Darío Filemón Ramírez Maldonado

Expediente 121/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
121/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Darío Filemón Ramírez Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio número 4443/2020, de nueve de noviembre de la presente anualidad (A.R. 25/2019), testimonio anexo, los autos originales del presente juicio de amparo y un tomo de pruebas, que devuelve el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en esta población; acúsese recibo; glósense los antecedentes relacionados con el envío del referido juicio; y advirtiéndose de la copia certificada del testimonio anexo que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, confirmó la sentencia recurrida en la que se sobreseyó en el juicio de amparo (A.R. 482/2020); en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, devuélvase al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, las copias certificadas del expediente número 164/2016 de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de agosto de dos mil diecinueve. Incorpórese el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito con residencia en esta población, por el que informa recibió los autos originales del juicio de amparo 121/2019 al que pertenece el presente cuaderno y el quince de julio último, el presidente de ese tribunal admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil diecinueve. Adjúntese el escrito del quejoso Darío Filemón Ramírez Maldonado, y para los efectos del recurso de revisión que interpone en contra de la sentencia engrosada el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia de los mismos, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original y copia de éste, así como el original del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en Turno, para la substanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, sin que haya lugar a anexar actuaciones anteriores, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE y personalmente a los terceros interesado.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil diecinueve. De la razón asentada por el Actuario adscrito se advierte que no le fue posible notificar personalmente a los terceros interesados Luz María, María del Pilar y Enrique Osvaldo de apellidos Ramírez Maldonado, la sentencia dictada en autos y toda vez que los mismos no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, con apoyo en la fracción III, inciso a), del numeral 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificarles la sentencia de que se trata, por lista que se fija en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio en la ciudad de Oaxaca o zona conurbada para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA LA SENTENCIA TERMINADA DE ENGROSAR EL VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE ENSEGUIDA SE INSERTA A LOS TERCEROS INTERESADOS DE REFERENCIA: - - - - - - - - - - - - - - - Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 121/2019; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. El dos de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, se recibió la demanda de amparo promovida por Darío Filemón Ramírez Maldonado (fojas 5 - 26), contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Mataoros, Oaxaca, que hizo consistir en: "d) ACTOS RECLAMADOS: Señalo como tal el acuerdo de fecha catorce de enero del dos mil diecinueve dictado en el expediente 164/2016, del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en la parte en que se declara improcedente la petición realizada en cuanto al cierre del bien inmueble objeto del juicio, así como poner sellos y candados y así evitar el ingreso con peligro en el menoscabo patrimonial o imponer medios de apremio a los demás presuntos herederos, solicitud presentada por mi persona en mi calidad de copropietario, como se advierte de los antecedentes del acto reclamado." Acto que estimó transgrede los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y Trámite. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, quien por acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 35 a 38), la radicó y admitió a trámite bajo el número de expediente 121/2019, ordenando solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, y dio la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita. Asimismo se señaló fecha y hora para que tuviere verificativo la audiencia constitucional. En proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (foja 48), se ordenó el emplazamiento a juicio de los terceros interesados José Humberto, Gabriela, Luz María, María del Pilar y Enrique Osvaldo, todos de apellidos Ramírez Maldonado . TERCERO. Audiencia constitucional. Seguido el juicio en su trámite, el catorce de mayo de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; por lo que se pronuncia sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; toda vez que se trata de un asunto en materia civil, cuya ejecución tiene verificativo en el territorio donde este juzgado tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados en el presente juicio de amparo: 1.- El acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 164/2016, en que se declaró improcedente la solicitud de cierre del inmueble objeto del juicio sucesorio, así como de poner sellos y candados para evitar el ingreso al mismo o imponer medios de apremio a los demás coherederos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, por así haberlo externado en su informe justificado, razón por la cual, al haber admitido la existencia del acto que de su autoridad se reclama, debe tenerse como plenamente probado (foja 45). Tiene aplicación, la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, consultable a fojas doscientos treinta y uno, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, deben analizarse las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio se adviertan, atento a lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que dice: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que los actos cuyos efectos son de imposible reparación son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que es parte el Estado Mexicano, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien resiente la afectación. Es decir, son aquellos actos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de garantías bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario puntualizó el carácter excepcional de la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos dictados dentro de juicio, en cuya interpretación el Pleno del más Alto Tribunal del País, determinó que solamente procede contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Se impida el libre ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegue a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Se afecten derechos que revistan la categoría de derechos "sustantivos, en contraposición a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual, sino que depende de que trasciendan o no al resultado del juicio. En el caso, el quejoso reclama el acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 164/2016, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de la extinta Claudia Graciela Ramírez Maldonado, en la parte en que se declara improcedente su petición (como coheredero y copropietario) de decretar el cierre del bien inmueble objeto del juicio, así como poner sellos y candados para evitar el ingreso al mismo con peligro en el menoscabo patrimonial o imponer medios de apremio a los demás presunto coherederos Luego, dicho acto únicamente tiene efectos intraprocesales que pueden o no trascender al resultado del fallo definitivo, pues no constituye una violación formal que afecte los derechos sustantivos en forma irreparable al promovente, sino una violación procesal que puede impugnarse a través del juicio de amparo directo que se haga valer en contra de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen, si la violación adjetiva hubiese trascendido al resultado del fallo, previo agotamiento del principio de definitividad, en términos de los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el acuerdo reclamado fue emitido dentro de la primera sección del juicio sucesorio (llamada de sucesión, artículos 758 y 759 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado) y sólo atañe a un aspecto de índole procesal respecto a la "posible" afectación del bien inmueble intestado sin que ello vulnere los derechos humanos del agraviado ni como coheredero o copropietario. Máxime que tiene expeditos sus derechos para que, una vez dictada la sentencia de adjudicación en el juicio sucesorio y realizada la división del predio respecto de la copropiedad que también ostenta del inmueble intestado, de originarse alguna afectación al predio, haga valer sus derechos en la vía que legalmente proceda. Por ello, la decisión tomada en el procedimiento, respecto a la petición del quejoso del cierre con sellos y candados del inmueble intestado y la imposición de medios de apremio a los coherederos, no es una cuestión que afecte de manera directa algún derecho sustantivo del ahora inconforme. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia por reiteración del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a página 1311, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, Registro 165770, de rubro y texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Así como la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1186, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Novena Época, Registro 184249, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." En tales condiciones, el acto reclamado, no tiene una afectación material a derechos sustantivos que hagan procedente el juicio de amparo biinstancial. En ese contexto, al hacerse patente la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio. De igual manera, no se analizarán los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, en tanto que el sobreseimiento del juicio impide entrar al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que la parte quejosa no se opuso ni hizo manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 121/2019, promovido por Darío Filemón Ramírez Maldonado, en términos de la presente sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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