Darío Alberto Ruiz Ramírez
Expediente 955/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Darío Alberto Ruiz Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al gestionante del amparo en proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló en dicho auto, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al gestionante del amparo en proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló en dicho auto, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución adscrita al Juzgado Único de ejecución del Sistema Oral de esta localidad; fórmese el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 955/2016-I. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y IV del artículo 114, en relación con el diverso 108, fracciones III y IV, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La primera irregularidad surge de lo estipulado en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto el impetrante en su demanda de amparo, en específico, en el capítulo atinente al acto reclamado señaló de manera literal: "La ilegalidad de TODAS Y CADA UNA DE LAS NOTIFICACIONES QUE SE ME REALIZARON EN FORMA DISTINTA A LO ORDENADO POR LA Ley y como consecuencia la revocación del beneficio que me fuera concedido en sentencia por el juez de origen del juzgado Penal de Partido de Primera Instancia de Apaseo el Grande, Guanajuato, consistente en el Sustitutivo Legal de Jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Notificándome todo el procedimiento de revocación por lista." Como se observa de la narrativa anterior, no se puede establecer de manera clara qué notificación o notificaciones son las que realmente se duele el quejoso, mismas que aduce le fueron practicadas en el procedimiento del que emana el acto reclamado, ya que su precisión la realiza de manera genérica y no específica. En tal virtud, resulta necesario que la parte quejosa aclare el acto que reclama en esta instancia, pues resulta determinante para poder substanciar el sumario. B) La segunda irregularidad, surge de la fracción III del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "(.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". El precepto en cita establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa tiene la obligación de señalar en su demanda de amparo a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En el caso concreto, del capítulo relativo a las autoridades responsables, se advierte que el quejoso señaló únicamente como tal al: Juez de Ejecución adscrita al Juzgado Único de Ejecución del Sistema Oral, con sede en esta localidad. Sin embargo, debe decirse que en el capítulo de acto reclamado y en el diverso de antecedentes de su demanda, se desprende que únicamente hace imputaciones directas al Juez Penal de Partido de Primera Instancia de Apaseo el Grande, Guanajuato, pero ninguna manifestación vierte respecto de cuál es el acto que reclama de la autoridad que señalo como Juez de ejecución del Sistema Oral de esta localidad. Bajo dicha guisa, se estima imprescindible que el quejoso, determine con claridad a qué autoridad desea señalar como responsables, ello para llevar a cabo su debido llamamiento a juicio. Además, ya que como pudo observarse en el inciso anterior, el promovente se duele de las notificaciones que le fueron practicadas en el procedimiento de origen; resulta necesario que señale también como autoridad responsable al actuario adscrito a dicho juzgado. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones III y IV, en relación con el diverso 114, fracciones I, II y IV, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise con exactitud cuál es el acto que combate en esta instancia constitucional, de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del presente acuerdo. Aclare la autoridad que desea señalar como responsable en el presente juicio de amparo; y además, señale como tal al actuario adscrito al juzgado responsable. Los requerimientos que al efecto se emiten conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observados dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Santiago Ortiz Puga y Fernando González Salinas, en virtud de que obran respectivamente sus cédulas 1801509 y 1774055, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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