Darío Eduardo Ontiveros Gómez

Expediente 1289/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1289/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Darío Eduardo Ontiveros Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, trece de enero de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Inexistencia de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    SE DEJO CITATORIO A LAS MORALES TERCERAS INTERESADAS, POR LO TANTO, SE LES NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y SE TIENE POR EMPLAZADAS A JUICIO DE AMPARO JUICIO DE AMPARO 1289/2021. Puebla, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo, signada por *, por propio derecho, contra actos del Fiscal Desechamiento. El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, del examen integral de la demanda de amparo, en específico de lo señalado en el capítulo de "ACTOS RECLAMADOS", se observa que, el quejoso se duele de una orden de aprehensión y su materialización (ejecución), la cual le reclama al Fiscal General en el Estado de Puebla y al Titular de la Dirección General de la Agencia de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla De ello, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, con el primer párrafo del artículo 20 Constitucional, aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV, del diverso 107, también a contrario sensu, de la ley de la materia. . Se explica: En el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio u orden de presentación a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de privación de libertad en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia, en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar la retención por el plazo constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta evidente que, una orden aprehensión, como la que reclama el quejoso, no puede ser emitida por autoridades ministeriales, titulares o directores, de la Fiscalía General del Estado, como las que señala en la demanda de amparo, porque éstas, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no tienen facultades jurídicas para librar tales órdenes, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De tal manera que la restricción de la libertad de la parte quejosa, únicamente, se podría dar con la diversa orden de aprehensión de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, caso urgente o con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades administrativas en mención. En resumen, las autoridades señaladas como responsables, carecen de facultades jurídicas para emitir una orden de aprehensión contra un gobernado, porque ese mandamiento de molestia corresponde y compete únicamente a la autoridad judicial con motivo del sistema penal acusatorio adversarial. De ahí que se actualice la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Darío Eduardo Ontiveros Gómez, por propio derecho, contra la orden de aprehensión dictada en su contra, reclamada a las autoridades administrativas señaladas como responsables, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber al quejoso que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las ordenes privativas de la libertad (jueces). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A" responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Se autoriza como domicilio del quejoso, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo ubicado en esta ciudad de Puebla. Además, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Raymundo Cervantes Samaniego, dado que se encontró registrada su cédula profesional ante el Registro Único de Profesionistas del Derecho. Asimismo, por cuanto hace a Jonas Arturo García Jarillas, sólo se tiene como autorizado para recibir notificaciones porque así lo indicó en su demanda de amparo el quejoso. También se hace saber que desde este momento se les autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Comunicación de las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que el referido medio electrónico de comunicación sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso; y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1289/2021. Puebla, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo, signada por *, por propio derecho, contra actos del Fiscal Desechamiento. El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, del examen integral de la demanda de amparo, en específico de lo señalado en el capítulo de "ACTOS RECLAMADOS", se observa que, el quejoso se duele de una orden de aprehensión y su materialización (ejecución), la cual le reclama al Fiscal General en el Estado de Puebla y al Titular de la Dirección General de la Agencia de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla De ello, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, con el primer párrafo del artículo 20 Constitucional, aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV, del diverso 107, también a contrario sensu, de la ley de la materia. . Se explica: En el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio u orden de presentación a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de privación de libertad en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia, en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar la retención por el plazo constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta evidente que, una orden aprehensión, como la que reclama el quejoso, no puede ser emitida por autoridades ministeriales, titulares o directores, de la Fiscalía General del Estado, como las que señala en la demanda de amparo, porque éstas, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no tienen facultades jurídicas para librar tales órdenes, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De tal manera que la restricción de la libertad de la parte quejosa, únicamente, se podría dar con la diversa orden de aprehensión de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, caso urgente o con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades administrativas en mención. En resumen, las autoridades señaladas como responsables, carecen de facultades jurídicas para emitir una orden de aprehensión contra un gobernado, porque ese mandamiento de molestia corresponde y compete únicamente a la autoridad judicial con motivo del sistema penal acusatorio adversarial. De ahí que se actualice la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Darío Eduardo Ontiveros Gómez, por propio derecho, contra la orden de aprehensión dictada en su contra, reclamada a las autoridades administrativas señaladas como responsables, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber al quejoso que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las ordenes privativas de la libertad (jueces). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A" responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Se autoriza como domicilio del quejoso, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo ubicado en esta ciudad de Puebla. Además, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Raymundo Cervantes Samaniego, dado que se encontró registrada su cédula profesional ante el Registro Único de Profesionistas del Derecho. Asimismo, por cuanto hace a Jonas Arturo García Jarillas, sólo se tiene como autorizado para recibir notificaciones porque así lo indicó en su demanda de amparo el quejoso. También se hace saber que desde este momento se les autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Comunicación de las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que el referido medio electrónico de comunicación sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso; y cúmplase.

  4. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 1289/2021. Puebla, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo, signada por *, por propio derecho, contra actos del Fiscal Desechamiento. El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, del examen integral de la demanda de amparo, en específico de lo señalado en el capítulo de "ACTOS RECLAMADOS", se observa que, el quejoso se duele de una orden de aprehensión y su materialización (ejecución), la cual le reclama al Fiscal General en el Estado de Puebla y al Titular de la Dirección General de la Agencia de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla De ello, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, con el primer párrafo del artículo 20 Constitucional, aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV, del diverso 107, también a contrario sensu, de la ley de la materia. . Se explica: En el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio u orden de presentación a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de privación de libertad en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia, en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar la retención por el plazo constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta evidente que, una orden aprehensión, como la que reclama el quejoso, no puede ser emitida por autoridades ministeriales, titulares o directores, de la Fiscalía General del Estado, como las que señala en la demanda de amparo, porque éstas, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no tienen facultades jurídicas para librar tales órdenes, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De tal manera que la restricción de la libertad de la parte quejosa, únicamente, se podría dar con la diversa orden de aprehensión de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, caso urgente o con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades administrativas en mención. En resumen, las autoridades señaladas como responsables, carecen de facultades jurídicas para emitir una orden de aprehensión contra un gobernado, porque ese mandamiento de molestia corresponde y compete únicamente a la autoridad judicial con motivo del sistema penal acusatorio adversarial. De ahí que se actualice la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Darío Eduardo Ontiveros Gómez, por propio derecho, contra la orden de aprehensión dictada en su contra, reclamada a las autoridades administrativas señaladas como responsables, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber al quejoso que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas para emitir las ordenes privativas de la libertad (jueces). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A" responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Se autoriza como domicilio del quejoso, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo ubicado en esta ciudad de Puebla. Además, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista Raymundo Cervantes Samaniego, dado que se encontró registrada su cédula profesional ante el Registro Único de Profesionistas del Derecho. Asimismo, por cuanto hace a Jonas Arturo García Jarillas, sólo se tiene como autorizado para recibir notificaciones porque así lo indicó en su demanda de amparo el quejoso. También se hace saber que desde este momento se les autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Comunicación de las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. Se hace la precisión que el referido medio electrónico de comunicación sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso; y cúmplase.

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