Dario Pineda Castañeda

Expediente 48/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 31 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
48/2018
Año
2018
Actuaciones
31
Última actuación
21/08/2018

Partes del expediente

  • Dario Pineda Castañeda
  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de treinta de julio pasado, se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja administrativa 87/2018, por la cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones respecto a la notificación del inicio del presente asunto, y tomando en consideración que mediante acuerdo de veintiocho de junio del año en cuso, la sentencia del presente juicio de amparo causó ejecutoria, y se reservó acordar respecto al archivo del mismo, se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; y dado que ya se encuentra glosado el referido cuaderno; una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, treinta de julio de dos mil dieciocho. Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja administrativa 87/2018, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el tercero interesado Julián Amauri Moran Ramírez en contra del auto de dieciocho de abril del año en curso, emitido por este juzgado federal, por el cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones respecto a la notificación del inicio del presente asunto; agréguese al expediente el oficio de cuenta y testimonio de referencia. Asimismo, se hace saber a las partes que el punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se desecha el recurso de queja." En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y acúsese el recibo relativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, a veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En tal virtud, glósese a los autos del juicio de amparo en que se actúa el original del incidente de suspensión relativo, así como el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte tercera interesada; y como de la certificación de cuenta se advierte que dicho recurso se encuentra pendiente de resolver; hágase del conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, que ha quedado firme la sentencia dictada en este juicio de amparo para lo que tenga a bien proveer en los autos del recurso de queja penal 87/2018, que interpuso Julián Amaury Morán Ramírez en contra del proveído de dieciocho de abril del año en curso. Por consiguiente, una vez que dicho medio de impugnación sea resuelto, provéase respecto al archivo del presente juicio, así como el destino de los cuadernos incidentales. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo número 48/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en Buzón Judicial el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, y sellado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, al siguiente día hábil y remitido el veintidós de enero pasado por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Darío Pineda Castañeda, por derecho propio, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA 1. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. EJECUTORA 2. Director del Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: 1).- DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUERRERO, SE RECLAMA EL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE dentro de la causa penal 27/2017-II. Formada con motivo del delito de lesiones calificadas en agravio de JULIÁN AMAURI MORÁN RAMÍREZ. La cual a todas luces resulta inconstitucional. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS 2).- DEL DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACAPULCO, GUERRERO, SE RECLAMA LA ILEGAL Y ARBITRARIA EJECUCIÓN QUE SOY OBJETO derivado de los actos de molestia emitidos por la autoridad en su calidad de ordenadora, SIN ENCONTRARSE ACORDE A LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS publicadas el 18 de junio de 2008". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 48/2018 y se formuló una prevención, la cual luego de ser desahogada, por auto de veintinueve de enero siguiente se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se ordenó notificar lo anterior a la parte tercera interesada, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (y en su oportunidad al Fiscal adscrito al Juzgado responsable), y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de plazo constitucional cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Darío Pineda Castañeda, como procesado en la causa penal 27/2017-II que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas en agravio de Julián Amauri Morán Ramírez, reclama de las autoridades responsables el auto de plazo constitucional de quince de diciembre de dos mil diecisiete, así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. ES CIERTO el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, pues al rendir su informe con justificación, así lo reconoció expresamente; manifestación que constituye una confesión de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; y que se corrobora con las copias certificadas derivadas de la aludida causa penal número 27/2017-II, que acompañó a su informe justificado, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202, de la legislación adjetiva civil en cita. A igual determinación se arriba respecto a la existencia del acto reclamado al Encargado del Centro Regional de Reinserción Social de esta ciudad, pues no obstante que al rendir su informe con justificación negó su certeza, dado el carácter de ejecutora con el que fue designada, lo procedente es desvirtuar dicha negativa y tercer por cierto el acto que se le atribuye, por ser una consecuencia lógica y natural del auto de plazo constitucional emitido por el juez de la causa. CUARTO. Causales de improcedencia. Ahora bien, una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, se advierte oficiosamente que en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la legislación en cita, en virtud de que la demanda de garantías no se instó dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento la parte quejosa del acto reclamado. En efecto dicha porción normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Conforme a la aludida fracción XIV, del indicado numeral 61 de la Ley de Amparo, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio de sus garantías, el gobernado deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos, y por ende, el juicio de garantías que se inste con posterioridad se reputa como improcedente. En este punto, es importante destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al integrar la jurisprudencia 1a./J. 48/2015 (10a.), sostuvo que el plazo establecido en la Ley de Amparo debe computarse cuando el acto reclamado se hace consistir en un auto de plazo constitucional que se efectuó en diversas fechas al inculpado y a su defensor; a partir de la última notificación de que se trate. Aunado a lo anterior, también conviene destacar que conforme a la "DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO AL MARCO JURÍDICO DEL ESTADO DE GUERRERO Y DECLARA EL INICIO GRADUAL DE VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN ESTA ENTIDAD" publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el treinta y uno de julio de dos mil catorce, se estableció que la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales entraría en vigor en el Estado de Guerrero, de manera gradual, y por lo que respecta al Distrito Judicial de Tabares, ello acontecería a partir del uno de junio de dos mil dieciséis, y que los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de dicha legislación nacional, se tramitaran y concluirán conforme al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, número 357, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de cinco de febrero de mil novecientos noventa y tres. Por tanto, conforme a la legislación adjetiva estatal en cita, específicamente en lo dispuesto en sus artículos 15 y 41, se deriva que en materia penal, los plazos son improrrogables, y comienzan a correr desde el día siguiente a la fecha de su notificación, en tanto que las notificaciones efectuada en los estrados del juzgado, surtirán sus efectos al tercer día de que haya sido fijada la lista. Así las cosas, de las actuaciones de la causa penal 27/2017-II, que allegó como apoyo a su informe con justificación el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, cuyo valor probatorio pleno quedó precisado en el considerando que antecede, se advierte que la indagatoria de la que derivó su integración se inició el veintidós de enero de dos mil dieciséis, es decir, con antelación a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se advierte que, según la razón actuarial relativa que aparece al final del auto de plazo constitucional de quince de diciembre de dos mil diecisiete, la Actuaria de la adscripción realizó en esa misma data -quince de diciembre pasado- la notificación al quejoso de dicha resolución -lo que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional-. Asimismo, se aprecia que durante la diligencia de once de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se recabó la declaración preparatoria de Darío Pineda Castañeda, éste designó como su defensor particular a Juan Luis Ruiz Zarate, quien al aceptar y protestar el cargo conferido señaló como su domicilio para recibir notificaciones, los estrados del juzgado responsable. Entonces, sin conforme a la citada resolución de plazo constitucional se aprecia que la Actuaria de la adscripción notificó dicha determinación judicial en los estrados del Juzgado responsable el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, de ello se sigue que el cómputo del plazo de quince días con que disponía la parte quejosa debe comenzar a contarse a partir del tercer día del que fue fijada en los estrados dicha notificación, esto es, el veintiuno del mes y año en cita. Entonces, una vez establecido que la fecha de notificación del acto reclamado que debe ponderarse es la relativa a la notificación que se efectuó mediante estrados, por corresponder a la de su defensor particular por haberlos señalado para ese efecto, y que surtió sus efectos al tercer día, de ello se sigue entonces que el término para promover la acción de tutela constitucional con que disponía la parte quejosa transcurrió del veintidós de diciembre de dos mil diecisiete al quince de enero de dos mil dieciocho, descontándose los días veintitrés, veinticuatro, veinticinco, treinta y treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, así como los días uno, seis, siete, trece y catorce de enero anterior, por ser inhábiles; de lo que se sigue que el aludido plazo de quince días transcurrió en exceso en su perjuicio, habida cuenta que la demanda de garantías fue presentada hasta el diecinueve de enero del año en curso, mediante su depósito en el Buzón Judicial, por lo que cabe concluir que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente lo en ella impugnado; de ahí que procede el sobreseimiento en el juicio con base en la fracción XIV del numeral 61, en relación con la fracción IV, del diverso numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. En este punto es necesario recordar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, cuando un gobernado sufría una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, indefectiblemente debía plantear su demanda dentro del término de quince días computado a partir de cualquiera de las tres hipótesis que regulaba dicho precepto; es decir, al día siguiente al en que le hubiera surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rigiera; o bien, al día siguiente al en que el quejoso tuviera conocimiento del mismo o de su ejecución, o al en que se hubiere ostentado sabedor de aquél, pues de no hacerlo así, el juicio de garantías que se instare con posterioridad resultaría improcedente conforme a lo previsto en el artículo 73, fracción XII, de dicha legislación abrogada. No obstante lo anterior, la propia Ley de Amparo abrogada estipulaba como casos de excepción exclusivamente en lo atinente a la oportunidad para la interposición de la demanda de garantías, los casos descritos en el artículo 22, en cuya fracción II, se disponía lo siguiente: "Artículo 22.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: (.) II.- Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo." Así, de dicha porción normativa podía obtenerse que en los casos en que se afectara la libertad personal del individuo, sin hacer distinción alguna de que ello aconteciera dentro o fuera de procedimiento, la demanda de garantías podía interponerse en cualquier tiempo; por tanto, cualquier acto emanado dentro de un procedimiento penal por cuya virtud el inculpado quedara restringido de su libertad personal, como por ejemplo, el auto de formal prisión, el proveído en el que se ordenara su reaprehensión, el que resolviera lo atinente al desvanecimiento de datos, entre otros, era susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto en cualquier tiempo, no obstante que hubiera sido dictado con mucha anticipación a la fecha de interposición de la demanda de garantías. Por otro lado, el dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, vigente a partir del siguiente día de su publicación, por virtud de la cual se abrogó la anterior legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, y consecuentemente, las demandas presentadas a partir de la fecha de su entrada en vigor (tres de abril de dos mil trece), deben substanciarse conforme a las disposiciones ahora vigentes; aspecto que se puntualizó en el auto de radicación de quince de abril de dos mil trece. Así las cosas, la fracción IV, del artículo 17 y el diverso ordinal 18, ambos de la Ley de Amparo vigente, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como puede observarse, el legislador preservó el término genérico de quince días para interponer la demanda de garantías, así como las reglas a partir de las cuales comenzará a computarse dicho plazo; sin embargo, excluyó la posibilidad de que el juicio de garantías contra actos emanados dentro de un procedimiento que afectaran la libertad personal del gobernado se interpusiera en cualquier tiempo, ya que -a diferencia de la redacción del inserto artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada-, precisó que los ataques a la libertad personal fuera del procedimiento están sujetos a la atemporalidad del plazo genérico de quince días; por ende, la procedencia del juicio de garantías que nos ocupa debe analizarse al tenor del término de quince días computado a partir del día siguiente al en que le surta efectos al quejoso, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución que reclama. En efecto, de la redacción de la fracción IV del invocado artículo 17 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se advierte que el legislador únicamente incluyó como casos de excepción, los ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, respecto de los cuales el juicio de garantías puede interponerse en cualquier tiempo; acotación que excluye aquellos actos restrictivos de la libertad personal emanados dentro del procedimiento -como lo es el auto de plazo constitucional reclamado en la presente instancia-, respecto de los cuales deben observarse las reglas que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, para computar el plazo de quince días con que dispone el quejoso para instar la acción constitucional; interpretación que guarda congruencia con la fracción II, del invocado ordinal 17. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia número P./J. 45/2014 (10a.), que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 371/2013, en tanto que de su contenido se revela -interpretado contrario sensu-, que los actos privativos de la libertad suscitados dentro de un procedimiento judicial y emitidos a partir de que entró en vigor la Ley de Amparo mediante Decreto publicado el dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación, sí se encuentran sujetos al plazo genérico de quince días a que se refiere su artículo 17. Las circunstancias antes reseñadas hacen indudable la conclusión de que, como se señaló en líneas procedentes, el término para promover la acción de tutela constitucional precluyó en perjuicio de la parte quejosa al haber transcurrido con exceso el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover su demanda de garantías contra un acto emanado dentro del procedimiento penal incoado en su contra, máxime que existe impedimento para aplicar la jurisprudencia que conforme a la anterior legislación, disponía la posibilidad de que el juicio de garantías contra actos de tal naturaleza se instara en cualquier tiempo, habida cuenta que en torno a la vigencia de dichos criterios, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley de Amparo establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia que sobre el particular se haya integrado, en tanto que se opone al texto expreso de los plazos para interponer la demanda de garantías contra un acto que afecta la libertad personal dictado dentro de un procedimiento. Mas aun, tampoco puede soslayarse que el reconocimiento del derecho humano a un recurso sencillo y efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no implica desconocer los requisitos de procedencia que impone el orden jurídico interno para hacer uso de tales medios de defensa, ya que dicho precepto sólo contiene un principio general, cuyas posibilidades habrán de articularse en el sistema constitucional legal, en el que se garantizará su decisión a cargo de la autoridad competente y, por tanto, se tendrá que remitir al sistema jurídico en el cual se pretende hacer valer el derecho a la revisión para valorar si en el caso concreto procede dicho recurso. Son aplicables por las razones que las informan, las tesis asiladas números: 1a. CCLXXV/2012 (10a.), integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 525, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1; la número XVI.1o.A.T.5 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 1753, del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, y la número III.2o.C.3 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 2066, del Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3; todas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra señalan: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos." y "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo número 48/2018, promovido por Darío Pineda Castañeda, por las razones contenidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

Quedan 27 actuaciones en este expediente

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