Dante Sánchez Hernández
Expediente 206/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Dante Sánchez Hernández
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de cinco de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte promovente tal circunstancia. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos al no obrar éstos en autos. Finalmente, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la resolución dictada en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de la misma y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Vista, la demanda de amparo que promueve Dante Sánchez Hernández, contra actos de la Directora de la escuela preescolar denominada VIETNAM. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 206/2018-III. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa deriva de que el acto reclamado consiste en la omisión de contestar el oficio número 457 dirigido a la responsable por parte del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en cumplimiento al auto de siete de febrero de dos mil dieciocho dictado dentro del expediente 1238/2015, de los del índice de ese Juzgado, lo cual de ninguna forma actualiza la existencia del principio de agravio personal y directo. En efecto, el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: El efecto, para promover el juicio de amparo, se requiere la existencia de una afectación real y concreta, entendido como una afectación de los derechos fundamentales, en términos de los artículos 5 y 6, de la Ley de Amparo antes transcrita y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, para acudir al juicio de amparo, debe existir una parte agraviada, entendida ésta, como la persona que resiente un perjuicio por sí o a través de una colectividad, el cual puede ser definido de la siguiente forma, "como toda privación de un derecho o imposición de un deber que ordena o realiza una autoridad y que se presume vulnera derechos humanos individuales o de una colectividad. Lo anterior es así, porque la parte quejosa acude a esta instancia porque se duele de un acto omisivo, esto es, la omisión de contestar el oficio cuatrocientos cincuenta y siete, sin embargo, de la lectura integral de la demanda, se desprende que dicha omisión no fue por una petición que realizó de mutuo propio, sino una solicitud que realizó el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc en cumplimiento al auto del expediente 1238/2015 de su índice, por lo que, la parte quejosa de ninguna forma puede sustituirse en lugar del juez para acudir a esta instancia jurisdiccional hacer efectivo una solicitud que el juez emitió con motivo de sus funciones. Bajo ese contexto, de ninguna forma la parte quejosa puede sustituirse en lugar del juez de origen para hacer cumplir una determinación mediante el juicio de amparo, ya que dicha autoridad cuenta con las medidas legales para hacer cumplir sus determinaciones. En efecto, el artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, establece las medidas de apremio que están dentro sus facultades para hacer cumplir sus determinaciones, tal y como se desprenden a continuación: Por lo que, si el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc en cumplimiento al auto del expediente 1238/2015 de su índice, emitió el oficio 457, de siete de febrero del año en curso, y sin que a la fecha se haya dado contestación al mismo, el hoy quejoso tiene expeditos sus derechos para solicitar al juez de origen aplique las medidas necesarias para hacer cumplir sus determinaciones y lograr se emita la respuesta al oficio que emitió. En atención a lo anterior, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículos 5, 6 y 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en los artículos 5, 6 y 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Por otra parte, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo realícese las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos por así solicitarlo expresamente, ya que el mismo señala los estrados de este juzgado, lo que no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, ya que si bien, se advierte el domicilio particular del quejoso, lo cierto es que el mismo es en cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala, por así manifestarlo expresamente. Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto. Lo anterior, sin perjuicio que conforme al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, aun cuando no ejerzan la oposición de que se trate, en la versión pública de la resolución que se dicte, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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