Dario Daniel Aguilar Espinosa
Expediente 605/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 605/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/04/2023
Partes del expediente
- Dario Daniel Aguilar Espinosa
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por ese Tribunal en el recurso de queja 188/2022, asimismo, devuelve el original del juicio de amparo 605/2022, promovido por Darío Daniel Aguilar Espinosa. Tomando en cuenta que el citado Órgano Colegiado, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido, aunque por razones distintas a las sostenidas por la juzgadora federal. TERCERO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Darío Daniel Aguilar Espinosa, respecto de los actos y autoridades señaladas en el resultando primero de este fallo." (Sic)". Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Acúsese el recibo de estilo. En relación con el cuaderno de antecedentes que se formó, no es necesario agregarlo en autos, únicamente las actuaciones originales que obran en el mismo; y respecto de las restantes, se ordena su destrucción, al ser copias del juicio de amparo. En atención a su contenido este juzgado queda enterado de la determinación emitida por la Superioridad; por ende, procede lo siguiente: ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En razón de que en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 antes mencionado, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Notifíquese a la parte quejosa, que obra glosado al presente expediente, documentos originales que anexó a su escrito inicial de demanda; por lo que se le previene para que, a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, acuda a este juzgado a recogerlos; apercibido que de no hacerlo dentro de un plazo de noventa días, los mismos podrán ser destruidos conjuntamente con el presente asunto. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto, el oficio de cuenta firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual, acusa recibo del diverso 11757/2022, del índice de este juzgado e informa que se admitió a trámite el recurso de queja, recayéndole el número 188/2022. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos para que obre como corresponda, y téngase a la superioridad acusando de recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Estephania Calderón Palacios, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto, el escrito de cuenta signado por Octavio Vázquez de Paz, autorizado en términos amplios de la parte quejosa Dario Daniel Aguilar Espinosa, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de doce de mayo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer el accionante. En ese tenor, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, en razón de que el doce de mayo de dos mil veintidós, en autos del juicio de amparo indirecto 605/2022-VI, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Darío Daniel Aguilar Espinosa. Por tanto, remítase a la brevedad el original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por Darío Daniel Aguilar Espinosa, contra el acto que reclama del 1. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y otra autoridad. I. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 605/2022-VI y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Para efecto de la admisión de la demanda de garantías de que se trata, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del 1. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sito en esta ciudad, Y 2. Actuario de su adscripción, lo siguiente: La orden de requerimiento de pago y embargo por concepto de alimentos dictada en auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, emitida en autos del expediente 368/2021. La ejecución de la orden citada en párrafo que antecede, materializada en la diligencia practicada el diecinueve de abril de dos mil veintidós, en la cual se requirió al quejoso el pago y embargo por concepto de alimentos decretada en el juicio natural. Bajo ese contexto, se considera que en el caso concreto, respecto de los actos reclamados sintetizados supralíneas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con las diversas XIII y XIV, del propio numeral, de la Ley de Amparo, lo anterior, toda vez que los mismos derivan del proveído de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio especial de alimentos número 368/2021, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por medio del cual se radicó la demanda interpuesta por Natividad del Carmen Alfonzo Cuetecalt, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada, en contra del aquí quejoso, y en lo que interesa, se fijó una medida provisional por concepto de alimentos por la cantidad y motivos ahí descritos, además, se apercibió a este último que de no cumplir con dicho mandato se podría hacer acreedor de una multa o en su caso se daría vista al Fiscal del Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional para que procediera conforme a sus atribuciones. En esa tesitura, es evidente que los actos reclamados citados con antelación, no hubiesen surgido a la vida jurídica de no haberse decretado el auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual, se fijó una medida provisional por concepto de alimentos por la cantidad y motivos expuestos en el mismo, y se apercibió al justiciable que en caso de no cumplir con dicho mandato se podría hacer acreedor de una multa o en su caso se daría vista al Fiscal del Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional para que procediera conforme a sus atribuciones; por lo que, ante su renuencia de cumplir con el mismo en proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento condigna, misma que se materializó el diecinueve de abril siguiente, tal y como se aprecia del análisis del propio documento que al efecto exhibió el quejoso, al cual le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 93, fracción VIII, en relación con el diverso 217, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues se encuentra concatenado con los hechos vertidos en su propia demanda. De ahí, que el vínculo entre la orden de requerimiento de pago y embargo por concepto de alimentos y la diligencia practicada en cumplimiento a esta, emanadas del expediente de origen, son una mera consecuencia de la determinación primigenia de trece de mayo de dos mil veintiuno, ya que la naturaleza de estos es adjetiva, derivada y de una secuela; en la lógica de ser una serie de actos coordinados entre sí, para la consecución de un fin común. En esa guisa, se insiste, que la orden requerimiento de pago y embargo por concepto de alimentos dictada en auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, emitida en autos del expediente 368/2021, y su ejecución materializada en la diligencia practicada el diecinueve de abril de dos mil veintidós, en la cual se efectúo el requerimiento condigno, son actos derivados del diverso consentido de forma tácita, consistente en el auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la demanda promovida en contra del aquí quejoso, y se decretó la medida provisional de alimentos, con los apercibimientos condignos, por ende, el plazo para la interposición del amparo indirecto transcurrió en exceso, sin que éste lo haya hecho; por tanto, el aquí promovido resulta improcedente. Asimismo, no se soslayan sus manifestaciones en el sentido de que no ha sido oído ni vencido en juicio; empero, de sus propias manifestaciones bajo protesta de decir verdad se aprecia que el mismo fue emplazado a juicio y el uno de julio de dos mil veintiuno, contestó la demanda de que se trata; en consecuencia, es evidente que tenía conocimiento de la determinación que dio origen a las actuaciones que ahora reclama, y estuvo en aptitud de impugnarlas a través de los medios de defensa ordinarios conducentes o en su defecto, por así considerarlo por esta vía. Robustece la anterior conclusión el hecho de que se intente el juicio de amparo en contra de los actos descritos anteriormente, cuando lo cierto es que los mimos fueron ordenados en trece de mayo dos mil veintiuno, esto es, transcurrieron más de once meses desde ese hecho, lo que revela que la petición de su cancelación, otrosí de ser actos derivados del acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, es una estrategia jurídica para eludir el plazo de promoción de la demanda de amparo indirecto, pretendiendo combatir las consecuencias de este, cuando se advirtió con claridad que lo que pudiera generar perjuicio es la determinación primigenia; sin embargo, esta no fue reclamada en tiempo, ya que se reitera, el quejoso dejó transcurrir en exceso el plazo para controvertirlo, es decir, lo consintió. En términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, se impone aplicar la jurisprudencia de contenido literal: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." En razón de sus consideraciones, es relevante citar la tesis de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Por los motivos expuestos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con las diversas XIII y XIV, del propio numeral, de la Ley de Amparo; que obliga a decretar el desechamiento de la presente demanda conforme al 63, fracción V, de idéntica norma. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. III. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Por las razones que informa se invoca la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Asimismo, en el caso ha quedado evidenciado que existen diversos criterios jurisprudenciales que apoyan esa conclusión, esto es, la improcedencia y desechamiento de la demanda de amparo. Al respecto es aplicable la tesis del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O DE TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", definió que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, será motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de jurisprudencia exactamente aplicable al caso, en la que se define cierto aspecto que directamente da lugar a la actualización de una causa de improcedencia de ese medio de control constitucional, no desvirtuable con posterioridad a la admisión de la demanda, porque si la aplicación de la jurisprudencia, la cual es obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver, entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que dará pie a que el juzgador de amparo advierta de manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a su potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto." Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones del presente juicio de amparo al quejoso, se realizarán por vía electrónica, a través del usuario "DepazOctavio". VI. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Sin que sea necesario proveer respecto al domicilio, toda vez que, como lo solicita en su escrito de demanda, las notificaciones se le harán vía electrónica. Por su parte, se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12, de la ley aplicable, a Octavio Vázquez de Paz, toda vez que su cédula profesional se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Karla Janeth Urbina Méndez, por así haberlo solicitado. VI. AUTORIZACIÓN CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa solicitando el acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo, para lo cual proporciona el nombre del usuario "DepazOctavio". En consecuencia, dese de alta en el Módulo de Autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que puedan tener acceso al expediente electrónico en comento. Atento a lo anterior, se ordena al personal encargado de la digitalización de constancias, realice el escaneo únicamente de las constancias que integran el presente juicio de amparo; y a los actuarios de la adscripción realicen la digitalización de las notificaciones, a partir del presente proveído, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. VII. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de los medios electrónicos para los fines solicitados, respecto al presente juicio, con la salvedad que, de efectuar alguna modificación o alteración en la documentación que se le proporcione, se le podría fincar responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la tesis, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." VIII. SEÑALAMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO. Como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado por el diverso 21/2021 el correo electrónico solo es un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, y por tanto, únicamente se le tiene por ofrecido para ese efecto. IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN LOS TÉRMINOS APUNTADOS.
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