Dante Nava Altamirano

Expediente 1977/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1977/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
01/03/2018

Partes del expediente

  • Dante Nava Altamirano

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, primero de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 283 signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 15/2018, interpuesto por DANTE NAVA ALTAMIRANO, concluyendo con el punto resolutivo que es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja, interpuesto por DANTE NAVA ALTAMIRANO, contra el auto emitido por el juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 15/2018. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente juicio se interpuso recurso de queja en contra del auto por el cual se desechó de plano de demanda de garantías promovida y el Tribunal de Alzada, declaró infundado el recurso de queja, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Finalmente, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio y autoridad responsable que en él se citan, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, ocho de enero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido, el oficio 98/2018 signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, por medio del cual informa que se admite el recurso de queja promovido por el quejoso DANTE NAVA ALTAMIRANO, el cual quedó registrado bajo el número 15/2018; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya a lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada ALETIA GONZÁLEZ HUERTA, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/6345/2017 de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza. Doy fe

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena glosar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito que signa el quejoso Dante Nava Altamirano, mediante el cual interpone el RECURSO DE QUEJA que establece el artículo los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en contra del auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo, por lo tanto, se da trámite al recurso de queja respectivo. En consecuencia, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de siete de diciembre de dos mil diecisiete, se desechó la demanda de amparo interpuesta por Dante Nava Altamirano, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por los motivos que en dicho auto se expusieron; asimismo, no pasa inadvertido para este juzgador que en el escrito de cuenta la parte promovente manifiesta que el juicio al cual refiere su promoción es el 1977/2012-I, sin embargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que de acuerdo a los datos proporcionados en el escrito que nos ocupa, el juicio de amparo correcto es el 1977/2017-I, lo que se asienta en el presente auto para los efectos legales a que haya lugar. Cabe hacer mención, que la parte recurrente no señaló las constancias que deberán remitirse al Tribunal de Alzada que conocerá del citado recurso, de conformidad con lo establecido por el artículo 100, párrafo segundo de la Ley de Amparo, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, establecido lo anterior se ordena enviar las copias necesarias inherentes al auto recurrido así como las que se estimen pertinentes para la resolución de la queja, así también el escrito original de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en turno con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de siete de diciembre del dos mil diecisiete, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca Morelos siete de diciembre de dos mil diecisiete. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por DANTE NAVA ALTAMIRANO, por su propio derecho, contra actos de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 1977/2017-I. De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Por consiguiente, dado que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que si se actualiza, en este asunto, la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, éste interpretados a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme al artículo 107, fracción lll de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, tratándose de resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Así, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción lll de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación "...entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que las violaciones procesales, que sólo produzcan una afectación de esa naturaleza, no pueden ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado en esta vía constitucional, la audiencia de conciliación y demanda y excepciones, de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente laboral 01/633/17-IV, así como los actos derivados de la misma. Para mayor comprensión del asunto, atendiendo al contenido integral de la demanda de cuenta, se destaca lo siguiente: En agosto de dos mil diecisiete, Joel Isaac Jaimes Contreras, presentó demanda laboral en contra de la parte aquí quejosa, donde demandó el pago de diversas prestaciones, la cual fue radicada por la Junta responsable bajo el número 01/633/17-IV. El trece de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, resolución que constituye el acto reclamado. De lo anterior se advierte que el acto reclamado, es un acto dentro de juicio que no produce una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, antes, sólo afecta derechos de naturaleza meramente procesal. Los derechos de naturaleza procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y, si esos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que eventualmente se dicte a favor del gobernado agraviado, podría tener por efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera adversa y las violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar ésas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 170 fracción I, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Como quedó apuntado, la consecuencia legal de los actos reclamados, es que se continúe con el procedimiento judicial en la etapa en que se encontraba. Por lo expuesto, es inconcuso que los actos reclamados no producen una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, ni lo deja sin defensa, toda vez que los efectos del acto reclamado recaen sobre derechos de naturaleza adjetiva o procesal, siendo meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable, ya que sólo afecta derechos adjetivos y no irrumpe en la esfera de sus derechos sustantivos como la vida, libertad, trabajo, propiedad, etcétera, y por el contrario, si el acto reclamado trascendiera al fallo que resuelva en definitiva el juicio de origen, las violaciones que alega puede hacerlas valer en el amparo directo que en contra de la resolución definitiva promueva, como lo señala el artículo 171 de la Ley de Amparo, al tratarse de una violación análoga a las previstas en las fracciones III y VII, en relación con la fracción XII, todas del artículo 172 de la citada ley, pues el acto reclamado incide sobre la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y será hasta el dictado del laudo cuando se advertirán si las violaciones procesales reclamadas trascendieron al resultado del fallo. Luego, es indudable que los actos reclamados no constituyen un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues el hecho de que se haya celebrado la audiencia de referencia, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. A mayor abundamiento, ciertamente la audiencia que reclama genera consecuencias, pero de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, pues la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de trece de noviembre de dos mil diecisiete, celebrada en el juicio laboral de origen, en la que se tuvo por contestada la demanda promovida, sólo incide en derechos intraprocesales, pero no trastoca su derechos sustantivos, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada VII.2o.T.43 L (10a.), Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, que a su rubro y letra dice: DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).".* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, no pasa inadvertida para el suscrito la jurisprudencia VI.1o.A.J/10 (10a), que establece que actos de imposible reparación, son aquellos que afectan derechos sustantivos, así como violaciones procesales relevantes, pero en el caso, no puede considerarse al acto reclamado como generador de una violación procesal relevante, pues si bien produce consecuencias jurídicas, no se advierte que eso afecte derechos sustantivos del quejoso. La jurisprudencia VI.1o.A.J/10 (10a), es del tenor literal siguiente: Tesis: VI.1o.A. J/10 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006339 2 de 4 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Pág. 1570 Jurisprudencia(Común) "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Sustenta a la anterior determinación la tesis 2a. L/2015 (10a.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de 2015, con número de registro 2009477, cuyo rubro y texto, son los siguientes: Tesis: 2a. L/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009477 1 de 1 Segunda Sala Libro 19, Junio de 2015, Tomo I Pag. 1069 Tesis Aislada(Constitucional, Común) "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por DANTE NAVA ALTAMIRANO, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; asimismo, se indica que las promociones que dirija a este juicio de amparo, deben contener el número de expediente y mesa de trámite. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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