Dante Didier Ramírez Díaz
Expediente 544/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 544/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Dante Didier Ramírez Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil veintiuno. Declaratoria de estado Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, emitido el veintiséis de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que aunque se sobreseyó fuera de audiencia por cesación de efectos, se concedió la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en la fracción I, inciso a), del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado rendido por la agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte por sí y en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, ambos con sede en esta ciudad, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes, designando como delegados a las personas que indican y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren en su informe. Sobreseimiento fuera de audiencia Del informe de cuenta se advierte que el quejoso ******* fue puesto en libertad durante la investigación a las veintidós horas con treinta minutos del diecisiete de julio de la presente anualidad. Así, el que suscribe acuerda: Resultando Primero. Presentación de la demanda. El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en el turno de guardia se recibió la demanda electrónica presentada a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación por ******* a favor de *******. El quejoso ******* promovió juicio de amparo contra el Delegado de la Fiscalía General de la República, y otras autoridades, de quienes reclamó la detención fuera de procedimiento, arresto, incomunicación y malos tratos. Segundo. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Trámite al escrito inicial. En auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como juicio indirecto 544/2021-I-1; después de ratificada la demanda el diecinueve de julio de la presente anualidad se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclama un acto de autoridad residente en el territorio donde ejerce jurisdicción esta juzgadora. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Causa de improcedencia. Es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, el que suscribe estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, ******* promovió juicio de amparo a favor de *******, contra actos del Delegado de la Fiscalía General de la República, Fiscal de Distrito en la Zona Norte, Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Comandante de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Norte y Secretario de Seguridad Pública Municipal, de quienes reclamó la detención fuera de procedimiento, arresto, incomunicación y malos tratos, y que mediante auto de diecinueve de julio del año en curso, se admitió a trámite la demanda. Ahora, de las constancias de la carpeta de investigación ******* remitidas por la agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte por sí y en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, ambos con sede en esta ciudad, se advierte el Acuerdo de Libertad de Persona Retenida ante el Ministerio Público de diecisiete de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el licenciado *******, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos con Detenido en el que de conformidad con el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordenó la inmediata libertad del detenido (aquí quejoso) *******. Asimismo, del oficio *******, suscrito por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y Ejecución del Delito con Personas Detenidas, se aprecia que a las veintidós horas con treinta minutos del diecisiete de julio de dos mil veintiuno, el quejoso ******* fue puesto en libertad durante la investigación. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de la carpeta de investigación ******* que remitió la autoridad responsable; documental a la que se le reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Así, lo informado por las autoridades responsables resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues se dejó en inmediata libertad al quejoso a las veintidós horas con treinta minutos del diecisiete de julio de dos mil veintiuno, ordenada por el licenciado *******, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y Ejecución del Delito con Personas Detenidas; por ende, el acto reclamado, cesó sus efectos; en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las diez horas del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, por actualizarse la causal de improcedencia anotada en líneas precedentes. Notifíquese y por correo electrónico al quejoso. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Escrito de desistimiento Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso *******, expresa su deseo de desistirse de la demanda de amparo que motivó el presente juicio. Ratificación del escrito de desistimiento En atención a lo manifestado, con sustento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, debe requerírsele para que a las diez horas del veintiséis de julio de dos mil veintiuno, comparezca ante este juzgado a ratificar el desistimiento externado en su ocurso, sin perjuicio de que en caso de que no pueda comparecer en dicha data lo haga dentro del término de tres días, legalmente computado, en la inteligencia que, de no ratificar su desistimiento, se continuará con el procedimiento de este juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, del Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2006, Novena Época, que a la letra dice: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. Generación de código de respuesta rápida En términos de la fracción I del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de lograr la presencia física del quejoso, este órgano jurisdiccional generará la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", por lo que, deberá constituirse en las instalaciones de este órgano jurisdiccional a las diez horas del veintiséis de julio de dos mil veintiuno. En atención a lo anterior, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción a fin de que por medio del correo electrónico ******* señalado por el accionante del amparo, le notifique el presente acuerdo, haciéndole entrega de la constancia impresa en la que obra el código QR a nombre de *******. Asimismo, deberá indicarle que el día de la cita para ingresar a este juzgado federal tiene que presentarse de forma puntual, debidamente identificado, exhibir a la entrada del edifico el referido código de respuesta rápida y cumplir con el protocolo de acceso implementado para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2. Informe justificado Asimismo, glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado rendido por el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Notifíquese y por correo electrónico al quejoso. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil veintiuno. Informe suspensión de plano Agréguense a los autos los informes sobre la suspensión de plano rendidos por el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chihuahua (denominación correcta de Delegado de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez), la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en representación por ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal, el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte (denominación correcta de Comandante de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Norte) y la agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte por sí y en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte, todos con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través del cual dan cumplimiento a lo ordenado en torno a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Delegados y domicilio Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase al Secretario de Seguridad Pública Municipal, agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte y Fiscal de Distrito Zona Norte, todos con sede en esta ciudad, designando como delegados a las personas que indican y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren en su informe. Anotación denominación correcta Dado que la autoridad responsable Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chihuahua y Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte señalan su denominación correcta, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las anotaciones correspondientes en el referido sistema. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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