Darinel Joo López y Otros.

Expediente 781/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
781/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Darinel Joo López y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido vía interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante remitiendo la literalidad del proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio biinstancial ***, de su índice, por el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes, e informa que se avocó nuevamente al conocimiento del presente asunto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el presente cuaderno de antecedentes, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I inciso a) del precepto 20 del citado Acuerdo General, pues se trata de un cuaderno de antecedentes en el que se declinó la competencia para conocer; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 20. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de junio de dos mil veintidós. Por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, con el cual remite por conocimiento previo el original del juicio de amparo ***, promovido por ***. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 781/2022-4-B. NO SE ACTUALIZA LA HIPOTESIS DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO De conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por el momento, no se acepta la determinación para conocer del juicio de amparo *** del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, promovido por ***, por propio derecho y en representación de ***, por las razones que a continuación se desarrollan. En principio, es conveniente precisar que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y de las consultas de turno, publicado el catorce de marzo de dos mil veintidós, establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, prevé en su artículo 45, dos sistemas de turno mediante un sistema automatizado a saber: el primero en forma aleatoria, en cuyo caso el asunto de que se trate se distribuirá en esa forma -aleatoria- al juzgado de Distrito que corresponda conforme a una distribución equilibrada, teniendo como condición que dicho asunto no cuente con un antecedente en dicho sistema. En cambio, el segundo de los sistemas en cita se realiza en forma relacionada; esto es, si al capturarse los datos de registro del asunto de que se trate, conforme al sistema, se advierte un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la Oficina de Correspondencia Común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información del sistema y sin consultar otros sistemas de gestión, se turnara al órgano que tenga el ultimo antecedente registrado, sin que sea relevante si se abordó algún análisis de fondo. Así, en el diverso ordinal 46 se contienen los criterios generales de relación, entre los cuales se encuentra el indicado en la fracción II, que establece: "II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos;". Sin embargo, la vinculación que arroje el sistema automatizado determinado por la Dirección General de Gestión Judicial para el turno por relación de los asuntos, sólo resulta aplicable automáticamente cuando así lo arroje dicho sistema; es decir, si con motivo del registro de los datos del asunto el sistema da como resultado la actualización de un criterio de relación; no así en un caso distinto. Esto, se afirma así, porque de otra manera no podría entenderse la regulación que el propio artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en cita, establece cuando se turne un asunto a un órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, ya que cuando ello ocurre, el órgano al que se le remite está en aptitud de aceptar o no dicha determinación, y en caso de insistir en ello, el declinante podrá formular consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano. Lo anterior revela que la decisión adoptada sobre el particular depende del motivo o razón en el que se apoye la remisión por turno del asunto de que se trate; lo que en el caso en estudio se encuentra asociado a dos extremos a saber: a).- Evitar el dictado de sentencias contradictorias; y, b).- Utilizar las consideraciones por este juzgador por existir un antecedente; o dicho de otro modo, aprovechar el conocimiento previo del asunto por los antecedentes atendidos en el asunto anterior con el que se vincula el novedoso. En esa tesitura, se tiene que, para determinar el conocimiento previo, el Juez oficiante señala que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 46, párrafo primero y fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y de las consultas de turno, publicado el catorce de marzo de dos mil veintidós, al considerar que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto *** de su índice, se encuentran estrechamente vinculado con los actos reclamados en el diverso juicio amparo indirecto *** del índice de este Órgano Jurisdiccional, en atención a que los actos reclamados derivan de la causa penal *** del índice del Juzgado Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, de la cual previamente conoció este órgano jurisdiccional. Ahora, a efecto de establecer las razones por las cuales se considera que por el momento este órgano jurisdiccional no se avoca al conocimiento del asunto, es necesario establecer que en el juicio de amparo ***, del índice de este órgano jurisdiccional, se señalaron como autoridades responsables y actos los siguientes: Autoridades responsables 1. Juez del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas. 2. Juez Segundo del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 3. Secretario Ejecutivo del Consejo de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado (actualmente Comisario en Jefe de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana), con residencia en esta ciudad, por conducto de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas. 4. Director de Centros de Reinserción y Readaptación Social en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por conducto de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas. 5. Director del Centro de Reinserción y Readaptación Social número Diez del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez. 6. Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados  Desaparición forzada, tortura, malos tratos y cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, que ponga en riesgo la vida del quejoso.  La orden de traslado dictada el trece de diciembre de dos mil dieciocho, por el Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, en la causa penal *** de su índice. Seguido el juicio en sus trámites, por resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia respectiva, en la que por un lado se sobreseyó en el juicio ante la inexistencia de los actos reclamados consistentes en la desaparición forzada, tortura, malos tratos y cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, que ponga en riesgo la vida del quejoso, en relación con la totalidad de las responsables, y por otra se concedió el amparo, en los términos siguientes: "OCTAVO. Efectos. La concesión de amparo se otorga para el efecto de que la autoridad responsable 2. Juez Segundo del Ramo Penal de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa:  Deje insubsistente el auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal ***, de su índice, únicamente en la parte conducente en la que se ordenó el traslado del quejoso *** del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados, número 10, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 "El Amate"; y  Con plenitud de jurisdicción, emita uno nuevo, en el que subsane los vicios de forma que se señalaron en el cuerpo de esta resolución; esto es, que esté debidamente fundado y motivado. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras 3 y 4. Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad (denominación correcta); 5. Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Número Diez del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez y 6. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto reclamado a la ordenadora, respecto del cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal." Ahora, del juicio de amparo ***, que pretende que este juzgado tome conocimiento, se obtiene que señala como autoridades responsables a las siguientes: 1. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado de Chiapas. Ciudad. 2. Subsecretario de Ejecución y Sanciones Penales y Medidas de Seguridad en el Estado de Chiapas. Ciudad. 3. Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 4. Director del Centro Estatal para Sentenciados número Diez, con sede en Comitán, Chiapas. 5. Alcaide del Centro Estatal para Sentenciados número Diez, con residencia en Comitán, Chiapas. 6. Director del Centro Estatal de Sentenciados número Uno, con sede en Predio El Canelo, en Chiapa de Corzo. 7. Alcaide del Centro Estatal de Sentenciados número Uno, con sede en Predio El Canelo, en Chiapa de Corzo. 8. Director del Centro de Reinserción Social número Catorce "El Amate", con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 9. Alcaide del Centro de Reinserción Social número Catorce "El Amate", con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas A quienes les reclamó: "La consagrada en el artículo 22 de la Constitución Federal, consistente en la incomunicación, malos tratos, golpes que Pongan en peligro la vida de mi representado, ya que desde el día 24 de mayo del presenta año al día de hoy no se tienen noticias del C. ***. Así como la ilegal e infundada orden de traslado del Centro de Reinserción Social número 10 de Comitán de Domínguez, Chiapas a cualquier centro de Reinserción Social de la Entidad, sin mi consentimiento, violando flagrantemente mis derechos humanos." Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, hasta este momento, se observa que los actos señalados como incomunicación, malos tratos, amenazas, golpes, y desaparición forzada del quejoso, fueron negados por todas las autoridades responsables al rendir su informe relativo a la suspensión de plano. Y por lo que atañe al traslado reclamado, se desprende que este fue emitido por la autoridad penitenciaria con motivo de lo solicitado por el Comité Técnico, mediante sesión extraordinaria número CTC/C-10/099/2022, de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el cual por votos positivos acordaron de manera unánime, solicitar el traslado del aquí quejoso en la modalidad de "Excepción al Traslado Voluntario", en términos de lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que, por o0ficio número SSPC/SUBSESPMS/DJ-AT/TGZ/1132/2022, de la misma fecha el licenciado José Miguel Alarcón García, Subsecretario de Ejecución, tuvo a bien de autorizar el traslado del quejoso del Centro de Reinserción y Readaptación Social número Diez del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, al Centro Estatal de Sentenciados número Uno, con sede en Predio El Canelo, en Chiapa de Corzo, lo cual fue ejecutado. De lo anterior, se obtiene que los actos que reclama el quejoso no derivan de la causa penal *** del índice del Juzgado Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, pues como se preció, el traslado del quejoso se ordenó por la autoridad penitenciaria, con motivo de la conducta desplegada por el quejoso en reclusión, a efecto de garantizar la seguridad, estabilidad, orden tranquilidad y la funcionalidad de la penitenciaria en la que se encontraba interno. Sin que obste a lo anterior el hecho de que en términos de lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por oficio SSPC/CERSS-10/AJ/COMI/828/2022, se le haya solicitado al Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, quien conoce de la causa penal ***, que calificara la legalidad de la determinación administrativa de traslado, ya que en autos no se observa la calificación respectiva, además de que dicha autoridad no figura como autoridad responsable en este sumario. En ese sentido, como se adelantó la suscrita estima que las consideraciones expuestas por el homólogo federal para determinar el conocimiento previo, con motivo de la tramitación del juicio de amparo *** resultan insuficientes. Bajo ese panorama, se estima que no se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 46, párrafo primero y fracción XIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y de las consultas de turno, publicado el catorce de marzo de dos mil veintidós, en que se funda el planteamiento de conocimiento previo para conocer de la demanda. Sostener una postura distinta, implicaría prescindir de la finalidad perseguida con la remisión de los asuntos por relación, al reducirse la decisión que el juez de distrito adopte sobre el particular. En consecuencia, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el arábigo 46 del citado Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, previa formación de cuaderno de antecedentes, devuélvase el juicio de amparo ***, al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que decida si insiste o no en declinar el conocimiento de este asunto; solicitando de la manera más atenta, que en su oportunidad envíe el correspondiente acuse de recibo y la manifestación de lo proveído sobre el particular. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Asimismo con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, y con las facultades restringidas del citado numeral a las diversas personas que menciona, ya que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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