Darío Antonio Martínez García

Expediente 1057/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1057/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Darío Antonio Martínez García
  • Ministerio Público de la Federación Adscrita A Este Juzgado Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal que guarda. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ha fenecido el término de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el auto por el sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Firmeza del auto. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, el mismo es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Autoridad informa imposibilidad para designar perito Intégrese a los autos el oficio firmado por el Director de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales, por medio del cual, en representación del organismo en mención y atención a la vista otorgada en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, informa que no cuenta con personal que pueda fungir como perito en las materias de hidrología forense y agronomía, asimismo que carece de presupuesto para contratar un perito particular y, por ende, solicita que se pida la designación correspondiente a la Fiscalía General de la República, Dirección General de Servicios Periciales, en aras de no dejarle en estado de indefensión. No ha lugar ordenar diligencias para su designación a favor de la responsable Al respecto, no ha lugar a proveer favorable su petición, en atención a que este recinto no puede asumir las cargas procesales de las autoridades responsables, no obstante ello, es importante destacar, que la prueba pericial en el juicio de amparo no es colegiada, porque el único peritaje cuyo dictamen es indispensable para su debida integración y desahogo es el del perito nombrado por el órgano; de ahí que, si la responsable no se encuentra en posibilidad de designar un experto se le tendrá por conforme con el dictamen que, en su momento, rinda el perito oficial. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  3. Principal

    AVISO. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE QUEJOSA el acuerdo de treinta y uno de agosto del presente año, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio procesal. Además, con apoyo en el ordinal 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que designa y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Clasificación de la información remitida. Dado que no se cuenta con acta de clasificación expedida por autoridad competente, se hace efectivo el apercibimiento previsto en auto admisorio y se ordena glosar las constancias exhibidas de manera normal al presente sumario, al estimarse de acceso público. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en mérito de lo anterior y visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 01/450/19-II. Información y documentales aportadas por las autoridades responsables. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable adjuntas a su informe justificado, se aprecia que en doce de julio de dos mil veintidós, la junta responsable dictó laudo dentro del juicio laboral 01/450/19-II, laudo que fue notificado de manera personal a la parte quejosa el veinticinco de agosto del mismo año y a la demandada por medio de boletín laboral el dieciséis de agosto del actual, constancias que merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. Actualización de causales. De lo anterior, se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa consistente en la omisión de dictar laudo, ha cesado en sus efectos, pues en doce de julio de dos mil veintidós, la responsable dictó el laudo correspondiente, el cual fue notificado de manera personal a la parte quejosa el veinticinco de agosto del mismo año y a la demandada por medio de boletín laboral el dieciséis de agosto actual, por lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, como si la violación reclamada no hubiese surgido a la vida jurídica, con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Asimismo, la anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye al rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Conclusión. En las condiciones anotadas con fundamento en los artículos 61, fracciones XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, por los motivos anteriormente mencionados. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que, por una parte, no existían y, por otra, han cesado los efectos de los actos que señaló como reclamados. Por consiguiente, cuando la causa de improcedencia es notoria e indudable, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ocho horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Quejosa subsana prevención. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la prevención ordenada en proveído de nueve de agosto pasado. Por tanto, téngase a la parte quejosa subsanando la prevención formulada en autos y, por ende, se está en condiciones de proveer respecto a la demanda. Sin que obste lo anterior, que no lo haya hecho bajo protesta de decir verdad, pues solo se aclaró el juicio de donde emana el acto reclamado, más no los antecedentes. Admisión de demanda. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Autoridad responsable. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Omisión de dictar laudo en el juicio laboral 01/450/2019. Cabe hacer notar que la anterior precisión del acto reclamado, se realiza de manera preliminar y sin perjuicio de que en la sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, éstos sean fijados, con base en la totalidad de la información y las constancias que obren en este expediente con motivo de su tramitación, puesto que ello se debe armonizar con los datos que emanan del escrito de demanda, a efecto de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Del incidente de suspensión. Atento lo estatuido por el numeral 128 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la legislación en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, acompañando copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder en relación al acto reclamado. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se le atribuye y con fundamento en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Sanción ante manifestaciones falaces. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a la autoridad responsable que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en los términos que señale el código penal aplicado en materia federal. Correo electrónico institucional como medio de comunicación. Por otra parte, en aras de una pronta impartición de justicia, en concordancia con las medidas de contingencia sanitaria aplicadas en los órganos jurisdiccionales, se indica a la responsable que podrá, siempre y cuando la voluminosidad de las constancias que anexe al mismo así lo permita, enviar su informe justificado a la dirección de correo electrónico 10jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, con archivo anexo en formato .PDF o .JPG y que el documento se encuentre escaneado con la firma del funcionario jurídicamente autorizado para tal efecto, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad y número telefónico. Clasificación de la información que se remita como apoyo al informe justificado. Asimismo, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberá remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a la responsable que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. De la audiencia constitucional. Se señalan las once horas con veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del Agente del Ministerio Público de la adscripción. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De la parte tercera interesada. Este juzgado federal considera que en el caso no es necesario llamar al presente juicio de amparo como tercero interesada a la contraparte del quejoso quien es parte actora en el juicio de origen, ya que la sentencia, que en su caso se dicte en el fondo del asunto, no le irroga perjuicio alguno, en atención a la tesis de jurisprudencia VI.T.J/1 (10ª) del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, registro 2000923, Página 1751, de rubro se lee: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J.90/2010)." Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, acorde con lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarle por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese; y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

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