Dante Alberto Hernández Martínez

Expediente 1171/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1171/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
28/12/2018

Partes del expediente

  • Dante Alberto Hernández Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y desprendiéndose de los mismos que por auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se consideró que el juicio de amparo en el que se actúa era susceptible de depuración, sin embargo, de autos se desprende que el mismo no lo es; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de dicha Ley, se regulariza el presente juicio de amparo y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; se determina que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del mismo, toda vez que no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de la secretaría de este juzgado, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    se notifica por lista al promovente: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ya transcurrió el término de cinco días concedidos al promovente Dante Alberto Hernández Martínez, en auto de treinta y uno de agosto del año en curso, a fin de que aclarara su demanda de amparo, sin que hubiese dado cumplimiento a lo ordenado en dicho auto; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo a que se refiere este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL PROMOVENTE DANTE ALBERTO HERNANDEZ MARTÍNEZ or recibida la demanda de amparo promovida por Dante Alberto Hernández Martínez, contra actos del Director de Inspección y Verificación Municipal del Republicano Ayuntamiento de esta ciudad, y otras autoridades; al efecto, fórmese cuaderno de antecedentes bajo el número 1171/2018-I, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. Ahora bien, dadas las irregularidades que aparecen en la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, aclare su demanda y manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: a). Precise con qué calidad dispone de la bodega ubicada en Boulevard Montesori número 124 del Ejido La Unión, municipio de esta ciudad, ya que no precisa qué relación tiene con dicho inmueble y tampoco señala qué persona le permitió el uso y disfrute de dicha finca, ni menciona porque causas y motivos se le permitió resguardar los objetos que mencionó en su demanda. b). Por otro lado, se le requiere para que acompañe las copias suficientes de su escrito de aclaración para su distribución entre las partes a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo, que en ese caso deberán ser cinco, para quedar de la siguiente manera, dos para las autoridades responsables, dos para el incidente de suspensión y otra para el agente del Ministerio Público adscrito. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, octubre de 2006, página 170, Novena época, identificada con la tesis 1a/J. 106/2005, materia común, cuyo texto dice lo siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". En esas condiciones, se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento hecho con antelación, dentro del término que para tal efecto se le concede, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo que regula la tramitación del presente expediente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo a que este expediente se refiere. Apercibido también, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado por la misma, se atenderá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales(.)". De igual manera, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, de conformidad con el numeral 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; asimismo, se autoriza para tales efectos en términos del artículo 12, segundo párrafo, última parte de la ley en la materia, a la licenciada Aurora Román Armendáriz. Finalmente, en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase al promovente que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley.

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