Darelys Lorenzo Montane
Expediente 481/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Darelys Lorenzo Montane
- Hansel Ramírez Montane
Actuaciones
- Principal
... Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. De la certificación de cuenta se advierte que la promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. ...
- Principal
El quince de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 6087. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la promoción de cuenta, remitida por la juez de Control del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, por la cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y adjunta las constancias con las que lo acredita. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computados, manifiesten lo que en su derecho corresponda, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, once de marzo de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICA: Que transcurrió con exceso el término de tres días que se concedió a la quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés convenga respecto a las autoridades que señaló como jueces Sexto, Octavo y Décimo de lo Penal de Primera instancia, con residencia en Puente Grande, Jalisco. Que se encuentran fijadas las nueve horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente asunto. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con las certificaciones que anteceden y con el estado de los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, once de marzo de dos mil veintidós. Vista la primera de las certificaciones de cuenta asentada por el secretario de este juzgado de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a la quejosa por auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, a fin de que manifestara lo que a su interés convenga respecto a las autoridades que señaló como jueces Sexto, Octavo y Décimo de lo Penal de Primera instancia, con residencia en Puente Grande, Jalisco, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento y se tienen a dichas autoridades por inexistentes en el presente asunto. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que la quejosa no ha proporcionado el domicilio del tercero interesado Clemente Valeriano Sánchez, por tanto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de TRES DÍAS hábiles legalmente computados, proporcione el domicilio actual y correcto del mencionado tercero interesado, para estar en condiciones de emplazarlo al presente juicio de amparo, apercibido que no hacerlo, se seguirá el procedimiento que establece el artículo 27 de la Ley de Amparo, y se ordenará el emplazamiento de mérito por medio de edictos a su costa. Para dar oportunidad a lo anterior, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CUENTA. El siete de marzo de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, da cuenta con lo siguiente: a) Demanda de amparo promovida por Hansel Ramírez Montane, a favor de Darelys Lorenzo Montane registrada con el folio 5604. b) La circunstancia de que el licenciado Arturo Portillo Martínez (cédula 2430239), sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Hansel Ramírez Montane, a favor de Darelys Lorenzo Montane, contra actos del Instituto Nacional de Migración, Delegación Zacatecas, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 22 Constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 481/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SUSPENSIÓN DE PLANO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente señaló como actos reclamados y autoridad responsable las siguientes: "Autoridades: Instituto Nacional de Migración, delegación en Zona Industrial, Parque Industrial, 98605 Guadalupe, Zacatecas, a través de sus titulares. ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como responsables 1.- La detención ilegal, Inconstitucional, Anticonstitucional de la quejosa. 2.- La incomunicación, 3.- La prohibición de poder ser asesorada legalmente, 4.- El negar tener acceso a tener comunicación con su familia o un abogado. 5.- La inminente tortura emocional, patrimonial y psicológica sobre la quejosa. 6.- El privarla de su libertad sin fundamento ni motivación existente. 7.- El prohibirle abandonar el país de forma voluntaria por sus propios medios. 8.- EL INMINENTE TRASLADO SIN FUNDAMENTO NI MOTIVACIÓN ALGUNA fuera de Zacatecas. 9.- La deportación del país sin fundar ni motivar la deportación, 10.- El privarle de sus bienes personales como es su teléfono celular sin fundamento o motivación alguna. 11.- El negarle recibir ayuda del exterior del centro de detención en Zacatecas. 12.- El incomunicarla no permitirle visitas sin fundamento o motivación alguna. 13.- El sustraerle sus documentos personales como su pasaporte y la forma migratoria con la que entro al país. 14.- Discriminación en relación a ser mujer y de nacionalidad Cubana para no permitirle el abandonar el país con sus propios recursos y retenerla sin darle derecho que se les da a otros migrantes. 15.- Ataques a su liberta personal de forma ilegal e inconstitucional. 16.- Deportación ilegal e Inconstitucional." ASPECTO RELATIVO AL TRASLADO, INCOMUNICACIÓN O DEPORTACIÓN Por lo que respecta a la primera de sus peticiones, en el sentido de que se dicte suspensión de oficio y de plano respecto de los actos de traslado, incomunicación o deportación que engloban los diversos actos, se provee lo siguiente: De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala entre otros actos entrelazados entre sí, unos de otros, como traslado, incomunicación o deportación; por lo que, de conformidad con lo previsto por el artículo 164 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión, para el efecto de que sin demora cesen los actos emitidos por las autoridades administrativas distintas al Ministerio Público (que según lo manifestado en la demanda siguen ejecutándose en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas), en relación con la comisión de un delito, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público en caso de existir delito flagrante. Lo anterior, siempre y cuando tales actos se hayan emitido sin una orden migratoria previa. Asimismo, si la privación arbitraria, derivada de los actos anteriores, se emitió con motivo del ejercicio de alguna de las facultades de la autoridad responsable en materia migratoria conforme a la Ley de Migración; se concede para el efecto de que la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, y en su momento del órgano jurisdiccional competente, respecto a su libertad personal en el lugar donde se encuentra, y a disposición de las autoridades migratorias para la continuación del procedimiento correspondiente. Es de precisar a la autoridad responsable que de considerar procedente la aplicación de las medidas previstas en el artículo 102 de la Ley de Migración, deberá hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, y en su momento del órgano jurisdiccional competente. Asimismo, debe destacarse que toda vez que para el cumplimiento de la suspensión de plano, se encuentra obligada cualquier autoridad que conforme a sus facultades legales se vincule con los hechos, gírese oficio a las autoridades responsables Delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Zacatecas, Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Delegación de la Fiscalía General de la República en el estado de Zacatecas y Delegado del Instituto Nacional de Migración de Zacatecas, para que den cumplimiento a la suspensión de plano. ASPECTO RELATIVO A LA INCOMUNICACIÓN CON SU ABOGADO Y/O FAMILIAR Y MALOS TRATOS SEÑALADOS COMO ACTOS RECLAMADOS. En relación con los citados actos, con apoyo en lo dispuesto por el citado dispositivo legal invocado, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que cesen de inmediato los actos de incomunicación y malos tratos de los que pueda ser objeto la directa quejosa Darelys Lorenzo Montane. Debiendo la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, hacer del conocimiento de la quejosa directo el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, para lo cual deberá permitir que utilice el teléfono o cualquier otro medio de comunicación para tales efectos, asimismo, para que se les permita ver a su abogado o persona de confianza. Se precisa que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y seguridad física de la directa agraviada Darelys Lorenzo Montane. Asimismo, requiérase a la autoridad responsable y a las vinculadas para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informen a este Juzgado sobre el cumplimiento que den a la suspensión de plano que se concede, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, según las circunstancias del caso, con fundamento en los artículos 142, 238 y 260, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable y vinculada que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según dispone el artículo 262 de la Ley de Amparo, delito que si se llegara a consumar, de inmediato serán consignadas para el ejercicio de la acción penal, en su contra. CAPÍTULO RELATIVO A LA SOLICITUD DE LIBERTAD DE LA QUEJOSA. Finalmente, respecto a la petición de la quejosa de que sea puesto en libertad de acuerdo a lo previsto en el artículo 164 de la Ley de Amparo, se provee lo siguiente: De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como uno de los actos reclamados la ilegal detención de la libertad dentro de las instalaciones de la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad. Ahora, en el presente asunto, en caso de que los actos reclamados deriven de un procedimiento administrativo migratorio, con fundamento en el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 102 de la Ley de Migración, se concede la suspensión a la parte quejosa para que sea puesta en libertad, no obstante, se decretan en favor de la quejosa Darelys Lorenzo Montane las siguientes medidas alternativas como requisitos de efectividad de la medida suspensional: a) Establecer un domicilio o lugar en el que deberá permanecer hasta en tanto sea resuelto en definitiva el presente juicio; b) Establecer de forma clara y precisa el domicilio del lugar donde permanecerá, esto es, nombre de la calle, número, colonia, ciudad, y teléfono de contacto en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional. No ausentarse del mismo sin previa autorización de este Juzgado Federal. c) Deberá presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. d) Acudir semanalmente a las instalaciones de la Estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, los días que ésta le fije. Sin que en el caso resulte necesario fijar garantía suficiente para que surta efectos la medida decretada toda vez hasta el momento no se cuenta con datos relativos a la situación económica de la quejosa. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, lo establecido en el en las tesis de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. Hechos: Una familia extranjera integrada por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, en su condición de migrantes promovieron juicio de amparo indirecto contra el alojamiento, detención, presentación o aseguramiento por más de treinta y seis horas en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la deportación o expulsión del país y solicitaron la suspensión de plano de los actos reclamados, para que fueran puestos en inmediata libertad, entre otras razones, por estar involucrados los dos menores de edad mencionados. El Juez de Distrito concedió la suspensión de plano para el efecto de impedir cualquier acto que tuviera como resultado su expulsión o deportación del país, incomunicación o actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y para que quedaran en el lugar donde se encontraban detenidos a disposición de dicha autoridad. Inconformes, interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de excepcionalidad de la detención de personas migrantes, al conceder la suspensión de plano contra ésta en el juicio de amparo, debe ordenarse que cese y fijarse las medidas alternativas necesarias para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, máxime si se encuentran involucrados menores de edad, ya que deben priorizarse los principios de su interés superior y de unidad familiar. Justificación: Lo anterior, porque la libertad personal es un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: i) que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Atendiendo a esos supuestos, dicho órgano ha considerado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, pasando por alto que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Cabe señalar que la detención migratoria busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es, lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como consecuencia la deportación. En ambos supuestos la persona migrante o menor de edad en esa condición, permanece en una estación migratoria o estancia provisional en tanto se dicta la determinación respectiva; sin embargo, en algunos casos, las personas o menores de edad permanecen detenidas durante meses, debido a que el artículo 111 de la Ley de Migración no establece cuál es el plazo máximo para la detención. En ese contexto, cuando el Juez de Distrito conceda la suspensión de plano contra detenciones que no tengan relación con la comisión de un delito, efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como lo son las migratorias, será para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, en términos del segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo fijando, además, las medidas alternativas a la detención aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, con la finalidad de evitar colocar a las personas migrantes o menores de edad en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de éstos y de unidad familiar." "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Resta decir, que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la quejosa no cumple con los requisitos de efectividad o medidas alternativas, referidas en párrafos previos dentro del plazo de cinco días legalmente computados a partir de la notificación del presente proveído. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por otra parte, tomando en consideración que Darelys Lorenzo Montane, se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, y que la petición de amparo no la formuló directamente la agraviada y debido a ello existe la posibilidad de que se haya incurrido en imprecisión al citar su nombre; atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama, se conmina al director de dicho centro de reclusión, para que de suceder esto, permita al fedatario judicial el acceso al registro de ingresos e incluso que pueda entrevistarse con la quejosa, a fin de saber si la demanda de amparo se promovió a favor de él, so pena de incurrir en responsabilidad oficial. Para tal virtud el actuario Judicial deberá constituirse y realizar lo siguiente: Requiera a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, para que permita el libre acceso al fedatario judicial con el fin de que pueda entrevistarse con Darelys Lorenzo Montane. Vocear o llamar a Darelys Lorenzo Montane. Notificarle el presente auto. Requerir a la quejosa Darelys Lorenzo Montane, para que en ese acto o dentro del término de tres días manifieste si ratifica o no la demanda de amparo instada en su nombre por Hansel Ramírez Montane. Dar fe del estado físico en el que se encuentra el agraviado. Apercibir al directo impetrante que de no ratificar la demanda en el término concedido se tendrá por no presentada la demanda aludida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y quedarán sin efecto las medidas decretadas. Notificarle a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, respecto de los actos reclamados, suspensión concedida para el efecto de que cesen los citados actos, debiendo acatar ésta orden la autoridad responsable. En la inteligencia, que deberá prevenirse a la responsable para que de inmediato se abstenga de ejecutar cualquiera de los actos mencionados en contra de la directa quejosa. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE LOS ACTOS RELATIVOS A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LA QUEJOSA. En otro aspecto, atendiendo a que la parte quejosa señala como actos reclamados la privación de su libertad y ataques a su libertad personal de forma ilegal, se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto la directa quejosa ratifique la demanda de amparo promovida a su favor. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la quejosa se tiene como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Arturo Portillo Martínez (cédula 2430239), toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Salvador Gallardo Brambila. De igual forma, se le tiene señalando el correo electrónico y número telefónico que precisa, para entablar comunicaciones que no tengan el carácter de procesales. Y toda vez que la parte promovente no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso a), las notificaciones personales realícense en el lugar de su detención. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del acuerdo 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además de conformidad con la fracción XIX del precepto 2 del diverso acuerdo 13/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que se estime necesario. Notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar en el que se encuentra detenido. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles
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