Darío Camarena Ruíz
Expediente 981/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Darío Camarena Ruíz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa ********, interpusiera recurso de queja en contra del auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por ******, en contra de actos del juez Civil de Partido de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 981/2018. Desechamiento de la demanda. Del ocurso inicial de demanda se advierte lo siguiente: Ante el Juzgado Civil de Partido Judicial de Uriangato, Guanajuato, está radicado el juicio especial civil ****; La naturaleza del controversial versa sobre un juicio sucesorio intestamentario respecto a los bienes de ******** (madre del quejoso); Son coherederos en el mismo ****** , todos de apellidos *******, el último, además, en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de ****** (hermanos y madre respectivamente, del accionante); y, Dicho procedimiento se encuentra en la segunda sección llamada "de inventario y avalúos", en donde se ha señalado el albacea e interventor, y se pusieron de manifiesto en la secretaría, por cinco días, el inventario y avalúo de los bienes, a efecto de que los interesados puedan examinarlos (artículo 625 de la codificación procedimental de la materia). Resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas por el promovente, bajo protesta de decir verdad, mismas que hacen prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que es parte formal dentro del procedimiento de origen, pues tiene de calidad de coheredero en el mismo. Ahora, la parte promovente señala como acto reclamado la resolución de seis de noviembre de dos mil dieciocho, que recayó al recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de dieciséis de octubre de la presente anualidad, en el que se tuvo al representante legal de la sucesión intestamentaria desahogando el requerimiento formulado mediante prevensión de cinco de octubre de la presente anualidad, por cuanto a acreditar que a la finca urbana marcada con el número ****, de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, actualmente le corresponde el número ***, para efectos de avalúo e inventario del caudal hereditario del sucesorio intestamentario subyacente. Así, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Sobre esa línea de pensamiento, en la especie, se advierte un motivo manifiesto de improcedencia que impone desechar de plano la demanda, en virtud que se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la primer legislación invocada, este último interpretado a contrario sensu, que establecen lo siguiente: De la Carta Magna: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." De las citadas disposiciones legales, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra de actos dentro de juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe mencionar que conforme a la Ley de Amparo, las violaciones adjetivas o formales cometidas en un procedimiento, sólo son reclamables en el amparo directo, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Ello es así, ya que la actual Ley de Amparo, en el artículo 107, fracción V, precisa el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De lo que puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es decir, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Fundamenta lo anterior la jurisprudencia: I.1o.A.E. J/5, publicada en la página 1902 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, materia común, Décima Época, registro 2011338, cuyo rubro y contenido versan: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sobre ese contexto, si el acto reclamado sólo produce una violación procesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser objeto de análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues ésta vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Cobra aplicación al caso, las consideraciones visibles en la ejecutoria que generó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Lo expuesto permite advertir que para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio es necesario que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y que este derecho sea sustantivo, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva. Resulta oportuno destacar que el tipo de procedimiento de que deriva el acto reclamado, se integran por cuatro secciones perfectamente diferenciadas entre sí, las cuales concluyen con las resoluciones respectivas que deciden la materia de cada una de ellas. Cada una de esas etapas se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, por lo que no hay una sentencia definitiva que abarque todo el procedimiento, lo que conlleva a determinar que la resolución final que llegue a pronunciarse en la última etapa de cada una de las tres primeras secciones es impugnable a través del juicio de amparo indirecto y sólo en contra de la última (cuarta sección) procede el amparo directo, según corresponda; lo anterior, una vez agotado el recurso ordinario respectivo. Por tanto, las violaciones procesales cometidas en la última etapa pueden ser impugnables a través del amparo directo que en su momento se promueva contra la resolución que decida esa última etapa, que es de "partición y adjudicación". Sin embargo, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de cada etapa anterior a la de partición y adjudicación, dependiendo de su naturaleza, son impugnables en amparo indirecto, previa la preparación legal necesaria, hasta la resolución que pone fin a dicha etapa, y no al promover el amparo directo en contra de la sentencia definitiva que concluya la última etapa, pues como quedó apuntado, cada etapa del juicio sucesorio guarda cierta autonomía y objeto especial, además de que se resuelven por separado. Por tanto, las aludidas violaciones procesales cometidas en las tres primeras etapas sólo pueden alegarse al impugnar mediante juicio de amparo indirecto la resolución que ponga fin a cada una de dichas etapas, previo agotamiento de los recursos ordinarios pertinentes, pues de alegarse de forma inmediata sin esperar la resolución final de la etapa correspondiente, el amparo indirecto resulta improcedente, con apoyo en el artículo 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Se invoca en apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis VI.2o.C.238 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal que se cometan durante el trámite de éstas, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a cada una de dichas secciones, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, por no tratarse de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación." Entonces, si en el caso el promovente de amparo reclama del juez Civil de Partido Judicial de Uriangato, Guanajuato, la resolución de seis de los actuales, que recayó al recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por desahogado el requerimiento formulado al albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Herlinda Ruiz Niño o Herlinda Ruiz viuda de Camarena mediante proveído de cinco de octubre de la presente anualidad, por cuanto a acreditar que a la finca urbana marcada con el número 40 de la calle Profesor Gerardo Pedraza, de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, actualmente le corresponde el número 60, para efectos de avalúo e inventario del caudal hereditario del juicio sucesorio C216/2017; debe decirse que el acto combatido no reúne las características de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Ello es así, ya que con dicho acto sólo se puede afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que sólo trae como consecuencia la afectación a los derechos adjetivos del quejoso; puesto que incide en la continuación de la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario de origen; esto es, el acto reclamado no se trata de una resolución que decide el fondo de la sección ni de una resolución que represente obstáculo para su conclusión, ni menos de una que guarde autonomía, o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente; de ahí que se estima, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Se invoca en apoyo, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1546, tomo XIX, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y el texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." De igual manera, por identidad jurídica sustancial, se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/316 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de epígrafe y texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Motivo por el cual, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo definitivo de esa sección "de inventarios" en donde se pronuncie sobre el haber hereditario y el valor de este, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que las pretendidas violaciones procesales llegaran a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la resolución de la segunda etapa es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe el procedimiento hasta concluir las etapas correspondientes, por lo que por el momento el acto reclamado no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante, dado que no se ha decidido, en definitiva la sección relativa del juicio sucesorio natural; y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De lo que se evidencia que dicho acto no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, pues la resolución del recurso de revocación de mérito, no implica, por sí sola, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos, ni lo dejan sin defensa en el juicio sucesorio, dado que se trata de un acto que tiende al procedimiento de esa segunda sección del juicio sucesorio testamentario de origen y, por ello, sólo en su caso puede infringir derechos adjetivos. Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la primer legislación invocada, este último interpretado a contrario sensu. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el ubicado en calle *** Así también, como sus autorizados en términos amplios así del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica en su escrito de cuenta, toda vez que según consta de la certificación que antecede tienen registrada su cédula profesional de licenciados en derecho ante el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que al pasante en derecho, en términos del artículo 24 de la invocada legislación, esto es, solamente para imponerse de los autos y recibir notificaciones de índole personal, por así haberlo designado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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