Daris del Carmen Fargas García y Otros.

Expediente 52/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
52/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/02/2022

Partes del expediente

  • Daris del Carmen Fargas García y Otros.
  • Daris del Carmen Fargas García

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de dos de febrero del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por José Miramontes Caro a favor de Daris del Carmen Fragas García, Dervin Apolonio Fargas García, Guillermo Antonio Martínez Marín y Martín Alberto Cárdenas García; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en los supuestos previstos en el capítulo siete, apartado 7.1, 7.3 y 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; pues no obstante que se tuvo por no presentada la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, esto es, se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido, en el auto inicial se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, aunado a que al prudente arbitrio del suscrito no tiene relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de que sean conservadas la demanda de amparo, el proveído relativo al otorgamiento de la suspensión de plano y el presente acuerdo. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve José Miramontes Caro a favor de los directos quejosos Daris del Carmen Fragas García, Dervin Apolonio Fargas García, Guillermo Antonio Martínez Marín y Martín Alberto Cárdenas García, contra actos del encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y otra autoridad, en virtud de que los directamente agraviados se encuentran imposibilitados para ello. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, 17, fracción IV, 19, 109, 112, primer párrafo, 125, 126 y 127 de la Ley de Amparo, a reserva de que sea ratificada, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo y regístrese bajo el juicio de amparo 52/2022-VI. En el caso concreto, el promovente reclama, entre otros, la privación de la libertad de los directamente quejosos, con motivo de la detención de que fueron objeto por parte de los agentes migratorios, la inminente orden de deportación y expulsión a su país de origen -Nicaragua-, así como la incomunicación y malos tratos de la que dice están siendo objeto los agraviados. En consecuencia, respecto de los actos reclamados señalados con antelación, en términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato dichos actos o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; así como como para que no se lleve a cabo el retorno asistido o la deportación de los quejosos a su país de origen (Nicaragua) en caso de que existan a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen a este expediente, y queden en el lugar donde se encuentran a disposición de esta autoridad de amparo únicamente respecto a su libertad personal, en tanto que a disposición de la autoridad que conozca del procedimiento de deportación, para su continuación, mismo que es de orden público y no es susceptible de paralizarse, de conformidad con la fracción II del artículo 128 de la ley de la materia. Es aplicable, por las razones que la animan, la jurisprudencia 1a./J. 38/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Novena Época, página 172, con número de registro 161535 de su versión electrónica, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE DETENCIÓN CON FINES DE EXTRADICIÓN. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL OTORGADA CONTRA SU EJECUCIÓN. Si se toma en consideración que este alto tribunal ha sostenido que la extradición es el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona que está en su territorio a otro Estado que la reclama por tener el carácter de inculpada, procesada o convicta por la comisión de un delito, a fin de que sea sometida a juicio o recluida para cumplir con la pena impuesta, es indudable que el acto reclamado consistente en la orden de detención con fines de extradición es un acto que de ejecutarse afectaría material y temporalmente la libertad de la persona cuya extradición se reclama y, por ello, es procedente conceder la suspensión de su ejecución; sin embargo, ésta debe otorgarse considerando la naturaleza especial del procedimiento del que emana, por lo que en ese aspecto deben atenderse las normas que rigen dicha extradición. En tal virtud, conforme al artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Extradición Internacional, en el momento en que se manifiesta la intención de presentar la petición formal para la extradición de una persona, se requiere que el Estado solicitante únicamente exprese el delito por el cual solicita la extradición y manifieste que contra el reclamado existe una orden de aprehensión emanada de autoridad competente, ya que es incuestionable que en esa etapa del procedimiento, el juez federal no cuenta con los elementos suficientes para determinar si el delito que se atribuye al reclamado, conforme a la ley que lo rige, permite la libertad bajo fianza prevista en el artículo 26 de la citada ley, pues esto acontece hasta que se formule la petición formal de extradición, conforme a los artículos 19 y 20 del mismo ordenamiento, ya que hasta esta etapa el juzgador cuenta con los elementos necesarios para proveer lo conducente, en la medida en que el artículo 16 de dicha ley obliga al Estado solicitante a reunir los requisitos que prevé, como la reproducción del texto de los preceptos de la ley del Estado solicitante que definan al delito y determinen la pena para formular la petición formal de extradición. De ahí que acorde con el artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional que contra dicho acto se otorgue, sólo producirá el efecto de que el quejoso, en su momento, sea puesto a disposición del tribunal de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y a disposición del juez responsable para la continuación del procedimiento de extradición." En la inteligencia de que la medida anteriormente decretada de ninguna manera determina el lugar en el que los directamente agraviados deben permanecer recluidos, ni incide sobre las decisiones que al respecto emitan las autoridades correspondientes. Asimismo, que la medida cautelar surte efectos desde luego y, en caso de que sea ratificada la demanda de amparo por los directos quejosos, continuara surtiendo sus efectos hasta que se resuelva este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 160 de la ley de la materia. Por otra parte, sin perjuicio de lo anterior para el caso de que la detención de los directos quejosos, haya sido llevada a cabo por autoridades administrativas distintas al Ministerio Publico, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese tal detención poniéndolo en libertad, o bien a disposición del Ministerio Publico, lo anterior con apoyo en el artículo 164 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre 2007, Novena Época, página 15, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para el efecto de que si los quejosos se encuentran a disposición del Ministerio Público, dentro del término de cuarenta ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sean puestos en libertad o consignados ante el Juez Penal correspondiente. Para el debido cumplimiento de esta determinación, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que proporcionen al notificador las medidas necesarias a efecto de que cumpla con su encomienda, apercibidas que en caso de negativa o evasión para la ejecución y cumplimiento de esta suspensión se aplicarán en su contra los medios de apremio legalmente establecidos, sin dejar de mencionar que el desacato o violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para dichas autoridades que tratándose de juicios de amparo en los que se reclaman cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo. En el entendido que debido a la situación de contingencia por la que se está padeciendo podrán rendir dicho informe a esta autoridad al correo electrónico 5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx así como al de la licenciada Vania Gómez Márquez secretaria de juzgado vania.gomez.marquez@correo.cjf.gob.mx siendo posible su confirmación en el número 656 227-26-00 extensión 1242, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se comisiona al actuario judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones que ocupan las oficinas de la estación migratoria de la Delegación Local de Migración del Instituto Nacional de Migración, ubicada en las inmediaciones del Puente Internacional Stanton en la esquina de las avenidas Lincoln y Lerdo, de la colonia centro en esta ciudad y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiera a los agraviados Daris del Carmen Fragas García, Dervin Apolonio Fargas García, Guillermo Antonio Martínez Marín y Martín Alberto Cárdenas García, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo que a su favor promueve José Miramontes Caro, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos todas las providencias dictadas con motivo de este amparo. Asimismo, se ordena al actuario judicial, notificar a las autoridades responsables o encargadas del lugar en que se dice se encuentra el agraviado o, en su defecto, a las autoridades que en ese momento las representen o las sustituyan en sus funciones, la suspensión que se concede. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el despacho ubicado en calle 5 de Mayo 382-4A (Altos), intersección con calle Vicente Guerrero, en esta ciudad. Por lo que hace a los correos electrónicos suly.ponce.p@gmail.com y jose.miramontes@hotmail.com y los números telefónicos (656) 373 92 95 y (656) 136 82 04 que proporcional, s e tiene únicamente como nueva forma de contacto, de conformidad con el artículo 2°, fracciones I y IX del Acuerdo General 1/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, del que se advierte que la utilización del correo electrónico, solo será utilizado como medio de contacto entre esta y el personal jurisdiccional. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad los directos quejosos lo ratifiquen. Ahora bien, por lo que hace a los profesionistas que señala como autorizados, una vez que sea ratificada la demanda, se acordará lo conducente. Con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese a los directos quejosos y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Vania Gómez Márquez, secretaria quien autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe. JEBG/VGM/kyom

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