Darinel Perez Diaz
Expediente 719/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/02/2021
Partes del expediente
- Darinel Perez Diaz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, destaca que, de conformidad con los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se decretó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por lo que en ese período no corrieron términos. Asimismo, en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos, lo que implicó su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Así como que, mediante Circular CAP/3/2020, signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 (AG 13/2020), lo que implicó que no correrían términos en el período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Por tal motivo, en el presente asunto se suspendieron los plazos y términos durante el lapso anotado, en virtud que no se ubicaba en una de las hipótesis de urgencia, trámite en línea o priorización, a que se refieren los artículos 1ro, 12, 23 y 24, fracción II, del Acuerdo General 13/2020, modificado por los diversos 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Aunado a lo anterior, visto el estado de autos y la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que ha CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno, y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso b) del artículo 21, del citado Acuerdo General1, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, como lo dispone el artículo 22 del acuerdo normativo. En atención a lo anterior, es evidente que, el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 21, tercer párrafo, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, el presente expediente deberá destruirse en el Juzgado y 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; posteriormente remitirse el acta y listados correspondientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. DOCUMENTOS EXHIBIDOS POR LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, quedan a disposición de la parte quejosa los documentos que, en copias simples exhibió en el presente juicio de garantías, apercibida que de no comparecer a recogerlos, podrá ser destruido junto con el expediente. Al respecto, conforme a lo previsto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 antes mencionado, la parte quejosa podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea, específicamente al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios en que este órgano jurisdiccional estará disponible para la generación de la cita respectiva, en la que se podrá efectuar la entrega de las mismas. Finalmente, se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, más tardar en el término de cinco días hábiles.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, destaca que, de conformidad con los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se decretó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por lo que en ese período no corrieron términos. Asimismo, en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos, lo que implicó su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Así como que, mediante Circular CAP/3/2020, signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 (AG 13/2020), lo que implicó que no correrían términos en el período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Por tal motivo, en el presente asunto se suspendieron los plazos y términos durante el lapso anotado, en virtud que no se ubicaba en una de las hipótesis de urgencia, trámite en línea o priorización, a que se refieren los artículos 1ro, 12, 23 y 24, fracción II, del Acuerdo General 13/2020, modificado por los diversos 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, reanudándose en la presente fecha; en atención a lo anterior, se provee: Aunado a lo anterior, visto el estado de autos, y la certificación de cuenta, destaca que a la fecha, transcurrió el término legal de cinco días a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa diera cumplimiento a la prevención efectuada en auto de catorce de diciembre del año dos mil veinte. En ese sentido, tomando en consideración que dicho plazo transcurrió del dieciséis al dieciocho de diciembre del año dos mil veinte, al doce y trece de enero del año en curso, sin que el promovente cumpliera la aludida prevención; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 719/2020. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización oportuna y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye a la Secretaria, Actuario y Oficial Administrativo respectivos, que permanentemente verifique la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico, asegurándose que concuerden en su totalidad. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES Ahora, del contenido integral de la demanda no se advierte con claridad cuál es el acto o actos de que se duele la parte quejosa. Ello, pues por un lado, señala del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, residente en esta ciudad, la dilación en sustanciar el procedimiento administrativo adversarial, sin otorgar un ingreso mínimo vital durante el tiempo que dure el procedimiento. De igual forma, refiere de la Dirección y Delegación Administrativa de la Policía Estatal Preventiva, Coordinación de Administración y Jefe del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, la falta de competencia para gestionar la orden de preventiva de pago de sueldos. Además, del Tesorero de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, expresa la falta de competencia para autorizar la preventiva de pago de sueldos durante el procedimiento administrativo adversarial. En el mismo orden, del Coordinador General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, con residencia en esta ciudad, reclama la falta de competencia para autorizar la preventiva de pago a los policías que se encuentren bajo un procedimiento administrativo adversarial, sin antes otorgar un ingreso vital, derivado del sueldo mínimo de policía razo. Mientras que, del Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico en su carácter de vocalía técnica del Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, refiere la negativa para agilizar el procedimiento administrativo y señalar fecha de audiencia de ley, corriéndole traslado con las copias del expediente. Por otro lado, del Encargado del Área de Investigación Interna en su carácter de Órgano Prosecutor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se duele del exceso de tiempo en sustanciar el archivo de investigación, para no obstaculizar el procedimiento administrativo. Luego, en el apartado de conceptos de violación, expresa que los actos reclamados son arbitrarios porque se exceden de un plazo razonable para sustanciar un procedimiento administrativo, además, de que no se ha señalado fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, sin que precise el número del procedimiento administrativo a que se refiere, ante qué autoridad administrativa se substancia y cuándo conoció del mismo. Al respecto, es menester precisar que la falta de competencia para gestionar y autorizar la preventiva de pago de sueldos y el exceso de tiempo para sustanciar el archivo de investigación y el procedimiento administrativo, son en realidad calificativas de los actos y argumentos para destacar sus aspectos circunstanciales, sin que el quejoso haya precisado cuál es el acto o actos de que se duele, esto es, la conducta (activa o pasiva), que se atribuye a las autoridades responsables. Tiene aplicación, la tesis I. 3o. A. J/26, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 69, Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Por otra parte, menciona que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Secretario General de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, Consejero Jurídico del Gobernador y Director del Periódico Oficial del Estado, residentes en esta ciudad, la inconstitucionalidad de la fracción VII del artículo 84 del Reglamento de la Ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero no precisa si la reclama como norma autoaplicativa o heteroaplicativa, y en ese caso, tampoco precisó cuál es el primer acto de aplicación, su fecha de emisión, la fecha de notificación o de su conocimiento y a qué autoridad en particular se lo atribuye. Así también, en el capítulo de antecedentes, dice que se le inició un archivo de investigación que aún continúa en el órgano prosecutor, pues éste no dicta el auto de determinación o no a la vocalía técnica con el fin de que se dé inicio al procedimiento administrativo para que se señale fecha de audiencia de ley. Igualmente, en el capítulo de conceptos de violación, refiere que los artículos 42 y 52, fracción VI, del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, establecen un término excesivo para sustanciar el archivo de investigación y el procedimiento administrativo, sin que se garantice un ingreso mínimo vital para subsistir. En otro aspecto, menciona la aplicación de los artículos 96, fracción III, y 99 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los que se establece la medida de apremio consistente en la preventiva de pago, la cual dice que viola el principio de presunción de inocencia. Por otro lado, textualmente aduce que: "tampoco el Director debió ordenar el dar faltando al quejoso, toda vez que él informó en tiempo y forma su justificación de dichas faltas", sin precisar si pretende reclamar un acto en concreto al respecto y a qué autoridad se lo atribuye. A lo que se suma, que reclama de las autoridades responsables el acceso a la afiliación, sin precisar a qué acto en concreto se refiere. De ahí que no se advierte con claridad cuál es el acto o actos de que se duele y a qué autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno. Lo anterior, ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, así como, si es factible pronunciarse sobre las mismas en un único juicio de amparo o si se encuentran desvinculadas entre sí. Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". En consecuencia, con fundamento en los numerales 108 fracciones IV y V y 114, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído que ahora se dicta, precise lo siguiente: A) En atención a que señala el exceso de tiempo para sustanciar el archivo de investigación, deberá precisar si en realidad reclama únicamente la omisión de turnar los autos a la autoridad sancionadora para que inicie un procedimiento administrativo en contra de la parte quejosa, indicando el número de expediente correspondiente, a qué autoridad se lo atribuye, o si esto se refiere a que reclama la omisión en notificar el inicio del procedimiento administrativo adversarial o algún otro acto, indicando a qué acto hace referencia. B) O bien, si en realidad reclama la orden de preventiva de pago dictada en el archivo de investigación de origen, precisando si es la de treinta de noviembre del año en curso, y a qué autoridad en particular atribuye dicho acto. C) Precise si reclama de forma destacada la negativa de notificarle el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa instado en su contra, de ser así, precise si aquella negativa se emitió de manera verbal o escrita, la fecha de su emisión, la fecha de su notificación o de conocimiento y a qué autoridad en particular se lo atribuye o si esto lo menciona sólo como consecuencia del acto reclamado. D) Tomando en cuenta que refiere la falta de competencia para ordenar la preventiva de pago de sueldos, deberá indicar si se duele de manera preponderante de la orden de suspensión de pago de sueldos, dictada en el archivo de investigación natural, aclarando a partir de qué fecha lo dejó de percibir, precisando la fecha de dicha orden y a qué autoridad se lo atribuye o si esto lo menciona únicamente como consecuencia del acto reclamado o la violación que le atribuye. E) Si reclama de manera destacada la inconstitucionalidad de la fracción VII del artículo 84 del Reglamento de la Ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; en ese caso, deberá precisar si la reclama como norma autoaplicativa o heteroaplicativa, en su caso, precise cuál fue el primer acto de aplicación en su esfera jurídica, la fecha de su emisión, así como la de notificación o conocimiento y a qué autoridad se lo atribuye. F) Si se duele de forma destacada de diverso precepto legal, en ese caso, deberá indicar a qué artículo y norma general en particular se refiere, a qué autoridad se lo reclama, cuál es el acto de aplicación de dicho precepto legal, si éste es el primero o uno ulterior y a qué autoridad se lo atribuye. G) Precise de qué acto en concreto se duele cuando refiere que reclama de las responsables el acceso a la afiliación y a qué autoridad se lo atribuye. H) Precise si al referir la orden de "dar faltando al quejoso", se refiere al levantamiento de algún acta administrativa, fe de hechos o similares, aclarando cuál, su fecha exacta, si la señala como acto reclamado, si participó en su elaboración, cómo y cuándo tuvo conocimiento de ella. I) Dado que señala que el quejoso "informó en tiempo y forma su justificación de dichas faltas", deberá precisar a quién informó tal situación, cuándo presentó el escrito respectivo, qué respuesta obtuvo y cuándo se le notificó. J) Además, tomando en consideración que por una parte refiere que se hizo una preventiva de pago y dejó de percibir sus sueldos, pero en otra parte de la demanda refiere que se encuentra en activo, deberá aclarar si se le ha cubierto su sueldo íntegramente o si el mismo le fue suspendido y, en su caso, desde cuándo y cómo tuvo conocimiento de esa circunstancia; así también, dado que menciona encontrarse en activo, deberá señalar cuáles son las funciones que ha realizado de noviembre a la fecha, dónde ha prestado sus servicios y en qué horarios. K) Asimismo, aclare si ya fue suspendido de su cargo, desde qué fecha y, cuándo fue el último día que laboró. L) En qué lugar actualmente se encuentra adscrito, especificando el municipio. M) Para qué efecto específico solicita la suspensión del acto reclamado. N) Señale la fecha exacta y la forma en que conoció los antecedentes que llegue a relatar. Ñ) Toda vez que, se refiere al juicio **, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, deberá manifestar quién es el quejoso en dicho procedimiento, cuál es el acto reclamado y en qué estado se encuentra, así como la relación que existe entre aquél y el que ahora promueve. O) Si ha instado algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se provee. Hágase del conocimiento del quejoso y sus abogados que en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, puede imponerse una pena de hasta seis años de prisión a la parte quejosa, así como a su abogado, si llegan a afirmar hechos falsos u omitan los que les consten. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. En el entendido que si opta por dar cumplimiento de forma física a la prevención de mérito, deberá exhibir diecisiete copias del escrito aclaratorio, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que catorce son para las autoridades responsables, dos para el incidente de suspensión y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." REGLAS DE ACTUACIÓN Por otra parte, vista la cuenta que antecede, con apoyo en los lineamientos contenidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. 1.1. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.1.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general, el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial por las tardes. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. En términos del artículo 2, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a la Secretaria, Actuario y Oficial Administrativo respectivo, a verificar permanentemente la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico. 1.1.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.1.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar datos de contacto como un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.1.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común, del bloque vespertino al que pertenece este Juzgado (con atención de las 15:00 a las 19:00 horas), la promoción u oficio de forma física, la cual estará ubicada en el acceso del edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 1.1.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la administración regional las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 1.1.6. Contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se pone a disposición el correo electrónico del juzgado (e-mail): 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, para lo cual el interesado debe enviar un correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Número de expediente e información requerida. c) En caso de que la información que se pida no sea genérica, tendrá que enviarse una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente en horario hábil si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En el número telefónico del juzgado sólo podrá atenderse información genérica, durante el horario presencial de este juzgado (de lunes a viernes de las 12:30 a las 18:30 horas, según el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, con relación al período de vigencia). 1.1.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, no se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar por escrito o en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.2. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de incumplimiento. CONSTANCIAS RELATIVAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO QUE NO SE GLOSAN FÍSICAMENTE En otro aspecto, toda vez que, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió en primer término, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, una digitalización preliminar de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y, con posterioridad, envió el documento original respectivo. En tal virtud, ya que la digitalización preliminar de mérito corresponde a la demanda que se recibió en documento original, se considera innecesario que se imprima e incorpore al expediente físico, a fin de evitar duplicidad de constancias, por lo que se ordena glosar físicamente únicamente las constancias de la demanda original remitidas por la citada oficina de correspondencia común. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ángel Celestino Ramírez. Por otra parte, por haberlo manifestado de manera expresa, con fundamento en los artículos 26 fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que las notificaciones que se generen en el presente expediente, se realicen de manera electrónica al usuario que menciona. En relación a su solicitud, y tomando en consideración que el usuario "angelcelestino0477", se encuentra registrado, se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario; por tanto, como lo dispone el numeral 21 del Acuerdo General 12/2020, Del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícese las gestiones conducentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el usuario en cita pueda efectuar la consulta electrónica del expediente en que se actúa. Atento a lo acordado en el párrafo que antecede, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite la casilla electrónica del auto referido; asimismo, verifique que todas y cada una de las determinaciones que se lleguen a emitir a partir del presente auto en el expediente en que se actúa puedan ser consultadas vía electrónica, es decir, al momento de realizar la publicación del acuerdo deberá cerciorarse que la casilla correspondiente a la notificación electrónica o por lista se encuentren debidamente requisitadas, para efecto de que el quejoso pueda realizar la consulta del expediente electrónico. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
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