Dante Jafet Martínez Olvera
Expediente 634/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Dante Jafet Martínez Olvera
- Dante Jafet Martínez Olvera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de agosto de dos mil veintiuno. Vista; acorde a la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos José de Jesús Bellacetín Solano, Juan Arturo Ambrosio Bautista, Alfonso Santiago Sandoval Gutiérrez y Axel Galaad García Castrejón, hayan interpuesto recurso de queja contra el proveído de diez de junio del año que transcurre; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de la ley citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por otro parte, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del acuerdo de referencia, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha auto que decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Asimismo, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que tanto el presente expediente, como el original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, esto es, sólo deberán conservarse las constancias relativas a la demanda, la resolución del otorgamiento, para el primero de la suspensión de plano, mientras que para el segundo, de la suspensión provisional, y, en su caso, violación a las mismas; consecuentemente, en su momento procédase al desglose de las demás constancias que los integran para su destrucción. Por tanto, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Respecto del duplicado del incidente de suspensión, es DESTRUIBLE de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General precisado, se ordena que dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de seis meses, contado a partir del presente proveído, se proceda a su destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del cuaderno. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de agosto de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa, es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años, en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento, ya sea provisional, definitiva y/o violación; y, en cuanto al resto de las constancias que lo integran procédase a su desintegración material. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, se declara que es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de seis meses, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Cúmplase.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de junio de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintisiete de mayo del año en curso, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la Amparo, a efecto de admitir y dar trámite al juicio de garantías en que se actúa, este órgano jurisdiccional previno a Marco Octaviano Jonathan Cortes Rodríguez, quien se ostentó como representante o apoderado legal de los quejosos ********, con el objeto de que en el término de cinco días cumpliera con lo siguiente: "(.) EXHIBA ANTE ESTE TRIBUNAL EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, LAS CONSTANCIAS O DOCUMENTOS RELATIVOS CON QUE ACREDITE EN FORMA FEHACIENTE EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE LOS DIRECTOS QUEJOSOS NO PRIVADOS DE SU LIBERTAD." Apercibiéndolo que de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procedería conforme a lo establecido en el artículo 114 precitado, es decir, se tendría por no presentada la demanda de amparo por lo que atañe a los quejosos ************************. En ese orden de ideas, el proveído de veintisiete de mayo actual, le fue notificado de manera electrónica el veintiocho de mayo del año que transcurre, razón por la cual, le surtió efectos el treinta y uno siguiente, por lo que el término de cinco días concedido para desahogar dicha prevención, transcurrió del uno al siete de junio de dos mil veintiuno. En ese contexto, cabe precisar que el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece la facultad de los Jueces de Distrito de tener por lo presentada la demanda de amparo cuando la parte quejosa no subsane las irregularidades, omisiones o deficiencias que en ésta se hubieran advertido o no exhiba las copias que resulten necesarias para la tramitación del juicio de garantías. Bajo esa tesitura, y ante la omisión de la impetrante, de desahogar en sus términos la prevención formulada por este órgano de control constitucional el veintisiete de mayo del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento con el cual fue conminado en el auto de referencia, por lo que, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE A LOS QUEJOSOS ********************, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea óbice para arribar a la anterior determinación, el imperativo contenido en el artículo 17 constitucional, los principios de certidumbre jurídica y buena fe, así como la trascendencia que puede tener para los intereses del promovente el no subsanar dentro del término legal tales irregularidades, habida consideración que este Tribunal Federal previo a la aplicación del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, tal y como se desprende del auto de prevención de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, hizo saber expresamente a la parte quejosa, mediante el apercibimiento respectivo, las consecuencias legales que derivarían de su incumplimiento, en la especie, el tener por no presentada la demanda de amparo. Por otro lado, en lo que atañe a los diversos quejosos Dante Jafet Martínez Olvera y Mario Adrián Flores Serrano, de autos se ?????????????? aprecia que en proveído de tres de junio del presente año, se tuvo por rendido, entre otros, el informe justificado de la autoridad responsable Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito a la Agencia Especializada en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, quien remitió diversas documentales, de las que se advierte la situación jurídica de los mencionados quejosos, consistentes en el acuerdo y boleta de libertad de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, emitidos en la carpeta de investigación 12030830200221260521, instruida en su contra. En este contexto, de lo informado por el oficiante y del análisis de las documentales que remitió se aprecia que respecto a los quejosos Dante Jafet Martínez Olvera y Mario Adrián Flores Serrano, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, que al rubro y texto reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Junio de 199 Tomo IX, página 38). Así como la diversa tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Noviembre de 1997, Tomo VI, página 71). Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad a la que se le atribuye deja de afectar la esfera jurídica de los quejosos, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues????????? es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la privación de la libertad de los citados quejosos, y de las constancias exhibidas por el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito a la Agencia Especializada en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, se aprecia que si bien Dante Jafet Martínez Olvera y Mario Adrián Flores Serrano, se encontraban detenidos en los separos de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrita a la Agencia Especializada en Narcomenudeo, relacionados con la carpeta de investigación 12030830200221260521, que se inició en su contra por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple del estupefaciente denominado Cannabis Sativa L., conocida comúnmente como marihuana, cometido en agravio de la sociedad, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintisiete de mayo del año en curso, se decretó su libertad. Por lo anterior, es claro, que se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto rezan: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el?????????? sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Marzo de 200e4, Tomo XVII, página 386). En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. El anterior sobreseimiento se hace extensivo a las autoridades ejecutoras, toda vez que los actos que de ellas se reclaman, no se hicieron valer por vicios propios. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia VI. 2º. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, visible en la página 690, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". Finalmente, se ordena agregar a las presentes actuaciones para que únicamente obre como corresponda, el oficio signado por el Fiscal Regional en Acapulco de la Fiscalía General del Estado, a través del cual rinde su informe justificado, en virtud de lo acordado en líneas que anteceden. Notifíquese personalmente.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; tres de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido y agréguense a los autos para que súrtanlos efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, mediante el cual remite copia certificada de la audiencia de veintiocho de mayo pasado, de la que se advierte que difirió la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada con cargo a Ariadna del Carmen García Catalán, Israel Agustín Fernández Arcipreste Peralta y Ricardo Alvarado Velázquez, para las once horas del dieciocho de junio próximo, ordenando su presentación por medio de la fuerza pública, en el juicio laboral 451/2016 de su índice. Atento a lo anterior, se ordena glosar a los autos el oficio y anexo de cuenta, para que surtan los efectos legales correspondientes, y téngase a la autoridad responsable, informando las gestiones que realizó para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo en que se actúa. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguiente a la notificación del presente proveído, REMITA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA CON LA QUE ACREDITE QUE NOTIFICÓ AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD, LA PRESENTACIÓN DE LOS ALUDIDOS TESTIGOS. En el entendido que de no hacerlo, sin justificación alguna, se le harán efectivos los apercibimientos insertos en proveído de cuatro de mayo actual, notificado por oficio 8614/2021 el once siguiente. Notifíquese.
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