Darian Perez Diaz
Expediente 398/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Darian Perez Diaz
- Titular del Instituto Nacional de Migracion de la Ciudad de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADOVisto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este expediente. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expediente será susceptible de destrucción, transcurridos más de cinco años a partir de este acuerdo. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Enseguida, el Secretario del juzgado certifica que en este acto se procedió a dar lectura de las constancias que obran en el sumario, las cuales se tienen por reproducidas. Por lo que, el Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias, para los efectos a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el Secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Acto continuo, en el período de alegatos, se hace constar que únicamente los formuló la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por lo que se tiene por perdido el derecho de las demás partes para formular alegatos, con lo anterior se cierra este período. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes de desahogar, el Juez acuerda dar por concluida la presente diligencia y procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 398/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el ocho de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Darian Pérez Díaz, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el expediente 398/2019, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; toda vez que se reclama un acto de autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO y ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: Del Titular del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México y Delegado Regional de Migración con sede en esta ciudad: La orden de detención con fines de deportación y/o expulsión del país. Omisión de dar respuesta a la solicitud de expedición de documento migratorio para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad (fojas 51 a 53) y el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México (foja 65), negaron categóricamente el acto que se les reclama. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dichas potestades en la emisión y ejecución de los referidos actos reclamados, lo conducente es tenerlos por inexistentes. En esa misma línea, y por lo que respecta a los actos reclamados descritos en el inciso b) del considerando que antecede, igualmente deben de tenerse por inexistentes en cuanto a las responsables señaladas en el presente considerando. Lo anterior, sin que resulte procedente presumir la existencia de dichos actos, dado que la parte quejosa no acreditó haber presentado ante las autoridades responsables las solicitudes de regularización migratoria que refiere en su demanda de amparo [es decir, no demostró haber ejercido el derecho de petición que estima violado]. Al respecto, debe precisarse que tratándose de actos de naturaleza omisiva, la responsable tiene la carga de probar que la conducta pasiva que se le atribuye no existe, al haber actuado de conformidad con las atribuciones que la ley le confiere; pero, para ello, primero se requiere que la parte quejosa demuestre que dicha autoridad está obligada a actuar a través de un escrito de petición en términos del artículo 8 constitucional, pues sólo así se tendría la certeza de que la autoridad responsable está obligada a actuar en atención a lo pretendido por la parte impetrante y de acuerdo con las prerrogativas conferidas por la ley. Cabe precisar, que el derecho de petición que reconoce el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que a toda petición formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término. De ahí que, para ejercer ese derecho humano, se requiere que la solicitud de que se trate se eleve por escrito al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, generando una relación jurídica subyacente entre el gobernante y gobernado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, visible en la página 366, de rubro y texto siguientes: ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. En relatadas consideraciones, y ante la inexistencia de tales actos reclamados, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellos, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número veinte, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Darian Pérez Díaz, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguense a los autos los oficios del Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, por el que rinde informe de suspensión de plano; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes lo anterior por el término de tres días, para el ejercicio de sus derechos si lo estiman pertinente, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. Téngase como delegados de la citada autoridad, a las personas que al efecto designa, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, y como su domicilio el que señala en el ocurso de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el pedimento suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este Juzgado, y en relación a su contenido, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formuladas las alegaciones vertidas en el citado ocurso, para los efectos legales procedentes, las cuales se tomaran en cuenta en el momento procesal oportuno Por otra parte, Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días para que las partes se imponga del contenido del informe justificado agregado en auto que antecede, el cual se notificó por lista el veintiuno de mayo del año que transcurre; por lo tanto, a fin de no dejarla en estado de indefensión, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se señala como nueva fecha y hora para que tenga verificativo dicho acto procesal, las diez horas con diez minutos veintinueve de noviembre del año en curso. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que se encuentran emplazadas y, por ende, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son Época: Décima Época, Registro: 2002576, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.), Página: 1253, de texto: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargada del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/4821/2019 de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, asistida por el licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa. Doy fe. RaúlFRS
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