Dante Felipe Moran Garzon
Expediente 1109/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1109/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Dante Felipe Moran Garzon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se negó la protección constitucional, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se negó la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Por consiguiente, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de octubre de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1109/2022-IV, promovido por Dante Felipe Morán Garzón. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, el cual por razón de turno correspondió a este juzgado, Dante Felipe Morán Garzón demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que hizo consistir en la omisión de dictar el laudo respectivo dentro del juicio laboral 22/2021/E-6. SEGUNDO. Por proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda, pidió informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1º, 103, fracción I y 107 fracción III, de la Constitución General de la República, 49 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como los puntos primero fracción IX, segundo fracción IX, tercero fracción IX y cuarto, fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto omisivo y la demanda se presentó en la demarcación territorial en la que esta juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional, toda vez que así lo reconoció expresamente el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje al rendir su informe justificado. TERCERO. En virtud de que las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, ni advertirse de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa alega, en síntesis, la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a la fecha el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje no ha dictado el laudo correspondiente. Son infundados los conceptos de violación, por las razones que enseguida se precisan. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [...]" Conforme al texto constitucional, el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados, entre otros, el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Los artículos 130 y 132 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, disponen: "130. Concluido el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y hecha la certificación del Secretario de Acuerdos de que ya no quedan pruebas pendientes de desahogo, se declarará cerrada la instrucción y se turnará el expediente al Secretario Proyectista, para que formule su opinión, que deberá contener los siguientes elementos: I. Extracto de la demanda y de la contestación; II. Señalamiento de los hechos controvertidos; III.Relación de las pruebas admitidas y desahogadas, su apreciación en conciencia a verdad sabida y buena fe guardada, sin sujetarse a reglas fijas en su valoración, debiendo expresar las consideraciones en que se funde la decisión; IV. Las consideraciones fundadas que se deriven de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "132. Formulado el proyecto del laudo, el Presidente del Tribunal citará a los miembros que lo integren, para la discusión y votación que se llevará a cabo en audiencia del pleno del tribunal, observándose lo siguiente: I. Se dará lectura al proyecto del laudo, a los legajos y demás documentos que se estimen necesarios que obren en el expediente; II. El presidente pondrá a discusión el proyecto; y III.Terminada la discusión, se votará y el Presidente declarará el resultado. Si el proyecto es aprobado sin adiciones ni modificaciones será elevado a la categoría de laudo y se firmará por los miembros del Tribunal. --- Si se hicieren modificaciones o adiciones al proyecto, se ordenará al Secretario que redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, haciéndose constar, en este caso, en el acta de la sesión." De los numerales antes transcritos se observa, que si bien en los mismos no se prevé plazo alguno en el que la autoridad responsable deba cumplir con la emisión del laudo correspondiente una vez cerrada la instrucción, en el caso concreto, debe estarse a lo que dispone la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 168 en el que expresamente se establece: "168. Cuando algún acto procesal o el ejercicio de algún derecho no tengan señalado término, éste será de tres días hábiles." Así, de una correcta interpretación de los artículos antes trascritos, es de concluirse que una vez cerrada la instrucción dentro del procedimiento laboral, el expediente respectivo será turnado, dentro del término de tres días al secretario proyectista, quien contará a su vez con un término de tres días para formular por escrito el proyecto de laudo; luego, debe de entregar dicho proyecto al Presidente del Tribunal, quien a su vez goza de igual término a efecto de citar a los integrantes de dicho Tribunal Colegiado, dentro de plazo idéntico, para la celebración de la audiencia en la que se discutirá y votará dicho proyecto, el que, si es aprobado sin adiciones ni modificaciones, será elevado a la categoría de laudo y se firmará por los miembros del Tribunal, y si no, se ordenará al Secretario que dentro del término de tres días redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado. Por su parte, el contenido de los diversos numerales 195 y 196, de la misma ley, prevé la forma en que habrá de actuar el Tribunal cuando decrete la acumulación de juicios: ARTICULO 195.- En los procedimientos que se encuentren en trámite ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, procede la acumulación, de oficio o a instancia de parte, en los siguientes supuestos: I.- Cuando se trate de procedimientos promovidos por el mismo actor en contra del mismo demandado, en las que se reclamen las mismas prestaciones; II.- Cuando sean las mismas partes, aunque las prestaciones sean distintas, pero derivadas de una misma relación de trabajo; III.- Cuando se trate de procedimientos promovidos por diversos actores contra el mismo demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho derivado de la relación de trabajo; y IV.- En todos aquellos casos, que por su propia naturaleza las prestaciones reclamadas o los hechos que las motivaron, puedan originar resoluciones contradictorias. ARTICULO 196.- Si se declara procedente la acumulación, el procedimiento o procedimientos más recientes se acumularán al más antiguo. De la disposición transcrita se obtiene que la acumulación de juicios implica que el Tribunal laboral emita una sola resolución en que se resuelva sobre los dos conflictos relacionados. Esto tiene su razón de ser, en tanto que cuando existan dos juicios tramitándose ante ese órgano y cumplan con los requisitos de acumulación, el Tribunal debe resolver la controversia en un solo laudo para evitar resoluciones contradictorias, en el que deberá analizar todas las cuestiones planteadas en ambos juicios. De modo que para que el Tribunal se encuentre en condiciones de dictar el laudo en los juicios acumulados, se debe cumplir con el requisito de que en ambos, se haya cerrado la instrucción. En el caso, de las constancias allegadas por la autoridad, mismas que merecen valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de amparo, al tratarse de copias certificadas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; se tiene que en el juicio laboral 22/2021/E-6, (en el cual el aquí quejoso es parte actora) se cerró instrucción desde el ocho de mes de junio de dos mil veintidós, lo cual implica que se encuentra en estado de dictar resolución. Sin embargo, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 22/2021-E6 se determinó la acumulación del citado juicio al diverso 12/2021-E6, por lo que al dictar esa resolución incidental, se precisó que lo anterior era con el fin de no emitir sentencias contradictorias, una vez que ambos expedientes se encontraran en cierre de instrucción. Luego, si en el juicio 12/2021-E6 no se ha cerrado instrucción, conforme a lo señalado por la autoridad, lo cual no fue refutado por el quejoso al desahogar la vista del informe; implica que aún se encuentra en trámite, y, por ende, no se encuentra en estado de dictar laudo, lo que trae como consecuencia, que si bien, no se ha dictado laudo en el juicio laboral 22/2021-E6, en el cual, el quejoso es parte acora; ello se debe a que en el diverso que se le acumuló, aún no se encuentra cerrada la instrucción. En ese sentido, se encuentra justificada la abstención en dictar laudo por parte la autoridad responsable en el expediente laboral de origen, dado que debe priorizarse el cumplimiento a las formalidades del procedimiento, y a la seguridad jurídica de las partes, en la medida en que, al decretarse la acumulación se estableció que únicamente se emitiría un laudo, de donde, el obligar a la responsable a dictar laudo en el juicio en el cual el ahora quejoso es parte, atentaría contra el numeral 17 Constitucional. De modo que es de concluirse que no se patentiza la violación de derechos alegada por el quejoso, pues para que se emita la resolución de acuerdo al estado en que se encuentra la controversia laboral, debe primero cerrarse instrucción en el otro procedimiento con el que guarda conexidad. Es decir, no hay violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad responsable no se encuentra en aptitud legal de emitir laudo. En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los motivos de queja constitucional propuestos, se impone negar el amparo y protección que de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Dante Felipe Morán Garzón, contra el acto atribuido al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por los motivos establecidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, y al efecto realiza diversas manifestaciones, mismas que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; con su contenido y anexo, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, como sus delegados a las personas que indica. Asimismo, señalando diverso correo electrónico en donde atender cuestiones derivadas del presente juicio. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo que se acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. En consecuencia, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado de cuenta se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, agréguese el escrito de cuenta signado por el quejoso Dante Felipe Morán Garzón; en atención a su contenido, y tal como se encuentra autorizado en proveído de veinticuatro de agosto del presente año, con fundamento en los artículos 8° Constitucional y 3° de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta del expediente electrónico, bajo el usuario que proporciona. Notifíquese.
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