Darel Alexander Juvier Rodríguez
Expediente 352/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Darel Alexander Juvier Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, tres de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión número R.A.2/2022, mediante sesión de diecinueve de abril de dos mil veintidós, por el tribunal oficiante. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio promovido por ... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta, para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Apoderada General de para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través del cual, en atención al requerimiento formulado mediante proveído de veinticuatro de febrero del año que transcurre y a la prórroga concedida mediante diverso de ocho del mes y año en curso, informa las acciones correspondientes a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintidós. Se agrega en autos el oficio signado por la Directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual, en atención al auto de veintisiete de enero del año en curso, remite copia certificada de la nota médica de la consulta externa del servicio de otorrinolaringología practicada a la menor quejosa, de la cual se desprende el resultado de la valoración médica programada el lunes diez de enero de dos mil veintidós, misma que se digitaliza a continuación: En ese sentido, de la nota médica que anexa, se advierte que la médico Doctora Ana Ruth Hernández Cervantes, determinó que la menor quejosa, debía ser revalorada a efecto de descartar TORCH, no obstante de que ya se han realizado diversos estudios a la menor aludida, dando resultado negativo a TORCH, no obstante, insistió en remitirla a infectología para descartar nuevamente dicha infección, asimismo, se agendó nueva cita dentro de un mes posterior a la cita realizada el lunes diez de enero de dos mil veintidós. En ese sentido, de las constancias que obran en autos, se advierte que, mediante oficio recibido el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, la delegada del el Director del Hospital General Regional número veinte (20) del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana, Baja California, remitió, entre otras, la nota médica de veintisiete de octubre del año en curso, suscrita por la médico Martha Esther Vidrio Becerra, del Hospital de Pediatría de Oblatos en el Estado de Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la que se advierte que la menor quejosa se encuentra en protocolo para implante coclear: De conformidad con lo reseñado, se advierte que ya fue determinado, por una instancia médica, que resulta necesario que le sea practicado a la menor quejosa un implante coclear. Bajo tales circunstancias, dado que el presente juicio versa sobre la protección del derecho a la salud, la cual debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio, incluso, de los demás derechos humanos, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Directora y a la médico Doctora Ana Ruth Hernández Cervantes, ambas de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de éste proveído, remitan en original o copia certificada, completa y legible, la valoración médica realizada en la cita agendada para el mes de febrero, asimismo, deberá referir la fecha aproximada en que será colocado el implante coclear que necesita, indicando el lugar, fecha y hora, en que debe de presentarse para tales efectos, o bien, en caso de que ya hubiera sido implantado el mismo, remita copia certificada de los documentos necesarios para respaldar su dicho. En el entendido de que debe ser dicha autoridad la que realice todas y cada una de las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo requerido por este juzgado, así como hacer uso del presupuesto necesario a fin de allegarse de los insumos médicos que resulten necesarios para tal fin, y en caso de que la quejosa requiera trasladarse a un diverso centro médico, deberá cubrir todos los gastos necesarios para ello, por tanto, deberá referir día, hora y lugar en que ello será realizado, proporcionando los recursos económicos que resulten necesarios. En ese sentido, resulta conveniente imponerse del contenido de los artículos 2 y 89 de la Ley del Seguro Social, que a la letra establecen: Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. (...) Artículo 89. El Instituto prestará los servicios que tiene encomendados, en cualquiera de las siguientes formas: I. Directamente, a través de su propio personal e instalaciones; II. Indirectamente, en virtud de convenios con otros organismos públicos o particulares, para que se encarguen de impartir los servicios del ramo de enfermedades y maternidad y proporcionar las prestaciones en especie y subsidios del ramo de riesgos de trabajo, siempre bajo la vigilancia y responsabilidad del Instituto. Los convenios fijarán el plazo de su vigencia, la amplitud del servicio subrogado, los pagos que deban hacerse, la forma de cubrirlos y las causas y procedimientos de terminación, así como las demás condiciones pertinentes; III. Asimismo, podrá celebrar convenios con quienes tuvieren establecidos servicios médicos y hospitalarios, pudiendo convenirse, si se tratare de patrones con obligación al seguro, en la reversión de una parte de la cuota patronal y obrera en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios relativos. En dichos convenios se pactará, en su caso, el pago de subsidios mediante un sistema de reembolsos. Estos convenios no podrán celebrarse sin la previa anuencia de los trabajadores o de su organización representativa; IV. Mediante convenios de cooperación y colaboración con instituciones y organismos de salud de los sectores públicos federal, estatal y municipal, en términos que permitan el óptimo aprovechamiento de la capacidad instalada de todas las instituciones y organismos. De igual forma, el Instituto podrá dar servicio en sus instalaciones a la población atendida por dichas instituciones y organismos, de acuerdo a su disponibilidad y sin perjuicio de su capacidad financiera, y (.) De lo transcrito, se desprende que las autoridades requeridas deberán garantizar el derecho a la salud de los derechohabientes, para lo cual, se prevén las diversas formas en que podrá prestar sus servicios, entre otros, a través de convenios con organismos públicos o particulares de los distintos órdenes de gobierno; por lo que las autoridades requeridas deberán realizar los trámites y gestiones necesarias para referirla a una diversa institución médica, haciendo uso de los convenios de colaboración con las instituciones u organismos de salud federal, estatal o municipal, o bien, con la institución particular respectiva, en el entendido de que los gastos que ello genere, deberán ser cubiertos con los recursos monetarios con los que cuentan dichas instituciones de salud. Apercibidos que en caso de persistir en omisión de su parte, en el siguiente requerimiento, se impondrá a las personas físicas que ostenten el cargo de las autoridades requeridas, una multa de cincuenta veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, con base en lo dispuesto en los artículo 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que la autoridad únicamente ha incurrido en evasivas y con su conducta ha obstaculizado la impartición de justicia. Importa destacar que no sólo las autoridades responsables están obligadas a cumplir el presente requerimiento, mismo que deriva de la medida cautelar otorgada en autos, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a dos de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo para recurrir el proveído de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, sin que a la fecha se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
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