Darío Lara Lara

Expediente 594/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
594/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Darío Lara Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo, promovido vía electrónica aparentemente por ****, contra actos del Responsable de la Unidad de Transparencia del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número ****. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: a).- El oficio número ****, de ocho de enero de dos mil veinte, con número de folio *****. b).- El oficio número ****, de diecinueve de octubre de dos mil veinte. Asimismo, de la lectura integral de escrito que se atiende, se desprende que los actos reclamados derivan de las solicitudes al Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, respecto a la información pública de diversos servidores públicos. En ese sentido, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la demanda promovida vía electrónica, en razón de que los oficios que se dice reclamar son la respuesta a la solicitud de información pública reclamada a autoridades administrativas. En efecto, para determinar si un órgano judicial federal es competente por razón de materia para conocer de una demanda de amparo, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción o pretensión, a lo que, regularmente, se arriba mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Al respecto, se enfatiza que la competencia es presupuesto procesal de orden público e interés general, que técnicamente ha sido considerado como el límite a la jurisdicción, esto es, la facultad de decir el derecho. Así, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo, en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha determinado diversos tipos de competencias para los jueces de distrito, entre las que destacan: a)Competencia por territorio. b)Competencia por materia. c)Competencia por grado; y d)Competencia auxiliar. Sobre este contexto, la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. En la República Mexicana, esa competencia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y laborales, entre otros, a cada uno de los cuales corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. De lo anterior se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo, que se promuevan en los siguientes casos: I. Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; II. Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; III. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; IV. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal; y, V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese contexto, la suscrita estima que los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo, no se ubican en alguna de las hipótesis señaladas en párrafos que anteceden, en virtud de que no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo y tampoco se trata de una denuncia por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, que para establecer la competencia el juez de distrito no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a ésta para advertir los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. En ese orden, como se anunció, la que ahora provee considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para resolver el presente asunto respecto de los oficios reclamados; ya que son respuestas de autoridades administrativas a solicitudes de información de diversos servidores y aun cuando se haga mención de una indagatoria penal, no se desprenda que dicha información haya sido solicitada como parte de la investigación respectiva, esto es, tendiente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad, sino que incluso se solicitó como información pública, por lo que el acto reclamado encuadra en el supuesto establecido por la fracción IV del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , al no actualizarse los supuestos de las fracciones II del artículo 50 y III del diverso 51 de la ley en cita. En las relatadas circunstancias, previo cuaderno de antecedentes que para tal efecto se forme, deberá remitirse el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a fin de que provea sobre la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. Toda vez que la demanda de amparo carece de la declaración de voluntad de la parte quejosa, notifíques por medio de las listas que se fijen en los estrados de este órgano judicial éste y cualquier determinación jurisdiccional; ello, en virtud de que no se tiene la certeza de la voluntad de quién promueve el presente sumario.

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