Dante Diaz Sanchez

Expediente 1375/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1375/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
04/04/2016

Partes del expediente

  • Dante Diaz Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en atención al proveído de dieciséis de marzo de la presente anualidad, remite copia certificada de las constancias con las que aduce acreditar el cumplimiento a la sentencia de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En ese orden, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, desé vista a las partes con el contenido de las constancias y anexos en mención, para que dentro del término de tres días legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo que se le concede este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, que suscribe la Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo indirecto 1375/2015 y su anexo; asimismo, remite el testimonio de la resolución que pronunció el tribunal de su adscripción el tres de marzo del año en curso, en el amparo en revisión número 456/2015, en la cual determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia definitiva de quince de octubre de dos mil quince, dictada en la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1375/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por las razones expuestas en los considerandos noveno y undécimo de la presente ejecutoria. - - - - - SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Dante Díaz Sánchez, contra la aprobación y promulgación del artículo 95, fracción I, inciso c) del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil catorce, en relación con su rango 6, así como el cobro por concepto de derechos para inscribir ante el instituto mencionado la escritura que otorgó para adquirir un inmueble; ello, por las razones que expresadas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. - - - - - TERCERO. Es infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, acorde con lo expuesto en el décimo considerando de esta ejecutoria." Acúsese recibo de estilo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes al expediente en que se actúa, toda vez que aquél se encuentra formado, en su mayoría, por copia certificada de las actuaciones originales que fueron devueltas mediante el oficio que se acuerda. Ahora, de la ejecutoria antes indicada se advierte que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto siguiente: "En las relatadas circunstancias, lo que conforme a derecho procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso contra la aprobación, promulgación y aplicación del artículo 95, fracción I, inciso c), del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil catorce, en relación con el rango 6 de su tarifa, para el efecto de que no se le aplique en el presente ni en el futuro, tal como lo informa la siguiente jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación.- - - - - Protección constitucional que se hace extensiva al acto de aplicación de la porción normativa declarada inconstitucional, el cual se hizo consistir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México la adquisición que consta en la escritura veintitrés mil seiscientos once de veintidós de noviembre de dos mil trece, otorgada ante la fe del Notario Público 103 del Estado de México, pero no para el efecto de liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, sino, al tratarse de un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tarifa a pagar por concepto de derechos por servicios de inscripción, el amparo se concede para el sólo efecto de que se devuelva al quejoso, debidamente actualizada, la cantidad que resulte de restar $1,521 (un mil quinientos veintiún pesos en moneda nacional) a $15,246 (quince mil doscientos cuarenta y seis pesos en moneda nacional).- - - - - Y es que, la tarifa prevista en el rango 1, en cantidad de $1,521 (un mil veintiún pesos en moneda nacional),es la mínima e igual para todos los contribuyentes, por lo que esa sí se debió enterar." Por tanto, considerando que el cumplimiento de la sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que es cosa juzgada; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Titular de del Instituto de la Función Registral del Estado de México, acorde con lo antes expuesto, así como las diversas autoridades que intervengan al cumplimiento cabal a la sentencia de amparo. Se apercibe a las responsables para que dentro del término de tres días informen el cumplimiento dada a la sentencia, apercibidas de que no hacerlo, se les impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el que transcribe el acuerdo de presidencia de trece del presente mes y año, del que se advierte que acusa recibo de las constancias remitidas mediante oficio 33266, e informa que el órgano de su adscripción admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, el cual quedó registrado con el número de recurso revisión 456/2015; circunstancia de la cual queda debidamente enterado este órgano de control constitucional, para los efectos legales conducentes.

  4. Incidental

    Vistas las copias simples de cuenta, intégrese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1365/2015, que se formó con la demanda promovida por Miguel Ángel Guevara Trejo, en su carácter de representante legal de la moral quejosa Comercializadora Volcron, Sociedad Anónima de Capital Variable Promotora de Inversión de Capital Variable, contra actos del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores), que los hace consistir en las consecuencias que derivan del desechamiento por extemporaneidad del recurso de apelación hecho valer en el toca 485/2015 del índice de la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México, las cuales de manera particular se traducen en la eliminación o modificación de las inscripciones del embargo y prelación existente a favor de mi representada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de México, respecto del bien inmueble ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 300, esquina José María Morelos y Pavón, número 212, colonia Centro, Toluca, Estado de México, así como que no se tengan firmes los actos reclamados en el presente juicio de amparo en el juicio de origen. Se señalan las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil quince, para la audiencia incidental, en términos de lo previsto en el artículo 138, fracción II, de la actual ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, solicítese de la autoridad señalada como responsable su informe previo, el cual deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a su legal notificación. Por otra parte, con fundamento en los artículos tercero, fracción V, arábigo 22, y octavo, numeral 6°, del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena notificar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en la Procuraduría Fiscal de la Federación. En el entendido que, de ser posible, dicho informe deberá ser enviado a este juzgado de Distrito VÍA FAX al número telefónico oficial (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial 5jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx; en formato PDF, en el cual aparezca la firma del funcionario autorizado para suscribirlo; así como los signos distintivos de las autoridades que los remitan, debiéndose constatar vía telefónica el envío y recepción del mismo; ello con independencia de su remisión por la vía ordinaria. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de que la autoridad que designó en la demanda que se provee, haya sido denominada incorrectamente, la misma se tendrá por inexistente y se dejará de tener comunicación con ella. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." (9ª Época, S. J. F. y su Gaceta, Tomo XXIX, Materia Común, Marzo de 2009) Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo." (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993) Por otra parte, con fundamento en el artículo 128, 129 y 138, fracción I, de la ley reglamentaria se concede la suspensión provisional en relación a las consecuencias del acto las consecuencias que derivan del desechamiento por extemporaneidad del recurso de apelación hecho valer en el toca 485/2015 del índice de la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México, las cuales de manera particular se traducen en la eliminación o modificación de las inscripciones del embargo y prelación existente a favor de mi representada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de México, respecto del bien inmueble ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 300, esquina José María Morelos y Pavón, número 212, colonia Centro, Toluca, Estado de México, así como que no se tengan firmes los actos reclamados en el presente juicio de amparo en el juicio de origen, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. Además, para que se realice la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad de Toluca, respecto del bien inmueble ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 300, esquina José María Morelos y Pavón, número 212, colonia Centro, Toluca, Estado de México, del cual se cuestionan derechos reales en el procedimiento de origen, la medida anterior es para evitar que se defrauden derechos de tercero o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que en función de los principios que rigen a las medidas precautorias, como en el presente asunto, existe un interés legítimo para solicitar dicha medida, este órgano federal, al efectuar un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodean el presente asunto, ordena la anotación preventiva anterior, como medio tendente a dar publicidad al juicio principal cuyo resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble en cuestión para evitar que se defrauden derechos de tercero o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. Para lo cual deberá de mandarse oficio al Director del Instituto de la Función Registral en Toluca, Estado de México, para que realice la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad de Toluca, respecto del bien inmueble ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 300, esquina José María Morelos y Pavón, número 212, colonia Centro, Toluca, Estado de México. Lo anterior es así, en tanto se resuelva en definitiva la incidencia en que se actúa. Sirve de apoyo al caso concreto la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO. De la interpretación conforme de los artículos 124, último párrafo, y 130, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la ley otorga al Juez de Distrito facultades amplias para adoptar las medidas que estime pertinentes a fin de preservar la materia del amparo, así como para evitar que se defrauden derechos de tercero y se causen perjuicios a los interesados, sin que las normas mencionadas puedan entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con el propósito de contribuir a la eficacia del control constitucional, lo que implica, además de privar de efectos a los actos de autoridad cuando se demuestre su inconstitucionalidad, asegurar la posible restitución de las garantías vulneradas, para el caso de que llegue a concederse la protección constitucional, y evitar que se defrauden derechos de tercero durante la secuela procesal de amparo. Ahora bien, para la consecución de tales objetivos, el Juez de Distrito, también en el expediente principal, puede adoptar las medidas que estime pertinentes. En ese sentido, con la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en que se ubique el inmueble, respecto del que se cuestione algún derecho real en el procedimiento de origen, el juzgador federal puede impedir que se defrauden derechos de tercero o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que en función de los principios que rigen a las medidas precautorias, cuando quien tenga interés legítimo para solicitar aquella medida formule la petición atinente, el juzgador federal, en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la anotación preventiva, como medio tendente a dar publicidad al juicio principal cuyo resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble de que se trate, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de tercero o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. De proceder la medida, el pago de los derechos que conforme a la legislación correspondiente deban cubrirse (por la anotación preventiva y su cancelación posterior) estará a cargo del solicitante; finalmente, aquella medida tendrá vigencia hasta que quede firme la resolución que ponga fin al juicio; en tal hipótesis el juzgador federal deberá ordenar, de inmediato y oficiosamente, la cancelación del asiento registral preventivo. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, 9a. Época, Materia Común, página 278) La medida cautelar otorgada surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si el quejoso incidentista no exhibe dentro de los cinco días siguientes al de su legal notificación, garantía en cualquiera de las formas establecidas por la ley, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), la que se fija de manera discrecional, pues de los datos aportados no se aprecia monto alguno que sira de apoyo para cuantificarla, lo anterior, en uso de las facultades que confiere al suscrito el artículo 132 de la Ley de Amparo. La suma anterior servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte tercero interesada con la concesión de esta medida; en la inteligencia que si se constituye la garantía, tal circunstancia se comunicará oportunamente a las responsables; dicha medida no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados ya se llevaron a cabo o si provienen de autoridades diversas a las señaladas. Lo anterior, atendiendo a que el quejoso acredita presuntivamente su interés jurídico con la documental que anexó en su escrito de demanda. Finalmente, en el presente asunto se tiene como tercero interesado a Carlos Izquierdo Pérez y María Eugenia Muñoz Cassio, con domicilio en calle Eulalia Peñaloza, número 301, planta alta, colonia Morelos, Toluca, Estado de México; para que esté en aptitud de comparecer al presente asunto, túrnense los presentes autos al actuario judicial de la adscripción para que con copia del presente proveído, le notifique la instauración de la presente incidencia a través de quien legalmente le represente, asimismo deberá requerirle en el momento de la diligencia, para que dentro del plazo de tres días, señale expresamente domicilio para oír y recibir notificaciones ante este juzgado en la ciudad de Toluca o su zona conurbada, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 5° fracción III, 27, fracción I, inciso c) y fracción III, inciso b), así como el 116 párrafo segundo, todos de la ley de la materia, y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, se tiene como domicilio del quejoso, el señalado en el proemio de su demanda y por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, a las personas que se mencionan en el escrito de cuenta, por así solicitarlo. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto.

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