Dario Alfredo Velasco García
Expediente 564/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Dario Alfredo Velasco García
- DARIO ALFREDO VELASCO GARCÍA y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil dieciocho. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintiocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 16 a 19), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, en auto de veintiocho de junio pasado, donde se ordenó formar el tomo de pruebas (foja 15). Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, el informe justificado que rinde la Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro; al que adjunta copias certificadas derivadas del juicio ejecutivo mercantil 165/2015. Ahora bien, de la lectura integra de las constancias de autos, se aprecia que la parte quejosa reclama de la mencionada A quo, lo siguiente: ? Omisión de acordar íntegramente su promoción presentada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual formuló alegatos y solicitó dictara sentencia, en el juicio ejecutivo mercantil 165/2015. ? Acuerdo dictado el ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual, de oficio declaró la caducidad de la instancia en el citado juicio ejecutivo mercantil. En ese orden, la precitada autoridad, aceptó parcialmente la existencia de los actos reclamados, sin embargo, de la lectura integra de dicho informe, se advierte la plena existencia de los mismos. Lo anterior, es así, toda vez que agregó que ante ese Juzgado se tramita el Juicio ejecutivo mercantil 165/2015, promovido por el quejoso DARIO ALFREDO VELASCO GARCÍA, con el carácter de endosatario en procuración de la persona moral, Caja Popular Mexicana, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en el cual, mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, el aquí quejoso formuló sus alegatos y solicitó se citara a las partes para oír sentencia, por ello, en acuerdo de veinticinco de mayo de esa anualidad, la Juez de instancia acordó dicho ocurso, únicamente por lo que se refiere a los alegatos; asimismo, en actuación de ocho de mayo de dos mil dieciocho, de oficio decretó la caducidad de la instancia. Bajo ese contexto, contra el referido acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 165/2015 de su registro, respecto del cual, la precitada Juez, de oficio declaró la caducidad de la instancia, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.]. Precisado lo anterior, los artículos 1334, 1335 y 1340 del Código de Comercio vigente en la época en que se instauró la demanda ante la Juez de instancia, establecían: Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Art. 1,335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso. [.] Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. De la transcripción anterior, se conoce que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente estuvo en condiciones de interponer recurso de revocación, para combatir con ello el auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho, en la que la Juez de conocimiento decretó de oficio la caducidad de la instancia; ya que dicho medio de defensa tiene como efecto revocar modificar o nulificar el acto reclamado, puesto que la suerte principal que reclamó en el juicio de origen, no excede de la suma de $562,264.43 (Quinientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.), como consta en su demanda de amparo que dio origen a ese juicio, anexa al cuaderno de copias certificadas que se remitió con el informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, se estima que en contra del acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 165/2015, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, por el que se decretó de oficio la caducidad de la instancia, es factible el recurso de revocación; por ende, la parte quejosa, previamente a la acción constitucional debió haber promovido el citado medio de impugnación, para combatir con ello el auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho. Ello, en virtud de que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en que para estar en aptitud de ocurrir a promover dicha instancia, el particular debe agotar primero el medio de defensa que prevé la ley ordinaria, a efecto de lograr con ello modificar, revocar o nulificar el acto tildado de ilegal, lo anterior tiene como sustento el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, y que sólo puede ser accionado cuando el particular haya sufrido un agravio personal y directo, en sus derechos humanos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 96/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 709, Libro I, tomo 2, octubre de 2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. Del artículo 1076, fracción VII, del Código de Comercio, se advierte que tratándose de juicios mercantiles, la resolución que decrete la caducidad es impugnable a través del recurso de apelación, en caso de que el juicio admita la alzada. Al respecto, el artículo 1340 del mismo ordenamiento, condiciona la procedencia del recurso de apelación al monto o cuantía del asunto, por lo que si la resolución que decretó la caducidad en la primera instancia se dicta en un juicio que no admite dicho recurso, puede controvertirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del citado código, que procede contra los autos que no son apelables y los decretos. Lo anterior es así, porque la declaratoria de caducidad es un auto definitivo que extingue la instancia pero no la acción; convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y vuelve las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, ya que no decide la controversia de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena como lo exigen los artículos 1077, primer párrafo, 1325, 1326 y 1327 del Código de Comercio, de ahí que se ajuste al supuesto de procedencia del recurso de revocación. Además, también es aplicable, jurisprudencia número 37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902 del tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Sin que para lo anterior, se deje de observar que tratándose de sentencias definitivas o laudos, entendiéndose por éstas las que decidan el juicio de origen en lo principal, los Tribunales Colegiados de Circuito, serán los competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas contra dichos actos, aunque no se haya agotado el medio ordinario de defensa previsto para impugnarlas, toda vez que el acto que ahora se tilda de inconstitucional, no se ubica en alguno de esos supuestos, ya que si bien es una resolución que puso fin al juicio, y lo dio por concluido, no decidio el mismo en lo principal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rúbro siguiente: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado que hace consistir la parte quejosa, en la omisión de acordar íntegramente su promoción presentada el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual formulo alegatos y solicitó dictara sentencia, en el juicio ejecutivo mercantil 165/2015, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] La causa de improcedencia citada se puede actualizar en dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se actualiza la sustitución de actos procesales, que consiste en la dependencia de una actuación de otra, por la relación que guardan entre sí, de manera que la resolución del segundo acto deja sin efectos el acto previo; es decir, el segundo acto en realidad sustituye al primero y rige en lo sucesivo la situación procesal decidida (sustitución). En relación con el mismo tópico, conviene recordar que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado controvierte a través de la instancia constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional, y ese acto es sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y se emitió otro que lo modificó, revocó o confirmó, o bien, porque en virtud del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. Ahora bien, la actualización de la hipótesis de improcedencia en comento, encuadra al caso particular, toda vez que el amparista se duele que la autoridad responsable no acordó en su totalidad su escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, por el cual formuló alegatos y solicitó se dictara sentencia, lo cual, es cierto, pues la autoridad mediante acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, únicamente se pronunció respecto a los alegatos formulados por el impetrante. No obstante a lo anterior, la Juez de instancia, el ocho de mayo de dos mil dieciocho, de oficio decretó la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil 165/2015; por ende, se tiene que esa determinación sustituyó la diversa de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, por el cual la autoridad omitió hacer pronunciamiento respecto a la petición de que se dictara sentencia en el aludido juicio, no siendo dable abordar dicha omisión en esta instancia constitucional, ya que en el supuesto de declararse la inconstitucionalidad de ese acto, se trastocaría la determinación que decretó la caducidad de la instancia, contra la cual, procede recurso ordinario para nulificarla. Lo anterior, conduce a concluir que la omisión que se advierte, no puede ser motivo de análisis en este juicio constitucional, toda vez que, cesó en sus efectos por sustitución procesal, con motivo del acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho, en el que de oficio se decretó la caducidad de la instancia, en todo caso, esa violación el quejoso la tiene que hacer valer forzosamente mediante el recurso que legalmente procede, esto es, el recurso de revocación. Por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Finalmente, con las copias certificadas remitidas se ordena forma cuaderno auxiliar I.
- Principal
MESA VI B Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil dieciocho. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ...... ; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 564/2018. En términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, fracción IV, 21, tercer párrafo, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 117, 125 y 128 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata; se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Tramítese sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Se señalan las nueve horas con diez minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, para la audiencia constitucional. Solicítese a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes a que reciba el oficio, para ello, acompañará en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, haciéndole de su conocimiento que de no cumplir, el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, establece que se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización. A fin de agilizar el procedimiento, se pone a disposición exclusiva de la autoridad responsable el correo oficial de este Juzgado 1jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 2 3870, para que por tales vías pueda enviar comunicaciones oficiales. Se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al expediente del cual derivan los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, se les impondrá multa prevista en el precepto 251 de la referida Ley. Resérvese el emplazamiento a la parte tercera interesada, hasta en tanto obre el informe de la responsable, y en su caso, se advierta a quien o quienes les resulte tal carácter. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, y por autorizado con las amplias facultades que establece el numeral 12 de la ley de la materia, a ........ , por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para recibir notificaciones a las restantes personas, por no encontrase registradas sus cédulas profesionales en el aludido sistema computarizado. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado.
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