Dario Ricardo Torres Pacheco
Expediente 1655/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1655/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/12/2017
Partes del expediente
- Dario Ricardo Torres Pacheco
Actuaciones
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- Principal
VII.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta suscrito por el apoderado de la parte quejosa, a través del cual solicita la devolución de los documentos exhibidos en el presente juicio, así como copias certificadas de todo lo actuado en autos. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, previo cotejo y compulsa del documento solicitado, devuélvase al promovente. En el entendido que previo su desglose, deberá obrar copia certificada en su lugar; asimismo al presentarse a recogerlo, deberá exhibir un copia simple de identificación oficial, previa presentación del original, realícese la certificación respectiva y déjese constancia de lo autorizado. Asimismo, de conformidad en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, expídase las copias solicitadas a costa del promovente, en el entendido que quien se presente a recogerla deberá exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta para debida constancia legal de su entrega. Notifíquese.
- Principal
VII.- Vista de la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha quedado firme. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, tomando en consideración que en esta fecha causó estado el auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con mas de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo general Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibida el escrito de cuenta suscrito por el quejoso Darío Ricardo Torres Pacheco, por derecho propio y en su carácter de apoderado legal de María del Carmen Pacheco Olvera, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial que obra en autos, mediante el cual desahoga en su totalidad la prevención formulada el dieciséis de los corrientes; en consecuencia, se tiene por cumplida la prevención de mérito y, por ende, se procede a proveer en los términos siguientes: Causa de improcedencia. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." Ahora bien, de análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que el impetrante reclama el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual determinó no tener por interpuesto el recurso de revocación promovido Darío Ricardo Torres Pacheco, por propio derecho, así como en su carácter de apoderado de María del Carmen Pacheco Olvera. Determinación que por lo que se refiere a Darío Ricardo Torres Pacheco, en su carácter de apoderado de María del Carmen Pacheco Olvera (codemandada en el juicio de origen), no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De conformidad con los numerales transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo, debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. De acuerdo a lo anterior, el acto reclamado consistente en el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual determinó no tener por interpuesto el recurso de revocación promovido Darío Ricardo Torres Pacheco, por derecho propio, así como en su carácter de apoderado de María del Carmen Pacheco Olvera, se trata de un acto que no tiene efectos de imposible reparación debido a que sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual a María del Carmen Pacheco Olvera, el ejercicio de un derecho, pues únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará afectar las defensas de su representada, máxime que sus efectos pueden ser retrotraídos en caso que ésta obtenga una sentencia favorable al resolverse la controversia de origen, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que le hubiese causado el acto que reclama; y, de no ser así, el acto que reclama, así como sus consecuencias, pueden ser impugnados mediante el juicio de amparo directo que en su caso promueva contra la sentencia definitiva que decida dicho juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 172 fracción IX de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; [.]". Lo resaltado es propio. En efecto, de la cita que antecede, en la parte que interesa, se aprecia que en los asuntos tramitados ante los tribunales civiles se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, entre otras, cuando se desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión, como en el particular, a juicio del suscrito, sería el auto reclamado. Sin embargo, de acuerdo a los numerales transcritos, ello debe hacerse mediante el amparo directo que en su caso llegara a promover contra la sentencia que se dicte en la controversia de origen, toda vez que es en dicha sede constitucional donde deberá hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento que hubiesen afectado su defensa trascendiendo al resultado del fallo que dirima dicha contienda judicial. Sirve apoyo la jurisprudencia P./J.37/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39 del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta de Junio de 2014, Libro 7, Tomo l, Decima Época, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda que se trata. Sin que pase inadvertido que Darío Ricardo Torres Pacheco, también acuda a la presente instancia constitucional, por propio derecho, pues del análisis oficioso de las constancias que integran el presente asunto, también se advierte que respecto de él, el presente juicio es improcedente pero en atención a la actualización de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la actuación reclamada no afecta sus intereses jurídicos o legítimos, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° del mencionado ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.).". El énfasis es propio De la cita que antecede se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en el entendido que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la ley de la materia, es decir, derechos humanos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, destacando que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tal afectación, constituye uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de garantías, consagrado también en la fracción I del artículo 107 Constitucional, que señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.).". Ahora bien, a efecto de determinar si en el caso particular el acto reclamado en la presente instancia constitucional afecta los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, conviene destacar que de la demanda de garantías se obtiene que Darío Ricardo Torres Pacheco acude a la presente instancia por derecho propio, y reclama el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual determinó no tener por interpuesto el recurso de revocación promovido Darío Ricardo Torres Pacheco, por propio derecho, así como en su carácter de apoderado de María del Carmen Pacheco Olvera. De igual forma, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad se aprecia que dicho auto fue emitido en un juicio sumario de usupación o prescrpción positiva instaurado en contra de la Sucesión Intestamentaria a bienes de Darío Torres Iberry, por conducto de su albacea Darío Ricardo Torres Pacheco y/o Darío Torres Pacheco, así como de María del Carmen Pacheco Olvera, y no en contra del quejoso Darío Ricardo Torres Pacheco, por derecho propio. En este sentido, si lo reclamado es una resolución proveniente de un tribunal judicial, para que el presente juicio fuese procedente, Darío Ricardo Torres Pacheco debía aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afectara de manera personal y directa con motivo de esa actuación; circunstancia que en el particular no acontece porque el promovente acude por derecho propio, a reclamar una actuación emitida en un juicio civil en el que no figura como parte. De ahí que el presente juicio también resulte improcedente respecto de Darío Ricardo Torres Pacheco, por propio derecho, toda vez que en el caso particular no se afecten sus intereses jurídicos o legítimos, pues no es dable que se ostente en el presente juicio como titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, alegando que el acto reclamado viole en su perjuicio los derechos previstos en el artículo 1o de la ley de la materia, es decir, derechos humanos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo anterior, al actualizarse también la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por o que ser refiere a Darío Ricardo Torres Pacheco, pero por propio derecho, con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda que se trata. Finalmente, no obstante que este auto debe notificarse personalmente a la parte quejosa, en auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó que todas las notificaciones se le hicieran por medio de lista, incluso las de carácter personal; por tanto, este proveído deberá notificarse en tales términos. Notifíquese. Así lo acordó y firma José Mauricio Neira Villarreal, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
- Principal
V. Toluca, Estado de México; veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que las partes no se inconformaron respecto de la resolución emitida el tres del presente mes y año, relativa al incidente para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria dictada en este asunto; por tanto, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso e), de la misma legislación, se declara que dicha determinación adquirió firmeza procesal para todos los efectos legales procedentes. En la resolución de veinticinco de agosto pasado, específicamente en el párrafo último del considerando segundo, se estableció lo siguiente: ".En esa tesitura, de las constancias que obran se aprecia que dichos puntos se traducen en que la autoridad demandada en el juicio laboral pague a la quejosa la cantidad de $168,691.85 (ciento sesenta y ocho mil seiscientos noventa y un pesos 85/100 m.n.), pues ha transcurrido el tiempo razonable para que acredite el cumplimiento sin que lo haya efectuado (dos años seis meses); por tanto, para que se tenga por debidamente cumplida la sentencia de amparo, el Tribunal responsable debe acreditar ese extremo, de ahí que resulta procedente requerir a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para que en el término de tres días, contados a partir de que cause estado la presente determinación, acredite que la autoridad demandada ha efectuado el pago correspondiente a la quejosa; apercibido que en caso contrario, se le impondrá multa de cien días de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo y se aperturará el incidente de inejecución de sentencia. ." Por tanto con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiéranse al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para que dentro del término de tres días, legalmente computados de cumplimiento a la sentencia de amparo, cuyos efectos fueron concretados en la determinación de tres de los cursantes (transcritos en el párrafo precedente), esto es, demuestre que se realizó el pago de la cantidad precisada a la quejosa, apercibida que en caso contrario, se le impondrá multa de cien días de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo y se aperturará el incidente de inejecución de sentencia. En el entendido que, conforme al numeral 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el incumplimiento a una sentencia, se traduce en el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo; asimismo, en términos del diverso numeral 195 de la ley en cita, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria, no exime de responsabilidad penal a las autoridades requeridas; por tanto, en caso que la sentencia no quede cumplida en el plazo fijado, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito en turno, tal como lo dispone el Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal; en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Mauricio Neira Villarreal, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario Víctor Manuel Rendón Sosa que autoriza, firma y da fe.
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