Darío Zuriel Ramírez Mejía

Expediente 693/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 20 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
693/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Darío Zuriel Ramírez Mejía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    PRAL 693/2019 MESA 4A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Se declara consentido el cumplimiento. Vistos los autos, de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad contra el acuerdo de once de noviembre del año en curso (fojas 206 a 210), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, que concedió la protección constitucional al quejoso ***, sin que se hubiere interpuesto ese medio de impugnación en el referido plazo. Se declara consentido el cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara consentido el referido auto y, por ende, queda firme esa determinación. Publicación de datos personales. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. Por lo anterior, con apoyo en el párrafo cuarto del precepto 196 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese....

  2. Principal

    PRAL.693/2018-4A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil diecinueve. ... Notifíquese personalmente. ...

  3. Principal

    NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil diecinueve. Historia de cumplimiento a la sentencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de veintitrés de octubre del año en curso (foja 201), este órgano de control constitucional dio vista a las partes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera, en relación con el cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, registro 188634, del rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." a). En sentencia autorizada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 89 a 108) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Dario Zuriel Ramírez Mejía, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1. Deje insubsistente la resolución de tres de abril de dos mil dieciocho, dictada en la queja 12/2018, de su índice. 2. Con libertad de jurisdicción, emita nueva resolución debidamente motivada, en la que, atendiendo a lo determinado en esta sentencia, resuelva el recurso de queja en la averiguación previa 191(H.C.)II/2016 o 226/C.D/III/2016 o 2648/S.M/2016.". b). Inconforme con dicha resolución, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión (fojas 126 a 134), mismo que correspondió resolver al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, el que, mediante ejecutoria de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, confirmó la sentencia recurrida y concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso respecto de los actos, autoridad y efectos precisados en la sentencia recurrida (fojas 154 a 173). c). Por acuerdo de catorce de octubre del año en curso se requirió el cumplimiento de la ejecutoria a la autoridad responsable citada (fojas 174 y 175). d). Mediante oficio FGE/CA/R.Q./122/2019, la autoridad responsable fiscal General del Estado de Oaxaca, comunicó lo relativo al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo (foja 179) y remitió copia certificada de la resolución dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el cuaderno de queja 12/2018, de su índice (fojas 180 a 199). e). En acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (foja 201) se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con la constancia remitida por la autoridad responsable. Análisis de la sentencia. 1º. Como ya se dijo, el primer efecto de la sentencia señala (foja 107 reverso): ". 1. Deje insubsistente la resolución de tres de abril de dos mil dieciocho, dictada en la queja 12/2018, de su índice (.)". En cumplimiento, la autoridad judicial responsable en la resolución de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el cuaderno de queja 12/2018, de su índice (foja 180 vuelta), dejó insubsistente la resolución de tres de abril de dos mil dieciocho, dictada en esos autos. Por lo que, con ello cumplió con el primer efecto de la sentencia de amparo. 2º. El segundo efecto de la sentencia fue para que la responsable realizara lo siguiente (foja 107 reverso): "..2. Con libertad de jurisdicción, emita nueva resolución debidamente motivada, en la que, atendiendo a lo determinado en esta sentencia, resuelva el recurso de queja en la averiguación previa 191(H.C.)II/2016 o 226/C.D/III/2016 o 2648/S.M/2016.". En la ejecutoria de amparo se determinó que en la resolución reclamada de tres de abril de dos mil dieciocho, no se encontraba motivada (foja 107 vuelta), porque después de la ratificación del dictamen de trece de octubre de dos mil dieciséis, existían en la averiguación previa 191(H.C)II/2016 diecisiete actuaciones más que podrían producir la interrupción del plazo de prescripción de la acción penal que la autoridad responsable no había tomado en consideración (foja 106 vuelta). En cumplimiento a este punto de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, dictó otra resolución de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 180 a 199), en la que confirmó la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en la averiguación previa 191/H.C./2016 o 226/C.D./III/2016 o 2648/S.M./2016, por el agente del Ministerio Público encargado de la mesa Uno de Delitos Culposos del Sector Central de Averiguaciones Previas de la Fiscalía General del Estado, por haber operado la prescripción de acción penal a favor de Ladislao Jesús Méndez Torres; pero ahora explicó por qué cada una de las actuaciones del 1 al 17 [relacionadas en la sentencia (foja 104 a 106] no las consideraba aptas para interrumpir la prescripción de la acción penal (fojas 193 vuelta a 199), por lo siguiente: En relación con las actuaciones marcadas con los puntos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15, dijo que únicamente fueron acuerdos donde la representación social ordenó citar a los peritos tanto particular como oficial, en materia de tránsito terrestre, para el desahogo de la diligencia de junta de peritos, por lo que dichos acuerdos no constituyen una diligencia en sí (foja 194 vuelta). Además, precisó que los dictámenes periciales, así como su diligencia de ratificación se tomaron en consideración dentro de las actuaciones ministeriales que resultaron aptas para interrumpir la prescripción (foja 195). Ahora, por lo que hace a las actuaciones marcadas con los números 2, 4, 8, 10, 12, 14 y 17, precisó que se trata de simple certificaciones de obran dentro de la averiguación previa, porque las mismas resultan intrascendentes para impulsar el procedimiento (foja 195). Igualmente, por lo que refiere a la actuación relacionada con el número 6, determinó que no puede considerarse apta para interrumpir la prescripción, porque no impulsa el procedimiento, tampoco aporta dato alguno para esclarecimiento de los hechos que se investigan o del delincuente (foja 195). De la misma manera, refirió que la relacionada con el número 16, tampoco resulta apta para interrumpir la prescripción, porque no fue una diligencia propiamente encaminada a esclarecer los hechos que se investigan o en determinar la probable responsabilidad del indiciado dentro de la averiguación previa, sino que fue con la finalidad del que el perito particular en tránsito terrestre justificara su incomparecencia para el desahogo de la junta de peritos; además, ésta se realizó un año dieciséis días después del desahogo de la última diligencia apta para interrumpir la prescripción, que es la ratificación del perito particular en mecánica de hechos y avalúo, mediante comparecencia de trece de octubre de dos mi dieciséis, respecto del oficio sin número de tres de septiembre del mismo año, por el cual emitió el dictamen en tránsito terrestre, mecánica de hechos y avaluó de daños (fojas 195 vuelta y 198). Además, precisó que el término prescriptorio de la pretensión punitiva es continuo y únicamente será interrumpido con las diligencias tendentes a la investigación del delito y del delincuente, por lo que si el Ministerio Público, gira diversos oficios de investigación, localización, presentación; tiene recibidos los informes en los que no se hizo comunicación alguna respecto del delito y del delincuente; además, si dicta acuerdos de remisión a otras oficinas ministeriales, así como de radicación y apertura, dichas actuaciones no tienen efecto interruptor del lapso de la prescripción, pues si dicho término estuviera al arbitrio del Ministerio Público, bastaría con que en forma periódica solicitara a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones que investigaran, continuamente remitiera la averiguación previa a otras oficinas y se harían acuerdos de radicación, con la finalidad de que se tornara imprescriptible cualquier delito, atentando contra la garantía de seguridad jurídica de los gobernados; sin duda, las actuaciones idóneas para interrumpir el curso de la prescripción de la acción persecutoria, indicó, son aquellas que se practiquen en averiguación del delito y de los delincuentes, no teniendo relevancia ni fuerza necesaria para interrumpir la prescripción aquellas actuaciones inútiles o meramente formulistas o que no fueran exclusivamente en averiguación del delito o del delincuente. Por lo que, concluyó, las actuaciones de referencia no son aptas para interrumpir la prescripción, toda vez que se trata de acuerdos y certificaciones por parte de la autoridad ministerial, en los que no se hizo comunicación alguna respecto del delito y del delincuente por lo que no tienen efecto interruptor, porque en ellas nada se informa respecto del evento delictivo ni de los intervinientes; además, porque no puede quedar al arbitrio del Ministerio Público la interrupción del lapso de la prescripción, pues bastaría que en forma periódica solicitara a elementos de la policía judicial que investigaran, éstos rindiendo su respectivo informe y después se asentara razón de ello, al igual que continuamente se remitiera la averiguación previa a otras oficinas ministeriales y en éstas se radicaran, se hiciera una serie de acuerdos y certificaciones a modo, para que se tornara imprescriptible cualquier delito, lo que atentaría contra la garantía de seguridad jurídica de los gobernados. Por lo relatado, se desprende que la autoridad responsable cumplió con el segundo efecto de la sentencia de amparo, toda vez que motivó por qué las actuaciones practicadas en la averiguación previa 191(H.C.)II/2016 no fueron consideradas para interrumpir la prescripción de la acción penal. Por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, al no existir exceso o defecto, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. Archivo. Se reserva el archivo de este juicio de amparo hasta en tanto transcurra el término de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el numeral 201 , de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 693/2018 MESA 4-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. ... Notifíquese personalmente...

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