Darien Monroy Olvera
Expediente 1820/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1820/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Darien Monroy Olvera
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió el proveído por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico y archívese el presente asunto como concluido. Valoración documental. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente se valora como destruible, por lo tanto, deberá ser destruido una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. 5
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ****, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público en turno del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 1820/2023-5-B. Estudio de la demanda. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la demanda de derechos, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, para proceder a desechar de plano una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del estudio de la demanda, se obtiene que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5 y 6, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. El artículo 6 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso que nos ocupa, si bien, la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se obtiene que ésta carece de evidencia criptográfica o firma electrónica a nombre del quejoso Darién Monroy Olvera; así, si conforme a la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los Asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales regulan los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, sin la firma electrónica (FIREL) de la parte quejosa, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte. Bajo ese tenor, siendo que la firma es el signo gráfico material eficaz y apto para que una persona respalde promociones por escrito, para que el suscriptor se responsabilice de su contenido, de ahí que la falta de un signo gráfico original, tiene como consecuencia que el referido escrito no constituya demanda y no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, acorde a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Amparo. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo externando su voluntad, signado y respaldando lo ahí contenido. Bajo esa premisa, un escrito de demanda presentado sin esas características, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues su falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de presentar su libelo constitucional. Así como, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO». Desechamiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos con fundamento en el invocado artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5 y 6°, ambos de la Ley de Amparo. Forma de notificación. Con fundamento en los artículos 27, fracción II, y 29 de la Ley de Amparo, se tiene como tal las listas. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***. Por lo que hace a la persona restante, se tiene por autorizada en términos restringidos, al no haberse encontrado registro en el referido sistema. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes en días y horas inhábiles. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación; asimismo, infórmeseles que cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente, este órgano jurisdiccional procederá a generar la versión pública de las resoluciones requeridas, y en su caso, de las demás constancias solicitadas, suprimiendo el nombre de las partes, así como cualquier otra información de carácter personal que contengan; y que aún y cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Autorización de medios electrónicos. En otro orden de ideas, con fundamento en la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a la parte quejosa así como a sus autorizados para que se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos. Expediente electrónico. En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Finalmente, con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número telefónico. Finalmente, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se requiere a las partes a efecto de que señalen un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico para que se entablen comunicaciones no procesales. 5
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