Dario Adan Huitron Miranda

Expediente 1508/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1508/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Dario Adan Huitron Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; trece de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, devuelve el juicio de amparo 1508/2019-VII, del índice de este órgano jurisdiccional y comunica el proveído de once de diciembre pasado, en el que determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por Darío Adán Huitron Miranda, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México y otras autoridades. Atento a lo anterior, el homólogo oficiante para no aceptar la legal competencia planteada, en esencia, expresó lo siguiente: "(.) Así las cosas, acorde con el contenido integral, armónico y a coherencia del artículo 37 de la Ley de Amparo, aunado al principio de "continencia de la causa", puede afirmarse válidamente que en el caso de que en la demanda de amparo se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que si requiere ejecución material y otros que no requieren ejecución material, de acuerdo a la jurisprudencia obligatoria del Alto Tribunal ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cual debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno." En mérito de lo anterior, este órgano de control constitucional no comparte el criterio del homólogo y sostiene la incompetencia para conocer del asunto, pues los argumentos vertidos por este juzgador en declaratoria de incompetencia en auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, son sólidos y suficientes para fincar la competencia al Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, pues en dicha determinación se estableció: "(.) INCOMPETENCIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el quejoso Darío Adán Huitron Miranda, por derecho propio, reclama todo lo actuado en el expediente 531/2017 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, tendiente a privarlo de la posesión del bien inmueble, ubicado en Domicilio Conocido, Localidad de Calpulalpan, Código Postal 54265, Jilotepec, Estado de México. Aunado a lo anterior, del análisis integral de la demanda, no se advierte dato alguno que ponga de manifiesto a aporte algún indicio de que el acto reclamado pudiera tener ejecución en este territorio jurisdiccional; pues como se adelantó tendrá ejecución en diversa demarcación a la que tiene jurisdicción este juzgado; es decir, la ejecución se materializara en Jilotepec, Estado de México. Ello pues el procedimiento de origen se integra por el Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, y en este se ordenó la entrega del bien inmueble que defiende el quejoso ubicado en Domicilio Conocido, Localidad de Calpulalpan, Código Postal 54265, Jilotepec, Estado de México. Por lo tanto, es claro que los actos reclamados tienen ejecución en ese municipio. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno; por lo que evidentemente este órgano jurisdiccional no tiene competencia legal por razón de territorio. Sirve de apoyo, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, ya que dentro de su jurisdicción se ejecuta el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar inmediatamente a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente vía SISE. (.)" Argumentos que se reiteran en este acto por considerar que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. En ese orden, se advierte que el acto reclamado -todo lo actuado en el expediente 531/2017 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, tendiente a privarlo de la posesión del bien inmueble, ubicado en Domicilio Conocido, Localidad de Calpulalpan, Código Postal 54265, Jilotepec, Estado de México-, tiene ejecución material dentro de la jurisdicción del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, puesto que la ejecución se materializara en Jilotepec, Estado de México, y las autoridades responsables tienen jurisdicción dentro de dicha entidad federativa. Pero además, conforme al diseño competencial por territorio previsto en la Ley de Amparo, al existir un acto que tiene ejecución, a efecto de no dividir la continencia de la causa, debe conocer del asunto el Juez de Distrito que precisamente ejerza jurisdicción en el lugar en que se ejecute el acto reclamado. Sirve de apoyo la tesis 3a. XVIII/92. Publicada en la página 19, Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Marzo de 1992, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, con número de registro: 206851, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto.". Así como la tesis I.15o.A.41 K, visible en la página 2288 del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, Registro: 162635, del contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." (Lo subrayado no es de origen). Por lo que, este Juzgado Federal insiste en declinar la legal competencia para conocer del presente asunto, al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en la jurisdicción del juzgado oficiante. Expuesto lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero, del artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional considera pertinente remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para que tenga a bien resolver cuál Juez de Distrito es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Darío Adán Huitron Miranda. Comuníquese la anterior determinación al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; seis de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibidos los oficios de cuenta signados por el Juez y Ejecutor ambos del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, México, a través de los cuales informan a este juzgador que el tres de diciembre de dos mil diecinueve, entregó y puso en posesión el inmueble materia del juicio de origen a la parte actora, por conducto de su apoderado legal, ello en cumplimiento a los acuerdos de treinta y uno de octubre, quince y veintiuno de noviembre, todos de dos mil diecinueve, así como el resolutivo cuarto de la sentencia definitiva de trece de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 531/2017. Atento a lo anterior, agréguense a los autos los oficios de cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar, tomando conocimiento de lo informado por las autoridades responsables. INCOMPETENCIA. visto el estado procesal que guardan los presentes autos, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el quejoso Darío Adán Huitron Miranda, por derecho propio, reclama todo lo actuado en el expediente 531/2017 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, tendiente a privarlo de la posesión del bien inmueble, ubicado en Domicilio Conocido, Localidad de Calpulalpan, Código Postal 54265, Jilotepec, Estado de México. Aunado a lo anterior, del análisis integral de la demanda, no se advierte dato alguno que ponga de manifiesto a aporte algún indicio de que el acto reclamado pudiera tener ejecución en este territorio jurisdiccional; pues como se adelantó tendrá ejecución en diversa demarcación a la que tiene jurisdicción este juzgado; es decir, la ejecución se materializara en Jilotepec, Estado de México. Ello pues el procedimiento de origen se integra por el Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, y en este se ordenó la entrega del bien inmueble que defiende el quejoso ubicado en Domicilio Conocido, Localidad de Calpulalpan, Código Postal 54265, Jilotepec, Estado de México. Por lo tanto, es claro que los actos reclamados tienen ejecución en ese municipio. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno; por lo que evidentemente este órgano jurisdiccional no tiene competencia legal por razón de territorio. Sirve de apoyo, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, ya que dentro de su jurisdicción se ejecuta el acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar inmediatamente a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente vía SISE. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, tomando en consideración lo narrado en párrafos precedentes, se deja insubsistente la fecha para la celebración de la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cinco minutos del diecisiete de diciembre dos mil diecinueve. Notifíquese.

  3. Incidental

    VII) Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1508/2019-VII, promovido por Darío Adán Huitron Miranda, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México y otras autoridades. (...) Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a Darío Adán Huitron Miranda, la suspensión definitiva, respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos primero y segundo de esta resolución, y por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. Notifíquese.

  4. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual formula alegatos dentro del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Finalmente, en lo relativo a la petición del representante social, en el sentido de que se le expida copia certificada de la resolución que recaiga al presente juicio, como lo disponen los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, una vez que se dicte ésta expídase a su costa, previa toma de razón que por su recibo obre en autos. Al presentarse a recogerla, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial para que previa certificación sea glosada para debida constancia legal. Notifíquese.

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