado ante la autoridad responsable; sin que sea posible admitir o tomar en consideración pruebas no rendidas ante ella, salvo cuando no se hubiere tenido la oportunidad de hacerlo; además, porque las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en la etapa correspondiente, así como a combatirlas a través de los medios de impugnación a su alcance; en el entendido que, de no hacerlo, se agota la posibilidad de solicitarlo y el hecho de que la exclusión de pruebas producto de la violación de derechos fundamentales no pueda plantearse de nueva cuenta en el juicio oral, no impide que la defensa del acusado cuestione el valor de las pruebas, con la finalidad de desvirtuar la hipótesis de acusación." En las relatadas condiciones, es de concluirse, que dada la etapa procesal en que se encuentra la causa penal de la que deriva el acto contra el que se intenta la acción de amparo, no constituye una actuación que viole algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o los tratados internacionales suscritos por México, por lo que es dable concluir que el juicio de amparo es improcedente en términos del numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de aplicación en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que al emitirse resolución que en su caso concluya la instancia en sede jurisdiccional, aquellos puedan ser alegados como violaciones procesales al tenor del amparo que se promueva contra el fallo. En consecuencia, al ser manifiesta, notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de aplicación en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · 8,097 expedientes
- Daniuska Correoso Cintra880/2022
- Danna Sofia Hernandez Caro1162/2021
- Darian Robles Sierra1444/2022
- Dariel Manuel Martinez Curro869/2022
- Dario III Montoya García205/2020
- Darleni Dayana Villalobos Uzcateguis1115/2022
- Darwin Mauricio Padilla Campos1405/2022
- David Alaniz Aviles1194/2021
- David Alejandro Aguilar Vargas847/2019
- David ALejandro Esparza Perez432/2020
- David Alejandro Kadry Dominguez601/2015
- David Alfonso Amaya Garcia823/2014