Dario Pérez Martínez

Expediente 259/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 56 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
259/2015
Año
2015
Actuaciones
56
Última actuación
14/06/2016

Partes del expediente

  • Dario Pérez Martínez
  • Dario Pérez Martínez y Otros.
  • Juez Primero de lo Civil, cd.
  • Director de Seguridad Pública Municipal, cd.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 56.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días, que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído de veintiséis de mayo del año en curso; consecuentemente y con fundamento en el artículo 2 de la Ley Invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Darío Pérez Martínez, ha quedado firme para todos los efectos legales ha que haya lugar. Por otra parte, se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En términos del capítulo tercero, punto decimoprimero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. Asimismo, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo al haberse concedido la medida cautelar solicitada. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión, se deberá destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por último, se advierte que en el presente juicio existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en consecuencia, hágase de su conocimiento para que dentro del término de noventa días solicite la devolución de los mismos, previniéndosele que en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa; lo anterior conforme lo dispuesto por el último párrafo del punto vigésimo del acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte tercero interesado el auto de fecha 26 de mayo de 2016, en el que: "...se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo...", lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I inciso c, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    ........por este medio procedo a notificar a la parte quejosa el presente proveído que dice: Vista la constancia secretarial de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante proveído de dieciocho de mayo del año en curso, la cual le fue notificada al día siguiente, respecto a la causa de improcedencia que envió mediante oficio 2814/2016, de fecha dieciséis de los corrientes, por la autoridad responsable Juez Tercero Civil de esta ciudad de Mexicali, Baja California, por lo que el Suscrito procede a resolver lo que en derecho procede. Ahora bien, la parte quejosa Dario Pérez Martínez, señaló como acto reclamado los actos realizados y por realizarse en el juicio sumario de desahucio 228/2015 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil, así como los actos de molestia, privación y las resoluciones u órdenes mediante las cuales pretenden desalojarlo del inmueble ubicado en boulevard López Mateos número 1650, identificado como lote 11, manzana 23; y lote 12, manzana 23, ambos de la colonia Ex Ejido Zacatecas. Por su parte, la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Mexicali, Baja California, mediante oficio 2814/2016, de fecha dieciséis de los corrientes, anexó copia certificada del proveído de diez de mayo del año en curso, del que se advierte que operó la caducidad de la instancia en el juicio 228/2015 (foja 434 a 436). Actuaciones, de las cuales se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." En efecto en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" . Pues bien, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que el impetrante Dario Pérez Martínez, señaló como acto reclamado los actos realizados y por realizarse en el juicio sumario de desahucio 228/2015 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil, así como los actos de molestia, privación y las resoluciones u órdenes mediante las cuales pretenden desalojarlo del inmueble ubicado en boulevard López Mateos número 1650, identificado como lote 11, manzana 23; y lote 12, manzana 23, ambos de la colonia Ex Ejido Zacatecas; siendo el caso que la autoridad responsable Juez Tercero de lo Civil de Mexicali, Baja California, mediante oficio 2814/2016, de fecha dieciséis de los corrientes, anexó copia certificada del proveído de diez de mayo del año en curso, del que se advierte que operó la caducidad de la instancia en el juicio 228/2015 (foja 434 a 436), lo cual constituyó el acto reclamado a la responsable. De lo cual es dable desprender que cesaron los efectos del acto reclamado, en estas condiciones, al evidenciarse que los efectos de la omisión reclamada en este juicio constitucional ha desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del diverso de la misma ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" . Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" . En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" . Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA . Por tal motivo, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del treinta de mayo de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio enviado por el Juez Tercero de lo Civil, con residencia en esta ciudad de Mexicali, Baja California, al que anexa l cual contiene informe justificado, al que anexa copia certificada de proveído de diez de mayo del año en curso, dictado dentro del expediente 228/2015, en el que se decretó la caducidad de la instancia; con lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; por tal razón, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 64 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días contado a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con dicha causal de improcedencia, apercibiéndosele que de no hacer manifestación alguna, se resolverá lo que en derecho corresponda.

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