Danyeli Monserrat Villanueva González

Expediente 1176/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1176/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
17/12/2018

Partes del expediente

  • Danyeli Monserrat Villanueva González

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual trascribe el proveído de doce de diciembre del año en curso, dictado en el juicio de amaro directo administrativo 783/2018 de su índice, del que se advierte que dicho órgano colegiado aceptó la competencia planteada por este Juzgado federal. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el presente cuadernillo como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Finalmente, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de seis meses conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en este cuaderno de antecedentes algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto y atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual se transcribe el proveído de quince de noviembre del año en curso, dictado en el juicio de amaro directo 783/2018, de su índice, por el que acusa recibo del diverso oficio 23489/2018, del orden de este Juzgado y hace del conocimiento que previo a pronunciarse respecto de la competencia planteada por este órgano de control constitucional, requirió al Juez Mixto de Primera Instancia del IX Distrito Judicial, con residencia en Cerritos, San Luis Potosí, a efecto de que le remita el expediente 243/2018, de su orden. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Ma. Blas Villanueva Sánchez, en nombre de la menor con iniciales D.M.V.G., contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del IX Distrito Judicial con sede en Cerritos, San Luis Potosí; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1176/2018-IV. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente en relación con la demanda de amparo que nos ocupa, en principio es necesario precisar el acto que se controvierte mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que lo anterior debe realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la parte quejosa les atribuya a los actos reclamados, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juzgador de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, el análisis integral del ocurso de demanda y su anexo pone de manifiesto que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: - La determinación emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, con residencia en el Municipio de Cerritos, San Luis Potosí, el quince de octubre del año en curso, a través de la cual sancionó y aprobó el convenio celebrado en la propia data por José Juan Villanueva Cortina y María Adriana González Lucas, parte actora y demandada, respectivamente, en la controversia del orden familiar por guarda y custodia 243/2018 de su índice, elevándolo a la categoría de cosa juzgada y obligándose a las partes a pasar por él en todo momento. Ahora bien, precisado lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, los cuales literalmente establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." En ese contexto, el suscrito considera que, por las razones que a continuación se exponen, se carece de competencia legal para resolver en la vía indirecta el juicio de amparo que promueve Ma. Blas Villanueva Sánchez, en nombre de la menor con iniciales D.M.V.G. Lo anterior se afirma así, ya que de conformidad con lo establecido en el numeral 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas. Luego, si en el caso, el acto reclamado lo constituye la determinación emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, con residencia en el Municipio de Cerritos, San Luis Potosí, el quince de octubre del año en curso, a través de la cual sancionó y aprobó el convenio celebrado en la propia data por José Juan Villanueva Cortina y María Adriana González Lucas, parte actora y demandada, respectivamente, en la controversia del orden familiar por guarda y custodia 243/2018 de su índice, elevándolo a la categoría de cosa juzgada y obligándose a las partes a pasar por él en todo momento, deviene inconcuso que dicha determinación en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido y, por tanto, de conformidad con el numeral 34 de la legislación en comento, en su contra procede el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia por contradicción 3a./J. 30/90, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, página 188, de la literalidad siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." Así como la tesis I.1o.C.58 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 296, Tomo XIII, Febrero de 1994, Materia Civil, Octava Época del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CONVENIO. EL AUTO QUE LO APRUEBA Y DA POR CONCLUIDO EL JUICIO ELEVANDOLO A LA CATEGORIA DE COSA JUZGADA, ES ANALIZABLE EN AMPARO DIRECTO. El auto en que se aprueba un convenio celebrado entre las partes y establece la obligación a su cargo de estar y pasar por él en todo tiempo y lugar como si se tratara de sentencia ejecutoriada, elevándolo a la categoría de cosa juzgada, sin decidir el juicio en lo principal, pero que sin embargo lo da por concluido, no admite más recurso que el de responsabilidad, por lo que en su contra es procedente el amparo directo en términos de los artículos 44 y 46, último párrafo, en relación con el 158, todos de la Ley de Amparo.". Sin que obste a lo anterior, que la promovente aduzca instar la acción constitucional en representación de la menor con iniciales D.M.V.G., derivado de que esta última no fue escuchada por el Juez responsable antes de sancionar el aludido acuerdo de voluntades. Ello, pues no obstante que el juicio de amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él, el presente asunto no se ubica en dicha hipótesis. Se afirma lo anterior, púes del análisis de la demanda de amparo y su anexo, se desprende que la falta de audiencia de la aludida menor, no deriva del hecho de que no fue emplaza al controvertido de origen, pues en el mismo incluso no es parte demandada, sino que el reclamo se origina, derivado de que el Juez responsable fue omiso en escucharla previo a aprobar y sancionar el convenio celebrado entre las partes. Extremo este ultimó, que constituye una violación al procedimiento, impugnable a través de los conceptos de violación que se enderecen en contra de la resolución que ponga fin al juicio de origen, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracciones VI, VII y XII de la Ley de Amparo. Lo que incluso acontece en el caso, pues precisamente la promovente no reclama la falta de llamamiento al controvertido de origen, sino por el contrario, impugna de manera destacada la determinación que aprobó y sancionó el convenio celebrado en el juicio de origen, y es a través de los conceptos de violación que se duele de la omisión del Juez responsable en escuchar a la menor de iniciales D.M.V.G., previo a dicha aprobación y sanción. Lo anterior, incluso se ve robustecido con la tesis I.5o.C.138 C, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2339, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia Civil, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. EL HECHO DE QUE EL JUZGADOR NO LLAME AL MENOR PARA SER ESCUCHADO ANTES DE FIJARLO, DA LUGAR A QUE TAL OMISIÓN SEA ANALIZADA Y SUBSANADA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO QUE EN SU CASO SE PROMUEVA. En atención a que el régimen de visitas y convivencias es un derecho humano del menor que se debe respetar en términos de los artículos 1o. de la Constitución Federal; 1 a 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3, 4, 7, 41, 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 1 y 4 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal; y 282, apartado B, fracción III, y 283, fracción III, y último párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal; el juzgador se encuentra legalmente obligado a llamar al menor para que sea escuchado antes de resolver sobre dicho régimen, al que deberá estar sujeto con sus progenitores en la sentencia definitiva que en el caso concreto se emita, lo que deberá hacer oficiosamente conforme al artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. De ahí que la omisión del juzgador de acatar lo anteriormente expuesto, dará lugar a que ésta sea subsanada en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva, incluso en suplencia de la queja deficiente, por así desprenderse del artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo." Así como con la jurisprudencia VII.2o.C. J/15 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, integrada al resolver lo juicios de amparo 1020/202, 1088/2002, 992/2002, 1502/2002 y 422/2003 de índice, de cuya ejecutoria se desprende que la omisión del Juez A quo en escuchar a los menores en asuntos donde tenga que resolverse sobre guarda y custodia, se traduce en una violación procesal, analizable de oficio. La jurisprudencia en comento se encuentra localizable en la página 1582, Tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "MENORES DE EDAD. EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO, AUN DE OFICIO, A ESCUCHARLOS EN CUALQUIER JUICIO DONDE TENGA QUE RESOLVERSE SOBRE LA PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, ASÍ COMO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA FACULTAD QUE TIENE DE VALERSE DE CUALQUIER MEDIO A FIN DE SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 157 y 345 del código sustantivo civil para el Estado de Veracruz, 225 y 226 del ordenamiento procesal respectivo, debe entenderse que en todos aquellos juicios civiles donde tenga que resolverse sobre la patria potestad, guarda y custodia de menores de edad, sin importar la acción intentada, el juzgador, aun de oficio, debe escucharlos, a fin de evitar conductas de violencia familiar y normar correctamente su criterio sobre la situación que guardan con sus progenitores, así como al Ministerio Público de la adscripción ante el desacuerdo de los cónyuges sobre ese tenor, teniendo en consideración, además, la facultad de poder valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cosa o documento conducente al conocimiento de la verdad, como podría ser, a guisa de ejemplo, la investigación de trabajadores sociales, análisis psicológicos en relación no sólo con el menor sino también con los padres, apoyándose para ello en instituciones como el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) o los servicios de salud pública, sin importar que el artículo 157 del código sustantivo civil, sólo refiera a los asuntos de divorcio, pues en el caso opera el principio jurídico de que donde impera la misma razón debe aplicarse la misma disposición, todo con el fin de salvaguardar el interés superior de los menores." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Ma. Blas Villanueva Sánchez, en nombre de la menor con iniciales D.M.V.G., contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del IX Distrito Judicial con sede en Cerritos, San Luis Potosí; por consiguiente, para los efectos precisados en el propio numeral, se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, al que se considera competente, para que, de considerarlo así, proceda a su conocimiento, solicitando el acuse de recibo correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no se pronuncia con relación a cuestiones relativas a la legitimación de quien promueve y admisión de la demanda, pues corresponderá hacerlo a la autoridad que se considera competente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la legislación invocada, a las personas que menciona toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese, personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil dieciocho. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número 1176/2018-IV; se forma el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal de este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo promovida por Ma. Blas Villanueva Sánchez, en nombre de la menor con iniciales D.M.V.G., contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del IX Distrito Judicial con sede en Cerritos, San Luis Potosí; agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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