Daria Correa Ochoa
Expediente 274/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Daria Correa Ochoa
Actuaciones
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
De conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el propio acuerdo de veintiocho de marzo de la presente anualidad, y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Daria Correa Ochoa. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
Chetumal, Quintana Roo, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de demanda Agréguese el escrito de cuenta firmado por Daria Correa Ochoa, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la titular del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, con residencia en esta ciudad. Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 274/2023-I-A. Prevención En primer término, se tiene que el numeral 112 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna deficiencias, irregularidades u omisiones, mandará prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, se procede a analizar los siguientes artículos: El artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." En ese tenor, a efecto de acordar lo que proceda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, en la imposición del escrito de demanda que hoy se provee se evidencian y denotan irregularidades al no expresar con claridad el acto o actos que se pretenden tildar de inconstitucionales. Es así, pues de la lectura integral de la demanda se advierte que las autoridades que señala como responsables y los actos que reclama la parte promovente los hace consistir en lo siguiente: "[.] III. AUTORIDAD RESPONSABLES.- Tienen ese carácter la Titular del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, con domicilio públicamente conocido el Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de Chetumal, con domicilio Públicamente conocido. IV. ACTO RECLAMADO. Constituye el acto reclamado la sentencia definitiva de fecha 29 de junio de 2018, dentro del juicio ejecutivo mercantil radicado en el Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; bajo el expediente número que dictó el A quo Natural en contra de la suscrita, así como las consecuencias inherentes a la resolución de mérito; solicitando en este acto que dicho resolutivo se tenga por insertado e íntegramente reproducido como si a la letra fuere en obvio de repeticiones innecesarias, para todos los efectos legales correspondientes que en derecho procedan [.]" Dada la evidente imprecisión y ambigüedad en la redacción del escrito, resulta confuso establecer cuál es el acto que concretamente reclama la parte promovente de las autoridades que señala como responsables. Lo que crea incertidumbre para quien esto determina, pues no se conoce con exactitud y precisión el acto u actos que reclama la parte promovente, lo que resulta necesario precisarse para que la autoridad señalada como responsable rinda con claridad su informe de ley en relación con el acto efectivamente impugnado y para que este órgano de control constitucional pueda estudiar su legalidad, en los términos en que se haga la petición. Pues al tratarse de actos que por su naturaleza tienen efectos distintos, es necesario que la parte quejosa los precise con claridad. Así, debe entenderse conforme a su definición, que el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto. Lo ante expuesto tiene sustento en la tesis de Jurisprudencia, siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Registro digital: 223603 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Tesis: I. 3o. A. J/26 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Enero de 1991, página 69 Tipo: Jurisprudencia. En tales consideraciones, en ánimo de armonizar, los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con la totalidad de la información a recabar en el expediente del juicio, descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión, esto en búsqueda de lograr congruencia entre lo pretendido y lo que será materia de examen y análisis en la resolución, a fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es necesario que la quejosa señale correctamente el o los actos reclamados y los enuncie con claridad, pues sólo así se podrá fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad de los actos; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar confusamente los actos cuya inconstitucionalidad alega, se debe requerir a la parte promovente en términos del artículo 114, de la Ley de Amparo, para que la aclare pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano judicial del amparo velar por que se satisfaga tal extremo. Ahora, del escrito de demanda se advierte que si bien, la parte quejosa en el apartado correspondiente al acto reclamado señaló ser la sentencia definitiva de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada en el expediente ********************, del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad; lo cierto es, que de la integral lectura del escrito inicial que nos ocupa, se desprenden únicamente alegaciones dirigidas a la notificación de cuatro de julio de dos mil dieciocho, [en la cual se notificó la sentencia definitiva mencionada]. Asimismo, en el apartado de antecedentes de la demanda que nos ocupa, la parte quejosa no es puntual en su expresión; esto, porque únicamente refiere que fue demandada por ********************, en la vía ejecutiva mercantil, ante el Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial en esta ciudad, y posteriormente, formula manifestaciones encaminadas a la notificación de la sentencia dictada en referido juicio mercantil. Por lo que, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer en relación con la demanda de que se trata, con fundamento en el artículo 114 fracciones l y IV, en relación con el 108 fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, legalmente computados, por escrito, de cumplimiento a lo siguiente: Precise qué acto le reclama al director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad. Exprese de manera puntual y total cuáles son los antecedentes de los actos combatidos [lo cual, en términos de la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, deberá efectuar bajo protesta de decir verdad]. Refiera con claridad y precisión si el acto materia de reclamo es la sentencia definitiva de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada en el expediente ********************, del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. O bien, si la materia de reclamo es la notificación de cuatro de julio de dos mil dieciocho, correspondiente a la sentencia definitiva de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada en el expediente precisado con antelación. Apercibimiento Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Asimismo, y en atención a lo antes considerado, sirve de apoyo el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 190/2005-SS, que dio origen a la jurisprudencia 183/2005, con el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA." Toda vez que los datos que se le requieren son requisitos esenciales de la demanda, a que se refiere el artículo 108, fracciones V, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el artículo 110 de la Ley en cita. Cobra aplicación, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 36/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Inclusión y accesibilidad En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Domicilio procesal y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y como su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que no tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Transparencia y aviso de privacidad Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en ********************en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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