Darian Romero Rodríguez
Expediente 155/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/06/2021
Partes del expediente
- Darian Romero Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I, inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte promovente haya recurrido el proveído de once de junio de la presente anualidad, en el que se tuvo por no presentada la demanda que generó el presente asunto; en consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente asunto. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veinticinco de junio de dos mil veinticuatro. Una vez que obren en autos la totalidad de las constancias de notificación del presente proveído realizadas a las partes, sin previo acuerdo se ordena remitir el juicio en que se actúa, al archivo definitivo como asunto totalmente concluido, lo anterior, conforme lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de dos de marzo de dos mil veintiuno, se requirió al directo agraviado Darian Romero Rodríguez, para que ratificará la demanda de amparo que promovió en su nombre Eduardo Espinoza Luna, Asesor Jurídico Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Asimismo, que dicho auto se le notificó el veintiocho de mayo pasado, surtió efectos el día treinta y uno del mismo mes y año, y el término de tres días que se le otorgó para ratificar la demanda instaurada en su favor transcurrió del uno al tres de junio de dos mil veintiuno, sin que se hubiese presentado promoción alguna a través de la cual se pretendiera desahogar el requerimiento de referencia. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se tiene por precluido el derecho concedido al directo agraviado mediante proveído de dos de marzo de dos mil veintiuno y se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio firmado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California "2", con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita información en relación al funcionario que ostenta el cargo de Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a fin de estar en aptitud de hacerle efectiva la multa que le impuso este Juzgado de Distrito, mediante proveído de seis de mayo del año en curso, tal como nombre completo, Registro Federal de Contribuyentes, fecha de nacimiento y domicilio. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Delegado del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, para que en relación al Director de la Estación Migratoria del Instituto mencionado, proporcione los siguientes datos: ? El nombre completo. ? Registro Federal de Contribuyentes. ? Fecha de nacimiento. ? Domicilio...
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio rendido en representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, a través del cual remite la constancia en la que se advierte que Darian Romero Rodríguez, salió en libertad de las oficinas de la Estación Migratoria. Ahora, vista la constancia actuarial de tres de marzo del año actual, en la cual se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial adscrita en notificar el proveído de dos de marzo de dos mil veintiuno, en virtud que fue informada por personal del lugar mencionado en párrafo supra, que el agraviado antes mencionado ya no se encontraba en sus instalaciones. Luego, tomando en consideración lo manifestado por el Asesor Jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, en representación del quejoso, consistente en que no cuenta con domicilio para localizar al agraviado del presente juicio, así como tampoco logró comunicarse a los teléfonos que precisa en su escrito que se recibió el cinco de marzo del año actual, túrnense los autos al Actuario de la adscripción, para que proceda a notificar el proveído de dos de marzo del año que transcurre, el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal al quejoso Darian Romero Rodríguez, por lista, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo; ello, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. se notifica lo anterior al quejoso Darian Romero Rodríguez, así como el proveído de dos de marza de dos mil veintiuno por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con el articulo 29 de la ley de amparo, que dice; Vista la demanda de amparo que promueve Eduardo Espinoza Luna, Defensor Público Federal, en favor de Darian Romero Rodríguez, contra actos del Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración y Director de la Estancia Migratoria, ambas con sede en esta ciudad, a quienes atribuye actos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 155/2021-D. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 17 fracción IV, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la demanda de amparo. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, armonizando los elementos que la conforman con la finalidad de obtener la verdadera intención de quien promueve, se desprende que reclama medularmente los siguientes actos: ? Aseguramiento, alojamiento y/o detención del aquí quejoso Darian Romero Rodríguez, fuera de procedimiento y la posible orden de deportación. ? La orden de privación de la libertad o retención del directamente agraviado en cita, fuera de procedimiento y la posible orden de deportación. ? La ilegal detención, privación de la libertad del impetrante de que se habla y la inminente orden de deportación fuera de procedimiento; así como la falta de citación o llamamiento a algún procedimiento administrativo. En ese sentido tenemos que por lo que hace a la orden de deportación, corresponden a actos de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 126 y 160, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que no se ejecute alguna orden de deportación o expulsión en perjuicio del directamente agraviado Darian Romero Rodríguez, quien deberá quedar a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, en el lugar que al efecto determinaron las autoridades responsables migratorias, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de las autoridades correspondientes para la continuación del procedimiento administrativo migratorio, que en su caso se instaure en su contra. En la inteligencia que, la presente determinación no tendrá por efecto paralizar o suspender el procedimiento administrativo que pudiera instruirse al agraviado; sin embargo, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en los párrafos que anteceden, las autoridades migratorias no podrán ejecutar la orden de deportación o expulsión que eventualmente puedan decretarse en contra dicho impetrante, mientras esta surta sus efectos. De igual manera, por lo que hace a la privación de la libertad y alojamiento en las instalaciones migratorias sin orden del Juez que funde o motive el procedimiento, dada la información con la que se cuenta hasta este momento, y tomando en consideración que el promovente de la demanda señala que el agraviado ha estado alojado en la estación migratoria desde el veinticuatro de febrero del presente año, es decir, desde hace siete días, se concede la suspensión para el efecto de que el agraviado quede a disposición de este órgano en el lugar donde se encuentra detenido en las instalaciones migratorias, sólo en lo que a su libertad se refiere y a disposición de éstas, por lo que hace al procedimiento que en su caso se le siga. Sirve de sustento a lo anterior por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia P./J. 80/2007, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que establece: SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia 1 visible a página 15, del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, registro digital: 170578, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, para que haga la búsqueda del agraviado en las instalaciones que ocupan las autoridades responsables; de no ser así, de cuenta de ello, sin perjuicio de que proceda a la búsqueda correspondiente, en cualquiera de los diversos domicilios oficiales de autoridades vinculadas a la procuración de justicia y seguridad pública en esta ciudad, donde existan lugares de reclusión preventiva y pudiera estar privado de la libertad el aquí agraviado; y en el caso de que sea hallado, lo requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días, manifieste si ratifica la demanda de amparo que se promovió en su nombre, y por cuáles de los actos la ratifica, con el apercibimiento que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, además que quedarán sin efecto las providencias dictadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que establece: SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante) si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez constituido en la dirección en la que se encuentren ubicadas las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo, si éstas se rehúsan a recibir el comunicado a ellas dirigido, se le entregue en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de la Materia, sin perjuicio de imponerle multa de cien unidades de medida y actualización, establecida en el artículo 245 del citado ordenamiento legal, así como para entregarlo a las autoridades correspondientes, asentando su denominación correcta. En el entendido de que una vez que sea ratificada y en su caso admitida la presente demanda, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente. No pasa inadvertido el hecho de que en la demanda que se atiende, el promovente refiera que comparece a ruego de Darian Romero Rodríguez, dado que no se aprecia signatura que acredite dicha circunstancia, pues solo se aprecia la firma electrónica del primero en mención. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 1/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enero 2012, tomo 3, Décima Época, registro 2000079, página 2333, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." Además, deberá requerir también al directamente agraviado, para que en el acto de la notificación, manifieste ante la presencia del diligenciario judicial, si es su deseo señalar algún domicilio para oír y recibir notificaciones y lo describan; así como, para que exprese si es su pretensión designar como su representante legal al Defensor Público Federal Eduardo Espinoza Luna; asimismo, para que indique si propone como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Georgina Guadalupe Padilla Gaxiola, Roxana Trinidad Cervantes y Maiakovski Aldrete Martínez, y en términos restringidos del numeral en cita a José Antonio Arvayo Rodríguez, Abel Iván Boone Rodríguez, Ma. Dolores Moreno Calderón, Leticia Gabriela Villasana Carrillo y María Del Rosario Ahumada Galaviz, o refiera si designa a diverso autorizado. En otro orden, respecto a la diversa solicitud que formula, en el sentido que se le autorice el uso de los medios y servicios electrónicos a través de la página oficial http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, únicamente para la consulta y presentación de promociones de manera electrónica, para tal efecto proporciona el usuario "ASESOR.JURIDICO.IFDP.EEL". En ese contexto, y dado que se aprecia el estado de vigencia en la que se encuentran los certificados digitales (Firel), conforme lo previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, artículo 292, en relación con el diverso Acuerdo General 12/2020, numeral 573, 2 Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de las personas antes mencionadas, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. 3 "Artículo 57. Las y los titulares otorgarán o revocarán los permisos necesarios para que las partes, sus representantes o autorizados puedan notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, conforme a las reglas establecidas en el Capítulo Cuarto del Título Primero de la Ley de Amparo o en las legislaciones bajo los lineamientos que en los citados se establecen, se autoriza a Eduardo Espinoza Luna, quien cuenta con el usuarios "ASESOR.JURIDICO.IFDP.EEL", para que realice la consulta en línea del juicio de amparo 155/2021-D, del índice de este órgano jurisdiccional, quien también podrá presentar las promociones, documentos y medios de prueba que considere necesarios. Por consiguiente, una vez que se encuentre autorizado el presente auto, proceda el Secretario a realizar el trámite correspondiente para el registro de acceso al sistema del servicio en línea de los usuarios para la consulta en forma electrónica única y exclusivamente del juicio de amparo 155/2021-D, quien deberá realizar la certificación e impresión respectiva. Ahora, respecto a la diversa petición, en el sentido de que se permita el uso de los medios electrónicos, dígasele que, con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no existe inconveniente por este juzgado de Distrito en permitir a imponerse de las actuaciones, en los términos que solicitan. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.3º.C.725 C4, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA aplicables, y tras verificar que se cuenta con la capacidad procesal para formular la solicitud respectiva. Al respecto, el Sistema Electrónico del PJF previamente valida que se use una Firma Electrónica vigente y que ésta se encuentre vinculada con la persona solicitante. El otorgamiento de permisos para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" de cada persona autorizada para tal efecto, con los datos de las partes en los sistemas electrónicos y los de los expedientes respectivos. El proveído que acuerde favorablemente la solicitud para notificarse electrónicamente se notificará por la vía que corresponda, en la inteligencia que las siguientes determinaciones jurisdiccionales se notificarán a la parte respectiva por vía electrónica en tanto no revoque la referida solicitud. No obstante, las notificaciones realizadas por la vía tradicional antes de la electrónica derivada de la solicitud correspondiente, se tendrán por válidas." 4 Sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época. REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley reglamentaria, se habilitan días y horas inhábiles que sean necesarios para realizar las notificaciones relativas a este expediente, con el fin de no entorpecer su trámite, lo anterior, en virtud que en la demanda que se provee se solicitó la suspensión de plano de los actos reclamados, actuaciones que no admiten demora. Ahora, toda vez que actualmente el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha tomado medidas relativas con motivo de la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, con la finalidad de evitar concentración de personas y, con ello, la propagación del mencionado virus, de conformidad con el numeral 22, del multicitado Acuerdo 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea", hasta su conclusión y archivo. De igual forma, para que proporcionen un número de teléfono móvil, una cuenta de correo electrónico o servicios de mensajería instantánea, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estimen necesario. Hágase saber a la autoridad que cualquier promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo -mientras sea viable- al correo oficial 2jdo15ctoaj@correo.cjf.gob.mx; lo anterior, atento a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que establece los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos. Hágase saber a las partes, que en términos de lo dispuesto por el artículo 3 del citado Acuerdo General, a partir del tres de agosto de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en el que encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En la inteligencia que la generación de citas, será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá el ingresen al órgano jurisdiccional, bajo y con observación de los lineamientos ahí establecidos. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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