Dario Maldonado Vega

Expediente 188/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
188/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • Dario Maldonado Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de siete de marzo del dos mil dieciocho, por el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de amparo. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de siete de marzo actual, que en lo conducente dice: DEMANDA.- Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra el acto que reclama del Juez Quinto Menor Civil en su carácter de (ordenadora) y Jefe de la Oficina Central de Actuarios, en su carácter de (ejecutora), ambos de esta ciudad, que estima violatorio de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 188/2018-VI.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. ANÁLISIS DE DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano. Por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable. Lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el acto que por esta vía se combate el quejoso lo plasmó como: ACTO RECLAMADO: Lo constituye El Auto de fecha 07 de Febrero del 2018, publicado en lista el día 8 de febrero de 2018, que ordena se emita ESCRITURA EN REBELDIA, del inmueble ubicado en Calle *** de Celaya, Gto., derivado de la Sentencia mercantil dictada dentro del expediente ***, dictada por el Juez Menor Quinto civil de Celaya, Gto., y toda vez que al hoy quejoso se le violentaron sus derechos y principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica. Asimismo, en el apartado de los hechos o antecedentes y de los conceptos de violación el quejoso señaló entre otros, lo siguiente: 1) Que al momento de llevarse a cabo el auto de exequendo ordenado por la autoridad responsable, el quejoso se encontraba recluido, compurgando una sentencia emitida el diez de marzo de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo Penal de Partido de esta ciudad, dentro del expediente ***; ante la imposibilidad de embargar y emplazar al quejoso en el domicilio antes señalado, la actora material, solicitó a la autoridad responsable, que se le requiera el pago y emplazamiento al quejoso en el interior del Centro de Readaptación (Cereso), de esta ciudad, autorizado dicho acto por el Juez responsable, por lo cual el siete de abril de dos mil quince, siendo las nueva horas, el licenciado *** en su calidad de actuario designado en turno por la oficina Central de Actuarios de esta ciudad, se apersonó en el interior del Centro de Readaptación (CERESO) de esta ciudad, llevando a cabo dicha diligencia; y una vez que se le requirió el pago y se le exigió que hiciera pago en ese momento de la cantidad de *** o en su defecto señalara bienes para garantizar el pago, y al no señalar entonces dicho derecho pasaría al actor, a lo que manifestó no reconozco el adeudo, ni la firma que lo calza, no tengo para pagar ni señalo nada. 2) El auto que califica de legal de dicha diligencia de embargo. 3) Asimismo, en dicha diligencia le fue hecho el nombramiento de depositario del bien inmueble ubicado en CALLE ***; realizado por la parte actora, y como domicilio de depósito el mismo, dada su propia naturaleza, otorgando 8 días para dar hacer el pago o me oponga a la ejecución. 4) La sentencia dictada dentro del expediente ***, del índice del Juzgado Menor Quinto Civil de Celaya, Guanajuato. En la cual se condenó al pago de la cantidad de ***, como suerte principal, en la vía Ejecutiva Mercantil y en ejercicio de la Acción Cambiaria Directa sobre un documento denominado pagare, señalando como domicilio para requerir el pago y emplazar a juicio al quejoso el ubicado en *** de esta ciudad. 5) El Auto de fecha 07 de Febrero del 2018, en el cual se ordena se emita ESCRITURA EN REBELDIA, del inmueble ubicado en Calle ***, derivado de la Sentencia mercantil dictada dentro del expediente ***, dictada por el Juez Menor Quinto civil de Celaya, Gto. Determinaciones que constituyen los actos materia del reclamo constitucional en la demanda que se analiza. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con base en dichas manifestaciones, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV, del numeral 61, en relación con los numerales 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, toda vez que dichos numerales señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del contenido del primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo se obtiene que, el término genérico para promover el juicio de amparo, es de quince días y de conformidad con lo establecido por la segunda parte del numeral 18, dicho término se computará a partir del día siguiente al en que se entere del mismo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en razón de que, de conformidad con lo destacado en párrafos precedentes y como incluso lo confiesa la parte promovente, se advierte que la demanda en estudio es extemporánea respecto del acto reclamado acotado bajo el inciso 1), toda vez que el quejoso afirmó, bajo protesta de decir verdad, que el siete de abril de dos mil quince, tuvo verificativo la diligencia de embargo y emplazamiento, la cual se llevó de manera personal con el aquí quejoso. Motivo por el cual, la demanda de amparo presentada resulta extemporánea, debido a que la demanda de cuenta debió promoverla dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha indicada -siete de abril de dos mil quince-. Dicho de otra forma, el término de quince días concedido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo empezó a transcurrir el ocho de abril de dos mil quince y feneció el veintinueve de abril de dos mil quince, con exclusión de los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veintiuno, veinticinco y veintiséis de abril de dos mil quince, por ser inhábiles, ello de conformidad con el artículo 19, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo que si el promovente presentó su demanda de amparo hasta el seis de marzo del dos mil dieciocho, según se advierte del matasellos del reloj checador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, Guanajuato, es claro que fue presentada cuando ya había transcurrido en exceso el término de QUINCE DÍAS a que alude el artículo 17 de la Ley de la Materia, para la oportuna presentación de la demanda de amparo, razón por la cual resulta extemporánea. Es aplicable a lo anterior la Tesis IV.2o. C.J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Julio de 2005, publicada en la página 1035, que establece lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia. Igualmente resulta aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XIII-Enero, Octava Época, consultable a página 201, cuyo tenor literal es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTA COMPROBADA LA NOTIFICACIÓN FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Para sobreseer en el juicio de amparo con base en la causal prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita, conforme a esa propia disposición. Asimismo, es aplicable la tesis visible en la página 235, Tomo XI, Junio, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita. De igual forma, cobra aplicación la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Tomo IX, Junio de 1992, en la página 364, la cual es del tenor literal siguiente: CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. Ahora, tomando en consideración que 1) el auto que califica de legal la diligencia de embargo y emplazamiento, 2) el nombramiento del quejoso como depositario del bien inmueble embargado, 3) la sentencia definitiva dictada y 4) el proveído de siete de febrero del año en curso, mediante el cual ordena la escrituración en rebeldía del bien inmueble ubicado en la calle ***, actos emitidos en el en el expediente *** del índice del Juzgado Quinto Menor Civil de esta ciudad, génesis de la diligencia de embargo de siete de abril de dos mil quince, no fue combatida por la parte quejosa, es inconcuso que los consintió. Ciertamente, la apuntada la diligencia de embargo de siete de abril de dos mil quince, se encuentra firme al no haber sido cuestionada por la parte quejosa a través del juicio de amparo, por lo que, para efectos del presente asunto dicho acto de autoridad se presume como consentido. Tienen aplicación a lo anterior las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en las páginas 548, 620 y 295, Tomos I y III, Materias Común y Civil, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: ACTOS CONSENTIDOS. Deben tenerse como tales, para los del amparo, aquellos contra los cuales no se interpone éste dentro del término fijado por la ley. ACTOS CONSENTIDOS. Se reputan así las resoluciones judiciales, contra las que no se promueve amparo dentro del término legal. ACTOS CONSENTIDOS. Lo son, para los efectos del amparo, las resoluciones judiciales civiles, contra las cuales no se haya pedido amparo, dentro de los quince días siguientes a su notificación. Además que los acto reclamados consistentes en: 1) auto que califica de legal la diligencia de embargo y emplazamiento; 2) el nombramiento del quejoso como depositario del bien inmueble embargado; 3) la sentencia definitiva dictada y 4) el proveído de siete de febrero del año en curso, mediante el cual ordena la escrituración en rebeldía del bien inmueble ubicado en la calle***, emitidos en el en el expediente *** del índice del Juzgado Quinto Menor Civil de esta ciudad, no se reclama por vicios propios sino en vía de consecuencia, dado que su inconstitucionalidad se hace depender de la diligencia de embargo llevada a cabo el siete de abril de dos mil quince. Lo anterior es así, porque la parte quejosa no le atribuye a los diversos actos reclamados ningún vicio propio, sino de lo que esencialmente se duele es de la diligencia de embargo de siete de abril de dos mil quince, que no combatió a través del juicio constitucional, y de la cual se hizo plenamente sabedora. Se invoca por aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 13, Tomo VI, Materia Común, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan. En consecuencia, al quedar evidenciado que sobre el particular se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia antes citada, por lo que con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, primer párrafo y 18 del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO por su notoria e indudable improcedencia, la demanda de amparo de cuenta presentada por ***. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. DOMICILIO. Téngase como domicilio para recibir notificaciones por parte del promovente el ubicado en *** en esta ciudad. AUTORIZADOS. Asimismo, se tiene como autorizado de la parte quejosa en TÉRMINOS AMPLIOS a los licenciados ***, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado; y únicamente por autorizados para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos, a Oliva del Carmen Garduño Reséndiz, por así haberlo solicitado el promovente. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, primer párrafo y 18 del mismo ordenamiento legal, se; RESUELVE: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el presente proveído.

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