Darío Avendaño Aragon

Expediente 1396/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1396/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Darío Avendaño Aragon

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DESECHADA-ARCHIVO

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve *********, contra actos del Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1396/2023-I. En el caso, la resolución de doce de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la causa penal 84/2016, que negó la petición del quejoso de requerir a la representación social lo concerniente a la notificación de los ofendidos o víctimas de la sentencia definitiva dictada en la causa penal de origen a fin proceder al trámite de su preliberación; sin embargo, esa situación no actualiza una afectación real y actual a la esfera jurídica de la accionante del amparo. Esto se considera así, en virtud de que la aludida determinación, a consideración de esta juzgadora en modo alguno se vulnera su esfera de derechos; esto es, no existe algún derecho subjetivo protegido por la norma que sea afectado de forma real, esto es, por no haberse acreditado el agravio personal y directo que ocasiona la emisión de acto reclamado. Máxime que atendiendo a la naturaleza del acto impugnado, debe considerarse que corresponde a un juez de ejecución la competencia para pronunciarse sobre cuestiones sobre aspectos preliberacionales, ya que el artículo 25, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que todo trámite sobre la ejecución de las penas recae sobre los jueces especializados, los que tienen la obligación de garantizar la ejecución de la sentencia de condena de manera integral. Ello, se estima pues a partir del reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, y que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas. Así, la reforma publicada en el citado medio de difusión oficial el diez de junio de dos mil once, que modificó el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley Fundamental, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, se extendió el esquema de protección constitucional al modelo del sistema penitenciario, al establecer que el mismo se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos. En efecto, con la mencionada reforma constitucional se puso de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas permanecía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación, se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, con lo que se crea la figura de "jueces de ejecución de sentencias". Con ello, todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde se debe cumplir la pena y situaciones conexas. Es así, como partiendo de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y oral, se crea la Ley Nacional de Ejecución de Penas, en la que además de establecer el objeto y los principios que rigen el sistema penitenciario, también se estipula el ámbito de competencia que le otorga a los jueces de ejecución. De esta manera, a partir de su entrada en vigor no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de la sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, a quienes les corresponderá asegurar el cumplimiento de las penas y controlas las diversas situaciones que se puedan producir en el cumplimiento de aquellas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria, como se establece en el artículo 24 del propio ordenamiento. Motivo por el cual, se itera que el acto reclamado por esta vía, no irroga perjuicio a la parte quejosa, atento a los razonamientos esgrimidos en líneas que anteceden. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5º, fracción I, así como del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

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