Darien González Frometa
Expediente 554/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 554/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Darien González Frometa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Mayara Benito González y Darien González Frometa; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en el presente asunto se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO, se ordena que, una vez que transcurran TRES AÑOS a partir de la presente fecha, se proceda a su DEPURACIÓN, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
**********, contra los actos que reclama del Directora o Encargada de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, del Instituto Nacional de Migración; Instituto Nacional de Migración; y, Director y/o subdirector de Control y Verificación Migratoria de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco; todas con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, a través del portal en línea del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, correspondiéndole del conocimiento a este órgano jurisdiccional por encontrarse de guardia, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común en esa misma data, para su registro y control estadístico; Mayara Benito González y Darién González Frometa, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos y autoridades responsables, siguientes: Autoridades responsables: 1. Directora o Encargada de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. 2. Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. 3. Director y/o Subdirector de Control y Verificación Migratoria de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración. Actos reclamados: "1.- Se les reclaman a las autoridades responsables la ilegal privación de la libertad, aseguramiento/alojamiento/detención o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de la libertar arbitraria de los quejosos, así como la omisión de garantizarme el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. 2.- La orden de deportación que la responsable pretende emitir en contra de los quejosos. 3.- El traslado de los quejosos de una entidad a otra. 4.- Privar a los quejosos del derecho de solicitar refugio en México, al coartarles su libertad, haciendo materialmente imposible cualquier trámite." SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Por acuerdo de catorce de abril de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decretó la suspensión de plano a favor de los quejosos Mayara Benito González y Darién González Frometa, a fin de que cesaran inmediatamente los actos consistente en privación de la libertad, alojamiento y/o detención fuera del procedimiento y cualquier otro que pusiera en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues de tratarse de algún otro acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir a los quejosos del goce de la garantía individual peticionada y se establecieron las bases para que la autoridad responsable diera el debido cumplimiento. De igual forma, se ordenó al actuario de la adscripción diera fe de la integridad física y requiriera a los directos quejosos Mayara Benito González y Darién González Frometa, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ésta manifestaran si ratificaban o no la demanda de amparo de que se trata en el entendido que de no hacerlo se tendrá por no presentada, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejarían sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Ratificada que fue la demanda, por proveído de catorce de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 554/2022-6; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo en los términos que anteceden. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La ilegal detención de los quejosos, así como la omisión de garantizarles el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. La orden de deportación que la responsable pretende emitir en contra de los quejosos. El traslado de los quejosos de una entidad a otra. Privación del derecho de solicitar refugio en México, al coartarles su libertad, haciendo materialmente imposible cualquier trámite. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE SOLICITAR REFUGIO EN MÉXICO, AL COARTARLES SU LIBERTAD, HACIENDO MATERIALMENTE IMPOSIBLE CUALQUIER TRÁMITE. Es inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable Sub representante Local, Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco; ello se estima así ya que los quejosos omitieron exhibir medio de prueba que corroboraran la existencia del acto reclamado -privación del derecho de solicitar refugio en el país-, asimismo, de las constancias de autos no se advierte la configuración de los actos que reclaman a dicho ente, por el contrario, la autoridad rendir su informe justificado, en lo que interesa manifestó "los quejosos no se presentaron de manera voluntaria al control de firmas desde que se les otorgó la salida, ello a efectos de darle continuidad a su procedimiento administrativo migratorio por lo que se levantó acta de evasión de control migratorio de fecha 5 de mayo del presente año, y por ende esta autoridad migratoria da por concluido el procedimiento administrativo migratorio". Así, la parte quejosa no exhibe medio de prueba que desvirtuaran las reclamaciones hechas y de autos tampoco se advierte que dicha autoridad hubieran ejecutado algún acto tendiente a la afectación de derechos de los impetrantes. En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable de la cual su denominación correcta es Sub representante Local, Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, no manifestó sobre la existencia o no de los actos reclamados, sin embargo realizó manifestaciones que evidencian su existencia; de ahí que, deban tenerse por ciertos. Lo que además se corrobora, con las documentales allegadas relativas al expediente administrativo de los quejosos, a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese sentido, esta juzgadora estima que en la especie, no será necesario el análisis de fondo, por lo que hace a los actos reclamados, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)". Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo. Sostiene lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 193758, bajo el rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca los actos mismos, y estos dan lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de los actos, que pueden verse acompañada o no de la insubsistencia misma de los actos, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, se debe sobreseer en el presente juicio de amparo, en virtud de que el efecto de los actos reclamados han desaparecido, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior se explica, pues de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte lo siguiente: 1). El nueve de abril de dos mil veintidós, fueron presentados los quejosos ante la autoridad migratoria en el punto de revisión "La Venta", pues al solicitarles el documento migratorio que acreditara su regular estancia en el país, manifestaron no contar con éste, por lo que al estar de manera irregular fueron trasladado a la Estación Migratoria en Villahermosa, para efectos de que se resolviera su situación jurídica migratoria. 2) Mediante escrito de demanda recibido el dieciocho de abril de dos mil veintidós, a través del portal en línea del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, Mayara Benito González y Darién González Frometa, por conducto de César Augusto Domínguez Galán, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal. 3) Posteriormente, el diecinueve de abril de dos mil veintidós, se otorgó salida provisional de la estación migratoria a Mayara Benito González y Darién González Frometa, sujetándolos al control de firmas semanalmente ante el Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. En tales condiciones, toda vez que en la presente vía constitucional, los actos reclamados se hicieron consistir en la detención ejecutante con fines de "aseguramiento/alojamiento/detención", en la Delegación Regional y Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco, la orden de deportación, así como su traslado a una diversa estación migratoria ubicada en el interior de la República Mexicana adscrita al Instituto Nacional de Migración, y siendo que, como ya se precisó se les otorgó salida de la estación migratoria a los aquí quejosos Mayara Benito González y Darién González Frometa. Por tanto, en la especie se advierte que han cesado los efectos de los actos reclamados, y se concluye que la violación de la que estaba siendo objeto por parte de la autoridad responsable, fue subsanada, de ahí que con su actuar, repuso al quejoso en el goce de sus derechos violados. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere la citada legislación; como en el caso sucede, por haber cesado los efectos del acto reclamado, en términos del diverso precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Finalmente, es importante señalar, que la causa por la que se sobresee en el presente juicio, no transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna con el principio pro persona, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, toda vez que existe la obligación del órgano jurisdiccional de verificar los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, para la promoción del medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Así se advierte de lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, materia Constitucional, página 487, registro 2005717, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de catorce de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto, de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de las constancias que integran los procedimientos migratorios de administrativos de Mayara Benito González y Darien González Frometa de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto: la certificación de cuenta, se advierte que no obra en autos el acuse de recibo relativo al oficio 1259/2022, de catorce de enero del año actual, con el que se reenvió el diverso 22222/2021, dirigido al Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de Jalapa, Tabasco, a través del cual se le notificó la sentencia dictada en el presente asunto. En razón de lo anterior, requiérase al Administrador Local de Correos, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, devuelva a este juzgado la tarjeta del acuse de recibo del oficio 1259, de catorce de enero del año actual, dirigido al Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de Jalapa, Tabasco, anexándole para tal efecto copia de la factura depositada el veintiuno de enero de dos mil veintidós, con la que se acredita el depósito del oficio de que se trata, ante la oficina de su adscripción, apercibido que de no hacerlo dentro del término señalado, se hará acreedor a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, para estar en aptitud de remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la sustanciación del recurso de revisión hecho valer por la quejosa Teresa Méndez López, en contra de la sentencia emitida en el presente asunto. Notifíquese.
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