Dario Rodriguez Rivera

Expediente 1591/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 28 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1591/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
28/12/2023

Partes del expediente

  • Dario Rodriguez Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción del oficio. Se tiene por recibido el comunicado signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional se declaró legamente incompetente para conocer la demanda de amparo promovida por *** y ***** ambos de apellidos *****, por derecho propio, contra actos de la Jueza Décima de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1591/2023-I. Competencia. El artículo 46, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, publicado el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, indica: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. (...)". Hipótesis que se actualiza a favor de esta juzgadora, pues se tuvo conocimiento previo del juicio de amparo *****, promovido por ******, por propio derecho y como albacea de la sucesión a bienes de Román Rodríguez Luna, María del Refugio Rodríguez Rivera, por propio derecho, Margarita Rodríguez Rivera, José Trinidad Ayala Aguirre (causahabiente de Graciela Rodríguez Rivera) y José Oscar Ayala Martínez (causahabiente de Alberto Gómez Rodríguez), a través de quien se ostentó como su mandatario judicial Francisco Javier Zendejas Vázquez, contra actos de la Titular y Actuaria adscritas al Juzgado Décimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, derivados del expediente 317/2016. En tal virtud, con apoyo en los preceptos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del acuerdo general referido, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, SE ACEPTA LA COMPETENCIA planteada para conocer de dicho asunto. Consecuentemente, comuníquese la presente determinación al homólogo remitente. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como acto reclamados los siguientes: El auto de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, dictado por la Jueza Décima de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso acuerdo de veintinueve de noviembre del mismo año, en el que le dijo que se debía estar al estado procesal de autos, ya que solicitaron que se le restituyera a la hoy parte quejosa una fracción del inmueble entregado al ejecutante con motivo de lo sentenciado. Cabe precisar que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por los quejosos, se advierte que el cuatro de diciembre de dos mil veinte se dictó sentencia definitiva en el expediente 317/2016, en la que se condenó a los codemandados a desocupar y entregar las fracciones ahí indicadas del inmueble materia de litis con sus frutos y accesiones a la parte actora. Partiendo de esa base, se advierte que en el particular se actualiza, a contrario sensu, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del numeral 107, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De conformidad con el último de los preceptos transcritos, las reglas para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en la hipótesis mencionada, son dos: La primera, consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución emita en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la propia demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, y tratándose de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. En cuanto a la última resolución, debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. La segunda, consiste en que el amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, después de concluido el juicio, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el sumario natural, esto es, cuando el acto impugnado de manera autónoma genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior. La razón que inspiró la creación de la primera regla de procedencia mencionada fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Atento a ello, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante su tramitación que hubieran afectado las defensas de las partes. En consecuencia, la demanda en estudio resulta improcedente, toda vez que auto de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, dictado por la Jueza Décima de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra de del diverso acuerdo de veintinueve de noviembre del mismo año, en el que le dijo que se debía de estar al estado procesal de autos, ya que solicitaron que se le a la hoy parte quejosa una fracción del inmueble entregado al ejecutante con motivo de lo sentenciado, se trata de una actuación en ejecución de sentencia, de modo que debe sujetarse a la regla establecida en la Ley de Amparo; es decir, que será procedente hasta que se emita la última resolución, entendida como aquella que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 4/2023 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2052, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2026118, de rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO CUENTA CON EL CARÁCTER DE EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO LA PERSONA QUE HUBIERA COMPARECIDO COMO PARTE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO LA DEFICIENTE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA". Así como la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164639, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA". De igual manera, apoya lo sustentado la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, visible en la página 1647, Libro XXIII, agosto de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registró 2004223, de rubro siguiente: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO." Por lo anterior, al advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el dispositivo 27, fracción I, de la normativa de la materia, se tiene como tal el ubicado en calle Real del Monte, número trece (13), colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero, código postal cero siete mil ochocientos (07800), Ciudad de México. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Habilitacio´n de horas y di´as inha´biles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer pa´rrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente asi´ se practiquen. Transparencia. Ha´gase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgacio´n de sus datos personales, en te´rminos de los arti´culos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fraccio´n V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacio´n Pu´blica, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Ti´tulo Tercero de la Ley General de Proteccio´n de Datos Personales en Posesio´n de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federacio´n el veintise´is de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes debera´n manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahi´ sen~alados, en el entendido que la falta de oposicio´n conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresio´n de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la u´ltima ley en cita. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Integración del expediente. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. MESD* II

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